Edith de Coss Carrasco de Hemsani

Expediente 62/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
62/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Edith de Coss Carrasco de Hemsani

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo ordenado en auto de primero de febrero de dos mil diecinueve, con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el acuerdo de veintinueve de enero del año en curso por medio de lista, que dice: "Ciudad de México, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Visto el contenido del oficio de cuenta, procedente del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por el que se remitió copia certificada de la demanda que dio origen al juicio de amparo 45/2019-V, promovido por Salomón Hemsani y Chamah y Sonia Edith de Coss Carrasco de Hemsani, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Seis Sin Detenido de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otra autoridad, así como 1 anexo, este juzgado acepta la competencia planteada respecto de los actos identificados con los números 2 y 3. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 62/2019 y acúsese el recibo de estilo. Ahora, los actos reclamados respecto de los que este juzgado se avocó al conocimiento, son los siguientes: a). El acuerdo de inicio de la denuncia, así como las diligencias y sus efectos relativos a la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3C/D/00059/01-2018; y b). El acuerdo de inicio de la denuncia, así como las diligencias y sus efectos relativos a la carpeta de investigación CI-FCH/CUH-5/UI-3S/D/00102/01-2018. En ese sentido, resulta imprescindible apuntar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los preceptos 71, 72 y 73 establece: "Artículo 71. Después de que se haya admitido, por un tribunal, demanda para la decisión total o parcial de un litigio, y en tanto éste no haya sido resuelto por sentencia irrevocable, no puede tener lugar, para la decisión del mismo litigio, otro proceso, ni ante el mismo tribunal ni ante tribunal diverso, salvo cuando se presente, dentro del juicio iniciado, nueva demanda ampliando la primera a cuestiones que en ella fueron omitidas. Cuando, no obstante esta prohibición, se haya dado entrada a otra demanda, procederá la acumulación que, en este caso, no surte otro efecto que el de la total nulificación del proceso acumulado, con entera independencia de la suerte del iniciado con anterioridad. La ampliación a que se refiere el párrafo anterior sólo puede presentarse una vez, hasta antes de la audiencia final de la primera instancia, y se observarán las disposiciones aplicables como si se tratara de un nuevo juicio". "Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación, es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación se hará del más nuevo al más antiguo. La acumulación no procede respecto de procesos que se ventilen en el extranjero". "Artículo 73. Si los juicios se encuentran en el mismo tribunal, la acumulación puede ordenarse de oficio o a petición de parte, por el procedimiento incidental". De los preceptos transcritos derivan los requisitos para decretar la acumulación de juicios que se encuentren en tramitación en un mismo juzgado; por tanto, la interpretación contrario sensu de las disposiciones invocadas, lleva a considerar que se podrá decretar la separación de juicios cuando en una demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí, lo cual acontece en el caso particular, en tanto resulta evidente que los actos impugnados precisados derivan de distintas indagatorias; de ahí que con fundamento en los numerales anunciados resulta procedente ordenar la separación de juicios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". En consecuencia, tomando en consideración lo expuesto en la jurisprudencia emitida por el Máximo Tribunal del país, publicada en la página 117/97 del Semanario y Época en mención, Tomo VI, septiembre de 1997, del rubro siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA", que establece que al decretarse la separación el juzgado proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración, obténgase copia certificada del oficio que se provee, así como de la demanda y sus anexos, en la inteligencia de que en este controvertido se tendrán como actos reclamados los precisados en el inciso a). Con el objeto de compensar las cargas de trabajo, remítase la copia mencionada a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, para que se sirva turnarla de manera aleatoria al juzgado de Distrito que corresponda, en relación con los actos apuntados en el inciso b). Bajo ese contexto, en relación con los actos precisados en el inciso a), se considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". Ahora, el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad o, por el contrario, para que desaparezca o se evite, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso, se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar u omisión. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de título: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". En ese orden de ideas, es evidente que los actos reclamados de que se trata no causan perjuicio a los amparistas. Lo anterior es así, ya que por lo que respecta al inicio e integración de la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3C/D/00059/01-2018, debe tenerse presente que la función persecutoria del Ministerio Público no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, en términos del artículo 21 constitucional, pues interesa a la colectividad que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que es válido decir que al no existir un derecho tutelado del gobernado para impugnar dicho acto, razón por la que no se surte el interés jurídico, ni legítimo, para combatirlos mediante el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, del rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, localizable en la página 2592, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Agosto de 2016,Tomo IV, con el título: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En otro aspecto, se tiene como representante común de la parte quejosa al nombrado en primer término, sin perjuicio de que posteriormente hagan uso del derecho previsto en el artículo 13 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, así como autorizada(s) en los términos que se precisan a la(s) persona(s) mencionada(s). En cuanto a que se permita ".utilizar medios electrónicos como cámaras de fotografía, grabadores o lectores ópticos.", dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio. En el entendido de que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada."

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,848 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano