Edson Salvador Serrano García

Expediente 348/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
348/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Edson Salvador Serrano García

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO SOBRESEE Vista la certificación que antecede de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en tal virtud, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio principal, ordenándose la transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy Fe.

  2. Principal

    MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LO SIGUIENTE: SRM Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, se obtiene que la autoridad responsable, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio ordinario laboral 2C-1862/2020. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el quejoso reclama la omisión por parte de la responsable de señalar fecha para la celebración de audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral 2C-1862/2020; bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.] Lo anterior, en atención a que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que si éste se hizo consistir en la omisión de señalar nueve fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2C-1862/2020; se considera que han quedado destruidos todos los efectos de la omisión materia de reclamo, lo que se corrobora con las documentales que la responsable remitió a este juzgado federal. De ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad del acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, al haber cesado las omisiones apuntadas, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenidos siguientes: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". "Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 196820 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Página 210 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE AUDIENCIA, conforme al artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del tres de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y en su oportunidad archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Sobresee fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, se obtiene que la autoridad responsable, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, dentro del juicio ordinario laboral 2C-1862/2020. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se obtiene que el quejoso reclama la omisión por parte de la responsable de señalar fecha para la celebración de audiencia de conciliación demanda y excepciones dentro del juicio laboral 2C-1862/2020; bajo ese contexto, es pertinente señalar que el artículo 62, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo narrado, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". [.] Lo anterior, en atención a que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que si éste se hizo consistir en la omisión de señalar nueve fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 2C-1862/2020; se considera que han quedado destruidos todos los efectos de la omisión materia de reclamo, lo que se corrobora con las documentales que la responsable remitió a este juzgado federal. De ahí que resulte ocioso examinar la constitucionalidad del acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En consecuencia, al haber cesado las omisiones apuntadas, es claro que se actualiza la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo, las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenidos siguientes: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". "Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 196820 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Página 210 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Los criterios que anteceden se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS FUERA DE AUDIENCIA, conforme al artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesaria la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del tres de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y en su oportunidad archívese el expediente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. V I S T O S para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo número 722/2020-X, promovido por Braulia Chávez Rubio, contra actos que reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O:... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO...SEGUNDO....TERCERO... CUARTO... QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa resultan esencialmente fundados y por tanto, suficientes para conceder la protección constitucional solicitada. De sus conceptos de violación se obtiene que la quejosa medularmente aduce que se violentó su derecho de acceso a la salud, al referir que las responsables omitieron proporcionarle la atención médica necesaria relativa a la enfermedad renal crónica estadio V que padece, en específico la aplicación de sesiones de hemodiálisis y el suministro del medicamento denominado eritropoyetina. Ello, en su calidad de derechohabiente del seguro popular, cuya atención se encuentra a cargo de la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán. En efecto, los motivos de disenso planteados deben declararse fundados. Lo anterior, pues si bien, con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente asunto, en la actualidad la quejosa se encuentra recibiendo dos veces a la semana sesiones de hemodiálisis con motivo de su padecimiento renal en la Unidad Médica denominada Grupo Médico Luar, ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Además que se le está suministrando el medicamento denominado eritropoyetina; dichas acciones obedecen a una medida precautoria, que tendrá efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que resuelva el fondo del presente asunto. Por ende, aun cuando con motivo de la medida cautelar apuntada la quejosa actualmente tiene acceso a la atención médica que solicitó en su escrito inicial de demanda, en atención a la necesidad de proporcionar la misma de manera constante y permanente es necesario que el otorgamiento de dicho servicio médico sea definido en la presente determinación, atendiendo precisamente a la eventual naturaleza de la medida suspensional. En ese sentido, en principio es necesario precisar que el fundamental a la salud se encuentra previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, que dispone: "Artículo 4. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución..." En relación con dicho numeral, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 173/2008, determinó que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de médicos y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por esos servicios se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Indicó que el contenido de la norma constitucional en estudio y la interpretación que de ésta ha realizado la Suprema Corte, son compatibles con varios instrumentos internacionales de derechos humanos: a)Del párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios). b)Del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán adoptar las medidas a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho). c) Del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" (toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social), y d)De lo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En la misma ejecutoria, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también determinó que la protección del derecho a la salud depende de la forma como son reguladas las condiciones de acceso a los servicios médicos y de todas aquellas peculiaridades que incidan en la calidad de ésta. Asimismo, determinó que la protección del derecho en estudio incluye las obligaciones de los Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención médica y los servicios relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar porque la privatización de ese sector no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios relativos; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia. Concluyó que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles; entendiendo como calidad la condición de que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, ese derecho subjetivo implica un cúmulo de facultades de los órganos estatales cuyo ejercicio permite, entre otras cosas, garantizar las condiciones necesarias para que la salud de los gobernados esté protegida a través de la emisión y aplicación de reglas de carácter general. Las anteriores consideraciones se reflejaron en la tesis 1a. LXV/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud" . Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 378/2014, determinó que la plena realización del derecho humano en estudio constituye uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana, en las oportunidades de las personas y, sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Criterio reflejado en la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado ". En concordancia con tales consideraciones, al resolver el amparo en revisión 227/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó cuál era el estándar general de protección del derecho humano a la salud. En principio, hizo referencia a la Observación General N°14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el que se sostuvo que el derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos, por ende, todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que les permita vivir dignamente, cuya efectividad depende de la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas relativos a la adopción de instrumentos jurídicos concretos, así como componentes aplicables en virtud de la ley. Enseguida, precisó que dicho derecho humano en cita también se encontraba previsto en los artículos 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el diverso 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; los numerales 11 y 12 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y, en el distinto 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por otro lado, indicó que en términos de dicho marco normativo el derecho a la salud, debía considerarse como parte de los derechos económicos, sociales y culturales, además que se encontró como elemento común de dicha prerrogativa el derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud, en el cual debía de considerarse las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona y los recursos con que cuenta el Estado. En ese sentido, consideró que en la medida en que el Estado no puede garantizar la salud contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano (dados los factores genéticos, la adopción de estilos de vida más sanos o arriesgados, etcétera), el derecho a la salud debe entenderse como una prerrogativa al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de la misma. Por otro lado, nuestro Máximo Tribunal se refirió a diversas recomendaciones emitidas por el Comité respectivo, en que determinó que la garantía del derecho a la salud debía contemplar a manera de elementos interrelacionados, en todas sus formas y niveles, las nociones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En cuando a la disponibilidad refirió que se había definido como con la obligación de los estados de contar con un número suficiente de programas, establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud. Por lo que ve a la accesibilidad se precisó que de conformidad con el mismo, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna dentro de la jurisdicción del Estado Parte, lo cual desde luego incluya la no discriminación de las personas más vulnerables, la accesibilidad física, entendida como la ubicación de los establecimientos, bienes y servicios de salud al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial de los más vulnerables; la accesibilidad económica, que radica en asegurar que los servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos y finalmente el acceso a la información, que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Respecto a la aceptabilidad se indicó que todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la ética médica y ser culturalmente apropiados. Y respecto a la calidad, se señaló que los servicios deberían ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, así como ser de buena calidad, lo cual requiere entre otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado. Tales consideraciones originaron la tesis aislada 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso reclama de manera integral el incumplimiento de las autoridades responsables a su deber de proporcionarle los servicios de salud necesarios para tratar la enfermedad renal crónica que padece, los cuales además solicita se realicen de manera permanente y continua. Ello, pues además de que se le proporcione la atención médica necesaria para tal padecimiento, la quejosa también quiere evitar sucesivas dilaciones en la suministración de tales servicios, En específico, solicita se le apliquen de manera continua y permanente las sesiones de hemodiálisis requeridas y el suministro del medicamento denominado eritropoyetina para tratar dicho padecimiento. Lo anterior lo reclama en su calidad de derecho habiente del seguro popular, cuya prestación de servicios le corresponde a la Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, alegando para tal efecto que se presentó ante el Hospital General ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, en donde le informaron que no contaba con el servicio de hemodiálisis que solicitaba, y que posteriormente acudió al Hospital Civil con residencia en esta ciudad, en el que le informaron que la prestación del servicio apuntado no era gratuito. Omisiones que reclamó en su calidad de derechohabiente del seguro popular, lo cual demostró con la póliza de afiliación correspondiente de folio 1612327219, de la que se obtiene que efectivamente la solicitante del amparo tiene derecho a recibir atención médica por parte de las Instituciones de Salud Públicas del Estado de Michoacán. Ahora bien, la necesidad de proporcionar el servicio de salud solicitado por la quejosa quedó demostrada, en principio, con la información que allegó al juicio natural, a saber, constancia emitida por el médico particular Vladimir Murillo Rodríguez, Centro de Hemodiálisis Zamorano, en la que se hizo constar que la aquí quejosa padecía una enfermedad renal crónica y para tratarla necesitaba recibir hemodiálisis dos veces por semana, así como la aplicación de 4000UI de eritropoyetina. Diagnóstico y tratamiento que se corrobora con el contenido del expediente clínico a nombre de la quejosa dentro del Hospital General ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, que fue remitido por la Secretaría de Salud en el Estado, aperturado con motivo de la suspensión de plano decretada en el presente juicio. En dicho expediente obran las notas de evolución levantadas el once y dieciocho de noviembre de dos mil veinte, y la diversa de veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con ellas, se corroboró que, efectivamente, la quejosa sufría de falla renal crónica en etapa terminal y para tal efecto, se recomendaba como tratamiento la aplicación de dos sesiones de diálisis a la semana y suministrarle eritropoyetina tres veces a la semana. Asimismo, dicha autoridad manifestó que en cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano decretada en el presente asunto y en congruencia con el diagnóstico apuntado, la quejosa se encontraba recibiendo dichas sesiones de hemodiálisis en la Unidad Médica denominada Grupo Médico Luar, ubicado en la ciudad de Uruapan, Michoacán, subrogada por la Secretaria de Salud del Estado y además se le está suministrando el medicamento denominado eritropoyetina; lo cual se corroboró con lo manifestado por la propia quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual expresamente se conformó con el servicio médico que hasta ese momento le estaba proporcionando la referida autoridad responsable, manifestando para tal efecto que efectivamente estaba recibiendo las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica médica en comento y además se le estaba suministrando puntualmente el medicamento denominado eritropoyetina. Con esas bases, es evidente que si bien, a la fecha, la quejosa Braulia Chávez Rubio se encuentra recibiendo de manera subrogada por la Secretaria de Salud del Estado, las sesiones de hemodiálisis que le fueron prescritas y, además, se le está suministrando el medicamento que necesita para tal efecto, la prestación de dichos servicios médicos obedece a una medida de carácter provisional que continuará vigente hasta en tanto se dicte la presente sentencia de amparo. Sin que en el caso las autoridades responsables hayan demostrado que previo a la concesión de dicha medida cautelar ya le había cubierto a la quejosa los servicios de salud que indicó le fueron negados inicialmente; ello bajo el pretexto de que no existía algún expediente clínico a nombre de la solicitante del amparo. Lo anterior deja de manifiesto que, como acertadamente lo alegó la quejosa en su demanda, previo a la presentación del presente asunto, las autoridades responsables efectivamente omitieron proporcionarle los servicios médicos necesarios para hacer frente a la enfermedad renal crónica que padece, ello al margen de que no se hubiese abierto expediente clínico a nombre de la quejosa. En efecto, como ya se explicó, para la actualización de actos omisivos no es necesaria la presentación de alguna petición ante las autoridades responsables, sino únicamente que se haya actualizado una hipótesis normativa que obligue a las autoridades responsables a actuar en determinado sentido; lo cual aconteció en el caso, al tener la promovente la calidad de derechohabiente del seguro popular; lo cual obliga a las responsables a brindarle atención médica al ser las encargadas de brindar dichos servicios. Por ende, tomando en consideración que la intención de la quejosa es que dichos servicios médicos se le suministren de manera constante y permanente, además que la enfermedad que padece es de naturaleza crónica; y toda vez que el contenido con el que se ha dotado al derecho de salud que se aduce violado, consiste medularmente en que dicho derecho fundamental debe entenderse como el derecho de las personas de acceder al más alto nivel posible de salud que les permita vivir dignamente; es claro que en el caso es necesario adoptar medidas reforzadas a fin de que la quejosa no vuelva a colocarse en una situación de vulnerabilidad ante la falta de los servicios médicos que refiere. Por ende, si en el caso no se demostró que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo se le proporcionaron a la quejosa los tratamientos necesarios para atender su padecimiento, al margen de los efectos de la medida cautelar decretada en el presente asunto, es dable concluir que efectivamente la omisión que reclamada viola su derecho fundamental a la salud previsto en el artículo 4 constitucional. Por tanto, a fin de restituir a la quejosa en su derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es concederle el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Secretaria de Salud del Estado de Michoacán, por si, o a través de alguna de sus dependencias, a saber, Hospital General con residencia en Uruapan, Michoacán u Hospital Civil de esta ciudad o de manera subrogada, realice lo siguiente: 1. Continúe proporcionándole a la quejosa Braulia Chávez Rubio, los servicios médicos necesarios para hacer frente a su enfermedad renal crónica, ya sea por medio de los recursos con los que cuente en los hospitales a su cargo o bien, de manera subrogada, como hasta la fecha lo ha venido realizando, debiendo garantizar que en todo momento la prestación de dichos servicios, sean gratuitos, accesibles y de buena calidad. En la inteligencia de que, en lo posible, a consideración de la autoridad y sin afectar a otros derechohabientes, podrá establecer para tal efecto un horario y lugar más accesible para que la quejosa acuda a su tratamiento, teniendo en cuenta que manifestó radicar en la comunidad de Nurio, Municipio de Paracho, Michoacán. 2. Servicios médicos que deberán ser congruentes y acorde con lo ordenado por el médico especialista tratante que atienda a la quejosa de manera regular o bien conforme a las instrucciones de diverso especialista, debiendo pertenecer dichos doctores a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, No pasa inadvertido para este Juzgador Federal que en diversos juicios de amparo tramitados y resueltos ante su potestad se ha determinado resolver la improcedencia por cesación de efectos respecto de actos violatorios al derecho fundamental de la salud por falta de atención médica. Sin embargo, a criterio de este órgano de control constitucional cada caso es diverso, pues su trato depende del tipo de padecimiento, su gravedad y repercusiones en la esfera física del quejoso que genera la falta de atención, comportamiento procesal de la autoridad responsable que evidencie voluntad de cumplimiento, temporalidad de la atención médica requerida, entre otros factores. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto, promovido por Braulia Chávez Rubio, por cuanto hace a la autoridad responsable y actos señalados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa Braulia Chávez Rubio, contra las omisiones precisadas en el considerando séptimo del presente fallo y para los efectos ahí señalados. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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