Eduardo Alan Emmanuel Díaz Guerra
Expediente 545/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 08/02/2023
Partes del expediente
- Eduardo Alan Emmanuel Díaz Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, de lo que se advierte que obra en autos copias certificadas respecto a todo lo actuado en el expediente laboral J.3/624/2018 del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mismas que fueron acompañadas como complemento al informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, mediante oficio que derive de la presente determinación, devuélvanse las constancias de que se trata para que sean glosadas al juicio de origen, sin que sea necesario acusar de recibo; no obstante, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción, a efecto de que, al momento de entregar el oficio de mérito, se cerciore que la autoridad destinataria apunte las constancias que recibe. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo de donde fue extraído. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, el servicio de mensajería acelerada "Estafeta", devuelve la misiva 2531/2022 del índice de este Juzgado de Distrito, dirigida a la "DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO PENITENCIARIO Y BREINSERCIÓN SOCIAL", en virtud que de la etiqueta de visita y control está marcado el recuadro rechazado por el destinatario y la leyenda "Mal dirigido" (sic). Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en virtud de que del análisis del presente expediente, la referida autoridad no es parte en el juicio en que se actúa.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. d) No hay originales que devolver. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EDUARDO ALÁN EMMANUEL DÍAZ GUERRERO, LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE CON MOTIVO DEL AVISO QUE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, DETERMINACIÓN QUE REFIERE: Toluca, Estado de México, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de lo que se aprecia que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de tres de diciembre del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: "La omisión de las autoridades responsables de agotar los mecanismos y medios a su disposición para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, consistentes en la testimonial y el informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ofrecidas por la demandada Mercadotecnia Tezontle S. A. de C. V., así como el informe solicitado por la parte actora al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del juicio laboral J3/624/2018." Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de diciembre de dos mil veinte, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: "1) Los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, adopten las medidas necesarias para llevar a cabo, prontamente y sin mayor dilación, el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y admitidas el trece de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral J.3/624/2018, incluyendo aquellas, dentro de sus facultades y competencia, para supervisar el debido cumplimiento de los exhortos girados para tal efecto. 2) La Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, adopte las medidas y diligencias necesarias para llevar a cabo, prontamente y sin mayor dilación, el debido cumplimiento del exhorto girado por la responsable ordenadora, es decir, el desahogo de las pruebas. En la inteligencia que, de haberse ya llevado a cabo el desahogo de las aludidas probanzas, no tendrán vigencia los efectos de concesión del amparo por lo que ve a los actos reclamados, pues con su desahogo se estaría restituyendo al ahora quejoso, en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado." El doce de abril de del año en curso, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió a las autoridades responsables su cumplimiento. Posteriormente, previos requerimientos, el cinco y doce de noviembre, así como el tres de diciembre, todos del año en curso, se tuvieron por recibidos los oficios 011463, 011863, 011839 y 013020, provenientes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, a los que, al primero, entre otras cosas, se anexaron copias certificadas del oficio 169001410100/3704/2019 suscrito por el Jefe del Departamento del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual adjuntó la misiva 16 91 02 91 0110/AFIL/4915 de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, signado por Marisol López Nieto, en su calidad de Titular de la Subdelegación Toluca, el cual contiene la información solicitada respecto a Eduardo Alan Emmanuel Díaz Guerra y otros, así como del auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente laboral J.3/624/2018, en donde la responsable tuvo por recibido dicho informe; mientras que a la segunda y tercer misiva referidas, fue adjuntada copia constatada del auto de cuatro de noviembre del año en curso, dictado en el citado expediente laboral, del cual se advierte que se decretó la deserción de la prueba consistente en la testimonial ofrecida por la parte demanda a cargo de los CC. Oscar Eduardo Fernández Banda, Jesús Enrique Castillo Montes, Diego Irigoyen Ramos y Luis Armando Méndez Miranda, ello dada la incomparecencia de éstos a la audiencia a su cargo; y al cuarto oficio referido, adjuntó entre otras, copia certificada del auto de treinta de noviembre de la presente anualidad, en el cual se aprecia que la responsable hizo efectivos los apercibimientos a la parte demandada decretados en auto de trece de junio de dos mil diecinueve, es decir, se le tuvo por rendido el informe en términos del escrito 019665 suscrito por Luz María Villafuerte García, Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; constancias que por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión del amparo, es decir, adoptó las medidas necesarias para llevar a cabo, prontamente y sin mayor dilación, el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y admitidas el trece de junio de dos mil diecinueve, en el juicio laboral J.3/624/2018. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar cabalmente los efectos de la sentencia amparadora; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Previas anotaciones en el libro de gobierno, hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
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