Edmundo Mosqueda Duran
Expediente 664/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 664/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edmundo Mosqueda Duran
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guarda los presentes autos, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo identificación de partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Mesa para Delitos Patrimoniales de esta ciudad, los cuales considera que transgrede su derecho fundamental que consagran los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 664/2021. Digitalización. Se procede a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o de los datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. El expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que, para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: " Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La dilación de resolver en definitiva la carpeta de investigación "1685/2021". 2. La omisión de citar al acusado a que comparezca ante la representación social a fin de que conteste interrogatorio en relación a los hechos delictivos que se le imputan. 3. La negativa de la autoridad responsable de iniciar la investigación interna para determinar quién sustrajo documentos de la indagatoria de origen. Ahora bien, cabe precisar que de sus antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Que el aquí quejoso tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen. 2. Que acudió de manera recurrente ante la autoridad responsable, tanto de manera verbal como por escrito, solicitándole se allegara de los datos de prueba necesarios para arribar a la verdad histórica de los hechos, como lo es el citar al acusado, llevar a cabo los peritajes que el caso amerita, sin que aquélla haya dado cumplimiento a sus solicitudes, considerando que son trascendentales para estar en aptitud de determinar la carpeta de investigación. En ese sentido, es evidente que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Así, se advierte que la acción de amparo intentada deviene notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar de plano la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las porciones normativas de referencia son claras en establecer: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". De los preceptos transcritos se advierte que la víctima u ofendido, tiene derecho a impugnar las omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por tanto, si en el caso los actos reclamados por el quejoso consiste precisamente en la dilación de integrar la carpeta de investigación que menciona, en la que figura como víctima, a través de la omisión que destaca y negativa de investigación administrativa, es claro que tales conductas, en todo caso la hace derivar de un actuar negligente del Agente del Ministerio Público responsable, al denotar pasividad en el ejercicio de su función investigadora y por ende, es susceptible de impugnarse conforme al marco constitucional y legal trazado. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió hacer valer su derecho de impugnar el actuar negligente de la autoridad responsable, ante el Juez de Control a través del medio de impugnación previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo antes descrito, el promovente previo a acudir al juicio de amparo debió agotar los medios ordinarios de defensa que prevea la ley del caso, pues no existe disposición alguna que lo exima de agotarlos. Así, ante la actualización del motivo impeditivo expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida General Abasolo número 411, zona Centro de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se la haga entrega de la copia que soliciten o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, la parte interesada deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo identificación de partes. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **************, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Mesa para Delitos Patrimoniales de esta ciudad, los cuales considera que transgrede su derecho fundamental que consagran los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 664/2021. Digitalización. Se procede a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o de los datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. El expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que, para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: " Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza en párrafos siguientes se efectúa en términos de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, con número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La dilación de resolver en definitiva la carpeta de investigación "1685/2021". 2. La omisión de citar al acusado a que comparezca ante la representación social a fin de que conteste interrogatorio en relación a los hechos delictivos que se le imputan. 3. La negativa de la autoridad responsable de iniciar la investigación interna para determinar quién sustrajo documentos de la indagatoria de origen. Ahora bien, cabe precisar que de sus antecedentes del acto reclamado, se advierte lo siguiente: 1. Que el aquí quejoso tiene la calidad de víctima en la carpeta de investigación de origen. 2. Que acudió de manera recurrente ante la autoridad responsable, tanto de manera verbal como por escrito, solicitándole se allegara de los datos de prueba necesarios para arribar a la verdad histórica de los hechos, como lo es el citar al acusado, llevar a cabo los peritajes que el caso amerita, sin que aquélla haya dado cumplimiento a sus solicitudes, considerando que son trascendentales para estar en aptitud de determinar la carpeta de investigación. En ese sentido, es evidente que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Así, se advierte que la acción de amparo intentada deviene notoriamente improcedente, lo que conduce a desechar de plano la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de la Materia, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las porciones normativas de referencia son claras en establecer: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". De los preceptos transcritos se advierte que la víctima u ofendido, tiene derecho a impugnar las omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Por tanto, si en el caso los actos reclamados por el quejoso consiste precisamente en la dilación de integrar la carpeta de investigación que menciona, en la que figura como víctima, a través de la omisión que destaca y negativa de investigación administrativa, es claro que tales conductas, en todo caso la hace derivar de un actuar negligente del Agente del Ministerio Público responsable, al denotar pasividad en el ejercicio de su función investigadora y por ende, es susceptible de impugnarse conforme al marco constitucional y legal trazado. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso debió hacer valer su derecho de impugnar el actuar negligente de la autoridad responsable, ante el Juez de Control a través del medio de impugnación previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo antes descrito, el promovente previo a acudir al juicio de amparo debió agotar los medios ordinarios de defensa que prevea la ley del caso, pues no existe disposición alguna que lo exima de agotarlos. Así, ante la actualización del motivo impeditivo expuesto, lo procedente es desechar de plano la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida General Abasolo número 411, zona Centro de esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se la haga entrega de la copia que soliciten o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, la parte interesada deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado.
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