Eduardo Adalberto Muro Martínez

Expediente 527/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
527/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Adalberto Muro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se aprecia que por auto de uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 138 a 140), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, compareciera a este Juzgado Federal, a efecto de hacerle la devolución de los recibos de nómina originales que obran por separado y que exhibió como pruebas en el presente juicio de garantías; sin que la citada parte haya realizado lo anterior en el plazo que se le concedió. En razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 138 a 140), a la referida parte procesal; por tanto, agréguese a los presentes los citados documentos, a efecto de que obren como legalmente corresponda.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados por ********************, por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados por ********************, por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vistos los oficios y anexos (fojas 119, 120, 205, 206, 250, 251, 259, 260 y 294 a 299), enviados por las autoridades responsables denominadas Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Director General Jurídico de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, informaron que se había dado cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de garantías. En ese sentido, mediante proveído de veintitrés de marzo de la presente anualidad, se dio vista al promovente del amparo, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El auto en comento se notificó al aludido accionante de garantías el tres de abril del año actual, notificación que surtió efectos al posterior día hábil; por tal motivo, el plazo de tres días otorgado a dicha parte, para que expresara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento al fallo protector, transcurrió del cinco al nueve de abril del año en curso; realizando manifestaciones la autorizada de la parte quejosa. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que integran este juicio, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Así pues, por sentencia dictada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Gabino López Cedano, para el efecto de que: "las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica del gobernado el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y se abstengan de aplicarlo en su contra, hasta en tanto sea reformado el contenido de los mismos. De igual forma, al haberse declarado la inconstitucionalidad de la norma, la concesión del amparo se hace extensiva al acto de aplicación de la mismas, por tanto, las autoridades responsables ejecutoras denominadas Comité de Vigilancia y Director General, ambos del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, deberán dejar insubsistente el dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y deberán emitir uno nuevo en el cual den un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el arábigo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres. Finalmente, el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, deberá cubrir al quejoso el importe de su pensión, en los términos antes señalados, previo dictamen que se sirvan emitir las autoridades citadas en el párrafo anterior." De lo anterior se colige, que los actos que debían realizar las responsables para acatar el fallo protector consisten en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el contenido de los numerales de referencia, dejar insubsistente el dictamen de pensión de dieciséis de enero de dos mil diecisiete; y, emitir uno nuevo en el cual se diera un trato igual al gobernado a aquel que señala la tabla que establece el artículo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres, de igual manera, debía cubrir al quejoso el importe de su pensión de los términos señalados, previo dictamen que se sirvieran emitir las autoridades correspondientes. Luego, mediante oficios y anexos recibidos en este juzgado federal el seis de abril (fojas 119 y 120), cinco de julio (fojas 205 y 206), cinco de octubre (fojas 250 y 251) y diecisiete de octubre (fojas 259 y 260), del año próximo pasado, así como el veintidós de marzo del año en curso (fojas 294 a 299), las autoridades responsables le informaron al quejoso que se le había desincorporado de su esfera jurídica los numerales declarados inconstitucionales e inconvencionales; así también, que se dejó sin efectos el dictamen de pensión de dieciséis de enero de dos mil diecisiete y remitió copia certificada del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo; además, se le hizo la devolución de las diferencias económicas que dejó de percibir en virtud del diverso porcentaje consignado en el dictamen que se dejó insubsistente. Por otro lado, la parte quejosa por conducto de su autorizada Maribel Godínez Beltrán, en atención a la vista otorgada en proveído de veintitrés de marzo del año en curso (foja 300), manifiesta que no se ha dado cumplimiento total al fallo protector, que ello acontecerá, hasta en tanto las autoridades responsables regularicen al quejoso el pago de la prestación denominada "compensación fija"- clave 3-, que dejó de percibir desde que adquirió el estatus de pensionado, como lo acreditó con el anexos que acompañó; ya que dicha percepción se encuentra considerada en el importe que se estableció en el nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio; por tanto, se concluye que le asiste la razón a la parte quejosa, debido a que la concesión del amparo fue para el efecto de que se le cubriera al quejoso el importe de su pensión, en los términos del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, el cual se ajustó a los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. Por tanto, en virtud de que el fin que se persigue en el presente caso es que se le restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, este órgano de control constitucional debe vigilar que las sentencias que dicte queden debidamente cumplidas; por tanto, con sustento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, den cumplimiento al fallo protector. Apercibidas que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.

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