Edna Lourdes Garcia Gutierrez
Expediente 943/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edna Lourdes Garcia Gutierrez
Actuaciones
- Principal
VII. Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda el oficio 4184, de seis de los cursantes, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que informa que el Órgano Colegiado de su adscripción, aceptó la competencia para conocer y tramitar el juicio de amparo instado por EDNA LOURDES GARCÍA GUTIÉRREZ. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que este expedientillo siga en la Secretaría de este Juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo como asunto concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, con relación al valor jurídico de los presentes autos, se estima que este expediente no lo tiene. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VII. Agréguese a este expediente de antecedentes para que obre como corresponda el oficio 4031, de quince de julio del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el que acusa recibo del juicio de amparo indirecto 943/2019, promovido por EDNA LOURDES GARCÍA GUTIÉRREZ, que fue remitido con motivo de la incompetencia legal planteada por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, formándose por tal motivo, el amparo directo 391/2019, indicando que, previo a pronunciarse en relación a la competencia declinada por este órgano de control constitucional, requirió a la responsable, la totalidad de las constancias que integran el proceso de origen. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. AGC*
- Principal
VII.- Vista la demanda de amparo indirecto promovida por *****, contra actos que reclama de la Primera Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán; al efecto, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones que a continuación se exponen. De la revisión de la demanda de mérito se advierte que los peticionarios de amparo reclaman la resolución de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en autos del toca 51/2019 de su índice, en la que se confirmó la sentencia definitiva de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dentro del expediente 606/2017. Por tanto, en criterio de este Juzgador Federal, resulta evidente que al haberse dictado sentencia definitiva en el juicio natural, la cual confirmó la Sala Colegiada Civil responsable, deviene en que ésta constituya una determinación de las que ponen fin al juicio, en tanto que sus efectos necesariamente son los de una sentencia. Ahora bien, al respecto, el artículo 107 de la Constitución General de la República, en sus fracciones III, inciso a), V, inciso a), y VI, dispone que el amparo en la vía directa procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y que éstas no sean reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. A su vez, el artículo 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Por tanto, es claro que el artículo 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Como se observa, si el acto reclamado lo constituye la resolución de segunda instancia emitida en el toca civil 51/2019, que confirmó la sentencia dictada en el juicio de origen; es evidente que dicha determinación constituye una resolución con la que concluye el procedimiento; por tanto, la reclamación correspondiente debe hacerse en vía de amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), Constitucional, así como 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo que, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, declara que carece de competencia legal para conocer del presente asunto. Atento a lo anterior, deberá remitirse el juicio de amparo en cuestión, a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de este Circuito, a fin de que sea turnado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, y se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, visible a página 55, del rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO. Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y fórmese el expedientillo correspondiente. Finalmente, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el predio cuatrocientos cincuenta y nueve, de la calle setenta y nueve, entre treinta y dos y treinta y cuatro, de la colonia "Vicente Solís", de esta ciudad; y como sus autorizados para tal efecto a Jesús Bernardino Basto Chan, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; y a Aída Margarita Alejandra Echeverria León, Grissel Rossana Basto Ramos y Yaqueline Candelaria Sáenz Laviada, con las limitaciones que establece la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, y respecto a la solicitud de uso de medios electrónicos durante la consulta del expediente; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, así como a sus autorizados.
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