Edmundo Mesta Castillo

Expediente 664/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
664/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Edmundo Mesta Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 664/2022-IV. Puebla, Puebla, quince de julio de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el defensor del quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de cuatro de julio de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en acápites posteriores el archivo del presente juicio. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente (archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al defensor y al quejoso, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que el defensor tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada al recibir el escrito aclaratorio de la demanda, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 664/2022-IV. Puebla, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintidós. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el ocurso signado por el quejoso, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en el proveído inicial de este juicio, como sigue: 1. Aclara que las causas penales mencionadas en su demanda, se encuentran acumuladas; 2. Informa que todas esas causas están a cargo del juez de control señalado como responsable; 3. Precisa que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; 4. Indica que es su deseo excluir como autoridad responsable al ".MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL JUZGADO DE CONTROL ZONA CENTRO SEDE CONOCIDO PUEBLA PUEBLA." (sic); 5. Señala que desea excluir como autoridades responsables a las que denominó como ".DIRECTOR Y COMITÉ DICIPLINARIO HACI (sic) COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL SAN MIGUEL." (sic); y 6. Manifiesta que es su deseo limitar los actos reclamados a la prolongación de la prisión preventiva, por haber excedido el plazo de dos años, el cual atribuye únicamente al juez de control señalado en su demanda como responsable. Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, a partir de su escrito aclaratorio, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el escrito aclaratorio, permitió detectar que el reclamo planteado únicamente comprende: La prolongación de la prisión preventiva oficiosa, decretada al quejoso en la causa penal y sus acumuladas, por haber excedido el plazo de dos años. Sin embargo, esta juzgadora de tutela considera que respecto de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Lo anterior, en relación con los artículos 75 de la Ley de Amparo, 20 Apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se citan a continuación: ".Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio [.]". ".Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: [.] IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; [.] VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución.". ".Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: [.] Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.". ".Artículo 6o. Principio de contradicción Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este Código.". Lo anterior, porque de examinar el único acto planteado por el quejoso en su escrito aclaratorio, se infringirían los principios de contradicción, inmediación e igualdad que rigen el nuevo sistema de justicia penal, previstos en el artículo 20 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, establece que la presentación de los argumentos y elementos de prueba se deben exponer de manera pública, contradictoria y oral; y la diversa fracción VI mandata que en todo momento el juzgador debe respetar el principio de contradicción, el cual consiste en el derecho de las partes, a conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba y oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Así, uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio implica que, ante cualquier petición de alguna de las partes, su contraria tiene el derecho de conocerla para poder controvertirla, lo que inclusive garantiza el principio de igualdad, pues ambas estarán en un mismo plano para poder defender y oponerse respectivamente a sus pretensiones. Como se advierte, tanto a nivel constitucional como legal, se establecen diversos principios que rigen el proceso penal acusatorio, cuyo complimiento y vigencia deberán ser respetados. El respeto y cumplimiento a esos principios se ve reflejado en la propia Ley de Amparo, en la cual el legislador estableció la posibilidad de admitir pruebas en la vía indirecta, tratándose de actos emanados de un procedimiento penal de corte acusatorio y oral, siempre y cuando esa admisión respete los principios que rigen el sistema penal, es decir, el de contradicción, igualdad e inmediación. En ese orden de ideas, podemos advertir que la Ley de Amparo pugna por el respeto a los principios que rigen en el nuevo sistema de justicia penal, de lo que se sigue la regla implícita consistente en la improcedencia del juicio de amparo, cuando con ello se vulneren los principios que rigen el sistema penal antes citado. Como se dijo con antelación, el quejoso reclama la prolongación de la prisión preventiva oficiosa porque sigue privado de su libertad, a pesar de que han transcurrido más de dos años, desde cuando le fue impuesta esa medida en la causa penal y sus acumuladas, del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla. Sin embargo, el reclamo de la continuación de la prisión preventiva oficiosa, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónomo e independiente al proceso penal acusatorio, pues es menester que primeramente, dentro de éste, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias, ya que la prerrogativa prevista en el párrafo segundo de la fracción IX, del apartado B, del artículo 20 constitucional, constituye un derecho que está condicionado a la justificación de diversas circunstancias, como es que esa prolongación no se deba al ejercicio del derecho de defensa del detenido. Dichos aspectos, en términos de la Ley de Amparo, no se podrían analizar sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, de lo contrario, es decir, de admitir el reclamo del quejoso en su escrito aclaratorio y tramitar el juicio para el eventual análisis del acto reclamado, se efectuaría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente bajo los principios del proceso penal acusatorio, con lo cual además de vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que por un lado impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Consideración que no deja en estado de indefensión al quejoso, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé una ruta para conseguir la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, en la que las partes podrán solicitar al órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma. Es decir, en la norma ordinaria se prevé una vía específica para que el quejoso pueda solicitar el cese de la prisión preventiva oficiosa, a la cual ha estado sujeto más de dos años según lo refirió. Así también lo establecieron los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al decidir el recurso de queja, contra un acto similar al que planteó el quejoso en su escrito aclaratorio, pues mantuvieron la improcedencia del juicio de amparo contra el reclamo autónomo de la prisión preventiva, dado que esta debe plantearse primero en el procedimiento de revisión de medida cautelar, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa ejecutoria, dictada en el recurso de queja , se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, porque se encuentra integrada al expediente electrónico de ese recurso, que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque el acto que pretende reclamar conforme a su escrito aclaratorio, encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Notificación al quejoso. Por último, debido a que en esta fecha el defensor público designado para asistir al quejoso -en este juicio- protestó el cargo conferido, se instruye realizar la presente notificación en el domicilio procesal señalado para tal efecto por el citado defensor. Notifíquese; en forma personal al defensor del quejoso (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 664/2022-IV. Puebla, Puebla, cuatro de julio de dos mil veintidós. Versión escrita de audiencia. Se agrega al expediente la versión escrita de la audiencia celebrada por videoconferencia, este día cuatro de julio de dos mil veintidós, en la que, aceptó el cargo de defensor público del quejoso Notificación personal al quejoso. Entonces, a fin de que el quejoso tenga conocimiento del defensor público que habrá de asistirlo en el trámite de este juicio de amparo, se ordena notificarle en forma personal tanto la referida audiencia como el presente acuerdo. Pero también se hace notar al quejoso, que los subsecuentes acuerdos le serán notificados por medio de lista. Sobre todo porque ya tiene un defensor público y éste ha asumido las obligaciones procesales en el presente juicio de amparo, como imponerse de los acuerdos que son notificados por medio de lista. Notifíquese; y en forma personal al quejoso (en el Centro Penitenciario de Puebla, lugar donde está recluido).

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 664/2022-IV. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Designación de defensor para el quejoso. Se agrega al expediente el oficio de la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, en el que cumple lo requerido en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, porque designa al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, para que asista al quejoso -únicamente- en el trámite del presente juicio de amparo. Además, proporciona una dirección de correo electrónico y un número telefónico para establecer contacto con el defensor nombrado. Por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento de multa formulado a la citada directora, en el proveído de marras. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se provee: Se cita al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, a las ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que acceda a la videoconferencia relativa a la diligencia para aceptar y protestar el cargo de defensor del quejoso. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión 2499 676 4455 y contraseña ktYJAFpi237; en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior a esa fecha, al correo electrónico proporcionado (amparosadvos.defpublica@puebla.gob.mx). Con el propósito de ingresar a la reunión virtual, el defensor citado deberá tener equipo de cómputo que cumpla al menos los requerimientos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Al respecto, es menester precisar que con la finalidad de permitir a los intervinientes prepararse para el desahogo de la referida diligencia, así como la implementación de la logística operacional, la defensora en mención deberá ingresar a dicho enlace a las once horas cero minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia. Para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista identificación oficial vigente y cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad, capacidad procesal y profesión. Se apercibe al citado defensor que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el horario y data señalados para tal fin, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace saber al defensor público nombrado, que en el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevará a cabo tiene como única finalidad que manifieste si acepta y protesta el cargo de defensor del quejoso. Además, en términos del artículo 28, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia -por las políticas de salud pública adoptadas por la enfermedad COVID19-, no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, se le apercibe de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, que en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se le impondrá diversa multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Se informa al citado defensor que la posibilidad de aceptar y protestar el cargo conferido vía videoconferencia, sólo se observará mientras continúe vigente la restricción de acceso a las instalaciones que ocupa el juzgado, o hasta que el Consejo de la Judicatura Federal emita un esquema de contingencia que permita su desahogo de manera ordinaria. Por consiguiente, se ordena adjuntar al oficio que se libre para el citado defensor, copias de la demanda de amparo y del proveído inicial, para que tenga conocimiento de los actos reclamados, los motivos por los cuales fue requerida la aclaración de la demanda, y las medidas extraordinarias que se adoptaron debido a la situación actual de contingencia sanitaria. Notificación al defensor público designado. Se instruye a la actuaria encargada de este expediente que el oficio derivado de este acuerdo, con las copias adjuntas, las envíe al correo electrónico del mencionado defensor público. Además, debe confirmar su recepción y dejar constancia al respecto. Pero en caso de no ser posible lo anterior, podrá notificar el oficio de manera física porque el defensor se encuentra en una oficina local. Ello, conforme al "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del kit de seguridad que se les ha proporcionado para tal efecto. Se descarta notificación personal para el quejoso. Por otro lado, se descarta notificar al quejoso el contenido de este acuerdo, porque de momento sólo se dispuso la audiencia para la protesta del cargo, motivo por el cual este proveído será notificado únicamente por lista. Sin embargo, una vez que el citado defensor intervenga en la audiencia fijada, habrá de ponderarse la forma de comunicar a aquél la protesta del cargo. Escrito de defensor público designado. Asimismo, se agrega al expediente el escrito del defensor público Julio Arturo Gómez Peña, designado por la Directora General de Defensoría Pública del Estado de Puebla, para que asista al quejoso -únicamente- en el trámite del presente juicio de amparo, a través del cual exhibe una impresión electrónica de su cédula profesional y una copia de su credencial de elector. Ello, en cumplimiento a lo requerido en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós. Además, proporciona una dirección de correo electrónico y un número telefónico para establecer contacto. Por tanto, se tiene recibidos dichos documentos para ser considerados en la audiencia programada para la protesta del cargo de defensor. En último lugar, se tienen señalados los referidos medios de contacto, para considerarlos en caso de ser necesario. Notifíquese; por oficio al defensor público designado para el quejoso; y cúmplase.

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