Edmundo Augusto Alzina Campos
Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 627/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edmundo Augusto Alzina Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 del citado Acuerdo General. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo 627/2022-VII-B, promovido por Edmundo Augusto Alzina Campos, contra el acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el nombrado quejoso y otros, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 627/2022-VII-B y previas sus aclaraciones, se admitió a trámite el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, únicamente por lo que hace al quejoso Edmundo Augusto Alzina Campos; pues respecto a los demás promoventes se desechó de plano al encontrarse actualizada una causa de improcedencia del juicio de amparo; se ordenó dar a la representación social federal de la adscripción la intervención que le compete; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; se mandó emplazar a la parte tercero interesada. Asimismo, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se desechó de plano la ampliación de la demanda de amparo intentada, misma que causó estado el seis de junio siguiente. Finalmente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: La omisión de dictar sentencia en el juicio contencioso 78/2020. TERCERA. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente. Lo que se corrobora con las documentales que allegó durante la tramitación del presente juicio de amparo, consistente en fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio 78/2020, de su índice. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, la responsable hace valer que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, criterio que este Juzgador comparte, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; ." De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama -en esencia- la omisión de dictar sentencia en el juicio 78/2020, del índice de la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, aduciendo que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativa del Estado de Yucatán. Luego, si bien dicha omisión ha quedado acreditada -como se indicó en el considerando que antecede-, lo cierto es que de las documentales remitidas por la autoridad responsable y en alcance a su informe de ley, previamente valoradas, se desprende que el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se dictó un acuerdo del Pleno en el cual se tuvo por formulado el proyecto de resolución de dicho juicio. Sin embargo, dicho Tribunal advirtió diversas discrepancias numerarias, por lo que estimó procedente reabrir la instrucción del proceso, al momento de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos para efectos de desahogar una prueba de inspección (foja 81). Devolviendo en consecuencia los autos a la Magistrada Ponente para que reabriera la instrucción en el momento de la continuación de la audiencia de ley de fecha once de enero de dos mil veintidós, y se realizaran las diligencias al efecto señaladas, y una vez que ello aconteciera, presentara al Pleno de ese órgano jurisdiccional un nuevo proyecto de resolución. Esto es, se trata de una determinación posterior a la presentación de la demanda de amparo (dos de marzo de dos mil veintidós). Por tanto, es claro que, con motivo del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por el quejoso (dilación en la emisión del fallo definitivo), de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de la omisión impugnada en este juicio sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional, a saber, el juicio contencioso radicado bajo el expediente 78/2020, del índice de la autoridad responsable Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se emitió un acuerdo en el que se ordenó reabrir la instrucción para posteriormente proceder al dictado de la sentencia, de modo que se modificó el estado procesal del juicio de referencia, pues éste dejó de estar en estado de resolución. Entonces, tomando en consideración que la violación que se aduce en este juicio de amparo, se sustenta en que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, pues desde el once de enero de dos mil veintidós, se inició la audiencia para dictar sentencia definitiva; es claro que no podría decidirse sobre dicha cuestión sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque el acuerdo de reapertura dejó sin efecto el estado de autos para fallarlo, y por ende, debe considerarse consumada irreparablemente la violación aquí reclamada. En ese orden de ideas, dado que actualmente no subsiste la condición en la que el peticionario del amparo sustenta la violación a sus derechos fundamentales, es claro que ello impide examinar los motivos de inconformidad relativos. Ilustra la postura que antecede, en lo conducente, la tesis XII.1o.34 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página mil noventa y seis, tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de dos mil uno, Novena Época, registro 189784, de contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relaciónni secuencia." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer el presente juicio de amparo. En ese contexto, ante la actualización de la causa de improcedencia antes indicada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión firmada electrónicamente de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Edmundo Augusto Alzina Campos, contra el acto que reclamó del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, con sede en esta capital; por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del presente año, ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley, se declara que el referido proveído, en el que se desechó de plano la ampliación de la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil veintidós. Toda vez que aún no transcurre el término a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, respecto del acuerdo dictado el veinticuatro de mayo del año actual, por el que se desechó la ampliación de la demanda promovida por la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese.
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