Edilberto Sandoval Cruz

Expediente 1500/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1500/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Sandoval Cruz
  • Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el Técnico de Enlace Administrativo OCC, Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, en atención al diverso 24721/2023 de este índice, informa que la demanda que se le remitió a fin de que se turnara a este juzgado y se realizará la compensación correspondiente, quedó registrada con el orden 20230818033500901 y, para acreditar su dicho adjunta impresión de la boleta de turno respectiva; de lo que se toma conocimiento. Finalmente, reingrésese el presente expediente al archivo en el cual se encontraba.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexos) de cuenta; a través del cual, por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, comunica la determinación de dieciocho de agosto de este año, emitida en el juicio de amparo 1256/2023-V de su índice, en la que determinó que este órgano jurisdiccional es quien debe conocer del referido juicio formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Edilberto Sandoval Cruz, pues guarda relación por cuanto al promovente, con el juicio de amparo 1500/2022-VII de este índice, por conocimiento previo. En consecuencia, previa copia que se deje agregada en autos, remítase el oficio original y anexos de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, para que realice el turno a este juzgado y compensación correspondiente. Hecho lo Anterior, se proveerá lo que corresponda en el juicio de amparo indirecto que se forme al efecto.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos); a través del cual, la Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, con sede en esta ciudad, devuelve el expediente 689/2018, correspondiente al Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, en atención a que en términos de lo establecido en el Acuerdo Plenario 20/2021 de veinte de octubre de dos mil veinte de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal Superior Agrario, se determinó modificar la competencia territorial de los Tribunales Unitarios Agrarios de los distritos 8, 9 y 10, siendo que a partir de del uno de noviembre de dos mil veintiuno, todos aquellos asuntos correspondientes a los municipios de Lerma, Ocoyoacac y Xalatlaco, son competencia del Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, con sede en la ciudad de México. Atento a lo anterior, y en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que derive de esta determinación, remítase el expediente 689/2018, al Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, con sede en la ciudad de México, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio. Por otra parte, del estado que guardan los autos del juicio en que se actúa se advierte que en determinación de dieciocho de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en este sumario constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ricardo Nizri Guasp, y se requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo; sin que a la fecha el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de México, por sí o a través de la dirección o unidad administrativa correspondiente, se haya pronunciado al respecto. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, requiérase por última ocasión a la citada autoridad señalada como responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de su debida notificación, comuniquen el cumplimiento ordenado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de ser omisa al respecto, se hará efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Xavier Esteban Reyes Iniesta, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibidos los escritos de cuenta; a través de los cuales, el quejoso Edilberto Sandoval Cruz, aduce cumplir con la prevención de veintiocho de septiembre del año en curso, asimismo, exhibe de la copia del incidente de liquidación de intereses. En ese sentido, téngase al quejoso dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado. Por lo que, de un análisis integral de la demanda de amparo, permite a este juzgador advertir que la pretensión de la parte quejosa está encaminada a reclamar el acto que se hace consistir en: La sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve dictada dentro del incidente de liquidación de intereses, en el expediente 1324/2015 del índice de la responsable. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: [.] I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo o 22 Constitucional, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que en la presente vía constitucional se reclama la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecinueve dictada dentro del incidente de liquidación de intereses, en el expediente 1324/2015 del índice de la responsable, resolución que fue notificada a la parte demandada en el juicio mercantil de origen -aquí quejoso- por medio de lista y boletín en fecha veintinueve de octubre del año en curso, como se desprende de las constancias exhibidas por la propia parte quejosa en el segundo de los oficios de cuenta, en específico, de la foja 19 del anexo en cita, de la que se desprende la siguiente leyenda: "Se notifica la Sentencia Interlocutoria de fecha veinticinco de octubre del año dos mil diecinueve a los demandados Edilberto Sandoval Cruz y Mónica Liliana Ruiz Fernández, por medio de Lista y Boletín Judicial por ser el domicilio señalado en autos, surtiendo efectos de notificación personal. Doy Fe". (Sic) Máxime, que del apartado señalado como "CAPITULO DE HECHOS" en el escrito inicial de demanda, mismos que fueron narrados bajo protesta de decir verdad por la parte peticionaria de amparo, se lee lo siguiente: ". AHORA BIEN, EN FECHA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASISTÍ AL JUZGADO PRIMERO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TOLUCA CON LA FINALIDAD DE REVISAR EL EXPEDIENTE 1324/2015. Y BAJO PROTESTA. DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE POR PRIMERA VEZ VI UN CUADERNILLO DE INCIDENTE DE LIQUIDACION DE INTERESES, CON UNA SENTENCIA INTERLOCUTOR1A DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO QUE SOLICITE COPIA SIMPLE Y QUE AGREGO AL PRESENTE ESCRITO INICIAL, ." (Sic). Manifestación que debe considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Asimismo, no se soslaya que las constancias que se aducen en los párrafos precedentes se traten de copias simples, no obstante, las mismas al estar adminiculadas con diversos medios de convicción que se tienen a la vista, forman convicción al suscrito; es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 311 del Tomo II, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 200696, cuyo rubro son: "COPIA FOTOSTATICA SIMPLE DE UN DOCUMENTO. SI ESTA CONCATENADA CON OTROS ELEMENTOS PROBATORIOS, PUEDE FORMAR CONVICCION". Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto aquí reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado transcurrió del treinta y uno de octubre al veinticinco de noviembre del año dos mil diecinueve, sin que para tal cómputo se tomen los días uno, dieciocho y veinte de noviembre del dos mil diecinueve, por ser inhábiles de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Amparo, motivo por el cual resulta extemporánea, al haberse presentado hasta el veintiséis de septiembre del año corriente, según aparece en la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, y consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en la fracción XIV del artículo 61 del Ordenamiento Legal antes invocado, deben estimarse tácitamente consentidos los actos reclamados, actualizándose de esta manera la causal de improcedencia antes invocada, y sin que se advierta que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplados por la Legislación de la materia, lo que obliga a desecharla, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, enero de 2010, Novena Época, a página 1931, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Asimismo, tiene aplicación al presente caso, la tesis visible en la página 652, publicada en el apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Junio, Octava Época, que se aprecia en la página 235, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Por tales motivos, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Edilberto Sandoval Cruz, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Finalmente, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el sexto transitorio de la Ley de Amparo, se continuarán aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada en tanto no se oponga alguna disposición vigente Notifíquese personalmente.

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