Edmundo Mosqueda Durán
Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 283/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edmundo Mosqueda Durán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídase a su costa, las copias certificadas que insta, previa razón de recibo que se deje en autos. En el entendido de que a efecto de que se haga la entrega de la copias que solicita, deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las trece horas con treinta minutos a las diecisiete horas, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el acuerdo en mención, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o, en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del ordenamiento multicitado. Por otra parte, en lo que respecta a su solicitud de que este órgano jurisdiccional se excuse de conocer del juicio en que se actúa, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que mediante proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido del presente sumario constitucional. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado el mismo, para todos los efectos legales. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el artículo 21, inciso d) del aludido Acuerdo General. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos del inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
se R E S U E L V E ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados, por las razones expuestas en el considerando segundo de la presente interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a los motivos de imposibilidad para notificar a las autoridades denominadas ..., sin que realizara manifestación alguna; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se tienen por inexistentes en el juicio de amparo a las autoridades en mención. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Edmundo Mosqueda Durán, respecto de actos atribuidos a Ricardo Martínez, empleado municipal del departamento de obras públicas municipales, en esta ciudad y Alejandro Guerrero, Auxiliar de Ricardo Martínez, todos en Ciudad Valles, San Luis Potosí, mismas que han sido declaradas inexistentes en el presente proveído. En razón a lo anterior, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Articulo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; De los preceptos transcritos, se desprende que un requisito esencial de la demanda de amparo lo constituye la carga procesal que tiene la parte quejosa de señalar las autoridades responsables a las cuales les atribuye los actos reclamados, pues éste es un elemento fundamental para la resolución del juicio constitucional. Por tanto, en caso de que la parte quejosa no cumpla con este requisito el juicio de amparo será improcedente, ya que al no haberse señalado como responsable a la autoridad que en su caso emitió el acto, no se podría examinar su constitucionalidad, porque esa autoridad no fue llamada a juicio ni fue oída en el mismo. Ahora, de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se advierte que las autoridades que señaló como responsables, resultaron inexistentes, tal como se advierte del presente proveído, por lo que no se advierte autoridad alguna a la que se atribuyan esos actos reclamados. Ello, no obstante que se dio vista al quejoso con la inexistencia de las autoridades responsables, sin que hiciera manifestación al respecto. En ese orden de ideas, al no existir autoridades responsables no se puede analizar el acto que se les reclama; y, como consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Sin que en el caso proceda suplir la queja deficiente, pues ésta es improcedente respecto del señalamiento de las autoridades responsables, ya que ello es una obligación procesal de la parte quejosa. En consecuencia, actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
Quedan 12 actuaciones en este expediente
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