Eduardo Abreham Ordoñez

Expediente 807/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 39 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
807/2018
Año
2018
Actuaciones
39
Última actuación
30/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Abreham Ordoñez
  • Agente del Ministerio Publico de la Federacion Adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 39.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán; y en atención a su contenido, se ordena dar acceso al expediente electrónico a dicho Juzgado, a fin de que se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. En tal virtud, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafo anterior, para que realice las acciones necesarias a fin de que el citado Juzgado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Por otra parte, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta de octubre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la anterior Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo; por tanto, atendiendo a que no obstante que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá transferirse, tal como lo establece la fracción I, del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías y el incidente de suspensión del cual deriva del mismo, sí tiene valor jurídico. Ahora bien, devuélvase al Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, la copia certificada del expediente número 56/2011, consistente en un anexo, mismo que remitió como justificación a su informe de ley, asimismo, se le solicita acuse recibo del mismo. Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado anexaron diversos documentos a este juicio, la primera a su escrito inicial de demanda, y el segundo, a los escritos de cuatro y dieciséis de enero de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngaseles, para que acudan a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexaron a la demanda de amparo de mérito y a los escritos de mérito, en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    IV. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el treinta de octubre del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la anterior Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; notificado que sea este acuerdo, háganse las anotaciones en el libro respectivo; por tanto, atendiendo a que no obstante que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años, y una vez transcurrido éste deberá transferirse, tal como lo establece la fracción I, del Punto Décimo Primero, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y haciéndose la certificación correspondiente en dicho original; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, también es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de garantías y el incidente de suspensión del cual deriva del mismo, sí tiene valor jurídico. Ahora bien, devuélvase al Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, la copia certificada del expediente número 56/2011, consistente en un anexo, mismo que remitió como justificación a su informe de ley, asimismo, se le solicita acuse recibo del mismo.Por otra parte, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa y el tercero interesado anexaron diversos documentos a este juicio, la primera a su escrito inicial de demanda, y el segundo, a los escritos de cuatro y dieciséis de enero de dos mil diecinueve; por tanto, con fundamento en el párrafo tercero del citado punto, prevéngaseles, para que acudan a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger los documentos que anexaron a la demanda de amparo de mérito y a los escritos de mérito, en el entendido que de no hacerlo, dentro el plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, serán destruidos junto con el presente juicio de amparo. Finalmente, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes, que en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción de manera interina de la Jueza Karla Alexandra Domínguez Aguilar, en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, con efectos a partir del día uno de diciembre del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, dese vista a las partes por el término de tres días, a efecto de que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  4. Principal

    IV. Se tiene por recibido del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el oficio número 6001, con el cual devuelve el expediente original IV-807/2018, el testimonio de la resolución pronunciada en el Toca 117/2019, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Eduardo Abraham Ordoñez, contra del acuerdo dictado en estos autos, el cuatro de enero del año en curso; ejecutoria de cuyo primer resolutivo, se advierte que la superioridad revocó la sentencia recurrida; y en el segundo punto, ordenó reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Ahora, en acatamiento a la resolución emitida por la citada Superioridad, se advierte que el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del numeral 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no estaba facultado para decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, el cuatro de enero del año dos mil diecinueve. Sin embargo, en autos se advierte que el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, ya se encuentra autorizado para resolver el presente asunto, lo anterior, debido a que fue autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, debe decirse que este Juzgador advierte una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, debido a que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el juez de Distrito: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De los preceptos legales transcritos se obtiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo efectuados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido en el resultado de la resolución. Asimismo, se indica que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento; supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo, se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia, y por tanto, no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, cuya finalidad es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; lo que es así, porque de lo contrario, esto es, de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo la razón se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Es por ello que el legislador estableció que respecto a los actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo debe prosperar sólo si se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto al derecho fundamental de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Así lo sostuvo en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, registro IUS 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, relativas al juicio ejecutivo mercantil 56/2011, promovido por Victoriano de las Fuentes Gómez, en su carácter de endosatario en procuración de "Comercial Across Whirpool", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el aquí quejoso Eduardo Abraham Ordoñez, y otra, mismas que gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por unas autoridades en ejercicio de sus funciones, se advierte que el acto reclamado consiste en la inmovilización y/o aseguramiento de la cuenta bancaria número 17002485672, aperturada en la institución bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, respecto de la cual, la parte quejosa aduce es titular, mismo que fue emitido en ejecución de sentencia. Lo anterior es así, ya que en fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, se emitió la sentencia respectiva en el juicio ejecutivo mercantil de origen, condenando al aquí quejoso Eduardo Abraham Ordoñez y otro, a pagar a la parte actora la cantidad de $12, 067, 886.00 (doce millones sesenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos moneda nacional). Siendo que mediante resolución interlocutoria, de quince de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió un incidente de ampliación de embargo, en la que se autorizó dicha ampliación respecto de las cuentas bancarias que se encontraran aperturadas por los demandados, hasta por el monto de $51,086,007.26 (cincuenta y un millones ochocientos seis mil siete pesos 26/100 moneda nacional), con motivo de la condena decretada en autos. Misma resolución que quedó firme el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, por lo que se ordenó girar exhorto a fin de que el Juez con Jurisdicción y competencia en la ciudad de México, girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de que embargaran las cuentas aperturadas a nombre del aquí quejoso, y otro, hasta por el monto antes señalado. Siendo que con motivo de lo anterior, se llevó a cabo el embargo de la cuenta bancaria número 17002485672, aperturada en la institución bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, aperturada a nombre del aquí quejoso y que por esta vía defiende. En ese contexto, es obvio que la determinación reclamada no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, en los términos precisados por la Ley de Amparo, esto es, la orden de entrega de la cantidad asegurada, pues para ello es necesario que sea el Juez de origen quien determine su procedencia. De ahí que tal embargo, no constituye el acto definitivo que requiere a la institución de crédito la entrega a la Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, la cantidad embargada y ordena la notificación personal al actor para los efectos mencionados, sino uno previo, en ejecución de sentencia, tendiente a lograr la entrega forzada de bienes para satisfacer la condena decretada en la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Lo anterior es así, ya que el citado artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, si bien es cierto dispone que en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, también lo es que no contempla los casos en los que el embargo pueda recaer sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria, como en el caso. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embarga dinero o créditos fácilmente realizables, pues de conformidad con los artículos 436 y 448 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, según lo permite su numeral 1054, tratándose del embargo sobre ese tipo de bienes, éstos quedarán a disposición del órgano jurisdiccional, quien tendrá la facultad de entregarlos al ejecutante; por lo que, interpretado por analogía, se concluye que tratándose del embargo de numerario, contenido en una cuenta bancaria propiedad del demandado, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio ejecutivo mercantil, el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra la resolución que requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva de la sentencia definitiva seguida por un órgano jurisdiccional, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de dos mil doce, tomo tres, décima época, página mil quinientos quince, cuyos rubro y texto son: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 2016671, Décima época, contenida en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA, DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE LA CANTIDAD ASEGURADA PROCEDE, POR ANALOGÍA, EL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin considerar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embarga dinero o créditos fácilmente realizables, pues de conformidad con los artículos 448 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 543 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, de aplicación supletoria al Código de Comercio, según lo permite su numeral 1054, tratándose del embargo sobre ese tipo de bienes, éstos quedarán a disposición del órgano jurisdiccional, quien tendrá la facultad de entregarlos al ejecutante, sin que el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 citado, establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate; por lo que, interpretado por analogía, se concluye que tratándose del embargo de numerario, contenido en una cuenta bancaria propiedad del demandado, decretado exclusivamente por la cantidad líquida impuesta como condena en el juicio ordinario mercantil, el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra la resolución que requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada." En mérito de lo anterior, la inmovilización y/o aseguramiento de la cuenta bancaria número 17002485672, aperturada en la institución bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de la que aduce la parte quejosa es titular, ordenada por el Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey Nuevo León, en el juicio ejecutivo mercantil 56/2011 de su índice, que constituye el acto reclamado, resulta una determinación intermedia dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia; lo cual, obedece a la existencia de un fallo condenatorio que debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público. Así, este órgano de control constitucional determina declarar la improcedencia de la acción constitucional, ya que la intención del legislador, contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es que las sentencias definitivas sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos, obstaculicen su ejecución, siendo que en el caso, tratándose del embargo de cuentas bancarias, el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra la resolución que requiere a la institución de crédito la entrega al órgano jurisdiccional de la cantidad asegurada. De igual forma, debe decirse que en el caso, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos respecto del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Así, en el caso debe decirse que en cuanto al acto reclamado, consistente en la inmovilización y/o aseguramiento de la cuenta bancaria número 17002485672, aperturada en la institución bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de la que aduce la parte quejosa es titular, y que fue ordenada por el Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey, Nuevo León, en el juicio ejecutivo mercantil 56/2011 de su índice; debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada. Lo anterior es así, debido a que el propio Juez responsable, mediante telegrama recibido ante este Juzgado el catorce de marzo del año en curso, informó que en autos del juicio 399/2017-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, para el efecto, de que se quedara sin efectos todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 56/2011, a partir del emplazamiento que se le realizó al aquí quejoso mediante edictos. En efecto, de dicha ejecutoria de treinta de enero del año en curso, emitida en el A.R 84/2018, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de esta ciudad, se advierte que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal al aquí quejoso Abraham Ordoñez, para el efecto, de que se quedara sin efectos todo lo actuado en el citado juicio, del índice del Juez Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en Monterrey Nuevo León, a partir del emplazamiento que se le realizó al aquí quejoso mediante edictos, concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución; ejecutoria que se invoca como un hecho notorio conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro reza: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." De lo que se sigue que en el caso, han cesado los efectos respecto del acto reclamado, consistente en la inmovilización y/o aseguramiento de la cuenta bancaria número 17002485672, aperturada en la institución bancaria, Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, de la que aduce la parte quejosa es titular, al haberse dejado sin efecto todo lo actuado en el juicio de origen de donde deriva el acto que le causaba molestia al aquí quejoso, a partir del emplazamiento, incluyendo los actos emitidos en ejecución, lo anterior, con motivo de la ejecutoria pronunciada el treinta de enero del año en curso, emitida en el A.R 84/2018, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, de esta ciudad; misma que fue dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, de ahí que, se actualice dicha causal de improcedencia. En relatadas circunstancias, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes invocadas; este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no haya sido emplazado al presente juicio el tercero interesado, ante la actualización de una causal de improcedencia notoria y manifiesta que motiva el sobreseimiento del presente juicio de amparo; esto es así, dado que con tal proceder no se le deja en estado de indefensión, precisamente porque el indicado sobreseimiento no resulta contrario a sus intereses. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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