Edson Rogelio Ayala García

Expediente 609/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
609/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
22/12/2022

Partes del expediente

  • Edson Rogelio Ayala García
  • Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil en esta ciudad y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. En relación con el original y duplicado del incidente, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva solicitadas, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del Acuerdo en mención, destrúyanse los mismos; el original transcurridos tres años, y el duplicado seis meses del periodo de conservación, ambos dentro de los treinta días siguientes, el cual será contado a partir de esta propia fecha. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo III-609/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III- 609/2022 promovido por Edson Rogelio Ayala García contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció el carácter de terceros interesados a Gustavo Adolfo Jasso Márquez y Enrique Vieyra Arroyo, el primero mencionado, por acuerdo de cinco de julio del año en curso se tuvo apersonando en el juicio, mientras que el segundo fue debidamente emplazado a juicio. Se da cuenta que del contenido del acta de emplazamiento de veinticuatro de junio de dos mil veintidós levantada por la actuaria adscrita a este juzgado, se observa que el tercero interesado Enrique Vieyra Arroyo al momento de la diligencia señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en el ubicado en la calle Río Nazas, doscientos cincuenta y cinco esquina con calle Lago de Chapala de la Colonia Ventura Puente, en esta ciudad; Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Por otra parte, se tiene a la parte tercera interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el precisado en la cuenta anterior, para los efectos legales conducentes. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: ? La Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: ? El expediente que contiene los autos del juicio Ejecutivo Mercantil número 248/2016, con las cuales se formó un tomo de pruebas. Por otra parte, respecto a la testimonial que ofrece el aquí quejoso a cargo de los testigos Mauricio Cárdenas Rentería, José Guadalupe Cortés Ortega y Juan Pablo Abraham Arroyo; dígasele que no ha lugar a admitir el referido medio de convicción, toda vez que de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, con la referida testimonial pretende acreditar la existencia del contrato de cesión de derechos y transferencia de propiedad, que en su momento celebró con Enrique Vieyra Arroyo, en consecuencia, la propiedad de los predios que afirma son de su propiedad, así como la entrega de la posesión. Sin embargo, resulta innecesario su admisión y desahogo en los términos propuestos, toda vez que para acreditar que se celebró tal contrato basta con la exhibición de éste, sin obste que haya sido impugnado en cuanto a su autenticidad, por lo que resultaría ocioso el desahogo de una prueba testimonial para acreditar un documento privado del que ya obra debidamente en el proceso. Además de que en éste también se refirió que se entregaba la posesión de las dos parcelas referidas. También se advierte que en el juicio de origen, por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, el Juez civil primigenio ordenó la cancelación del embargo realizado por la actuaria de su adscripción, y la prueba testimonial no se ofreció para desvirtuar tal circunstancia. Tiene aplicación por identidad jurídica, la jurisprudencia número P./J.41/2001, visible en la página 157, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 189894 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 41/2001 Página: 157 PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." Asimismo, tiene aplicación la tesis aislada número V.1°.25K, visible en la página 1443, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 194511 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Común Tesis: V.1o.25 K Página: 1443 PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN ESTAR RELACIONADAS CON LA LITIS CONSTITUCIONAL. De acuerdo con el principio de congruencia que debe regir en toda sentencia de amparo, la litis constitucional se constriñe al estudio de los planteamientos expresados por el peticionario del amparo en su demanda, que tiendan a demostrar la ilegalidad o la inconstitucionalidad del acto reclamado, que es la materia del juzgamiento constitucional, frente al propio acto autoritario de molestia y los planteamientos que tanto la autoridad responsable como las demás partes en el juicio de garantías formulen para sostener la legalidad o la constitucionalidad de tal acto; de modo que las pruebas que se ofrezcan en el juicio de garantías, deben estar encaminadas ya sea a demostrar o a desvirtuar lo expuesto por el quejoso o por la autoridad responsable, pues de otra forma su admisión resulta, además de dilatoria, inútil, dado que carecerían de vinculación con la litis. En consecuencia se DESECHA la prueba testimonial ofertada por la parte quejosa por las razones expuestas en los párrafos que anteceden. Al no existir pruebas que desahogar se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo III-609/2022 promovido por Edson Rogelio Ayala García, por propio derecho, contra actos de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, Michoacán, remitido día siguiente por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, Edson Rogelio Ayala García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, así como de los actos que precisó en el propio ocurso. Los que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de seis de junio de dos mil veintidós este Juzgado de Distrito en el Estado registró la demanda bajo el número III-609/2022, así mismo, al advertir que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: 1. ".Del Juez Cuarto de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial, reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad del embargo y gravamen realizado en el expediente número 248/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Gustavo Adolfo Jasso Márquez, en contra de ENRIQUE VIEYRA ARROYO, por la cantidad de $3,000,000.00 tres millones de pesos 00/100 m.n." 2. ".También del Juez Cuarto de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial, reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad del embargo y gravamen realizado en el expediente número 266/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Luis Jesús Vargas Pérez, en contra de Enrique Vieyra Arroyo, por la cantidad de $11,086,837.09 once millones ochenta y seis mil ochocientos treinta y siete pesos 09/100, m.n." 3. ".Del Juez Quinto de Primera Instancia en materia Civil de este Distrito Judicial, reclama la ilegalidad e inconstitucionalidad del embargo y gravamen realizado en el expediente número 158/2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Raúl Murillo Delgado en contra de Enrique Vieyra Arroyo, por la cantidad de $3,000,000.00 tres millones de pesos 00/100 m.n.." 4. ".Del Director de Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad de la anotación registral, inscrita bajo el registro número 14, del tomo 669, del libro de varios perteneciente al Distrito de Morelia, de fecha 19 de septiembre de 2018, a través de la cual se encuentra registrada la protocolización del convenio de subrogación de adeudo convencional y designación de deudores sustitutos celebrado por Víctor Manuel Vargas Pérez, Marilú Estrada Zacapu, Enrique Vieyra Arroyo y Luis Jesús Vargas Pérez." En ese sentido, al observar que los actos reclamados eran distintos y desvinculados entre sí, pues en los tres primeros citados reclamó el embargo acaecido en diversos procesos mercantiles, mientras que en el último citado se trataba de la anotación registral derivada de una protocolización de convenio de subrogación, es que ordenó la separación de procesos, y su remisión a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que proveyera lo conducente en cuanto a los actos 2, 3 y 4, toda vez que este órgano jurisdiccional conocería del establecido con el número 1. En el mismo proveído, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados a Gustavo Adolfo Jasso Márquez y Enrique Vieyra Arroyo, de los que se ordenó su emplazamiento. A las once horas con veinte minutos tuvo verificativo la audiencia de ley en los términos del acto anterior. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza mercantil emitidos por una autoridad con sede en el territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional a la autoridad responsable consiste en: ? El embargo realizado el seis de abril de dos mil dieciséis en el expediente 248/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Gustavo Adolfo Jasso Márquez, en contra de Enrique Vieyra Arroyo, por la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional). Al respecto, el quejoso afirmó que es propietario de los inmuebles embargados en dicha diligencia, consistentes en: a) Parcela número 324, Z-5 P1/1, del ejido de Tiripetio del municipio de Tiripetio (001). b) Parcela número 323 Z-5 P1/1, del ejido y municipio citados en el párrafo anterior. Los que encontraban registrados bajo los números 00000025 y 00000029, del tomo 00013047, de doce de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente. ? Así como su posterior gravamen, el cual quedó registrado bajo el número 00000020, tomo 00008488, de ocho de abril de dos mil dieciséis, ante el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo. También afirmó que acreditaba su propiedad con el contrato de cesión de derechos y transferencia de propiedad que celebró con Enrique Vieyra Arroyo, de fecha de veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, sin embargo, de las constancias que anexó se advierte su inexistencia. Se explica. Del expediente de origen 248/2016 del índice de la responsable se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el treinta de marzo de dos mil dieciséis, Gustavo Adolfo Jasso Márquez, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Enrique Vieyra Arroyo, al que le reclamó el pago de la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de un pagaré. 2. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a la Jueza Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, la que por acuerdo de uno de abril de dos mil dieciséis la registró con el número 248/2016, la admitió a trámite; ordenó el requerimiento de pago y, en su caso, el embargo; así como el emplazamiento de la parte demandada, lo que aconteció mediante diligencia de seis de abril de dos mil dieciséis, en la que se embargaron los siguientes inmuebles: a) Parcela número 324, Z-5 P1/1, del ejido de Tiripetio del municipio de Tiripetio (001). b) Parcela número 323 Z-5 P1/1, del ejido y municipio citados en el párrafo anterior. Los que se encontraban registrados bajo los números 00000025 y 00000029, del tomo 00013047, de doce de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente, que se registraron a favor de la parte demandada. Embargo que quedó inscrito bajo el número 00000020, tomo 00008488, de ocho de abril de dos mil dieciséis, por la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional). (Siendo este último el acto reclamado) 3. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil dieciséis las partes exhibieron convenio el que solicitaron se aprobara y se elevara a la categoría de sentencia ejecutoriada; el que ratificaron ante el Juzgado responsable. 4. Por auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis la Jueza de origen aprobó el convenio citado, y lo elevó a categoría de cosa juzgada. 5. Posteriormente, mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete se tuvo a la parte actora señalando que el demandado sufragó el total de las prestaciones que se le reclamaban, dándose por pagado de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el proceso de origen, en consecuencia,??????????? se ordenó hacer la devolución del documento base de la acción al demandado. También se ordenó girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, a fin de que realizara la cancelación del embargo realizado por la actuaria de su adscripción, mediante diligencia de seis de abril de dos mil dieciséis, el que quedó registrado bajo el número 00000020, tomo 00008488, de ocho de abril de dos mil dieciséis, trabajo en el asunto, por la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), sobre los siguientes inmuebles: a) Parcela número 324, Z-5 P1/1, del ejido de Tiripetio del municipio de Tiripetio (001). b) Parcela número 323 Z-5 P1/1, del ejido y municipio citados en el párrafo anterior. Las que encontraban registradas bajo los números 00000025 y 00000029, del tomo 00013047, de doce de febrero de dos mil dieciséis, a favor de la parte demandada. 6. En consecuencia, se giraron los oficios 280/2017 y 516/2017 (este último en corrección a los datos de los inmuebles materia del juicio de origen), dirigidos al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, a efecto de que realizara la cancelación del gravamen referido. Como se advierte, el acto reclamado consistente en el embargo practicado el seis de abril de dos mil dieciséis, así como el posterior gravamen de los inmuebles embargado en dicha diligencia, resulta inexistente, debido a que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la Jueza responsable ordenó su cancelación, esto es, desde ese momento dejó de tener efectos. Por lo que si su demanda de amparo la presentó el dos de junio de dos mil veintidós, con posterioridad a la cancelación del embargo citado, se reitera, éste resulta inexistente. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de rubro y contenido siguientes: Registro digital: 196072 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 36/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 5 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Además de que la parte quejosa no aportó algún medio de prueba certero y eficiente para probar la existencia del acto reclamado, ya que al respecto únicamente ofreció la testimonial a cargo de Mauricio Cárdenas Rentería, José Guadalupe Cortés Ortega y Juan Pablo Abraham Arroyo; sin embargo, con independencia de que se desechó la prueba referida, también lo es que su finalidad era para acreditar la existencia del contrato de cesión de derechos y transferencia de propiedad que celebró con Edson Rogelio Ayala García, respecto de los predios de los que afirma tiene la propiedad, así como su posesión. Esto es, con el medio de convicción referido no pretendía acreditar la existencia del embargo citado, sino una cuestión diversa relacionada con el interés jurídico, por lo que en ese sentido, es evidente que no se acreditó la existencia del acto reclamado. Ahora, no pasa inadvertido para este Juzgador que la parte quejosa exhibió la documental pública consistente en un certificado expedido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo, del que se advierte obra el gravamen número 00000020, tomo 00008488, de ocho de abril de dos mil dieciséis, por la cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional), derivado del juicio 248/2016, del índice de la responsable. Sin embargo, tampoco es suficiente para desvirtuar la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que es evidente que éste ya se canceló y, que en todo caso, se trata de un trámite administrativo que debe realizar la parte quejosa ante el Instituto Registral referido, lo que no es materia de la presente controversia constitucional. Dado que únicamente se reclamó la orden de embargo, pero no así la anotación de la cancelación del gravamen número 00000020, tomo 00008488, de ocho de abril de dos mil dieciséis, antes referido, máxime que la parte quejosa tampoco señaló como autoridad responsable al Instituto Registral citado en el presente juicio constitucional. Lo que se afirma porque si bien en la demanda de amparo en su momento indicó como autoridad responsable al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, también lo es que le reclamó un diverso acto, como lo era la ilegalidad e inconstitucionalidad de la anotación registral inscrita con el número 14, del tomo 669, del libro de varios perteneciente al Distrito de Morelia, de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se encontraba registrada la protocolización del convenio de subrogación de adeudo convencional y designación de deudores sustitutos celebrado por Víctor Manuel Vargas Pérez, Marilú Estrada Zacapu, Enrique Vieyra Arroyo y Luis Jesús Vargas Pérez. Esto es, se inconformó de una diversa actuación que no era derivada del embargo impugnado en el presente juicio constitucional, aunado a que por acuerdo de seis de junio de dos mil veintidós, se ordenó la separación de dicho acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad referido, del que tocó conocer por razón de turno al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el que formó el expediente 616/2022. Sin que hubiera lugar a dar vista al quejoso con la cancelación citada, dado que el acto reclamado consistente en el embargo de los predios que afirmó eran de su propiedad resultó inexistente, por lo tanto, el trámite administrativo referido no puede guardar relación con éste, aunado a que el que suscribe se encuentra constreñido a analizar únicamente el acto que señaló como reclamado y no respecto de otros surgidos con posterioridad. Cobra aplicación la tesis siguiente: Registro digital: 2020956 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.X. J/13 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, página 1149 Tipo: Jurisprudencia "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 155/2016 de su índice, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE.", estableció que la exigencia de que los actos novedosos guarden estrecha relación con los impugnados inicialmente, prevista en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, constituye un requisito de procedencia de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, el cual tiene influencia en la fijación de la litis y obliga a los órganos jurisdiccionales a verificar que entre los actos reclamados exista una vinculación cercana y a argumentar sobre la existencia o inexistencia de esa relación. Bajo ese contexto, cuando se reclama una orden de aprehensión de forma genérica que resulta inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no es procedente que el Juez de Distrito prevenga al quejoso para que amplíe su demanda inicial respecto de una diversa orden dictada durante el trámite del juicio de amparo. Ello es así en virtud de que, en primer lugar, la orden de aprehensión reclamada inicialmente, que resultó inexistente, no puede guardar relación con la dictada después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad; aunado a lo anterior, en segundo lugar, la orden de aprehensión reclamada de manera genérica no guarda estrecha relación con una diversa emitida durante el trámite del juicio constitucional, pues esta última no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; de igual forma, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía. Por lo anterior, en el supuesto apuntado, no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo." En consecuencia, se concluye que el acto reclamado es inexistente, pues de aceptar lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen al juicio de amparo1. En las relatadas circunstancias, ante la inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis legal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo2, en consecuencia debe sobreseerse en el presente juicio. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL 1 Sirve de apoyo a lo anterior y por analogía la Tesis IV.3o.72 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero de 1994, página 254, con registro 213793, cuyo rubro y texto son: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías". 2 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edson Rogelio Ayala García en relación con los actos reclamados precisados en el considerando segundo y por las razones señaladas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que al día de hoy se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta de agosto de este año, para efecto si es su deseo ampliar la demanda de amparo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. SOLICITA CONSULTA ELECTRÓNICA Y REITERA DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES Visto el escrito signado por el autorizado en términos amplios del quejoso, mediante el cual solicita se le autorice el acceso al expediente electrónico, a través del usuario "OmarYarid"; asimismo, reitera que las notificaciones que deban practicársele, sean realizadas única y exclusivamente en el domicilio señalado en autos, sito el ubicado en la calle Juan de Medina Rincón, número 73, colonia La Rinconada de esta ciudad. Atento a lo anterior, en términos de lo previsto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de ocho de julio de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se le autoriza la consulta electrónica del expediente en el señalado sistema electrónico a través del usuario que precisa. Y, por lo que respecta al señalamiento que realiza de las notificaciones, continúense practicándose en el domicilio ya precisado. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.

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