Edith Vera Bustillos
Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carmen Lucila Álvarez González y Otros.
- Carmen Lucila Álvarez González
- Edith Vera Bustillos
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de fecha once de agosto del año en curso, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia en la que no se ampara ni protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse negado la protección constitucional; es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 44/2021-VII, promovido por el Sindicato Autónomo de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por conducto de su Secretaria General Carmen Lucila Álvarez González y otros, contra el acto que reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno y turnado al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado el día siguiente, el Sindicato Autónomo de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por conducto de su Secretaria General Carmen Lucila Álvarez González y otros, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, al considerarlos vulneradores de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123, apartado a, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y la protección al derecho de sindicación. SEGUNDO. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo a trámite, asignándole el número de expediente 44/2021-VII; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que el acto reclamado en este juicio atañen a la vía indirecta, y emana de una autoridad jurisdiccional en materia laboral con residencia en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACION." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que el acto reclamado por la parte impetrante consiste, en concreto, la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, dictada en autos del expediente laboral 11-02-20-S, donde la junta responsable negó el reconocimiento y registro al sindicato quejoso. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, Chihuahua, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; y, por tanto, se tienen por cierto. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la junta responsable anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del expediente de origen, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia del acto reclamado que nos ocupa, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el sindicato quejoso es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el particular, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, la autoridad laboral responsable en su informe justificado refiere que es improcedente el presente juicio de amparo, habida cuenta que los promoventes del sindicato quejoso carecen de legitimación para instar la acción constitucional, en atención a que se requiere para ello, el consentimiento de los agremiados. La causa de improcedencia invocada por la junta responsable es infundada, toda vez que contrario a lo que refiere la parte legitimada para promover el amparo contra la negativa del registro de un sindicato son sus representantes, no sus integrantes en lo particular, pues los afectados en forma directa por esa determinación no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, la cual goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados. Al respecto, se cita la Jurisprudencia 4a./J.15/91, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 34, del Tomo VIII, Octubre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SINDICATOS. LOS LEGITIMADOS PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO SON SUS REPRESENTANTES, NO SUS INTEGRANTES EN LO PARTICULAR. El artículo 374, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, al señalar que los sindicatos legalmente constituidos son personas morales que tienen capacidad para defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones correspondientes, atribuye personalidad jurídica a los que cumplan con los requisitos de constitución que establece el artículo 364 de la Ley Laboral. A través del registro a que se refiere el artículo 365 del mismo ordenamiento, la autoridad correspondiente da fe de que el acto constitutivo reúne los requisitos de fondo que exige la ley, pero no otorga al sindicato existencia ni personalidad jurídica nueva; de ahí que los propios sindicatos, por conducto de sus representantes legales, están legitimados para promover el amparo en contra de la negativa de registro sindical, y no sus integrantes en lo particular, pues los afectados en forma directa por esa determinación no son ellos en lo individual sino la persona moral que constituyeron, misma que goza de personalidad jurídica propia e independiente de la de sus agremiados." De igual forma, es menester destacar, que el registro de sindicatos, es competencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Registro de Asociaciones, por lo que si bien, es un acto formalmente administrativo por su génesis, desde el punto de vista material constituye un acto de naturaleza preponderantemente laboral, mediante el cual se justifica ante cualquier autoridad la personalidad y capacidad de las organizaciones sindicales, con la particularidad de que cuando no se satisfacen los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está facultada para negar dicho registro, pero contra esa negativa no procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, atento a que en su artículo 1º expresamente se excluye de su aplicación a la materia laboral, de cuya naturaleza material participa el referido registro sindical, de tal manera que contra dicha negativa los entes sindicales no tienen la carga de agotar ese medio ordinario de defensa, sino que pueden acudir desde luego al juicio de garantías ante Juez de Distrito, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es oportuno citar lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 80/2004-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno, Décimo Primero, Décimo Quinto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito y Sexto en Materia Administrativa del mismo circuito, el dos de julio de dos mil cuatro, registrada con el número 180803, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "REGISTRO DE SINDICATOS FEDERALES. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN QUE DEBA AGOTARSE, PREVIAMENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN VIRTUD DE QUE ES UN ACTO PREPONDERANTEMENTE LABORAL." Luego, al no existir diversa causal de improcedencia que invoque alguna de las partes, ni este juzgador advierte que se actualice de oficio alguna otra, se procede entrar al estudio de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En el caso que nos ocupa el sindicato quejoso aduce como motivo de inconformidad que se transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, habida cuenta que la junta responsable en la resolución reclamada, vulnera el derecho a la libertad sindical contemplado en el artículo 123, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Convenio sobre Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, número 98 y Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación, número 87. El quejoso aduce que la autoridad responsable está aplicando una nueva Ley Federal del Trabajo en este Estado aún no entra en vigor, pues la misma entrará en vigor hasta el año dos mil veintidós, en el Estado de Chihuahua. Asimismo señala que contrario a lo resuelto por la responsable, el sindicato quejoso sí cumplió con todos los requisitos para su registro, conforme a lo establecido en los artículos 364 y 365, de la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual se debió de admitir y reconocer el registro sindical. Los conceptos de violación, hechos valer por la parte quejosa resultan infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir por los motivos legales que a continuación se exponen. En efecto, el asunto laboral en estudio, se generó con la petición que realizó la parte quejosa a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el treinta de octubre de dos mil veintiuno; en atención a ello, debemos recordar que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete se publicó el decreto mediante el cual se reformaron los artículos 107 y 123 de la Constitución, que, como consecuencia, trajo que el uno de mayo de dos mil diecinueve, se reformara la Ley Federal del Trabajo, estableciéndose una serie de disposiciones transitorias que determinan el régimen aplicable a los conflictos que se susciten en fechas posteriores a éstas. Entonces, la referida reforma trajo una serie de modificaciones y adiciones a la normativa laboral, con la finalidad de que los derechos de la clase trabajadora tengan mayor protección, especialmente en su libertad y derechos sindicales y colectivos, así como optimizar la impartición de justicia en esta materia. Al respecto, el artículo tercero transitorio del decreto de reforma publicado el uno de mayo de dos mil diecinueve establece lo siguiente: "Tercero. Plazo de inicio de funciones de la Autoridad Registral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral iniciará sus funciones en materia de registro de asociaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo en un plazo no mayor de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, atendiendo a las posibilidades presupuestales. Al día siguiente en que se suspenda el servicio de registro de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en su caso los Poderes Ejecutivos de las Entidades Federativas, iniciará operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Hasta en tanto el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no inicie sus funciones registrales, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continuarán con las funciones registrales previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor del presente Decreto." De lo transcrito tenemos que, en tanto no inicie operaciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje al igual que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continuaran con las funciones registrales previstas en la Ley Federal del Trabajo vigente al momento de la entrada en vigor de dicho Decreto. Luego, los artículos octavo y décimo transitorios del mismo decreto de reforma, establecen: "Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios. Décimo. Trámite de Procedimientos y Juicios. Una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales, los procedimientos y los juicios se ventilarán ante ellos de conformidad con el presente Decreto, según corresponda." Preceptos de los que se obtiene que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto, es decir, a partir del 2 de mayo de 2019, hasta en tanto entren en funciones los nuevos tribunales federales y locales y los centros de conciliación. Asimismo, de lo trascrito se tiene que los procedimientos mencionados deben ser resueltos conforme a las disposiciones contenidas de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de la reforma. Por su parte, el artículo Décimo transitorio establece que una vez que entren en operación los Centros de Conciliación y Tribunales laborales, los procedimientos y juicios se tramitarán de conformidad con el Decreto. De lo anterior se concluye que los propios artículos transitorios señalan que el texto anterior a la reforma es la normatividad aplicable a los procedimientos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dichas reformas y que fueran del conocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, debido a que el Centro de Conciliación y Registro aún no ha abierto en la entidad. Es decir, hasta en tanto no entre en funciones el Centro de Conciliación creado con motivo de la reforma constitucional y legal en materia del trabajo, los procedimientos de registro promovidos con posterioridad a la entrada en vigor de ésta, serán tramitados ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, a la luz de lo establecido en sus textos previos a la modificación de que fue objeto por razón de la reforma en comento, por cuanto hace a la parte procedimental. De ahí que, si en el caso que se analiza, como ya se expuso, la solicitud de registro del sindicato quejoso fue presentada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, es incuestionable que el asunto debe tramitarse aplicando los artículos de la Ley Federal del Trabajo en su redacción anterior a la reforma de uno de mayo de ese mismo año, en cuanto a su parte procesal. Lo anterior, es decir la aplicación de la ley anterior, existiendo una modificada se conoce como ultra actividad de la ley, que consiste en que la norma, a pesar de haber sido derogada o abrogada, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores a la iniciación de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben ser regidos por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, pues si bien existe un principio general de que los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último, esa premisa sólo es aplicable en caso de que el legislador no haya previsto un sistema concreto de vigencia, lo cual no ocurre en el caso, puesto que de los artículos transitorios claramente se advierte que el órgano legislador expresamente señaló cuáles procesos deben ser tramitados de acuerdo con la normativa anterior. Sobre el particular, es oportuno citar respecto de la ultractividad de la ley, la tesis 1a. V/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2000095, de contenido siguiente: "IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, NO VIOLA ESE PRINCIPIO. El citado precepto, al establecer que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere dicho decreto se tramitarán conforme a las disposiciones anteriores a ella, no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no autoriza que una situación anterior sea regulada por disposiciones que entraron en vigor con posterioridad, pues lo que el legislador contempla es el establecimiento del ámbito temporal de aplicación de la nueva ley sin modificar el de la ley anterior. En efecto, el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la entidad el 10 de septiembre de 2009, actualiza la institución de ultractividad de la ley que consiste en que la norma, a pesar de haberse derogado o abrogado, se sigue aplicando a hechos o actos posteriores al inicio de la vigencia de la nueva ley, pero respecto de los cuales el legislador estima que deben regirse por la anterior, lo que implica que para ellos sigue teniendo vigencia, aun tratándose de normas procesales. Así, la prescripción temporal que contiene dicho artículo transitorio es explicable en tanto que la reforma tuvo por objeto dotar de mayor seguridad jurídica al ciudadano, mediante la agilización de los procesos, para cuyo efecto se modificaron disposiciones relativas al ofrecimiento y desahogo de pruebas, se implementó un nuevo sistema de recursos y se modificó el tratamiento a las violaciones cometidas durante el procedimiento, circunstancias que, de aplicarse a los procedimientos que ya se encontraban en trámite, traerían dificultades en su desarrollo ante lo contundente de las innovaciones." También es indispensable destacar que será aplicable la Ley Federal del Trabajo en su texto anterior a las reformas, en los procesos iniciados en fecha posterior a su entrada en vigor y que sean del conocimiento de las Juntas únicamente en su parte procedimental y no así en la sustantiva, pues por lo que hace a la última parte referida, debe ser aplicada la normativa constitucional y legal en sus textos posteriores a la entrada en vigor de las respectivas reformas, puesto que dichas modificaciones y adiciones por cuanto es a lo sustantivo- entrañan el reconocimiento de una serie de derechos que deben ser tutelados desde el momento en que entraron en vigor. Es decir, debe establecerse una clara distinción entre las normas que rigen el proceso laboral -normas procesales- de las que contienen reconocimiento de derechos -normas sustantivas-, pues para efectos de su aplicación es indispensable atender a su naturaleza, debido a que hasta en tanto no entren en funciones los Centros de Conciliación de reciente creación legislativa, los procesos registrales que se promuevan y sustancien ante las Juntas laborales deberán ser tramitados de acuerdo a lo establecido en los textos previos a las reformas precisadas, y resueltos en cuanto a los derechos sustantivos bajo las normas en su texto posterior a las mencionadas reformas. Por tanto, en el caso, la parte procesal, deben ser atendidos a la luz de la ley anterior, pues así lo refieren expresamente los artículos transitorios de la reforma constitucional y legal precisada, en tanto que en cuanto los aspectos relativos a derechos sustantivos deberá atenderse a las normas de esa naturaleza reformadas, puesto que no pueden desconocerse los derechos ahí reconocidos a favor de las y los trabajadores. La anterior conclusión tiene consonancia con la finalidad de la reforma en materia laboral que, por cuanto hace a la resolución del presente caso interesa, es la de reconocer a favor de las y los trabajadores individualmente considerados para que tengan una participación más activa y democrática en la vida sindical y sean realmente representados sus intereses mediante la emisión de un voto individual, libre y secreto, pues la resolución de los procesos iniciados de manera posterior a la entrada en vigor a la luz de las reformas, dota de contenido los artículos que potencializan el derecho precisado. Luego, tenemos que la junta responsable negó el registro y reconocimiento del sindicato quejoso, con fundamento en el artículo 371, fracción IX, adminiculado con el numeral tercero transitorio, ambos de la Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de mayo de dos mil diecinueve. En ese orden de ideas, es importante precisar que los artículos 356, 365 y 366 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la entrada en vigor, prevén lo siguiente: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. (.) Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; III. Copia autorizada de los estatutos; y IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. (.) Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente: I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un término de sesenta días naturales, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva." De los artículos transcritos, se desprende que tratándose del registro de los sindicatos, sólo pueden ser denegados por la autoridad laboral, si se acredita alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 366 de la Ley Federal del Trabajo, entre los que se encuentra que no se cumpla con la exhibición de los documentos contemplados en el numeral 365, mismo que en sus fracciones III y IV, establece que se deben de exhibir copias autorizadas de los estatutos y del acta de asamblea en que se elija a la directiva, ahora el artículo 371, de la legislación en consulta, contempla los requisitos que deben de reunir los estatutos de las organizaciones sindicales para cumplir con el principio de legalidad. Entonces, en concordancia con lo establecido anteriormente respecto a los aspectos sustantivos de la reforma laboral estudiada, tenemos que en el artículo Vigésimo Tercero Transitorio, del Decreto de reforma a la Ley Federal de Trabajo publicado el uno de mayo de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, se dispone: "Vigésimo Tercero. Adecuación de los estatutos sindicales. Las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de doscientos cuarenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Asimismo, dentro del mismo plazo las organizaciones sindicales deberán adecuar sus estatutos a las disposiciones previstas en dicho artículo y demás aplicables de la citada Ley." Del precepto transcrito, se advierte que las disposiciones previstas en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo para la elección de las directivas sindicales mediante el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, iniciarán su vigencia en un plazo de doscientos cuarenta días a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto. Es decir, en el caso del artículo 371 se plantea una previsión especial, en la que se prevé un plazo específico para que inicie la vigencia de las disposiciones contenidas en el mismo, ello, porque como ya se mencionó en párrafos precedentes, la finalidad de la reforma en materia laboral es la de promover los derechos de las y los trabajadores a efecto de que tengan una participación más activa y democrática en la vida sindical y sean realmente representados sus intereses mediante la emisión de un voto individual, libre y secreto. Es por lo anterior, que se advierte que el plazo establecido en el artículo Vigésimo Tercero transitorio del Decreto aludido (doscientos cuarenta días), a la fecha de la presentación de la solicitud del registro del sindicato quejoso e incluso de la asamblea constitutiva, ya había transcurrido en exceso, por lo que era necesario que el sindicato quejoso cumpliera con los requisitos establecidos en el texto vigente del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, lo cual resultaba necesario en virtud de la vigencia del mismo en su aplicación y regulación sobre los estatutos sindicales que regularan a la organización sindical accionante del amparo. Así, el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, es del tenor literal siguiente: "Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: I. Denominación que le distinga de los demás; II. Domicilio; III. Objeto; IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por tiempo indeterminado; V. Condiciones de admisión de miembros; VI. Obligaciones y derechos de los asociados; VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observarán las normas siguientes: a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la expulsión. b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una de las secciones que integren el sindicato. c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectado. e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato. g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la sección. Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; IX. Procedimiento para la elección de la directiva sindical y secciones sindicales, el cual se llevará a cabo mediante el ejercicio del voto directo, personal, libre, directo y secreto. Para tal efecto, los estatutos deberán observar las normas siguientes: a) La convocatoria de elección se emitirá con firma autógrafa de las personas facultadas para ello, debiendo precisar fecha, hora, lugar del proceso y demás requisitos estatutariamente exigidos; b) La convocatoria deberá publicarse en el local sindical y en los lugares de mayor afluencia de los miembros en el centro de trabajo, con una anticipación mínima de diez días; c) El lugar que se determine para la celebración del proceso electoral, así como la documentación y materiales que se elaboren para la realización, deberán garantizar que la votación se desarrolle de forma segura, directa, personal, libre y secreta; d) Se integrará un padrón completo y actualizado de los miembros del sindicato con derecho a votar, que deberá publicarse y darse a conocer entre éstos con al menos tres días de antelación a la elección; e) Establecer un procedimiento que asegure la identificación de los afiliados que tengan derecho a votar, y f) La documentación, material y boletas para la elección de integración de los órganos internos de los sindicatos a que se refiere este inciso, contendrá cuando menos los siguientes datos y requisitos: 1.- Municipio y entidad federativa en que se realice la votación; 2.- Cargo para el que se postula al candidato o candidatos; 3.- Emblema y color de cada una de las planillas que participan con candidatos en la elección de que se trate; 4.- El nombre completo del candidato o candidatos a elegir, y 5.- Las boletas deberán validarse en el reverso con las firmas de por lo menos dos integrantes de la Comisión Electoral que para tales efectos acuerde el sindicato. El procedimiento de elección que realicen los miembros de un sindicato respecto al Secretario General o su equivalente a nivel nacional, estatal, seccional, local o municipal, se realizará de manera independiente de la elección de delegados a los congresos o convenciones sindicales, cumpliendo con los requisitos a que se refiere este inciso. En virtud de que estos requisitos son esenciales para expresar la libre voluntad de los afiliados al sindicato, de incumplirse éstos, el procedimiento de elección carecerá de validez, ya sea a nivel general o seccional, según sea el caso; IX Bis. En la integración de las directivas sindicales se establecerá la representación proporcional en razón de género; IX Ter. Normas para la integración y funcionamiento de una instancia de decisión colegiada, que será responsable de organizar y calificar los procedimientos de elección de los órganos internos del sindicato; X. Período de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales. En el caso de reelección, será facultad de la asamblea decidir mediante voto personal, libre, directo y secreto el período de duración y el número de veces que pueden reelegirse los dirigentes sindicales. El período de duración de la directiva y en su caso la reelección, deberán respetar las garantías a que se refiere el artículo 358, fracción II, de esta Ley; XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio del sindicato; XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; XIII. Época y forma de presentación de la cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Para tales efectos, se deberán establecer instancias y procedimientos internos que aseguren la resolución de controversias entre los agremiados, con motivo de la gestión de los fondos sindicales. XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y, XIV Bis. Procedimiento para llevar a cabo la consulta a los trabajadores mediante voto personal, libre y secreto para la aprobación del contenido de contratos colectivos de trabajo iniciales y de sus revisiones. Para tal efecto, los estatutos deberán observar el procedimiento contemplado en el artículo 390 Ter, fracción II de la presente Ley, y XV. Las demás normas que apruebe la asamblea." Por lo tanto, de la comparación de lo establecido en los estatutos sindicales que anexó la parte quejosa a su petición realizada el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, con lo dispuesto en el artículo 371 aludido, tenemos que como lo refirió la responsable dichos estatutos, no cumplen con lo previsto para la elección de las directivas sindicales mediante voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores, toda vez que en ellos se estableció que el proceso de elección de la mesa directiva será por medio de Asamblea, la cual requiere de las dos terceras partes de los miembros sindicales lo que incumple con lo dispuesto en la fracción IX del numeral citado. Por lo que, fue correcta la determinación de la junta responsable, toda vez que la parte quejosa no cumplió con los requisitos que impone la fracción IX del artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, debe de señalarse que contrario a lo señalado por el sindicato quejoso, lo anterior no vulnera su derecho a la libertad sindical consagrado en el artículo 3º, numeral 11 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, así como en el artículo 12 del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, Número 98, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el diverso 359 de la Ley Federal del Trabajo; pues aun cuando el derecho a redactar sus estatutos implica que ninguna persona ajena a la asociación sindical o autoridad pueden interferir o imponer reglas que definan la organización interna del sindicato, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, como se advierte del artículo 8º, numeral 13 de dicho convenio. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis 2a. CXV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 2081, de contenido siguiente: "ESTATUTOS SINDICALES. EN SU REDACCIÓN LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DEBEN RESPETAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Del artículo 3, numeral 1 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical, de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con el diverso 359 de la Ley Federal del Trabajo deriva, entre otros, el derecho de las organizaciones de trabajadores a redactar sus estatutos, entendidos éstos como el conjunto de disposiciones relativas a la organización, dirección, distribución de funciones, derechos y obligaciones que acuerden los miembros de una asociación profesional para el mejor desarrollo de sus actividades gremiales y para la defensa y protección de sus intereses comunes, ello en ejercicio del principio de libertad sindical. Ahora bien, aun cuando el derecho a redactar sus estatutos implica que ninguna persona ajena a la asociación sindical o autoridad pueden interferir o imponer reglas que definan la organización interna del sindicato, ello no significa que se encuentren al margen del principio de legalidad, como se advierte del artículo 8, numeral 1 del Convenio citado, principio que se ve reflejado en el artículo 371, fracción VII, de la mencionada ley, en tanto señala que los estatutos deben contener los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; lo que sin duda representa un ejemplo de que en la redacción de los estatutos, las organizaciones sindicales deben respetar el principio de legalidad, porque al precisarse en las reglas internas qué conductas serán consideradas motivo de sanción o corrección disciplinaria y el procedimiento para su imposición, en el que se respete el derecho de audiencia, se preserva ese principio, como fundamento jurídico y social de la organización." En virtud de lo anterior, se desprende que el sindicato quejoso, contrario a lo que señala, no cumplió con los requisitos previstos por el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente, principalmente con lo relacionado con el procedimiento para la elección de las directivas sindicales mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores, sin que tal determinación vulnere los principios de autonomía y libertad sindical. Al respecto, se cita Jurisprudencia 2a./J. 45/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006607, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 535, de contenido siguiente: "SINDICATOS. EL ARTÍCULO 371, FRACCIÓN IX, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL PREVER QUE SUS ESTATUTOS CONTENDRÁN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE SU DIRECTIVA Y QUE ÉSTA PODRÁ REALIZARSE MEDIANTE VOTACIÓN INDIRECTA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE AUTONOMÍA Y LIBERTAD SINDICALES (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el sistema de vida democrático reconocido constitucionalmente trasciende a la organización sindical, de manera que la libertad de sindicación (en sus distintas vertientes), no es un impedimento absoluto para que las autoridades verifiquen que los estatutos y la organización de los sindicatos se ajusten a las exigencias democráticas derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, el artículo 371, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo, al prever que los estatutos de los sindicatos contendrán el procedimiento para la elección de la directiva, admitiendo que la votación respectiva pueda efectuarse de manera indirecta -y no sólo en forma directa-, no viola los principios de autonomía y libertad sindicales reconocidos en los numerales 123, apartados A, fracción XVI y B, fracción X, constitucional y 3 del Convenio Número 87, relativo a la Libertad Sindical y a la protección al Derecho Sindical, adoptado el 9 de julio de 1948, por la XXXI Conferencia Internacional del Trabajo, en San Francisco, California, porque dicha modalidad de votación se erige como un medio de expresión legítimo y democrático no prohibido por la Constitución para la elección de la directiva sindical que, junto con el método de votación directa, se ofrece a las organizaciones sindicales para que sean ellas quienes determinen libremente el mecanismo que les resulte idóneo en función de sus características, composición territorial y número de afiliados, siempre que éstos tengan asegurada su participación a través del voto libre y secreto." También debe precisarse que, aun cuando el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorga a los trabajadores el derecho de asociarse en defensa de sus intereses, constituyendo sindicatos, el ejercicio de esa facultad debe entenderse subordinando al cumplimiento de las formalidades que la ley de la materia impone, y de ahí, que si en virtud de la falta de cumplimiento de éstos requisitos legales, no se otorga el registro de un sindicato, esto no implica que por ese sólo hecho, se desconozca el derecho de asociación a que se refiere el citado precepto constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3728, del Tomo LXI, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SINDICATOS, REGISTRO DE. Aun cuando la fracción XVI del artículo 123 constitucional, otorga a los trabajadores el derecho de asociarse en defensa de sus intereses, constituyendo sindicatos, el ejercicio de esa facultad debe entenderse subordinando al cumplimiento de las formalidades que la ley de la materia impone, y de allí, que si en virtud de la falta de cumplimiento de estos requisitos legales, no se otorga el registro de un sindicato, esto no implica que por ese solo hecho, se desconozca el derecho de asociación a que se refiere el citado precepto constitucional." De igual forma, es oportuno citar la tesis de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 571, del Tomo LV, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SINDICATOS, REGISTRO DE LOS. Si en la demanda de amparo que formula un sindicato, en contra del laudo de la Junta que le niega el registro, se hace referencia a las probanzas que sirvieron de base a la mencionada Junta, para fundar su resolución, debe negarse la protección constitucional que por tal concepto solicite el sindicato." Sin que sea óbice que el sindicato quejoso refiere en su tercer concepto de violación que uno de los integrantes de la junta responsable debió declarase impedido para emitir la resolución reclamada; sin embargo, a nada práctico llevaría el otorgamiento del amparo para ese efecto, toda vez que con ello, no cambiaría el sentido del fallo. En ese orden de ideas, al no haberse demostrado que la resolución reclamada sea violatoria de derechos humanos ni de garantías individuales, procede negar al sindicato quejoso la protección constitucional impetrada, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Sindicato Autónomo de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, contra el acto que reclamó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y atendiendo a que en el presente asunto, se señalaron las catorce horas con veinte minutos del día de hoy, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, sin embargo, en virtud de que el Secretario de Juzgado, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, fue designado en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incapacidad médica del titular de este Juzgado, por lo que, para evitar una posible reposición del procedimiento en el juicio de amparo, se difiere por única ocasión la presente audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, y se fijan en su lugar las QUINCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en la localidad, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene rindiendo su informe con justificación, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, al momento de celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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