Edith Villa Pérez

Expediente 1771/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1771/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Edith Villa Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1771/2023-I-A, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ******************** solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, el acto que la parte quejosa reclama, que lo es: La omisión de acordar el escrito presentado el veintiuno de agosto del año en curso, dirigido al Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales ********************. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad (número de promoción 17730), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo. TERCERO. Suspensión. A fin de resolver acerca de la suspensión definitiva del acto, conviene señalar que de la lectura del informe previo de la responsable, se aprecia que el trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictó un acuerdo por medio del cual giró oficio recordatorio al representante legal de la empresa ********************, donde labora el deudor alimentario, para que dentro del término de tres días deposite la pensión alimenticia correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año en curso y le realizó los apercibimientos respectivos; el cual fue notificado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el diecisiete de noviembre actual; lo que se corrobora con las constancias certificadas que adjuntó la responsable a su informe previo. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Lo anterior resulta suficiente para declarar SIN MATERIA el presente incidente de suspensión respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, puesto que la omisión reclamada ya fue atendida. Apoya lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Materia(s): Común, Página: 363 y Registro: 286440, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Es improcedente conceder la suspensión cuando aparezca que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE DEJA SIN MATERIA el presente cuaderno incidental, por lo que toca a la suspensión definitiva solicitada por ******************** en contra del acto que reclamó del Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por las razones que se expusieron en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, doy cuenta al Juez con el estado procesal y con el informe previo rendido por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, registrado con el número 17730. Conste.Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe previo rendido por el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Edith Villa Pérez, contra el acto que reclama del Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el veintiuno de agosto del año en curso, dirigido al Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales 352/2023, mediante el cual, solicitó requerir al demandado el pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad. RADICACIÓN Al respecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1771/2023-I-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de referencia. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con copia simple de la demanda de amparo fórmese el incidente de suspensión que se solicita, el cual se deberá integrar sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto. A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto. Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Ahora bien, por lo que hace al tercero interesado ********************, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la citada ley de la materia, emplácesele entregándole copia autorizada del presente acuerdo y copia simple de la demanda de amparo. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia simple de la demanda de amparo. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil, ciento dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda; y como su autorizada a ********************, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de Ley de Amparo, hasta que acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia autorizada del auto admisorio así como simple de la demanda de amparo, en los que Edith Villa Pérez, promueve juicio de amparo en contra del acto que reclama del Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: La omisión de acordar el escrito presentado el veintiuno de agosto del año en curso, dirigido al Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales 352/2023, mediante el cual, solicitó requerir al demandado el pago de la pensión alimenticia a favor de su hijo menor de edad. APERTURA DEL INCIDENTE Se forma por separado este incidente de suspensión, con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo a determinar lo conducente, debe decirse que la presente medida suspensional versará sobre derechos de la promovente y de su hijo menor de edad, respecto del cual se debe velar en todo momento por su superior interés. Esto, ya que conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° constitucional, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, entre otros, a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y con la obligación de que sus ascendientes, tutores y custodios preserven y exijan el cumplimiento de estos derechos y principios, para lo cual el Estado deberá otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven a ese cumplimiento. En el caso en lo referente al acto reclamado al Juez Cuarto de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; procede conceder la suspensión solicitada, pues no obstante el referido acto es de naturaleza omisiva tiene efectos positivos susceptibles de ser suspendidos; dado que aun cuando efectivamente se trata de un no hacer por parte de la autoridad responsable, dicha paralización tiene consecuencias que impactan en la esfera jurídica de un menor, en cuanto a su derecho a percibir alimentos. Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 70/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 06 de diciembre de 2019, con registro 2021263, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Ahora bien, de la intelección de los artículos 138 y 147 de la Ley de Amparo, se advierte que la suspensión del acto reclamado no tiene como único objeto mantener viva la materia del amparo, sino que también se propone evitar a la parte agraviada durante la tramitación del juicio constitucional los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle, mediante el análisis de la apariencia del buen derecho y, consecuentemente, de ser procedente, su tutela anticipada. En efecto, la apariencia del buen derecho consiste en determinar hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Por otro lado, los efectos de la suspensión de tutela anticipada, prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Así, los citados ordinales obligan al juzgador a analizar cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan grave pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos de las quejosas. Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de la autoridad responsable de acordar el escrito presentado el veintiuno de agosto del año en curso, dirigido al Procedimiento Especial de Divorcio Sin Causales 352/2023, mediante el cual solicitó se requiera al deudor que haga el pago de la pensión alimenticia, es claro que esa omisión implica un no actuar de la responsable que incide directamente contra el derecho del menor de percibir alimentos y, por consecuencia, se transgrede el interés superior de la niñez. Esto, ya que, se insiste, en el marco legal en el que se desenvuelven las relaciones filiales de menores con sus progenitores, establecidos en el artículo 4º constitucional, es obligación del Estado velar en todo momento por el interés superior de la niñez, lo que indefectiblemente conlleva que, ante la promoción de un procedimiento familiar, se decida sobre la satisfacción de sus necesidades (alimentos), lo que no admite dilación con formalismos procedimentales a la luz del principio de acceso a la justicia pronta y expedita establecido en el artículo 17 constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis I.12o.C.38 C (10a.) del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, visible a página 2998, del rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA DE UN MENOR. ANTE LA OMISIÓN DE DECRETARLA Y PONER EN RIESGO LA SUBSISTENCIA DE AQUÉL, ES PRECISO DICTAR LA MEDIDA PERTINENTE QUE ASEGURE EL DERECHO A RECIBIRLA Y ORDENAR A LA RESPONSABLE QUE LA FIJE PARA SU COBRO Y DARLE PROVISIONALMENTE EL EFECTO RESTITUTORIO AL DERECHO INFRINGIDO DEL INFANTE. Si el acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar sobre la pensión alimenticia a favor de un menor, quien según manifiesta el quejoso, bajo protesta de decir verdad, actualmente se encuentra bajo su cuidado, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que el menor obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario que se presume es inherente a su estado de dependencia por su minoría de edad; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva, como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atento a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que el menor se halle bajo el cuidado del quejoso y mientras se decide sobre la suspensión definitiva y, en su caso, el juicio de amparo, así como la guarda y custodia en el juicio correspondiente, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio del menor. Lo anterior, en virtud de que se trata del pago de alimentos conforme al interés superior del menor establecido en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño." En este sentido, resulta legalmente factible CONCEDER la medida precautoria solicitada, para el efecto de que la responsable provea sobre el requerimiento de la pensión alimenticia solicitada a favor del menor de edad; pues, se insiste, en el caso se trata del derecho del menor de recibir alimentos y la salvaguarda de su interés superior, contenidos en el artículo 4° Constitucional, por lo que se impone al juez responsable el deber concreto de atender de inmediato la solicitud de la parte aquí quejosa, con el objeto de hacer efectivo el ejercicio de tales derechos. Sin que esto prejuzgue sobre la factibilidad, o no, de lo solicitado, pues su calificación y procedencia atañe únicamente al Juez responsable en ejercicio de su potestad ordinaria. Lo cual, la autoridad responsable deberá comunicar a este Juzgado de Distrito dentro del término de cuarenta y ocho horas legalmente computadas; acompañando las constancias certificadas que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia; equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). En el entendido que el dictado de la presente determinación en modo alguno prejuzga sobre el fondo del juicio de amparo, dado que se resuelve con base en las constancias que obran en el cuaderno de suspensión, así como la apariencia del buen derecho que generó una presunción favorable a la quejosa y el peligro en la demora. Ello, en tanto se resuelve lo concerniente a la medida suspensional definitiva en los presentes autos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, que señala: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." De igual manera, es convergente al caso la tesis IV.2o.A.68 K (10a), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1917, número de registro 2006856, que señala: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA FRACCIÓN X, PÁRRAFO PRIMERO, DEL ARTÍCULO 107 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL DISPONER QUE PARA RESOLVER SOBRE SU OTORGAMIENTO CUANDO LA NATURALEZA DEL ACTO LO PERMITA, DEBERÁ PONDERARSE ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL INTERÉS SOCIAL, CONSTITUYE UN MANDATO DE OPTIMIZACIÓN DE UN FIN, CONSISTENTE EN DICTAR MEDIDAS EFICACES PARA LA PRESERVACIÓN DEL DERECHO VULNERADO Y LA MATERIA DEL AMPARO, SIN LASTIMAR INTERESES, PRINCIPIOS Y VALORES COLECTIVOS JURÍDICAMENTE PREPONDERANTES, POR LO QUE LA DISCRECIONALIDAD QUE EN ESE SENTIDO SE CONFIERE AL JUEZ, REPRESENTA LA ENCOMIENDA DE ADOPTAR LA DECISIÓN MÁS ADECUADA A LA MAXIMIZACIÓN DE ESOS PROPÓSITOS EN CADA CASO CONCRETO. Un análisis puntual de la reforma constitucional en materia de amparo, publicada el 6 de junio de 2011, revela en cuanto a la suspensión del acto reclamado, que la voluntad del Constituyente fue generar un sistema equilibrado que eficiente la medida y a la vez prevea elementos de control para evitar y corregir el abuso y el dictado de resoluciones que lastimen la sensibilidad social, lo que se concretó en ampliar la discrecionalidad de los Jueces y, a su vez, se expresó en la previsión de que se resuelva sobre la suspensión del acto reclamado con base en una ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, cuando la naturaleza del acto lo permita, según se plasmó en el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, con base en ese análisis, dicha porción normativa constituye una norma de fin, es decir, no predetermina de antemano una conducta exigida de los Jueces literalmente o una acción a llevar a cabo, sino sólo revela un objetivo a perseguir o maximizar, consistente en eficientar la suspensión salvaguardando los derechos humanos que puedan verse afectados y preservando la materia del amparo, evitando y corrigiendo el abuso y la arbitrariedad en la toma de decisiones que lastimen la sensibilidad social y los fines, principios, intereses y valores colectivos que, a su vez, constituyen propósitos jurídicamente relevantes. Vista así, la disposición en el sentido de que, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, los Jueces decidan sobre la suspensión con base en un análisis ponderado sobre la apariencia del buen derecho y el interés social, prevista en dicha porción normativa, constituye un mandato de optimización de un fin perseguido constitucionalmente, que encomienda al juzgador adoptar la decisión más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar el fin de dar eficacia a la suspensión sin lastimar el interés social, sin que la norma constitucional otorgue libertad en sentido amplio o permiso en el sentido negativo para la toma de la decisión sobre suspender un acto, sino que responsabiliza al juzgador de seleccionar el medio más efectivo para la consecución del fin constitucional perseguido, en función de las particularidades de cada caso concreto; de ahí que al resolver sobre cada situación, el Juez deba exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada, es la mejor disponible para la consecución del fin constitucionalmente relevante, además de ajustar la decisión a los elementos normativos y de control previstos por el legislador en la Ley de Amparo." Sin en el presente caso exista necesidad de fijar garantía para que siga surtiendo efectos la medida cautelar, al tratarse de una omisión en la determinación del pago de alimentos. AUDIENCIA INCIDENTAL Con apoyo en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a la(s) autoridad(es) responsable(s), el que deberá(n) rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida(s) que de no hacerlo dentro del término fijado, se le(s) impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de Amparo y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto. A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) Únicamente de ser NEGATIVO el acto. Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda; y como su autorizada a Andrea Beatriz Pat Canché, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de Ley de Amparo, hasta que acredite estar debidamente autorizada para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este incidente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este incidente. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Cabe precisar que no habrá necesidad de emitir oficios a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. NOTIFICACIÓN PERSONAL AL TERCERO INTERESADO Ahora bien, toda vez que se le otorgó la suspensión provisional a la parte quejosa, notifíquese personalmente el presente proveído al tercero interesado Mauricio Noyola Magaña. Lo anterior, de conformidad con lo que establece la jurisprudencia número P./J. 143/2000, visible en la página 23, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE." Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado y cúmplase.

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