Edmundo Calderón Flores
Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 64/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Edmundo Calderón Flores
- Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje
- No existe.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto para resolver el Juicio de Amparo ********************, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje y otras autoridades, con residencia en la localidad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Que mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el dieciocho de enero del dos mil veintitrés y turnado a este juzgado en la misma fecha, ********************, promovió juicio de amparo, contra actos de la autoridad, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, a quien reclamó: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- 4.1. De la autoridad señalada en el numeral 3.1., se reclama la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita. 4.1. De la autoridad señalada en el numeral 3.2. se reclama la omisión de rendir los informes solicitados en vía de cotejo y compulsa al presente juicio como probanza juicio como probanza para que se pueda substanciar el juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al891 del ordenamiento legal en cita. 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.3. se reclama la omisión de realizar la diligencia consistente en cotejo y compulsa vía exhorto, una vez que se ordene su substanciación en términos de Ley, y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento" (sic) Segundo. Por auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de que se trata, por lo que se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; por otro lado, mediante informe justificado de fecha ocho de febrero de dos mil veintitrés, signado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, se informó que en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó girar exhorto a la homologa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo la diligencia que se le encomendó, precisándose que en fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos dicho proveído, en virtud de que la dependencia que mencionó la parte actora, aquí quejosa, como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no es una dependencia que exista dentro de la circunscripción de las juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por lo cual, dicho cotejo o compulsa resultaba de imposible realización para dicha autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar este juicio de derechos fundamentales indirecto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la omisión de la autoridad que la parte quejosa designó como responsable, reside en esta Ciudad, por lo que, es competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto se omitió, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General en cita. Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: "4.1. De la autoridad señalada en el numeral 3.1., se reclama la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita. 4.1. De la autoridad señalada en el numeral 3.2. se reclama la omisión de rendir los informes solicitados en vía de cotejo y compulsa al presente juicio como probanza juicio como probanza para que se pueda substanciar el juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al891 del ordenamiento legal en cita. 4.2.- De la autoridad señalada en el numeral 3.3. se reclama la omisión de realizar la diligencia consistente en cotejo y compulsa vía exhorto, una vez que se ordene su substanciación en términos de Ley, y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento" (sic) Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Tercero. La autoridad responsable, Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en la localidad, al rendir su informe con justificación, convino en la existencia de los actos reclamados, consistentes en la omisión de proveer las diligencias dentro de los plazos establecidos por la legislación laboral; asimismo, informó que en fecha cuatro de marzo de dos mil veintidós, se ordenó girar exhorto a la homologa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a fin de llevar a cabo la diligencia que se le encomendó, precisándose que en fecha uno de febrero de dos mil veintitrés, se dejó sin efectos dicho proveído, en virtud de que la dependencia que mencionó la parte actora, aquí quejosa, como Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no es una dependencia que exista dentro de la circunscripción de las juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, por lo cual, dicho cotejo o compulsa resultaba de imposible realización para dicha autoridad responsable, exhibiendo proveído de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ******************** de su índice. Por otro lado, las autoridades responsables, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario Adscrito a la Secretaría General "A" de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Monterrey, Nuevo León, convinieron en la existencia de las omisiones reclamadas. Probanzas descritas a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de los actos que son motivo de este reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie no se encuentra acreditada ninguna causa de improcedencia que motive el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues las autoridades al rendir su informe justificado convinieron, en la existencia de los actos reclamados, empero, como ya se indicó en consideraciones que preceden, del mismo informe se aprecia la omisión materia de reclamo, pues al efecto, a la fecha, no se han desahogado todas las pruebas ofertadas por las partes en el sumario de origen. De ahí que, que se estima que persiste la violación constitucional y legal en perjuicio de la parte quejosa y por ende, no se actualiza causal de improcedencia legal alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, , la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Quinto. Los conceptos de violación obran de la foja tres a la siete del juicio de amparo, cuya reproducción se omite en este fallo por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Sexto. Es fundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa, como se analizará a continuación. Expone la parte quejosa en su concepto de violación que la autoridad responsable vulneró su derecho a la justicia pronta y expedita previsto en el artículo 17 constitucional, pues omitió desahogar las pruebas ofrecidas en el juicio laboral ******************** de su índice, dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo anterior, se tiene así, dado que de sus informes justificados se advierte que quedaron pendientes de desahogar, la prueba de la parte actora, ahora quejosa, consistente en la omisión de girar oficio a la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remitiera la información solicitada en vía de prueba en el numeral "V" de su escrito de pruebas. Se reitera, es fundado el referido concepto de violación, pues efectivamente la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, ha omitido desahogar las pruebas admitidas en dicho juicio laboral, dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo, lo que produce una abierta dilación del procedimiento que infringe el derecho a la justicia pronta y expedita prevista en el artículo 17 constitucional. El derecho a la justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 constitucional consistente en que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia en los plazos y términos que fijen las leyes secundarias, pues los conflictos que surjan entre los gobernados deben ser resueltos por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Por otro lado, es dable destacar que desde el uno de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que se señaló el medio de prueba consistente en girar oficio a la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remitiera la información solicitada en vía de prueba en el numeral "V" del escrito de pruebas de la parte actora, aquí quejosa, sin que obre tal probanza en los autos del presente sumario de amparo, y sin que a la fecha se haya realizado su desahogo, precisándose que han transcurrido seis meses para su desahogo, lo que deviene excesivo para los límites exigidos por la legislación laboral y deja de manifiesto la abierta dilación del procedimiento de origen. Conforme a lo anterior y en función del procedimiento laboral, puede decirse que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad ha incumplido con la garantía de administración de Justicia pronta, en virtud de que no ha tramitado ni resuelto el juicio laboral en los plazos y términos precisados en la Ley Federal del Trabajo. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente al desahogo de las pruebas que fueron admitidas en el juicio laboral y al desahogo del procedimiento dentro de los términos de ley. En este sentido de autos se advierte que en el juicio laboral de origen se admitió como medio de prueba a la actora, aquí quejosa, el girar oficio a la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remitiera la información solicitada en vía de prueba en el numeral "V" de su escrito de pruebas. Sin embargo, tal prueba no ha sido desahogada en su totalidad, de modo que en la especie, resulta evidente que la junta responsable vulnera en perjuicio del inconforme, la garantía de administración de justicia que tutela el artículo 17 Constitucional. Se reitera, que de la fecha en que se ofertó la prueba de referencia, al momento de la presentación de la demanda ha transcurrido en exceso el término establecido en la Ley Federal del Trabajo, para su desahogo, sin que la responsable la haya recabado, ni se advierta seguimiento alguno al respecto. Por lo que, la autoridad responsable no ha seguido los lineamientos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, esto es, no ha desahogado la totalidad de las pruebas admitidas, con lo que se advierte que la autoridad responsable contraviene el contenido de la norma en mención, al omitir impulsar el procedimiento y sin proveer lo conducente para el desahogo de la prueba en comento, durante largos periodos de tiempo, tal como se desprende de la constancias que anexó a su informe justificado. Por tanto, ante la omisión de la responsable de dictar las medidas necesarias a fin de que se desahogue las pruebas pendientes, ha provocado que el procedimiento se haya dilatado abiertamente y no se haya desahogado dentro del término legal, lo que se trata de una violación que, no obstante es de naturaleza procesal, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política. Por lo expuesto, al incumplirse con lo señalado por el referido artículo, deviene acreditada la violación al derecho de tutela judicial efectiva e impartición de justicia expedita prevista en el artículo 17 constitucional y es motivo suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la localidad, realice lo siguiente: Realice las gestiones necesarias a fin de desahogar las pruebas faltantes ofrecidas por la actora, aquí quejosa, en el juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable, consistente en girar oficio a la autoridad Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remita la información solicitada en vía de prueba prevista en el numeral "V" de su escrito de pruebas de conformidad con los plazos previstos en le Ley Federal del Trabajo. Provea las diligencias necesarias para obtener en tiempo, el desahogo de la probanza admitida a las partes en el juicio natural. Lo anterior, sin que se inadvierta el contenido de la jurisprudencia 44/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 373 del Tomo XXV, abril de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones." Empero, dicho criterio ha sido implícitamente abandonado por la Segunda Sala del Alto Tribunal, al emitir la tesis 2ª. CV/2013 (10ª.), visible en la página 732 del Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en donde medularmente se señala que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúa dicho acto en el procedimiento laboral, anotándose que se abandona la tesis 45/2007 de rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.". Seguidamente se inserta la tesis mencionada en primer término: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: Único. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra las autoridades y acto precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento al contenido del escrito que signa la parte quejosa, se le tiene informando que tercera interesada TRANSPORTES INDUSTRIALES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V. Y/OTROS, se encuentra ubicada en calle Coahuila número 6319 de la colonia Ampliación Aeropuerto en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se comisiona al actuario judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en la dirección citada y emplace a la moral tercera interesada TRANSPORTES INDUSTRIALES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V. Y/OTROS, con copia simple de la demanda, así como del acuerdo admisorio, haciéndole saber día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígasele al quejoso, que no ha lugar de acordar su solicitud, toda vez que las documentales exhibidas por las autoridades responsables que obran en el presente juicio de amparo son copias certificadas, según se aprecia de los sellos y firmas así como de la certificación correspondiente que consta en los mismos. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista al tercero interesado el proveído de diecinueve de enero, catorce de febrero, dos de mayo, tres y catorce de agosto, todos de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no se ha llamado al presente controvertido constitucional a la parte tercero interesada TRANSPORTES INDUSTRIALES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V. Y/OTROS; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contados a partir de su legal notificación, proporcione el domicilio actual y correcto de la parte tercero interesada TRANSPORTES INDUSTRIALES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V. Y/OTROS, o, en su caso, informe los motivos que le impidan hacerlo. De no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa. En tal sentido, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para verificarse el día de hoy, y en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE, HACIENDOLO PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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