Edith Guadalupe Luna Trejo

Expediente 192/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 36 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
192/2021
Año
2021
Actuaciones
36
Última actuación
14/12/2021

Partes del expediente

  • Edith Guadalupe Luna Trejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que se carezca con el acuse de recibo del oficio con el que se le notificó la determinación referida a las autoridades responsables foráneas, a fin de computar si le trascurrió o no el plazo para interponer el recurso de revisión, toda vez que ésta carece de legitimación para interponerlo, debido a que esa resolución no le depara perjuicio alguno en razón de que se sobreseyó respecto del acto que se le reclamó. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por ******************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos que se adjuntaron al escrito de demanda, previa certificación que en su lugar se deje en autos; en el entendido de que antes de acudir a este Tribunal deberá agendar una cita para ello, en el sitio https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio que suscribe la Apoderada Legal de la Universidad Allende, Sociedad Civil, mediante en el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este Juzgado, remite copia certificada de la que se advierte que entregó la documentación solicitada por la quejosa. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite y se tiene por desahogada la aludida documental, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la referida constancia, así como de las que obran en autos, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque del estudio íntegro de la demanda de amparo; además, con apoyo en la tesis número 19, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.", se observa que la quejosa esencialmente reclama: La omisión y dilación de expedir y entregar la equivalencia de estudios, así como el certificado parcial de licenciatura en pedagogía y como consecuencia de ello, la baja temporal, restricción o limitación de acceso a la educación para poder concluir el periodo enero-junio de dos mil veintiuno y la negativa a la reinscripción para cursar el siguiente periodo escolar. Por tanto, de acuerdo con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su demanda de amparo, así como a las constancias que remitió la Apoderada Legal de la Universidad Allende, Sociedad Civil, a los oficios, de cuenta, así como recibido el cuatro de noviembre del año en curso, en la oficialía de partes de este Juzgado, se desprende que: El veintiocho de octubre del año en curso, la aquí quejosa recibió el certificado parcial de licenciatura en pedagogía, entre otros, en respuesta a su solicitud, la cual le resultaba necesaria para continuar con sus estudios. Por tanto, es evidente que la omisión que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que le fue entregado el certificado de estudios parciales que le resultaba necesario para continuar con sus estudios, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la fecha y hora señaladas para la celebración de la citada audiencia. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio que suscribe la Apoderada Legal de la Universidad Allende, Sociedad Civil; mediante el cual, realiza manifestaciones en relación al requerimiento efectuado por este Juzgado el cinco de noviembre del año en curso. En ese sentido, hágase nuevamente de su conocimiento que mediante proveído emitido el doce de los actuales, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, únicamente, se le requirió para que dentro del término de tres días legalmente computado, remita copia certificada legible, de la constancia de la que se advierta que le entregó a la quejosa la documentación solicitada, pues con ello, podría actualizarse alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio. Dicho requerimiento, conlleva el apercibimiento que de no cumplirlo en la forma y plazos establecidos se impondrá a la autoridad requerida una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en atención a lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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