Edmundo Rodríguez Rivas

Expediente 921/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
921/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Edmundo Rodríguez Rivas

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con once minutos del diecinueve de marzo del año en curso, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. En este acto, se da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto del oficio SP/1229/2020 emitido por la autoridad responsable en contestación a la petición formulada por la parte quejosa, bajo apercibimiento que de ser omisa, el presente juicio se resolvería únicamente respecto del acto y autoridad señalada en el escrito inicial de demanda; sin que la parte quejosa haya manifestado nada respecto de dicho requerimiento, no obstante haber quedado debidamente notificada del mismo. A lo anterior el juez acuerda; se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo, y resuélvase el presente juicio por el acto y autoridad que señaló en su escrito inicial de demanda. Acto seguido, abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe justificado rendido por la responsable. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en el auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existían terceros interesados. Lo anterior, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se da cuenta con las documentales, ofrecidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada por su propia naturaleza la aludida probanza. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 921/2020; y, RESULTANDO: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido por razón de turno, a este juzgado, Edmundo Rodríguez Rivas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Por proveído de cuatro de diciembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que el diecisiete de marzo de dos mil veinte, con motivo de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 4/2020, con el cual suspendió la actividad judicial en los órganos jurisdiccionales, a fin de contener la emergencia y atender asuntos urgentes; después, emitió los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 que modificaron y adecuaron al que le antecedía. Posteriormente, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, determinó regresar al esquema de contingencia previsto por el Acuerdo General 13/2020, por el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno; así, atendiendo a las directrices marcadas por dicho Acuerdo General, mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la continuación del procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Finalmente, dio inicio la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes. CONSIDERANDO: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que cuando el acto reclamado carece de ejecución es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como acto reclamado, la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veinte, ante la responsable. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, por haberlo declarado así al rendir su informe con justificación, manifestando además en lo que interesa que mediante oficio SP/1229/2020 dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa, ocurso que le fue notificado a la parte quejosa el once de diciembre de dos mil veinte; aseveraciones que se corroboran con las documentales que allegó en el juicio. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el presente asunto, respecto el acto consistente en la omisión de dar respuesta a la petición realizada mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veinte, ante la responsable, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el caso, se llega a la firme convicción de que la omisión delatada ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo. En efecto, de las constancias que en copia certificada remitió la responsable, así como las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: El quince de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó por correo certificado a la responsable la corrección de pago sobre su pensión. Mediante oficio SP/1229/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en respuesta a la petición recepcionada en dicha dependencia el cuatro de septiembre de dos mil veinte, la responsable informó a la parte quejosa sus consideraciones en relación a la corrección de pensión solicitada por la parte impetrante de amparo. Mediante cedula de notificación de once de diciembre de dos mil veinte, la responsable se sirvió hacer del conocimiento a la parte quejosa la respuesta a la multicitada petición. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, este juzgado agregó las constancias y el oficio mencionados y en diecinueve de febrero de la presente anualidad, se ordenó dar vista personal a la parte quejosa con dichas constancias para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en relación a dicha contestación, sin que ello aconteciera; no obstante de haber quedado debidamente notificada de dicha determinación el veintitrés de febrero de la presente anualidad, como se advierte de la constancia de notificación agregada en autos. Ahora bien, el derecho de petición consagrado por el artículo 8°. de nuestra Carta Magna, se conforma a su vez de diversas subgarantías, las cuales deben ser atendidas por las autoridades ante quienes se les formule petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, esto es: 1. Dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado. 2. Que la respuesta sea fundada, motivada y congruente con lo solicitado por el gobernado; y, 3. Notifique la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término. De lo anterior, se entiende que la parte quejosa tuvo conocimiento del contenido de la respuesta de la autoridad responsable, el once de diciembre del año próximo pasado, según se advierte de la copia certificada de la cedula de notificación remitida por la autoirdad. En consecuencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos la omisión delatada, pues se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo, pues de las documentales exhibidas por la responsable, se desprende que se dio contestación a la petición formulada por la parte quejosa; por lo que resulta indudable que dejó de persistir el efecto del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis16 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado el efecto del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No pasa inadvertida para este juzgador, la respuesta contenida en el oficio número SP/1229/2020 de treinta de septiembre de dos mil veinte, ya que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo respecto a ese acto, a pesar de haber sido requerida para ese efecto mediante acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el cual le fue notificado personalmente, por lo que de esa forma le precluyó su derecho para efectuarlo con posterioridad, por lo que este juzgador está imposibilitado jurídicamente para pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta otorgada; de ahí debe prevalecer el sobreseimiento decretado Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Edmundo Rodríguez Rivas, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando IV de este fallo. Notifíquese Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Continuación del procedimiento. De la certificación que antecede se advierte que en cumplimiento a la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; asimismo, el expediente en que se actúa se encontraba en trámite, sin que exista diversa razón para permanecer suspendido. Reanudación de términos. Se acota que dado a que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Hágase del conocimiento de las partes, que la reanudación de los plazos procesales suspendidos opera conforme a los lineamientos dados por el propio Consejo de la Judicatura Federal; y en su defecto hasta la notificación de este acuerdo. Se exhorta para tramitar juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional 6621082100, extensión 1018. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con un minuto del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el subdelegado de prestaciones de la delegación en Sonora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Se tiene por designados como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala la responsable. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de diciembre de dos mil veinte. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 14, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Edmundo Rodríguez Rivas, contra actos del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con un minuto del cinco de enero de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informe. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se le proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se le reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo tercero, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, una multa de cien unidades de medida y actualización. 6. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comunique si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado; apercibida que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 7. Prevención a la autoridad. En caso de que la autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. 10. Emplazamiento. Dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que no existen terceros interesados. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a la autoridad responsable para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. En la inteligencia que la parte quejosa proporciona correo electrónico y número telefónico para que en caso de que este órgano lo llegara a ocupar. 12. Notificaciones Electrónicas. Con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "Fguerrerod", para imponerse de los autos, presentar promociones y recursos, por así haberlo solicitado. 13. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión en virtud de que no fue solicitado. 14. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oí y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. 15. Autorizados. En cuanto a las personas que designa el quejoso, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 16. Pruebas. Del ocurso que se atiende no se advierte que la parte quejosa haya ofertado medios de convicción. 17. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 18. Notificación a la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.176/2012 (10a), se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales: admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción-, y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 19. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 20. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 21. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 22. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 23. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación vía electrónica desde el Portal de Servicios en Línea; lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del referido esquema de reactivación contenido en el acuerdo general mencionado con antelación. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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