Edmundo Josué Cruz Casillas
Expediente 752/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/03/2018
Partes del expediente
- Edmundo Josué Cruz Casillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
V i s t o s, los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 752/2017, promovido por Edmundo Josué Cruz Casillas, contra acto del Juez Quincuagésimo Tercero de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violaron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se registró el asunto con el orden 752/2017 y se previno al quejoso, sin que desahogara en sus términos los requerimientos realizados, por lo que en auto de trece de septiembre pasado, se tuvo por no presentada la demanda. IV. Inconforme, el quejoso, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja, del cual conoció Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como Q.P.113/2017, en que por sesión de veinticinco de enero del año en curso declaró fundado tal medio de impugnación. V. Una vez que se tuvo conocimiento de tal determinación, en cumplimiento, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad judicial señalada como responsable rindiera informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita al juzgado de origen; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de la resolución reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado del Juez Quincuagésimo Tercero de la Ciudad de México es el siguiente: * La resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa 140/2017 (antes 147/2004, del registro del Juzgado Quincuagésimo Segundo Penal de esta ciudad), en que declaró improcedente el incidente no especificado, relativo a la compurgación simultánea de la pena de prisión, planteado por el quejoso. No obsta que en auto admisorio se señaló que la fecha de la resolución reclamada correspondía al veinticuatro de agosto del año pasado; sin embargo, ello no constituye obstáculo para fijar del acto reclamado en los términos precisados, a fin de garantizar al quejoso un verdadero acceso a la justicia, ya que para estar en condiciones de establecer, de manera definitiva, la litis constitucional, debe atenderse a su pretensión, acorde con la causa de pedir, así como a las constancias del expediente, como se realizó, que en el caso hacen procedente la suplencia del error, de conformidad con el artículo 76 de la ley de la materia; máxime que esa fijación se realizó, de manera provisional, con base en las manifestaciones del justiciable. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo admitió el juez responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió, entre las que se encuentra la resolución controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Es infundada la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad judicial responsable, pues al rendir informe de ley, señaló que el quejoso no se "inconformó" contra la resolución reclamada, por lo que a su criterio se actualizaron los supuestos previstos en las fracciones XIII y XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin embargo, contrario a esa aseveración, este órgano de control constitucional estima que el quejoso no está obligado a agotar el recurso ordinario que prevé la ley contra la determinación controvertida, por ende, no puede considerarse como consentida, ya que por su naturaleza jurídica constituye un acto que importa una afectación a la garantía de la libertad personal del gobernado, pues no debe perderse de vista que la libertad personal no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tuviesen como consecuencia material su privación, sino también por actos que, de alguna forma, modificasen las condiciones en que la privación de la libertad debiese ejecutarse. Esto último tiene apoyo en la tesis II.3o.P.6 P, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2922 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Febrero de 2010, cuyo título es: "SIMULTANEIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CONCURSO REAL DE DELITOS. LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE RELATIVO CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL Y, POR ENDE, ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". Precisado lo anterior, toda vez que este juzgado de Distrito no advierte la actualización de alguna causal de improcedencia diversa a la que se hizo valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación hechos valer son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal establece, en lo conducente, que todo acto de molestia debe ser emitido por escrito, procedente de autoridad competente que funde y motive su forma de proceder. Así, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Ahora, para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes del acto reclamado, como a continuación se expone: 1. El veinte de octubre de dos mil cinco, la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta esta ciudad dictó sentencia definitiva en el toca 1535/2005, en que en lo que interesa condenó al quejoso por su responsabilidad penal en la comisión de "VIOLACIÓN DIVERSOS (4). VIOLACIÓN INSTRUMENTADA. Y ABUSO SEXUAL.", imponiéndole cuarenta y tres años y nueve meses de prisión. 2. Contra dicha resolución el justiciable promovió amparo directo, del cual conoció el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que registró como D.P. 339/2006, en que concedió, para efectos, el amparo y protección de la Justicia Federal. 3. En cumplimiento a dicha ejecutoria, la sala mencionada pronunció otra sentencia definitiva el veintisiete de marzo de dos mil seis, en que estimó que el quejoso es penalmente responsable de la comisión de los de delitos de "VIOLACIÓN DIVERSOS (3). VIOLACIÓN INSTRUMENTADA. Y ABUSO SEXUAL.", condenándolo a treinta y cinco años de prisión. 4. Mediante escrito presentado ante el juez responsable el quince de agosto del año pasado, el peticionario de amparo promovió el incidente no especificado de referencia; y 5. Por auto de diecisiete de agosto del año pasado se admitió a trámite al incidente planteado, por lo que el veintitrés siguiente se celebró la audiencia relativa. Así, en la fecha preindicada se emitió la resolución reclamada. En ese contexto, en primer lugar se destaca que el artículo 33 del Código Penal para esta ciudad, respecto del que el quejoso centra la transgresión a sus derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial responsable, establece: "Artículo 33. (Concepto y duración de la prisión). La prisión consiste en la privación de la libertad personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Distrito Federal o del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, en la resolución judicial respectiva o en los convenios celebrados. En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención o del arraigo. Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquéllas se cumplirán de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años. En el supuesto de imposición de las penas de prisión, emanadas de hechos conexos, similares o derivados uno del otro, se deberán computar dichas penas desde el momento en que se detuvo al sujeto por el delito inicial". Al respecto, en el dictamen que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa de esta ciudad, en torno a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad (actualmente abrogada) y el artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se precisó lo siguiente: ".De acuerdo a lo establecido en la Reforma al artículo 18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el pasado 18 de junio de 2008, las legislaciones secundarias deben contener el 'nuevo sistema de reinserción' que en ellos se prevé; a efecto de dar cumplimiento a lo mandatado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en fecha 11 de mayo de 2011 aprobó la LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL misma que fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el pasado 17 de junio de 2011. Esta Ley tiene por objeto 'regular el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas por la autoridad judicial; y, la organización, administración y operación del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, para lograr la reinserción social y procurar que no vuelva a delinquir la persona sentenciada.' Asimismo contempla como beneficios penitenciarios la reclusión domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia; el tratamiento preliberacional; la libertad preparatoria y remisión parcial de la pena. Esta ley contempla además, la creación de Salas Colegiadas Especializadas en Ejecución de Sanciones Penales; la incorporación de la figura del Juez de Ejecución de Sanciones Penales y Procedimientos Orales cuya competencia queda establecida para conocer de los procedimientos en etapa de ejecución de sentencias; el uso del dispositivo electrónico de monitoreo para aquellos sentenciados que sean primodelincuentes y que tengan penas privativas menores a 10 en prisión, entre otras. Estas reformas actualmente solo aplican a reos del fuero federal, mismas que fueron aprobadas en la Cámara de Diputados por 433 votos a favor y cero en contra, mientras que en la Cámara de Senadores por 67 a favor y cero en contra, por lo que se considera necesario adoptar este sistema en el Distrito Federal ya que es dirigida al abatimiento de la sobrepoblación existente en las cárceles del Distrito Federal. Este cómputo consiste en establecer la compurgación simultánea estableciendo la forma en que se debe de abonar la prisión preventiva solo en el caso de que se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos sean conexos, similares o derivados unos de otros. En este mismo sentido se propone también agregar un último párrafo al artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que aún y cuando establece que si se trata de dos o más penas impuestas en sentencias diferentes, aquellas se cumplirán invariablemente de manera sucesiva, no distingue que éste supuesto debe ser aplicable solo en el caso de que los hechos son conexos, similares o derivados unos de otros, caso de excepción que sí distingue el Código Penal Federal. Respecto al segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, se propone agregar que en el caso de que el sentenciado promueva juicio de amparo en contra de la sentencia ejecutoriada y éste sea concedido para efecto de que la autoridad judicial deje insubsistente dicha sentencia y en su lugar dicte una nueva o bien ordene la reposición del procedimiento, sea desde el momento de la detención el tiempo que se deberá de abonar por concepto de prisión preventiva mismo que se deberá de prolongar hasta el momento en que se dicte una nueva resolución. La iniciativa y dictámenes aprobados en ambas cámaras, refieren que la reforma: 'está dirigida de manera directa al abatimiento de la sobrepoblación existente en la cárceles de nuestro país, al disminuir el número de internos y no creando y aumentando, consecuentemente, los centros de reclusión'. 'Propone reformar el párrafo segundo del artículo 25, en el sentido de que la prisión preventiva sea computada para el cumplimiento de la pena impuesta, disposición ya contenida en el párrafo tercero de la fracción X, apartado A, del artículo 20 constitucional, así como de aquellas que pudieran imponerse aunque sean objeto de hechos anteriores al ingreso a prisión, asimismo señala que en este caso las penas se compurgarán en forma simultánea.' Establecen también que 'En el caso de la reforma al artículo 64, propone que, si las penas se impusieran en el mismo o distinto proceso, pero los hechos son conexos o similares o bien derivado uno del otro, se le contará desde el momento en que se le privo de la libertad por el primer delito.' 'Reconocemos la importancia de las bondades manifestadas en la minuta en estudio, cuyo sentido y alcance se encamina a satisfacer un reclamo que exige imperativamente nuestra realidad social en la materia; que nos muestra la presencia de un gran número de personas en las prisiones, que por su edad o características personales, no deberían estarlo.' El dictamen aprobado por el Senado enfatiza que: 'El contenido medular de la reforma que nos ofrece la minuta es breve, pero en él se encierran los ideales del más alto valor ético y cultural, al inferirse de éste que la lucha contra la delincuencia y la impunidad no cruza necesariamente en todos los casos, con el endurecimiento de las penas o la severidad en la restricción de la libertad personal.' Por último es importante señalar que resultado de la contradicción de la tesis número 38/2006-PS la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que 'en caso de que se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto'; jurisprudencia de tesis que a continuación se agrega: (.) PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. (.). De igual forma se establece en la siguiente tesis: (.) PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LA APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL REO DE LOS ARTÍCULOS 25, PÁRRAFO SEGUNDO Y 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA MODIFICAR EL QUÁNTUM DE AQUÉLLAS, AUN CUANDO ESTÉ EN EJECUCIÓN LA SENTENCIA. (.).' Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado, propone a esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES Y REINSERCION SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y EL ARTICULO 33 DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL: ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, para quedar como sigue: (.) ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 33 del Código Penal para el Distrito Federal y se adiciona un último párrafo, para quedar como sigue: ARTÍCULO 33 (Concepto y duración de la prisión). La prisión consiste en la privación de la libertad personal. Su duración no será menor de tres meses ni mayor de setenta años. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde disponga la autoridad ejecutora de las sanciones penales en el Distrito Federal o del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la legislación correspondiente, en la resolución judicial respectiva o en los convenios celebrados. En toda pena de prisión que se imponga en una sentencia, se computará el tiempo de la detención o del arraigo. Si se trata de dos o más penas de prisión impuestas en sentencias diferentes, aquellas se cumplirán invariablemente de manera sucesiva, sin que la suma de ellas sea mayor de setenta años. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito." (sic). De lo anterior se advierte, en lo que interesa, que el legislador local homologó las condiciones para que opere la simultaneidad de las penas privativas de libertad impuestas a los sentenciados por delitos del fuero común en esta ciudad conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal. Preceptos que fueron interpretados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 38/2006-PS, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 8/2007 -que se tomó en consideración en la exposición de motivos transcrita-, consultable en la página 192 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, que dice: "PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, se advierte que ésta obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de reclusión del país, ante lo cual el legislador atendió, por una parte, el reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Ahora bien, de la interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 64 del citado código -también reformado en la fecha indicada-, se colige que en caso de que se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto, de esta manera tratándose de prisión preventiva operará la simultaneidad mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas. En congruencia con lo anterior, se concluye que el referido artículo 25, al contener la expresión 'las penas se compurgarán en forma simultánea', se refiere al tiempo de duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas en contra del inculpado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría considerablemente el tiempo de reclusión". Tal criterio obligatorio es claro al señalar que la expresión "las penas se compurgarán en forma simultánea", se refiere al tiempo de duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas contra el inculpado. De manera tal que del análisis sistemático y conjunto del artículo 33 del Código Penal para esta ciudad, con el artículo 28 de la Ley de de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para esta ciudad (invocado en el referido dictamen), este órgano de control constitucional llega a la conclusión de que bajo ninguna perspectiva puede considerárseles independientes o aisladas entre sí, sino por el contrario, se complementan una con la otra, dado que en ellas se establece el concepto, duración (mínima y máxima), así como la forma de computar la pena de prisión. En cuanto a este último aspecto, que es la materia del fondo del asunto, que suficientemente fue analizado por la autoridad judicial responsable, de dicho análisis conjunto, este órgano de control constitucional concluye que: a) En todo caso de imposición de diversas penas privativas de libertad, su compurgación será consecutiva. b) El beneficio de compurgación simultánea de penas de esa naturaleza, sólo se refiere al tiempo de prisión preventiva (que por mandato del artículo 20, apartado A, fracción X, constitucional, debe computarse como abono de aquéllas, lo que es retomado de este último por los citados numerales secundarios). Lo anterior conforme a la jurisprudencia 1a./J. 8/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA.". c) Si el sentenciado estuvo sujeto de forma simultánea a dos o más procesos, el tiempo de la prisión preventiva se computará para el descuento de cada una de las penas de prisión impuestas. Lo anterior se interpreta como una regla general en el sentido de que para cada pena se computará el tiempo de prisión preventiva que corresponda a cada causa sin distinción alguna; y d) La excepción a la regla general anterior, deriva del último párrafo del artículo 33 del código punitivo en cita, esto es, cuando los delitos que motiven penas impuestas en sentencias diversas sean conexos, similares o derivados uno de otro, la prisión preventiva se computará respecto de todas las penas, desde el momento en que se detuvo al sujeto por el delito inicial. Precisado lo anterior, legalmente puede concluirse que fue correcta la determinación del juez responsable, al considerar improcedente la compurgación simultánea de pena de prisión a que se condenó al quejoso por la comisión de los tres diversos delitos de violación. Así se considera, porque como destacó la autoridad judicial responsable, al justiciable no se le siguieron diversos procesos penales, pues de los antecedentes precisados, se advierte, sin lugar a duda, que se le instruyó un solo proceso, en que se le condenó por los delitos mencionados, situación que por sí sola, impide que pueda purgarse, de manera simultánea, la pena de prisión que solicitó. Consecuentemente, es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en que indicó, en esencia, que era procedente la compurgación simultánea de la pena de prisión que se le impuso, ya que está purgando tres penas de prisión diferentes, una por cada delito de violación a que se le condenó. Esto es así, porque de la exposición de motivos transcrita, se aprecia que la procedencia de la compurgación simultánea de la pena prisión y la forma en que debe abonarse la prisión preventiva, se limitó exclusivamente cuando: ".se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos sean conexos, similares o derivados unos de otros.". Por tanto, si la declaratoria de responsabilidad penal del quejoso, en la comisión de los tres ilícitos mencionados fue pronunciada en una sentencia, derivada de un solo proceso penal, es inconcuso que es improcedente el beneficio que solicitó. Es importante destacar que contrario a la aseveración del quejoso, no se advierte violación al principio pro persona que prevé el artículo 1° constitucional, que obliga a interpretar y a aplicar los derechos en la protección más amplia del ser humano, pues no debe perderse de vista que el Alto Tribunal de justicia del país estableció que ese postulado no deriva necesariamente en que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Dicho criterio está plasmado en la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.) del Alto Tribunal de justicia del país, localizable en la página 906 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, cuyo rubro es: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES". En ese contexto, toda vez que la resolución reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edmundo Josué Cruz Casillas, contra el acto reclamado del Juez Quincuagésimo Tercero de la Ciudad de México consistente en: * La resolución de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, pronunciada en la causa 140/2017 (antes 147/2004, del registro del Juzgado Quincuagésimo Segundo Penal de esta ciudad), en que declaró improcedente el incidente no especificado, relativo a la compurgación simultánea de la pena de prisión, planteado por el quejoso. .
- Principal
Ciudad de México, a cinco de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, a las diez horas con veinte minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en el primero se contiene; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés corresponda. Por otro lado, con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad remitente, la documental que adjuntó a su informe de ley, la cual se desahoga en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionará en la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, fórmese por separado un anexo, respetando su sello, rúbricas y folio. Por último, toda vez que en proveído de uno de febrero pasado se reservó acordar lo relativo a la prueba documental ofrecida por la parte quejosa hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rindiera el informe requerido, lo que en el caso sucede; por tanto, se tienen como pruebas las constancias referidas en párrafos precedentes, que como se dijo se desahogan en razón de su naturaleza jurídica y se relacionarán en la audiencia de ley.
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