Edith Estrella Gonzalez
Expediente 1705/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1705/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Edith Estrella Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por la parte quejosa, mediante el cual, atiende el requerimiento efectuado en autos, en consecuencia, se acuerda lo siguiente. 2. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, y otras autoridades. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las trece horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente; ello con fundamento en lo señalado en el numeral 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 4. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 118 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe con justificación, lo que deberán hacer dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles siguientes al en que reciban el oficio con transcripción del presente proveído, enviando adjunto a dichos informes copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Al efecto, se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que hagan llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. El plazo para rendir el informe justificado requerido a las autoridades responsables, así como la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, obedece a que sobre la materia de la litis en este juicio existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que aborda la constitucionalidad del tema destacado como acto reclamado por la parte quejosa, lo que obliga a este juzgador a ordenar la tramitación del juicio dentro de los términos establecidos en el artículo 118 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia a que se alude en el párrafo previo, es la P./J. 27/2016 (10a.), con registro digital: 2012803, Décima Época, Materias(s): constitucional, laboral, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo I, página 66, con rubro siguiente: "APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Robustece lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el que al analizar tal jurisprudencia determinó que el criterio ahí establecido resultaba aplicable al descuento por concepto de servicio médico efectuado a los pensionados o pensionistas, como cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad (servicio médico), conforme a la fracción I del artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el cual vulnera el derecho a la seguridad social. Tal criterio, quedó establecido en la jurisprudencia V.1o.P.A. J/2 A (10a.), con registro digital: 2022745, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2686, con rubro siguiente: "DESCUENTO DE LA CUOTA DEL SEGURO DE ENFERMEDADES NO PROFESIONALES Y DE MATERNIDAD A LOS PENSIONADOS O PENSIONISTAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA TEMÁTICA P./J. 27/2016 (10a.)]." Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la ley de Amparo, se requiere al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, para que al rendir el informe justificado, remita copia certificada del dictamen donde se haya otorgado a la parte quejosa la pensión indicada en el escrito inicial de demanda, y las constancias donde se advierta la fecha que este fue notificada; o bien, manifieste expresamente si no le fue efectuada. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá a la omisa en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o haya cesado el efecto del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete. Por tanto, atendiendo que el presente se promueve contra una norma general, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso c) de la legislación en cita, notifíquese a la citada representación por medio de oficio, al que se adjunte copia del escrito de demanda y sus anexos. 10. Terceros interesados. Debido a la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. 11. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación en este punto que la parte quejosa señaló correo electrónico y número telefónico para establecer comunicación en caso de que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. 12. Incidente de suspensión. Tramítese incidente de suspensión por así haberse solicitado. 13. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental anexa a su escrito de demanda; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. En cuanto al informe de autoridad, a cargo de la autoridad señalada como responsable, dígasele que dicha probanza tiene la naturaleza de documental, por lo que de considerarlo necesario, se encuentra expedito su derecho para solicitar tal información y exhibirla en el sumario, o en su caso, una vez solicitada y que le sea denegada, estará en aptitud de pedir la intervención de este órgano jurisdiccional conforme al numeral 121 de la ley de amparo. Asimismo, en relación con el informe de autoridad, solicitado a la autoridad responsable, tiene naturaleza de la prueba confesional por posiciones proscrita por el artículo 119 de la citada legislación, al obligarla a emitir un documento inexistente hasta antes de su desahogo, bajo los lineamientos establecidos por el oferente, respecto de hechos relativos a la litis planteada. Atento a lo anterior, dígasele no ha lugar a su petición, toda vez que se estima inconducente por las consideraciones anteriores, y por ende procede desechar la probanza de mérito. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de rubro y texto siguiente: "PRUEBA "DOCUMENTAL VÍA INFORME" EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO PUEDE SOLICITARLA CON LA SIMPLE MANIFESTACIÓN DEL OFERENTE, SI CORRESPONDE A ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE GESTIONAR Y REQUERIRLA DIRECTAMENTE A LA AUTORIDAD, Y SÓLO EN CASO DE NEGATIVA INTERVENIR PARA QUE SE LE EXPIDA. El artículo 152, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que las partes del juicio de garantías les soliciten para ofrecerlos como prueba en la audiencia constitucional y en caso de negativa serán requeridos por el Juez de Distrito. En esa tesitura, si en el juicio de garantías una de las partes ofrece como prueba la "documental vía informe" de determinada autoridad, al margen de su denominación, dicha probanza constituye una prueba documental al tener como objetivo obtener información, pues de qué otra manera tendría que rendirse por la autoridad a quien se le solicita para hacer constar su existencia o inexistencia y, en su caso, otorgar la copia que avale su contenido. Consecuentemente, el Juez de Distrito no puede solicitar a la autoridad el informe pretendido con la simple manifestación del oferente, ya que al juzgador no le corresponde procurar las pruebas de las partes, sino que a éstas les incumbe la obligación de gestionar y requerir directamente ante la autoridad la información respectiva y sólo en caso de negativa el juzgador de amparo puede intervenir para que se le otorgue en aras de respetar el espíritu del citado precepto." "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO. La prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal." 14. Notificación a las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese ******************** a la parte quejosa, y por oficio a las autoridades responsables y a la representación social de la adscripción. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Trámite incidente. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 138, 140 y 147, de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1705/2023, promovido por Edith Estrella González, contra el acto atribuido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, y otras autoridades. 2. Fecha de la audiencia incidental. Se señalan las once horas con veinte minutos del treinta de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia incidental. 3. Informes previos. Pídase informe previo a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo en el plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que reciban el oficio de notificación correspondiente; enviándole para ese efecto, copia simple de la demanda de amparo. Apercíbaseles que, en caso de no hacerlo dentro del lapso señalado, se presumirá cierto el acto que se les atribuye y se hará acreedora a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; lo anterior, conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 142 y 260, fracción I, de la ley de la materia. 4. Procedencia de la medida cautelar. De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional para efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se abstenga de hacerle descuento en los pagos de su pensión mensual por concepto de servicio médico, el cual tiene fundamento en el artículo 25, fracción I, de la ley del mencionado Instituto. Ese tipo de cuotas a cargo del trabajador constituyen contribuciones para sufragar el sistema de seguridad social, el cual fue diseñado de modo tal que intervinieran en su financiación, no sólo el Estado-patrón, sino el propio trabajador en su calidad de beneficiario directo. Lo anterior queda evidenciado en la tesis 111/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1622 del Libro XIII, Tomo 3, correspondiente a Octubre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL." No obstante, como quedó establecido, la parte quejosa tiene el carácter de pensionada del ISSSTESON, aspecto que pone de relieve una evidente violación a los principios de igualdad y de previsión social. Lo anterior, básicamente, porque ese sistema de pensiones solidario por beneficio definido, obliga al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiaria, empero su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Por ello, al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Por tanto, bajo el principio de apariencia del buen derecho y al no contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interés social, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y la autoridad responsable no le descuente importe alguno por el concepto de "servicio médico" al momento del pago de la pensión a que tiene derecho, hasta en tanto se resuelva lo que en derecho corresponda sobre la suspensión definitiva. En la inteligencia de que el instituto responsable deberá continuar proporcionando atención médica a la parte quejosa, sin que la medida cautelar otorgada sea motivo válido para restringir dicho servicio. 5. Requisitos de efectividad. La anterior medida suspensional surte efectos desde luego, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si dentro del término de cinco días, la parte quejosa no acredita haber exhibido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, conforme al artículo 135, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Se trae a colación la jurisprudencia 2019202, publicada en la página 2123 del Libro 63, Tomo II, correspondiente a Febrero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. La retención citada tiene la naturaleza de un acto positivo de tracto sucesivo, por lo que el hecho de conceder la suspensión provisional, no equivale a darle efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo, ya que el quejoso venía disfrutando de los servicios de salud que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desde que era trabajador, y los sigue teniendo en su calidad de pensionado, lo cual evidencia que ese acto puede suspenderse. Además, con el otorgamiento de la suspensión provisional no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque si bien con la suspensión del descuento de la cuota del 7% del seguro de enfermedad no profesional y de maternidad que corresponde cubrir al pensionado, se dejaría de enterar ese ingreso al patrimonio del Instituto mencionado, lo cierto es que no existe medio de prueba alguno que evidencie, aun de manera indiciaria, que esa medida cautelar impacte en la funcionalidad del Instituto o prive a la colectividad derechohabiente de la prestación de los servicios médicos inherente al derecho a la salud; lo anterior, con la salvedad de que esta medida debe otorgarse conforme a lo ordenado en los artículos 135, 136 y 148 de la Ley de Amparo, al constituir lo reclamado una contribución, por lo cual, el interés fiscal debe quedar garantizado." Es ilustrativa al respecto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Tomo II, página 1591, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA ACTOS QUE INVOLUCREN CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES, SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU CONTINUACIÓN ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS LEGALMENTE QUE LE SEÑALE EL JUEZ DE DISTRITO. La interpretación armónica y sistemática de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo vigente, lleva a concluir que cuando se solicita la suspensión -provisional o definitiva- en contra de los actos de determinación, liquidación, ejecución y cobro de contribuciones o créditos fiscales, surte efectos de inmediato, esto es, desde el momento en que se concede en el acuerdo relativo, aunque se recurra, pero su continuación está condicionada a que en el plazo de 5 días el quejoso exhiba la garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables en los términos que considere el Juez de amparo, incluso, para reducir su monto o a dispensar su otorgamiento en determinados supuestos. En caso contrario, es decir, de no exhibir en el plazo indicado la garantía, dejará de surtir efectos la suspensión, aunque si no se ejecuta el acto reclamado después de dicho lapso y se ofrece garantía, volverá a surtir efectos. Lo expuesto es así, porque no es factible realizar una interpretación literal y aislada de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley de Amparo en vigor, cuando establece que la suspensión surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios previstos legalmente; pues ello implicaría que previamente a conceder la suspensión, indefectiblemente y en todos los casos, el interés fiscal ya estuviera garantizado o se tendría que garantizar, con lo que, por una razón práctica, carecería de sentido solicitar la medida cautelar respecto de actos que involucren contribuciones o créditos fiscales ante el Juez de Distrito, dado que sería la propia autoridad fiscal - señalada como responsable en el juicio de amparo- la que calificó o no la pertinencia de la garantía, haciendo nugatorio el ámbito protector del juicio de derechos fundamentales, ya que la medida cautelar es lo que permite conservar o preservar su materia, siendo el Juez de amparo el que podrá concederla discrecionalmente y atendiendo a las circunstancias de cada caso. Además, el numeral 136 de la Ley de Amparo vigente es explícito al señalar que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento que se conceda en el acuerdo relativo. De ahí que si la ley no distingue, no debe hacerlo el juzgador, por lo cual, la medida cautelar surte sus efectos de inmediato contra actos que involucren contribuciones o créditos fiscales, pero está condicionada a que el peticionario de amparo exhiba la garantía que le fije el Juez de amparo en el plazo de 5 días, o con posterioridad si no se ha ejecutado el acto reclamado." Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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