Edson Joshimar Orozco Barrera
Expediente 1116/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2018
Partes del expediente
- Edson Joshimar Orozco Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 95 y 96), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de agosto del año que transcurre (foja 97), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de junio del año actual (fojas 52 a 73), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional), que el promovente del amparo pagó a favor de dicha secretaría el quince de mayo pasado, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" "INSCRIP. "PRESTAMO HIPOTECARIO"; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional), que el promovente del amparo pagó a favor de dicha secretaría el quince de mayo pasado; asimismo, tal cantidad deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 95 y 96), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional) por medio de transferencia bancaria, recibida por el promovente del amparo el diez de agosto del presente año (foja 96), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos 52/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de mayo y diez de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través de transferencia bancaria; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a julio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de presente año entre el índice para el mes de abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del presente año fue 131.987; y para el mes de junio 132.991. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00760. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $18,006.33 (dieciocho mil seis pesos 33/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $135.81 (ciento treinta y cinco pesos 81/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejoso era de $18,006.33 (dieciocho mil seis pesos 33/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $17, 870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $135.81 (ciento treinta y cinco 81/100, moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signado por Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 95 y 96), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la cual, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de agosto del año que transcurre (foja 97), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "**Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintiuno de junio del año actual (fojas 52 a 73), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional), que el promovente del amparo pagó a favor de dicha secretaría el quince de mayo pasado, por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" "INSCRIP. "PRESTAMO HIPOTECARIO"; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que el acto que debía realizar la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley, para que las autoridades responsables no aplicaran en el presente y ni en el futuro, tales preceptos legales; y B) Devolver a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada uno de los actos jurídicos que inscribió, respecto de la cantidad de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos con cincuenta y dos centavos 52/100 moneda nacional), que el promovente del amparo pagó a favor de dicha secretaría el quince de mayo pasado; asimismo, tal cantidad deberá ser debidamente actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (fojas 95 y 96), informó a este juzgado federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, pues de dicho comunicado se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional) por medio de transferencia bancaria, recibida por el promovente del amparo el diez de agosto del presente año (foja 96), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos aplicados materia de reclamo y que la cantidad se encuentra debidamente actualizada. Se dice lo anterior, dado que si tenemos que al monto de $18,150.52 (dieciocho mil ciento cincuenta pesos 52/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), nos da como resultado la cantidad de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional) numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de mayo y diez de agosto de dos mil dieciocho, la autoridad responsable devolvió las contribuciones reclamadas en su totalidad a través de transferencia bancaria; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril a julio del año que transcurre. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de presente año entre el índice para el mes de abril de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del presente año fue 131.987; y para el mes de junio 132.991. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00760. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $18,006.33 (dieciocho mil seis pesos 33/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $135.81 (ciento treinta y cinco pesos 81/100, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $17,870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que la autoridad responsable debía devolver a la quejoso era de $18,006.33 (dieciocho mil seis pesos 33/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $17, 870.52 (diecisiete mil ochocientos setenta pesos 52/100 moneda nacional), es decir, omitió reintegrar la cantidad de $135.81 (ciento treinta y cinco 81/100, moneda nacional), pero dicha cantidad no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectué el quejoso, a fin de entregar dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo por una parte se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
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TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Eduardo Valencia Castellanos, mediante el cual refiere que su domicilio para oír y recibir notificaciones no ha sido objeto de cambios y debe continuar siendo el que señala donde se le practique cualquier tipo de notificaciones, además nombra de nueva cuenta como autorizado para tal efecto a César Omar Saca Cárdenas; sin embargo, visiblemente se aprecia que la firma plasmada en dicho libelo, difiere en sus rasgos caligráficos, con la que obra al calce de su ocurso de demanda (foja 83 tomo I), así como de los diversos escritos de nueve y dieciséis de julio (fojas 779 a 782 y 794, tomo IV respectivamente); en consecuencia, de conformidad con el artículo 6° de la Ley de Amparo, el presente juicio sólo puede seguirse por el agraviado, por sí o por conducto de su representante o defensor, por lo que, con fundamento en el numeral 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, previa identificación, ratifique ante la presencia judicial su libelo de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendrá por presentado el mismo. Apoya a lo anterior, la Tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos treinta y seis, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto señala: "FIRMA, RATIFICACION DE LA. SU FINALIDAD ES LA DE DAR MAYOR CERTEZA A LAS PROMOCIONES. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA).De conformidad con el artículo 19 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla si el tribunal lo cree conveniente, mandará a ratificar los escritos antes de darles curso, de tal manera que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere ese precepto ordena la ratificación por parte de su suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se desecharía la promoción respectiva; y si el mismo no comparece al Juzgado para tal efecto, no tiene por qué darle curso, sin que esté por demás añadir que el legislador al emplear la frase "si el tribunal lo cree conveniente", otorgó al juzgador una facultad discrecional que éste puede ejercitar en los casos en que por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Por otro lado, el simple hecho de que el juez hubiese ordenado ratificar un escrito a su promovente, no se traduce en agravio alguno en su contra, pues lo único que se persigue con la ratificación, es procurar seguridad jurídica en las resoluciones que se dicten durante el procedimiento." Asimismo, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página doscientos setenta y uno, Tomo II, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra señala: "FIRMAS. DISCREPANCIA ENTRE LA QUE CALZA LA DEMANDA DE GARANTÍAS Y LA QUE APARECE EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA MISMA. La diferencia existente entre la firma que aparece plasmada en la demanda de amparo y la del escrito aclaratorio de la misma, solamente genera duda acerca de la autenticidad de una de las dos, pero ese solo hecho no autoriza al juez de distrito para declarar la falsedad de la firma que calza el segundo de dichos escritos y para tener por no aclarada la demanda, sin dar oportunidad al quejoso de probar la autenticidad de la firma, puesto que la certeza sobre lo apócrifo de ésta, únicamente es factible obtenerla por medio de una prueba pericial, recabada con las formalidades exigidas por la ley." De igual manera, apoya lo anterior por analogía, la tesis, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y cinco, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RATIFICACION DE FIRMAS QUE CALZAN LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE FACULTAD PARA ORDENAR LA. La Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, no contempla en forma expresa facultad a favor del juez de Distrito para ordenar la ratificación de las firmas que calzan una demanda de garantías. Sin embargo, debe señalarse que el artículo 146 de la Ley de Amparo lo autoriza para mandar prevenir al promovente cuando advierta irregularidades en el escrito de demanda. Por tanto, ante la duda respecto de la legitimidad de las firmas y a fin de cerciorarse de que la demanda fue promovida efectivamente por el gobernado a quien perjudica el acto de autoridad y dado que la firma constituye la manifestación de voluntad del agraviado, el juez de Distrito puede, si lo considera necesario, mandar ratificar la demanda de amparo respectiva." Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en calle Lerdo de Tejada número 358 Oriente en la Zona Centro de esta ciudad de Tepic, Nayarit y le notifique al quejoso Eduardo Valencia Castellanos la presente actuación, sin que ello implique que se le tenga como residencia procesal la anterior, pues únicamente se trata de hacer de su conocimiento lo aquí determinado para los efectos legales conducentes
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Sin que sea obstáculo a lo anterior que mediante acuerdo de catorce de junio de la presente anualidad, se haya dado vista a la parte quejosa y terceros interesados con el oficio y anexo enviados por el juez en cita, pues de las constancias se advierten nuevas actuaciones, las cuales no fueron consideradas en la vista del proveído de referencia.
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