Edmanuel Pérez Vargas

Expediente 193/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
193/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Edmanuel Pérez Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de julio de dos mil veintidós De la certificación que antecede se obtiene que el quince de julio del año en curso, feneció el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d) de la citada ley, en contra del auto de veintisiete de junio de la presente anualidad, por el que se decretó el sobreseimiento en este juicio fuera de la audiencia constitucional. Por tanto, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la misma Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a las autoridades foráneas residentes en la Ciudad de México, y Xalapa, Veracruz; lo anterior, ya que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable carece de legitimación para interponer recurso de revisión, y sólo podrán interponerlo contra la sentencia que afecte directamente el acto que de ellas se hayan reclamado; sin embargo, el presente asunto al haberse sobreseído es obvio que no les afecta y por tal motivo no interpondrán el citado recurso. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Del estado procesal de autos, se advierte que EDMANUEL PÉREZ VARGAS en representación de su menor hija M.P.G., promovió el presente juicio de amparo en contra de los actos del Titular de la Secretaría de Salud Federal, en la Ciudad de México y otras autoridades, de quienes reclamó: En ese contexto, el que suscribe advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d) ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio la página oficial de la Secretaría de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, de donde se obtiene que a la fecha, para los menores de cinco años de edad o más, está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-Cov2 que causa la enfermedad Covid-19. De ahí que, ya se encuentra disponible el registro para que los menores de edad de cinco años o más, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19. Lo anterior, con apoyo en los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que la directa quejosa de iniciales M.P.G., a la presente fecha cuenta con una edad de once años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su representante legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla) es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra Covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. En esa virtud, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores de cinco años o más, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna, además de la diversa omisión de garantizar el derecho a la salud y a la vida de la parte quejosa, han cesado en sus efectos, puesto que la menor quejosa, a la fecha en que se emite el presente acuerdo, está en posibilidad de vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página electrónica de internet https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema de vacunación a los menores de cinco años o más, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la salud, la vida y supervivencia de la directa menor quejosa. En consecuencia, como quedó precisado, al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, lo cual cumple con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal de Justicia del País, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintidós de julio de dos mil veintidós. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 542-III firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; atento a su contenido, se le tiene informando que declaró infundada la queja interpuesta por el Director Jurídico de Servicios de Salud de Veracruz, en representación del 2. Secretario de Salud de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, en contra del acuerdo de veinticuatro de febrero del año en curso. En esas condiciones, a fin de salvaguardar el derecho humano a la tutela judicial efectiva, que consagran los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el contenido de la certificación secretarial de cuenta, del que se advierte que luego de que la Secretaria encargada del trámite del presente asunto, realizó una revisión en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, en el apartado relativo a "Consulta de sentencias", al ingresar el número de queja 400/2022 radicada ante el Segundo Tribunal en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, localizó el archivo electrónico en formato PDF de la ejecutoria dictada en dicho recurso, la cual se procede a descargar a efecto de imponerse de su contenido y agregar a los presentes autos en copia autorizada para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, se tiene a la superioridad informando que admitió el recurso de queja interpuesto en autos, al cual le correspondió el número de toca 400/2022; por tanto, estese en espera de que dicho tribunal informe lo conducente. Notifíquese en términos de ley.

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