Edith Guadalupe Toledo Hernandez
Expediente 31/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 31/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Edith Guadalupe Toledo Hernandez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31/2023-IX. En la misma data, se da cuenta a la jueza con la certificación precedente y con el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-.Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo se tuvo por no presentada, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31/2023-I. Conste. Puebla, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la quejosa en proveído de once de enero del año en curso, transcurrió del dieciocho al veinticuatro de los cursantes, como se desprende de la certificación secretarial previa. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Anotaciones. Se ordena hacer las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido Notifíquese; en forma personal a la quejosa (vía electrónica); y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 31 2023-I. Puebla, Puebla, once de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, signada por la quejosa por derecho propio, contra actos del ". ABOGADO ISAÍ LÓPEZ RIVAS, ADMINISTRADOR GENERAL DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES DEL ESTADO DE PUEBLA." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que, el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Prevención. La lectura integral2 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en las autoridades responsables, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo porque las imprecisiones en las autoridades habrán de impedir la pronta integración del presente juicio, en detrimento de la justicia expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo primero, se hace notar que el capítulo de autoridades ordenadoras, contiene un señalamiento impreciso en las autoridades judiciales, porque la quejosa introdujo como responsables a catorce jueces de control mencionados por nombre, y que a su decir están adscritos a la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Sin embargo, debe indicarse que la Jueza de Control Mirian Huerta Lechuga, adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, informó que las causas tramitadas en los distintos juzgados del sistema penal acusatorio, no requieren de un juez específico, porque el diseño del sistema penal acusatorio descansa en una serie de etapas, para las cuales basta la participación de cualquier juez de control del Poder Judicial del Estado de Puebla. De ahí que la citada jueza hubiera rendido en forma individual, los informes previo y justificado que se requirieron a los jueces de control de la Región Judicial Centro, en el juicio de amparo e incidente de suspensión 544/2020 de este órgano -el cual se invoca porque constituye un hecho notorio en términos del invocado artículo 88-. Entonces, resulta irregular el señalamiento que hizo la quejosa contra las autoridades judiciales ordenadoras, pues debió haberse limitado a precisar un solo juez de control, sin nombre, conforme a lo expuesto en líneas anteriores, en particular: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla. Por consiguiente, debe requerirse a la quejosa la aclaración de su demanda, en la autoridad judicial que pretende señalar como responsable. En otro aspecto, también se detectó un señalamiento impreciso en las restantes autoridades ordenadoras y en dos responsables ejecutoras, pues la quejosa introdujo a cuarenta y tres jueces de control mencionados por nombre, y que a su decir están adscritos a diversos municipios del Estado de Oaxaca. Así como las ejecutoras: "FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. COORDINADOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA." Tales autoridades resultan irregulares, porque la quejosa únicamente manifestó en sus antecedentes que tuvo conocimiento que personas ajenas a su domicilio han estado preguntando acerca de sus actividades, por las labores que desarrolla e igualmente interrogando sobre su horario de entrada y salida del domicilio, personas que manifestaron ser policías ministeriales y que traían consigo una orden para privarla de su libertad, al no haberla encontrado refirieron que regresarían para cumplimentarla; y ningún dato ofreció para visualizar que su domicilio se encuentre en el Estado de Oaxaca. Dicho de otro modo, nunca expuso que viva o trabaje en el Estado de Oaxaca; ni siquiera ofreció documentos para visualizar indiciariamente que en algún momento hubiese residido en algún municipio de esa entidad, y que por ello surja la participación de las autoridades del Estado de Oaxaca. Todo lo cual obliga a requerir la aclaración de la demanda de amparo, con el propósito de que la quejosa manifieste su deseo de retirar el señalamiento formulado contra las autoridades del Estado de Oaxaca (cuarenta y tres jueces de control y dos autoridades ordenadoras). Lo anterior, con el fin de que evite una causal de improcedencia, porque de insistir con esas autoridades del Estado de Oaxaca, tendría que exponer los antecedentes por los cuales sería procedente el juicio de amparo, sin variar los que relató en la demanda porque estos ya tienen la protesta de decir verdad. De modo que si en el escrito aclaratorio intentara mantener el señalamiento contra las autoridades de oaxaca, con antecedentes novedosos, podría incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, por haber omitido hechos que le constaran al momento de presentar la demanda de protección. Por consiguiente, deberá evaluar la quejosa la pertinencia de excluir de su demanda, a las autoridades del Estado de Oaxaca, que pretendió señalar como autoridades responsables tanto ordenadoras como ejecutoras. Ello, a fin de evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del mencionado delito. Incluso permitiría que quedara señalado como única autoridad ejecutora, el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Porque el Fiscal General del Estado de Puebla, carece de facultades para ordenar o ejecutar una orden de aprehensión; en efecto, conforme al artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentran asignadas a los agentes estatales de investigación del Estado de Puebla, al mando del Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla - autoridad que fue señalada como responsable-. Asimismo, el artículo 95 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, establece que el titular de la Agencia Estatal de Investigación tiene la facultad y obligación de coordinar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia y cateos, detención en caso urgente y otros mandamientos judiciales o ministeriales y, en su caso, establecer los mecanismos para su control y seguimiento, así como aquellas medidas que faciliten el cumplimiento de dichas funciones. Lo cual bastaría para la efectividad de la suspensión provisional que llegare a otorgarse a la quejosa, porque el director mencionado, es el servidor público que tiene conocimiento directo de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades judiciales del Estado de Puebla, e incluso de las órdenes de captura que pudieran haberse recibido por oficio de colaboración, de algún juez de otra entidad federativa. No obstante, la aclaración debe realizarla la quejosa porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar el señalamiento de autoridades responsables dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción III, 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Manifieste si desea perfeccionar el señalamiento de las autoridades judiciales ordenadoras, en el cual incluyó a catorce jueces de control de la Región Judicial Centro que mencionó por nombre, para dejar en su lugar únicamente al Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla -denominación correcta-, como ordenadora y al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, como ejecutora; y 2. Exprese si desea retirar de la demanda a las autoridades ordenadoras y ejecutoras del Estado de Oaxaca, porque ya otorgó la protesta de decir verdad para los antecedentes, conforme a las razones expuestas con antelación. Conviene indicar a la quejosa que el perfeccionamiento de las autoridades responsables, en términos de los anteriores puntos, le permitiría evitar la introducción de antecedentes novedosos que pudieran implicar la comisión del delito mencionado en líneas previas, aunado a que justificaría la procedencia del juicio de amparo, contra la orden de aprehensión y la consecuente ejecución, reclamadas a la autoridad judicial mencionada y el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Además, ningún perjuicio tendría si perfeccionara el señalamiento de autoridades responsables, para dejar únicamente a la ordenadora y ejecutora citadas. Sobre todo porque el Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, quedaría señalado como autoridad ejecutora y este tiene conocimiento directo de cualquier orden de captura, que hubiera emitido el juez de control residente en la ciudad de Puebla, e incluso de oficios de colaboración para ejecutar órdenes de aprehensión libradas por algún juez de otra entidad federativa. Lo cual podría llevar a la ampliación de la demanda, en el trámite del juicio, si fuera procedente. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique. Escrito aclaratorio. Se requiere a la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y una para el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exenta de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Ahora, la quejosa en su escrito de demanda de amparo señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla, pero también solicita que las mismas le sean notificadas de manera electrónica a través del usuario "CristianH4810" entonces, dígasele que resulta improcedente su petición pues no pueden tenerse diversos medios para oír y recibir notificaciones, pues existiría falta de seguridad jurídica respecto del lugar o usuario en el que recibirá las notificaciones. Por tanto, este juzgado de distrito considera que para dar celeridad a la integración del presente juicio de amparo, debe darse prioridad a la forma de notificación electrónica. En consecuencia de ello y porque así fue solicitado de manera expresa por la quejosa en su demanda, se autoriza que las notificaciones de carácter de personal le sean realizadas a través del mecanismo de notificación electrónica respecto del usuario mencionado; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario. De igual modo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario "". Por otra parte, Cristian Herrera Marcial queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la quejosa le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; y únicamente para oír y recibir notificaciones al restante autorizado que indica en su demanda de amparo, en términos del artículo 24 de Ley de Amparo, porque así fue solicitado por la quejosa. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico como medio de notificación por no estar previsto como tal en la Ley de Amparo, pero se toma nota del mismo para establecer contacto en caso de ser necesario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En ese sentido, queda recibida la manifestación de la quejosa de que no sean publicados sus datos personales en las actuaciones del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; en forma personal a la quejosa (vía electrónica); y cúmplase.
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