Edmundo Aguilar Martínez

Expediente 402/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
402/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
29/07/2019

Partes del expediente

  • Edmundo Aguilar Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El veintinueve de julio de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de La Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del quince al veintiséis de julio de dos mil diecinueve, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el diez de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 402/2019. Que dentro de dicho juicio si se tramitó incidente de suspensión. En el que se negó la suspensión provisional y definitiva. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el diez de julio de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determina que este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción lII, del citado Acuerdo General, es DESTRUIBLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción en términos del punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Wendy Díaz*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio constitucional 402/2019, estando en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Abierta la audiencia, el secretario da lectura de la demanda de amparo, del pedimento signado por la Agente del Ministerio Público; el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas; y demás constancias que obran en autos. (Fojas 2 a 6, 23 a 24, 59 y 60). A lo que el juez determina: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, en el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable (fojas 25 a 48). El juez acuerda: en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase desahogadas las pruebas referidas, en atención a su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho a las demás partes para ofrecer. En el periodo de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por la tercero interesada (fojas 16 a 21); así como por la representante social de la adscripción en su pedimento 689/2019 (fojas 59 y 60). A lo que el juez determina: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse reproducidos los mismos y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Al no existir diligencias pendientes de desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente, y se procede a dictar al siguiente: S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 402/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas Edmundo Aguilar Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que se precisan enseguida: " III. Señalo como autoridad responsable al C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas..." "IV. De la Autoridad señalada como responsable reclamo lo siguiente: La MEDIDA CAUTELAR autorizada por el C. Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto por auto de radicación de demanda de fecha OCHO (8) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019) Y que me fuera notificado en fecha SEIS (6) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), respecto del Juicio Ordinario Civil con número de expediente 26/2019, y que puede leerse en su párrafo cuarto en los siguientes términos: "De igual forma se autoriza como medida cautelar, se decreta la separación física de los concubinos, quedando como domicilio provisional de depósito para la actora, el ubicado en calle Pedro Moreno número novecientos dos (902), de Colonia Reforma de ésta Ciudad, por lo que REQUlERASE al demandado EDMUNDO AGUILAR MARTINEZ, para que de forma INMEDIATA desaloje el domicilio concubinario, llevándose consigo únicamente sus objetos personales, APERCIBIÉNDOLE que de no hacerlo, se procederá a desalojarlo por medio del auxilio de la FUERZA PÚBLICA"." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señala como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo número de expediente 402/2019; asimismo, mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de autoridades residentes en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: Del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto La medida cautelar en la que determinan que de forma inmediata desaloje el domicilio concubinario, autorizada en auto de radicación de demanda de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro del Juicio Ordinario Civil con número de expediente 26/2019. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama (fojas 23 y 24). En consecuencia, remitió copia certificada del expediente 26/2019 del su índice, relativo a la terminación de convivencia de la unión libre o concubinato (foja 25 a 48). Documentos que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causal de improcedencia. La procedencia del juicio constitucional es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Ahora bien, en el caso concreto como lo plantea el juez responsable, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Así, del precepto invocado de la Ley de Amparo se desprende que, el juicio de amparo es improcedente, cuando en contra del acto reclamado proceda algún recurso por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Lo anterior, contiene de modo implícito el principio de definitividad, que no es otra cosa que el agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo, lo cual, acorde a lo que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 139/2013, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. En tal ejecutoria, también se indicó que la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, ya que permite que dicho sistema cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, mediante un trato imparcial e igualitario, lo que abona al orden y a la paz social. El orden en los procedimientos judiciales no existe sólo para proteger intereses particulares sino también, y de manera fundamental, para salvaguardar los intereses sociales. Del mismo modo, se refirió que la importancia de la dimensión institucional del sistema procesal estatal ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y como por los tribunales internacionales de derechos humanos y el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ello, en atención al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así, la perspectiva de la dimensión institucional del sistema jurídico general garantiza la funcionalidad del sistema procesal, organizado por competencias diferenciadas, y permite que se respetan los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales. La resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales así como la revisión de sus decisiones por órganos superiores son derechos fundamentales a favor de los gobernados. De acuerdo con lo anterior, la aludida Primera Sala de nuestro máximo tribunal, determinó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Precisado lo anterior, el numeral 697 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Zacatecas, establece: "Artículo 697. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo antes de la sentencia, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la ley. Igualmente, puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental." (lo resaltado no es de origen) En ese contexto, contra el acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede el medio de defensa ordinario de reclamación en la vía incidental, en términos del referido artículo 697 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Zacatecas, en razón de que como ya se analizó; los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo tal que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el juicio de amparo se transformaría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de aquélla o de su superior revisor, inclusive. En el caso, el quejoso reclama el auto de ocho de febrero del presente año, dictado, en el juicio ordinario civil 26/2019, donde el juez responsable, impuso la medida cautelar, de separación física de los concubinos, por lo que se requirió al demandado Edmundo Aguilar Martínez, para que de forma inmediata desalojara el domicilio concubinario. Acorde con lo anterior, el juicio de amparo es improcedente, porque, previamente a promover el juicio de amparo indirecto debió agotar el incidente previsto en el artículo 697, Código de Procedimientos Civiles para el estado de Zacatecas, medio de defensa que procede en contra de las providencias cautelares. Es aplicable la jurisprudencia VI 2º. J/52, visible a fojas 401, tomo VI, segunda parte-1, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS, SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." En virtud de los razonamientos sentados con antelación y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 63, fracción V, de la norma legal invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 402/2019, promovido por Edmundo Aguilar Martínez respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas por los motivos indicados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ABL

  3. Principal

    El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos y con la promoción registrada con el folio 8957. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos del presente asunto de los que se advierte que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, con el cual se les dio vista mediante proveído de diecisiete de junio del año en curso (foja 49). Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada, y se fijan las diez horas con diez minutos del diez de julio de dos mil diecinueve. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por otra parte, se obtiene que mediante proveído de diecinueve de junio del año en curso (foja 57), se recibió el despacho 343/2019, con número de origen 154/2019, enviado al juez de primera instancia, a fin de que emplazara a la tercera interesada Maricela Sánchez Pérez; además, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad (fojas 7-10) y se ordenó notificar por medio de lista las actuaciones que tuvieran el carácter de personales a la aludida tercera interesada; sin embargo, en acuerdo de siete de junio del propio año (foja 22), se tuvo apersonada en el presente juicio como tercera interesada a Maricela Sánchez Pérez, como domicilio para oír y recibir notificaciones en Calle Crucero Donato Guerrera, número ciento diez (110), Zona Centro de esta ciudad y autorizado para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley Amparo a Manuel Hernández Ramírez. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento; por tanto, hágansele a dicha parte tercera interesada las notificaciones subsecuentes que tengan el carácter de personales, en el domicilio señalado en líneas precedentes. Por último, agréguese a los autos el pedimento signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno; asimismo, una vez que se emita la sentencia en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del ordenamiento legal invocado en segundo término, expídasele la copia que solicita; previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

  4. Principal

    Juicio de amparo: 402/2019 El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico: Que el término de tres días concedido a la tercera interesada Maricela Sánchez Pérez, en auto de diecisiete de mayo de la presente anualidad, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del tres al cinco del mes y año en curso, sin que lo hubiere hecho. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 8766, con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el despacho número 20/2019 que remite el juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Loreto, Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 343/2019, con número de origen 154/2019, enviado a fin de que se emplazara a la tercera interesada Maricela Sánchez Pérez; acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones correspondientes. Ahora, vista la certificación que antecede y el estado de autos se advierte que el término de tres días concedido a la tercera interesada Maricela Sánchez Pérez, en auto de diecisiete de mayo del año en curso, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, transcurrió del tres al cinco de junio de la presente anualidad, sin que lo hubiere hecho; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, y se determina que las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales, se le practiquen por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo; ello, mientras no señale domicilio para tal efecto en esta ciudad. Asimismo, de autos se advierte que ya obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por tanto, dese vista con dicho comunicado a la referida tercera interesada a fin de que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Vicky

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