Edmundo de la Cruz Sterling Bours
Expediente 1098/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 73 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 73
- Última actuación
- 23/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edmundo de la Cruz Sterling Bours
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 73.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por **********, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que remite el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Guanajuato, capital, mediante el cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 679/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió a efecto de que desahogara la prueba testimonial a cargo de ********** y **********, dese de baja la comunicación oficial de referencia y háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito y anexo signado por ********** con el carácter reconocido en autos de apoderado legal de la tercera interesada, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, manifestando que efectivamente la parte quejosa llegó a un convenio con la tercera interesada **********, del cual anexa copia. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a diversas constancias que integran el juicio ordinario laboral 2455/2011/L1/CB/IND, que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene realizar una narrativa breve de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del juicio laboral 2455/2011/L1/CB/IND, de lo que se tiene que: En el controvertido citado, la Junta responsable tuvo a **********, por propio derecho demandando en la vía ordinaria laboral a **********, en su calidad de patrón responsable de la **********, el pago de diversas prestaciones. Posteriormente, se llevó a cabo el emplazamiento de la ahora parte quejosa; acto que constituye el reclamado en la presente instancia. Seguidos los trámites correspondientes, el treinta de junio de dos mil dieciséis, la Junta responsable dicto la resolución en forma de laudo en la que, entre otras cosas, determinó que la parte actora acreditó la mayoría de sus acciones, por lo cual condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de diversas prestaciones. Posteriormente, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la parte actora celebró un convenio por la cantidad de $100.000 pesos, en modalidad de pago de laudo con la moral demandada, donde se desprende que la actora se conformó con el primer pago por la cantidad de $30,000 pesos (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. con el monto que le fue cubierto en ese acto y $70,000 pesos (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N., el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, que constituye la totalidad de las prestaciones condenadas en el laudo; mismo que se pasa a reproducir en su parte conducente: "(.) manifiestan que han llegado a un convenio en modalidad de pago de laudo el sujeto al tenor de las siguientes. CLAUSULAS: PRIMERA:- ambas partes manifiestan su conformidad con el laudo dictado en el juicio laboral. SEGUNDA: manifiesta la trabajadora actora la C. **********, que en estos momentos ha sido cubierto el monto del laudo a excepción de la cantidad de $100,000 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) de los cuales le será entregada la cantidad de $30,000 pesos (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en este acto en efectivo Y LA CANTIDAD DE $70,000 PESOS (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para el 25 de enero de 2018 ante los despachos de este H. tribunal en caso de incumplimiento en el segundo de los pagos a que se comprometió la parte demandada, ambas partes convienen que quedará sin efecto el presente convenio así como las manifestaciones realizadas por la trabajadora actora, reanudándose el procedimiento al estado procesal que guardaba hasta antes de la celebración del presente, quedando la cantidad antes descrita se cuenta de la totalidad del laudo dictado en el presente juicio. TERCERA: ambas partes convienen que una vez que se realice el cumplimento total al presente convenio se destrabará el embargo practicado sobre los bienes de la demandada, los cuales obran descritos en autos, asimismo se solicitará el que se comisione a uno de los actuarios de este tribunal para la entrega de los mismos y de igual manera en su oportunidad se solicitara el que se giren los oficios correspondientes a la autoridad federal respecto de la celebración del presente para que acuerden lo correspondiente en el amparo que se encuentra en trámite. CUARTA: ambas partes para efecto del presente convenio manifiestan que dicho convenio no se reservan ninguna acción que hacer valer la una contra la otra de cualquier índole civil, mercantil, laboral, penal, fiscal, etc. LA PRESIDENCIA ACUERDA. Se tiene a los comparecientes, con personalidad acreditada, por celebrado el convenio en la modalidad de pago de laudo y aprobado en todos sus términos. Analizando que ha sido el mismo, al no contener cláusula contraria a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, se aprueba y se eleva a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO y se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, sin reservarse ninguna acción presente ni futura que hacer valer en forma recíproca. Se tiene a los comparecientes, con personalidad acreditada, por celebrado el presente convenio en la modalidad de pago de laudo y aprobado en todos sus términos. Analizando que ha sido el mismo, al no contener cláusula contraria a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, se aprueba y se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, sin reservarse ninguna acción presente ni futura que hacer valer en forma recíproca. Haciendo constar que la trabajadora actora recibió la cantidad de $30, 000 pesos en efectivo en este acto por concepto del convenio. Quedando pendiente la cantidad de $70,000 pesos para el día 25 de enero de 2018 ante los despachos de este H. tribunal. Con lo anterior se da por terminada la presente comparecencia firmando las intervinientes previa lectura para constancia DOY FE.- (.)" El diecinueve de enero de enero de dos mil dieciocho, el Pleno de la Junta responsable tuvo a José **********, exhibiendo la suma de $30,000 (treinta MIL PESOS 00/100 M.N.), y el veinticinco de enero de enero de dos mil dieciocho la suma de $70,000 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que fueron entregados de conformidad a **********. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste el recurso impugnado en esta vía, el mismo no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que la tercera interesada se dio por pagada y recibió de conformidad la suma de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). Ciertamente, como puede verse, lo relevante del caso radica en la circunstancia de que, de las constancias que fueron allegadas por la responsable, la tercera interesada se dió por pagada y recibió de conformidad la suma de $100,000 PESOS (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). Entonces, si el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento al juicio de laboral en el que resultó condenada la parte quejosa y si como se vio, a la fecha, la tercera interesada se dio por pagada de las prestaciones impuestas a la demandada en el laudo; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia u objeto del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que se desatienda que en el presente caso, todavía no fenece el plazo concedido a la parte quejosa para que hiciera manifestaciones, pues, como ya quedó establecido, la causal de improcedencia actualizada quedó demostrada fehacientemente. Finalmente, entérese esta determinación al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, a quien tocó conocer del exhorto número 679/2017-VI de este índice para que se sirva devolverlo, toda vez que resulta innecesario el desahogo de las pruebas que se le encomendaron, en su oportunidad.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN El INCISO C) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO: Agréguese a los autos el escrito y anexo signado por ********** con el carácter reconocido en autos de apoderado legal de la tercera interesada, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, manifestando que efectivamente la parte quejosa llegó a un convenio con la tercera interesada **********, del cual anexa copia. Atento a lo anterior, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de un análisis realizado a diversas constancias que integran el juicio ordinario laboral 2455/2011/L1/CB/IND, que remitió la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, a las cuales el suscrito les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el suscrito llega al convencimiento de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" En principio, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, sobre la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador federal tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, con el objeto de comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se cristaliza la causa de improcedencia referida, conviene realizar una narrativa breve de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden de la copia certificada del juicio laboral 2455/2011/L1/CB/IND, de lo que se tiene que: En el controvertido citado, la Junta responsable tuvo a **********, por propio derecho demandando en la vía ordinaria laboral a **********, en su calidad de patrón responsable de la **********, el pago de diversas prestaciones. Posteriormente, se llevó a cabo el emplazamiento de la ahora parte quejosa; acto que constituye el reclamado en la presente instancia. Seguidos los trámites correspondientes, el treinta de junio de dos mil dieciséis, la Junta responsable dicto la resolución en forma de laudo en la que, entre otras cosas, determinó que la parte actora acreditó la mayoría de sus acciones, por lo cual condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de diversas prestaciones. Posteriormente, el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, la parte actora celebró un convenio por la cantidad de $100.000 pesos, en modalidad de pago de laudo con la moral demandada, donde se desprende que la actora se conformó con el primer pago por la cantidad de $30,000 pesos (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. con el monto que le fue cubierto en ese acto y $70,000 pesos (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N., el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, que constituye la totalidad de las prestaciones condenadas en el laudo; mismo que se pasa a reproducir en su parte conducente: "(.) manifiestan que han llegado a un convenio en modalidad de pago de laudo el sujeto al tenor de las siguientes. CLAUSULAS: PRIMERA:- ambas partes manifiestan su conformidad con el laudo dictado en el juicio laboral. SEGUNDA: manifiesta la trabajadora actora la C. **********, que en estos momentos ha sido cubierto el monto del laudo a excepción de la cantidad de $100,000 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) de los cuales le será entregada la cantidad de $30,000 pesos (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) en este acto en efectivo Y LA CANTIDAD DE $70,000 PESOS (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para el 25 de enero de 2018 ante los despachos de este H. tribunal en caso de incumplimiento en el segundo de los pagos a que se comprometió la parte demandada, ambas partes convienen que quedará sin efecto el presente convenio así como las manifestaciones realizadas por la trabajadora actora, reanudándose el procedimiento al estado procesal que guardaba hasta antes de la celebración del presente, quedando la cantidad antes descrita se cuenta de la totalidad del laudo dictado en el presente juicio. TERCERA: ambas partes convienen que una vez que se realice el cumplimento total al presente convenio se destrabará el embargo practicado sobre los bienes de la demandada, los cuales obran descritos en autos, asimismo se solicitará el que se comisione a uno de los actuarios de este tribunal para la entrega de los mismos y de igual manera en su oportunidad se solicitara el que se giren los oficios correspondientes a la autoridad federal respecto de la celebración del presente para que acuerden lo correspondiente en el amparo que se encuentra en trámite. CUARTA: ambas partes para efecto del presente convenio manifiestan que dicho convenio no se reservan ninguna acción que hacer valer la una contra la otra de cualquier índole civil, mercantil, laboral, penal, fiscal, etc. LA PRESIDENCIA ACUERDA. Se tiene a los comparecientes, con personalidad acreditada, por celebrado el convenio en la modalidad de pago de laudo y aprobado en todos sus términos. Analizando que ha sido el mismo, al no contener cláusula contraria a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, se aprueba y se eleva a la categoría de LAUDO EJECUTORIADO y se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, sin reservarse ninguna acción presente ni futura que hacer valer en forma recíproca. Se tiene a los comparecientes, con personalidad acreditada, por celebrado el presente convenio en la modalidad de pago de laudo y aprobado en todos sus términos. Analizando que ha sido el mismo, al no contener cláusula contraria a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, se aprueba y se obliga a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar, sin reservarse ninguna acción presente ni futura que hacer valer en forma recíproca. Haciendo constar que la trabajadora actora recibió la cantidad de $30, 000 pesos en efectivo en este acto por concepto del convenio. Quedando pendiente la cantidad de $70,000 pesos para el día 25 de enero de 2018 ante los despachos de este H. tribunal. Con lo anterior se da por terminada la presente comparecencia firmando las intervinientes previa lectura para constancia DOY FE.- (.)" El diecinueve de enero de enero de dos mil dieciocho, el Pleno de la Junta responsable tuvo a José **********, exhibiendo la suma de $30,000 (treinta MIL PESOS 00/100 M.N.), y el veinticinco de enero de enero de dos mil dieciocho la suma de $70,000 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), mismos que fueron entregados de conformidad a **********. A la luz de lo expuesto, debe decirse que el suscrito estima actualizado el motivo de improcedencia invocado, en la medida que, a pesar de que formalmente subsiste el recurso impugnado en esta vía, el mismo no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia, habida cuenta que la tercera interesada se dio por pagada y recibió de conformidad la suma de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). Ciertamente, como puede verse, lo relevante del caso radica en la circunstancia de que, de las constancias que fueron allegadas por la responsable, la tercera interesada se dió por pagada y recibió de conformidad la suma de $100,000 PESOS (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). Entonces, si el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento al juicio de laboral en el que resultó condenada la parte quejosa y si como se vio, a la fecha, la tercera interesada se dio por pagada de las prestaciones impuestas a la demandada en el laudo; es inconcuso, que aun cuando subsiste el acto reclamado no puede surtir en contra de la agraviada efecto legal o material alguno por haber dejado de existir la materia u objeto del mismo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Sin que se desatienda que en el presente caso, todavía no fenece el plazo concedido a la parte quejosa para que hiciera manifestaciones, pues, como ya quedó establecido, la causal de improcedencia actualizada quedó demostrada fehacientemente. Finalmente, entérese esta determinación al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, a quien tocó conocer del exhorto número 679/2017-VI de este índice para que se sirva devolverlo, toda vez que resulta innecesario el desahogo de las pruebas que se le encomendaron, en su oportunidad.
Quedan 69 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Edgardo Vieyra Gómez o Sánchez994/2015
- Edilberto Caballero Castro842/2021
- Edilia Torres Silva547/2023
- Edith Alejandra Capetillo Esquiliano y Otros.208/2022
- Edith Guadalupe Luna Trejo192/2021
- Edith Ojeda Medina283/2018
- Edmundo Medina Loyola539/2021
- Edmundo Tapia Salgado104/2013
- Edna Graciela García Correa y Otros.229/2022
- Edna Priscila Barajas Suárez954/2022
- Edson Leopoldo Franco Martínez y Otros.78/2022
- Edson Leopoldo Franco Martínez y Otros.410/2022