Edith del Carmen Serrano Huizar
Expediente 794/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edith del Carmen Serrano Huizar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Certificación: En ocho de junio de dos mil quince, el licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica: Que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa ENRIQUE VARELA VARELA, para que emitiera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia protectora. Doy fe.- El Secretario. Lic. Jesús Alberto Rodríguez Flores. Cuenta: En esta misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste.- Zacatecas, Zacatecas, a ocho de junio de dos mil quince. Vista la certificación y cuenta que anteceden, de donde se desprende que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa ENRIQUE VARELA VARELA, por auto del diecinueve de mayo del año en curso, para que emitiera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y atento a la Jurisprudencia de rubro, este Juzgado de Distrito procede a pronunciarse al respecto. El catorce de noviembre de dos mil catorce se dictó sentencia en el presente juicio constitucional, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, bajo el expediente de amparo en revisión civil número 382/2014-2. Del citado asunto tocó conocer en auxilio al Quinto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, que en fecha veintitrés de abril de dos mil quince, resolvió revocar el fallo de este órgano jurisdiccional federal y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para los efectos que se transcriben: ".En consecuencia, se impone revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado para que: La Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, deje insubsistente la sentencia de veintiséis de agosto de dos mil catorce, dictada dentro del toca 259/2014. En su lugar emita otra donde declare infundados los agravios expresados por la apelante, Alicia González Avelar, encaminados a manifestar que existe un usufructo vitalicio a su favor, sobre todos los bienes, que fueron propiedad del extinto Enrique Varela Parga. Estudie los restantes agravios, expresados por Alicia González Avelar, y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva a las consecuencias que se deriven del acto reclamado, al no reclamarse aquéllas por vicios propios.". (ver foja 192 y vuelta) En auto del doce de mayo de dos mil quince se recibieron los autos del presente expediente y, se procedió a requerir su cumplimiento (foja 195). Así, mediante promoción recibida el dieciocho de mayo de dos mil quince, la Presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar en el Estado de Zacatecas, acompañó copia certificada de la resolución dictada ese mismo día, en cumplimiento a la concesión del amparo que nos ocupa (fojas 217 a 226); por lo que en auto del día siguiente se dio vista al quejoso, por el término de tres días, para que manifestara al respecto (foja 228). Pues bien, previo a emitir pronunciamiento de sí se tiene o no cumplimentada la sentencia protectora, cabe desentrañar los efectos de su otorgamiento. En el caso, la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, la interlocutoria de veintiséis de agosto de dos mil catorce, emitida en el toca de apelación número 259/2014, que ordenó dejar insubsistente la resolución de catorce de marzo de dos mil catorce, que aprobó la diligencia de remate desahogada el doce de marzo de esa anualidad, en la que se adjudicó a favor de Aurora González Quezada el inmueble ubicado en Callejón del Deseo número 13 de la colonia División Urbana en la ciudad de Zacatecas, derivado de los autos del juicio de origen 264/2007, en el que, el hoy quejoso tiene el carácter de actor. Luego, analizada la litis constitucional, el Tribunal Colegiado Auxiliar declaró esencialmente fundados los conceptos de violación, pues para ello, estimó que la responsable indebidamente consideró en la resolución reclamada, que el derecho de usufructo vitalicio heredado a Alicia González Avelar, albacea de la sucesión a bienes del de cujus Enrique Varela Parga, tenía preferencia sobre el derecho alimenticio del hoy quejoso, dado que si bien el difunto estipuló en el testamento, que era su voluntad constituir usufructo vitalicio en favor de su esposa Alicia González Avelar, sobre los bienes presentes y futuros que constituyan el haber hereditario, lo cierto era que ese derecho podría hacerse valer una vez que se hubieren cubierto los pasivos que pesan sobre el caudal hereditario, esto es, una vez que se haya liquidado la herencia a los acreedores y restantes herederos, entre los que se encuentra ENRIQUE VARELA VARELA, así como se haya hecho la partición de la misma y, posteriormente, la adjudicación de los bienes, es decir, una vez que se concluya el juicio sucesorio; de ahí que adujo el Tribunal Colegiado, fue inexacto que la Sala responsable determinara que existe un usufructo vitalicio en favor de la albacea de la sucesión, pues si bien, ese reconocimiento se dio en la junta de reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea, sólo tuvo efectos declarativos y no constitutivos, pues para ello, necesariamente debe concluir el juicio en su totalidad. En ese tenor, se impuso revocar la sentencia emitida por este Juzgado de Distrito y conceder el amparo para que la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado dejara insubsistente la determinación de veintiséis de agosto de dos mil catorce y en su lugar emitiera otra en la que declarara infundados los agravios expresados por Alicia González Avelar, encaminados a manifestar que existe un usufructo vitalicio a su favor, sobre todos los bienes que fueron propiedad del difunto Enrique Varela Parga y, analizara los restantes agravios expresados por la recurrente, para con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho proceda. Así, la autoridad de segunda instancia dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil catorce, para lo cual, analizó el agravio formulado por la recurrente Alicia González Avelar, encaminado a manifestar que existe un usufructo vitalicio a su favor, así como los restantes agravios expresados, los cuales declaró infundados. En ese tenor, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara que la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ha quedado cumplimentada. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCION, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Atento a lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, así como del auto por el que se tuvo por cumplida la misma; y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Por otro lado, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo General, se declara que NO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese el citado cuaderno al de amparo en que se actúa. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.-
- Principal
EN VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, EL LICENCIADO JORGE MARTÍN ZAMORA GONZÁLEZ, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: EL TÉRMINO DE CINCO DÍAS QUE LE FUE CONCEDIDO AL PROMOVENTE DEL AMPARO HÉCTOR MANUEL NÁÑEZ RODRÍGUEZ, PARA QUE ACLARARA SU DEMANDA DE GARANTÍAS, TRANSCURRIÓ DEL QUINCE AL VEINTIUNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, SIN QUE HUBIERA HECHO MANIFESTACIÓN ALGUNA AL RESPECTO; LO QUE SE ASIENTA PARA CONSTANCIA LEGAL. DOY FE. En la misma fecha se da cuenta al Juez con el estado de los autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de mayo de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta que antecede, de los que se advierte que por acuerdo de doce de mayo del año en curso, se ordenó formar y registrar el expediente en que se actúa, con motivo de la presentación de la demanda de garantías promovida por el licenciado Héctor Manuel Náñez Rodríguez, quien se ostenta como representante funcional de la quejosa EDITH DEL CARMEN SERRANO HUIZAR, contra actos del TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS; asimismo, en términos del artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, se previno al promovente para que dentro del término de cinco días aclarara su demanda en los puntos precisados en el referido acuerdo; luego, toda vez que en términos de la certificación de cuenta asentada por la Secretaría de este Juzgado, el lapso que le fue concedido, transcurrió del quince al veintiuno del mes y año que transcurren, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y con fundamento en el penúltimo párrafo del mencionado numeral 114 de la Ley de la materia en consulta, se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de garantías promovida por el licenciado Héctor Manuel Náñez Rodríguez en cuanto representante funcional de la quejosa EDITH DEL CARMEN SERRANO HUIZAR. En atención a lo anterior, se deja sin efecto el requerimiento que le fue formulado en acuerdo de trece de mayo del año que corre; mediante el cual, se le tuvo por manifestando que se desistía de la instancia (no de la acción), por considerar que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en esta ciudad, es la autoridad competente para conocer del presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy
- Principal
En veintisiete de mayo de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos y con el acuse de recibo relativo al oficio 1140. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de mayo de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el acuse de recibo relativo al oficio 1140, recibido en la mesa encargada del trámite del presente incidente de suspensión, el veintiséis de mayo del año en curso, dirigido al Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal con residencia en México Distrito Federal; en consecuencia, toda vez que el presente expediente se encuentra debidamente integrado, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso José Luis Lozano Torres, en contra de la interlocutoria de veintiocho de enero de dos mil quince; resolución en la que se negó al recurrente la suspensión definitiva solicita contra actos del Enlace Administrativo de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal con residencia en México Distrito Federal; debiendo acompañase el original y copia de los escritos de expresión de agravios para el Agente del Ministerio Público adscrito a dicho Órgano Colegiado. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario con quien actúa licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe.
- Principal
El trece de mayo de dos mil quince, el secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con el oficio con registro 8496 y anexos que se acompañan, así como con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de mayo de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Zacatecas, por medio del cual por las razones apuntadas en al acta circunstanciada de treinta y uno de marzo de dos mil quince, realizada por el Cónsul de México en Salt Lake CITY, Utah, Estados Unidos de América, devuelve sin diligenciar la carta rogatoria con número de orden 76/2015 y de origen 2/2015, que fuera enviado a fin de que en auxilio de las labores de este Tribunal Federal, se emplazara a María Patrocinio de Santiago Flores. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese el recibo a la autoridad oficiante. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos específicamente de las constancias remitidas por la Magistrada Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte que en la causa penal 31/2011, instruida al quejoso José Adrián Mendoza del Muro, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Homicidio Calificado, cometido en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Armando Collazo Pérez y otro delito; conforme a lo dispuesto por los artículos 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente, le resulta el carácter de tercero interesado a Armando Collazo de Ávila, quien es padre del mencionado occiso y además tuvo el carácter de denunciante en el citado proceso penal; el cual registra su domicilio en calle Resbalón número cincuenta y tres (53), de la Comunidad de Francisco R. Murguía, Villanueva, Zacatecas; en razón a lo anterior, se determina emplazar al prenombrado en el domicilio indicado; debiendo acotarse que por las razones ya apuntadas resulta innecesario seguir realizando gestiones para la localización de María Patrocinio de Santiago Flores (esposa del fallecido). Por tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2º., párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, y 27, fracción II, de esta última legislación, gírese atento despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Villanueva, Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que con una copia simple de la demanda de garantías, lleve a cabo el emplazamiento a este juicio constitucional del citado tercero interesado. Se solicita a la autoridad judicial antes mencionada, que en el momento de la respectiva diligencia se haga del conocimiento de Armando Collazo de Ávila, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías; data que en líneas posteriores se precisará; debiendo prevenirla para que señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones de carácter personal, con el apercibimiento que mientras no haga esa designación, las posteriores, aun las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Órgano Jurisdiccional, en términos del artículo 29, en relación con el diverso numeral 27, fracción III, ambos del cuerpo de leyes invocado. Se hace del conocimiento de la autoridad jurisdiccional que por razón de turno conozca de la comunicación oficial ahora remitida, que si el emplazamiento se hace en la misma fecha que se encuentra señalada para la audiencia constitucional o en fecha posterior a su celebración, no obstante ello, deberá realizar el emplazamiento encomendado, toda vez que este Órgano Jurisdiccional proveerá de oficio en cuanto a su diferimiento. Finalmente, atendiendo a que del estado que guardan los presentes autos se advierte que se encuentran señaladas las once horas con cuarenta minutos del dieciocho de mayo de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional, dada su proximidad y a efecto de dar tiempo a que se emplace al tercero interesado en comento, se difiere anticipadamente y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE para su verificativo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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