Edith Nayelly Ortega Arriaga
Expediente 711/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Edith Nayelly Ortega Arriaga
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 711/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de febrero de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva) tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 711/2022; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el once de agosto de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha por la citada Oficina de Correspondencia, y turnado a este Juzgado ese mismo día, Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 a 15). SEGUNDO. En proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados (fojas 44 a 50). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 61) la constancia de notificación respecto del emplazamiento del tercero interesado René Hernández Pérez (foja 271) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio (foja 3). Resolución que en el escrito de demanda la parte quejosa dijo bajo protesta de decir verdad, que le fue notificada el ocho de julio de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que remitió el juez responsable, de las que se desprende la razón de publicación y notificación por listas de acuerdos de esa fecha (foja doscientos veinticuatro vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 61). Lo que se corrobora en razón que el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 321/2020, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que se pudieran advertir. Así, se estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la mencionada ley y, como consecuencia de ello, que ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo resaltado es propio. "ARTÍCULO 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". De la lectura de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 citado, deviene improcedente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a). Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c). Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y que esencialmente son los siguientes: 1). Mediante escrito fechado el veintidós de junio de dos mil veinte, Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., demandó en la vía ordinaria civil a René Hernández Pérez, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y posteriormente definitiva (fojas 63 a 71). 2). En proveído de veintiséis de junio de dos mil veinte, el juez responsable admitió la demanda, ordenó emplazar al demandado y decretó pensión alimenticia provisional del 65% (sesenta y cinco por ciento) correspondiéndole un 32.5% (treinta y dos punto cinco por ciento) para cada acreedor, sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado René Hernández Pérez, de su fuente de trabajo (fojas 88 a 92). 3). En auto de diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo a René Hernández Pérez dando contestación a la demanda instaurada en su contra, al mismo tiempo que se le tuvo promoviendo demanda en reconvención y ofreciendo diversas pruebas, así como interponiendo reclamación respecto al monto de la pensión alimenticia fijada en forma provisional y se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 135 y 136). 4). En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo Edith Nayelly Ortega Arriaga desahogando la vista conferida en relación a la reclamación y contestación a la demanda (foja 204). 5). El dieciocho de mayo de dos mil veintidós se turnaron los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto (foja 214). 6). El ocho de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable resolvió procedente la reclamación interpuesta y redujo la pensión alimenticia inicialmente decretada, para dejarla a favor de Edith Nayelly Ortega Arriaga, al diez por ciento, y para el citado infante al treinta por ciento, haciendo el total del cuarenta por ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el citado René Hernández Pérez de su fuente de trabajo (fojas 215 a 224). Resolución que constituye el acto reclamado. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, se concreta el primero y tercero de los atinentes a la causa de improcedencia que se analiza, ya que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, pues acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio; no obstante, fue notificada de tal resolución por lista de acuerdos, pues como se advierte de la demanda de amparo en que la parte quejosa dijo, bajo protesta de decir verdad, que le fue notificada la resolución reclamada el ocho de julio de dos mil veintidós, y ello se corrobora de la constancia que remitió el juez responsable, de la que se desprende la razón de publicación y notificación por listas de acuerdos de esa fecha, que obra a foja doscientos veinticuatro vuelta. Lo anterior, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Lo subrayado es propio*. Cabe precisar que lo anterior no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, las manifestaciones de la parte quejosa se estimen suficientes para probar la fecha en que dice le fue notificado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Más aún como se asentó en párrafos precedentes, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, la cual fue notificada a las partes por lista de acuerdos de esa misma fecha (foja 224 vuelta). Forma de notificación prevista en el numeral 74, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse la citada resolución de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Notificación que surtió efectos el día siguiente hábil de su práctica (once de julio del año en curso) como lo disponen los artículos 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y empezó a correr al día siguiente hábil (doce del mes y año en cita) en términos de los citados numerales. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos dicha notificación, que lo fue el once de julio de dos mil veintidós, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el doce de julio de dos mil veintidós y feneció el uno de agosto del año en cita. Lo anterior, tal como se ilustra en el siguiente cuadro: De lo que se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del doce de julio de dos mil veintidós al uno de agosto del año en cita, sin contar los días inhábiles dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del año en curso, en términos del artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por ende, si del escrito de demanda de amparo se advierte que fue depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el once de agosto de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha por la citada Oficina de Correspondencia el once del mes y año en cita (fojas 1 y 2 ) documental a la que en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere pleno valor probatorio, ya que se advierte el sello y rúbrica de recepción de la encargada de la citada Oficina de Correspondencia Común, servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley y no está contradicho su contenido por otras pruebas; por tanto, es evidente que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Puntualizando que, aun y cuando inició el periodo vacacional de verano del Juzgado responsable, del once al veintinueve de julio de dos mil veintidós, según lo estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil veintidós, que dio lugar a la emisión de la circular número 1; tal circunstancia no eximía a las promoventes de presentar su demanda de amparo en tiempo y forma, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la citada circular número 1, en los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de la materia familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno; en los recintos judiciales que conozcan de asuntos familiares, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar; en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados (en la ciudad de Veracruz hay Juez Octavo, Juez Décimo, Juez Décimo Segundo y Juez Décimo Cuarto, todos de Primera Instancia, Especializados en Materia de Familia) las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar; y las labores de los juzgados en materia familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. Al efecto, resulta conveniente transcribir en lo que interesa, el contenido de los citados numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen lo siguiente: "Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura....". "Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materia Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones.". Asimismo, de la citada Circular 1, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de seis de enero de dos mil veintidós, en el apartado de acuerdo, punto primero, fracción IX, se advierte lo siguiente: "IX.- En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que, en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados, en congruencia con los numerales 194 y 195 antes citados, las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar. Informando a esta dependencia con toda oportunidad, en relación al personal de guardia asignado que cubrirá el periodo vacacional, para efecto de control.". Lo anterior, brinda soporte a la resolución que al efecto se emite, en el sentido de que aun cuando el Juzgado responsable gozó de su periodo vacacional de verano del once al veintinueve de julio de dos mil veintidós, ello de ninguna forma impidió que la parte quejosa presentara su demanda de amparo, pues al efecto estuvieron en posibilidad de acudir ante el juzgado de guardia en caso de estimarlo necesario para la formulación de su demanda; y al no haberlo hecho así, es claro que para cuando presentó su libelo de garantías, esto es, el once de agosto de dos mil veintidós, lo hizo en forma extemporánea. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CUANDO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DIAS EN QUE LAS RESPONSABLES GOZAN DE VACACIONES. Para realizar el cómputo del término al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe contarse el tiempo en que los empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz disfrutan del período vacacional, si consta que durante ese período quedó una sala de guardia, ya que no debe perderse de vista lo que dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el sentido de que: "En el Tribunal Superior de Justicia, funcionará durante los dos períodos de vacaciones una sala de guardia integrada por un Magistrado de cada una de las Salas regulares y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Magistrado presidente y que posteriormente hará uso de sus vacaciones. Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; los referidos a demandas de amparo ...". Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el auto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que con la emisión de la misma, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta, a partir de la notificación del acto reclamado, es decir, el ocho de julio de dos mil veintidós, al haberse notificado a la parte quejosa la resolución reclamada de esa misma fecha, es evidente que a partir del día siguiente hábil en que surtió sus efectos la misma, se inició el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, resultando claro que la misma es extemporánea y, por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. Sin que sea obstáculo para lo expresado con anterioridad, que uno de los quejosos sea menor de edad, y por ello, proceda la suplencia de la queja en su favor en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que en términos del ya mencionado artículo 17 de la ley en comento, la parte quejosa estuvo obligada a presentar oportunamente su demanda de amparo dentro del plazo de quince días establecido en dicho numeral, y la citada suplencia de la queja no tiene el efecto de superar la existencia de una causal de improcedencia probada. Guarda relación la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Del mismo modo, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES. SI LA MADRE DE ÉSTOS COMPARECIÓ A CONTESTAR LA INSTAURADA EN SU CONTRA, A PARTIR DE ESTA FECHA LOS QUEJOSOS CONOCIERON DEL JUICIO NATURAL, ASÍ COMO DE LA ORDEN DE CONVIVENCIA QUE IMPUGNARON, POR LO QUE EL PLAZO PARA PROMOVER AQUÉLLA DEBE COMPUTARSE DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LA MADRE CONOCIÓ DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional inicia, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si del juicio de antecedentes del que deriva el acto reclamado, se evidenció que la madre de los menores quejosos, compareció a contestar la demanda instaurada en su contra, en lo personal; se concluye que, a partir de esta fecha los quejosos tuvieron conocimiento de la instauración del juicio mencionado, así como de la orden de convivencia que reclamaron, ya que es materialmente imposible que lo que conoció la madre como demandada en el juicio natural, lo ignore en su calidad de representante legal de sus hijos menores, porque el conocimiento que obtuvo es uno solo, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. Por ello, el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que la madre conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades." CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. Resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 711/2022 promovido por Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica a la parte tercereo interesada la resolución dictada el doce de enero del presente año que a la letra dice lo siguiente: RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el once de agosto de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha por la citada Oficina de Correspondencia, y turnado a este Juzgado ese mismo día, Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., promovió juicio de amparo contra el acto que más adelante se precisará (fojas 2 a 15). SEGUNDO. En proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita; emplazar al tercero interesado; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional, la que finalmente tuvo verificativo en el horario y día señalados (fojas 44 a 50). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 61) la constancia de notificación respecto del emplazamiento del tercero interesado René Hernández Pérez (foja 271) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se trata de un acto emitido por una autoridad judicial, susceptible de afectar directa e inmediatamente derechos fundamentales relativos al derecho de recibir alimentos, lo que es impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que el mismo consiste en: La resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio (foja 3). Resolución que en el escrito de demanda la parte quejosa dijo bajo protesta de decir verdad, que le fue notificada el ocho de julio de dos mil veintidós, como se advierte de las constancias que remitió el juez responsable, de las que se desprende la razón de publicación y notificación por listas de acuerdos de esa fecha (foja doscientos veinticuatro vuelta). Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, puesto que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del acto que se le reclama (foja 61). Lo que se corrobora en razón que el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 321/2020, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2°, ya que se tratan de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Son aplicables al caso las jurisprudencias de los rubros siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." y, "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Improcedencia del juicio. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis del fondo, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; por tanto, se procede al estudio de las que se pudieran advertir. Así, se estima que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque se considera que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo que establece el artículo 17 de la mencionada ley y, como consecuencia de ello, que ha operado el consentimiento tácito del acto reclamado. MARCO NORMATIVO Para justificar la actualización del aludido motivo de improcedencia, se considera oportuno establecer el siguiente marco legal. Los artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, establecen: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo resaltado es propio. "ARTÍCULO 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". De la lectura de los numerales transcritos, se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 citado, deviene improcedente. Igualmente, se prevén tres supuestos en los que el peticionario del amparo puede tener conocimiento de los actos reclamados y, que se tomarán como punto de partida para realizar el cómputo de los quince días para la interposición de la demanda de amparo. Esas hipótesis son: a). Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b). Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c). Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. La hipótesis del inciso a) refiere a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La contemplada en el inciso b) establece que, para computar el plazo de quince días, es necesario un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación) de una autoridad diversa o incluso del propio quejoso, que conlleve la certeza de que éste tuvo conocimiento en forma directa, plena y completa del acto reclamado. Y la hipótesis del inciso c) establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada; esa conducta puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, mismos que se desprenden de las constancias que integran el presente juicio de amparo, y que esencialmente son los siguientes: 1). Mediante escrito fechado el veintidós de junio de dos mil veinte, Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., demandó en la vía ordinaria civil a René Hernández Pérez, entre otras prestaciones, el pago de una pensión alimenticia provisional y posteriormente definitiva (fojas 63 a 71). 2). En proveído de veintiséis de junio de dos mil veinte, el juez responsable admitió la demanda, ordenó emplazar al demandado y decretó pensión alimenticia provisional del 65% (sesenta y cinco por ciento) correspondiéndole un 32.5% (treinta y dos punto cinco por ciento) para cada acreedor, sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado René Hernández Pérez, de su fuente de trabajo (fojas 88 a 92). 3). En auto de diez de enero de dos mil veintidós, se tuvo a René Hernández Pérez dando contestación a la demanda instaurada en su contra, al mismo tiempo que se le tuvo promoviendo demanda en reconvención y ofreciendo diversas pruebas, así como interponiendo reclamación respecto al monto de la pensión alimenticia fijada en forma provisional y se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 135 y 136). 4). En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se tuvo Edith Nayelly Ortega Arriaga desahogando la vista conferida en relación a la reclamación y contestación a la demanda (foja 204). 5). El dieciocho de mayo de dos mil veintidós se turnaron los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto (foja 214). 6). El ocho de julio de dos mil veintidós, el Juez responsable resolvió procedente la reclamación interpuesta y redujo la pensión alimenticia inicialmente decretada, para dejarla a favor de Edith Nayelly Ortega Arriaga, al diez por ciento, y para el citado infante al treinta por ciento, haciendo el total del cuarenta por ciento sobre el sueldo y demás prestaciones que percibe el citado René Hernández Pérez de su fuente de trabajo (fojas 215 a 224). Resolución que constituye el acto reclamado. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, se concreta el primero y tercero de los atinentes a la causa de improcedencia que se analiza, ya que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, pues acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia fijada en el auto de inicio; no obstante, fue notificada de tal resolución por lista de acuerdos, pues como se advierte de la demanda de amparo en que la parte quejosa dijo, bajo protesta de decir verdad, que le fue notificada la resolución reclamada el ocho de julio de dos mil veintidós, y ello se corrobora de la constancia que remitió el juez responsable, de la que se desprende la razón de publicación y notificación por listas de acuerdos de esa fecha, que obra a foja doscientos veinticuatro vuelta. Lo anterior, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Lo subrayado es propio*. Cabe precisar que lo anterior no requiere mayor demostración que lo manifestado por la parte quejosa, quien bajo protesta de decir verdad, narró los hechos que motivaron el acto reclamado; de ahí que, puesto que la citada protesta tiene como efecto generar certeza y veracidad de lo afirmado por el amparista, las manifestaciones de la parte quejosa se estimen suficientes para probar la fecha en que dice le fue notificado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el criterio aislado I.15o.A.28-K, sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Septiembre de 2007; en la página 2613, de título: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA". Más aún como se asentó en párrafos precedentes, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución dictada el ocho de julio de dos mil veintidós, en el expediente 321/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, en Tierra Blanca, Veracruz, la cual fue notificada a las partes por lista de acuerdos de esa misma fecha (foja 224 vuelta). Forma de notificación prevista en el numeral 74, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse la citada resolución de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Notificación que surtió efectos el día siguiente hábil de su práctica (once de julio del año en curso) como lo disponen los artículos 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y empezó a correr al día siguiente hábil (doce del mes y año en cita) en términos de los citados numerales. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos dicha notificación, que lo fue el once de julio de dos mil veintidós, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el doce de julio de dos mil veintidós y feneció el uno de agosto del año en cita. Lo anterior, tal como se ilustra en el siguiente cuadro: De lo que se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del doce de julio de dos mil veintidós al uno de agosto del año en cita, sin contar los días inhábiles dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio del año en curso, en términos del artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por ende, si del escrito de demanda de amparo se advierte que fue depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el once de agosto de dos mil veintidós, recibido en esa misma fecha por la citada Oficina de Correspondencia el once del mes y año en cita (fojas 1 y 2 ) documental a la que en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere pleno valor probatorio, ya que se advierte el sello y rúbrica de recepción de la encargada de la citada Oficina de Correspondencia Común, servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley y no está contradicho su contenido por otras pruebas; por tanto, es evidente que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Puntualizando que, aun y cuando inició el periodo vacacional de verano del Juzgado responsable, del once al veintinueve de julio de dos mil veintidós, según lo estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil veintidós, que dio lugar a la emisión de la circular número 1; tal circunstancia no eximía a las promoventes de presentar su demanda de amparo en tiempo y forma, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la citada circular número 1, en los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de la materia familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno; en los recintos judiciales que conozcan de asuntos familiares, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar; en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados (en la ciudad de Veracruz hay Juez Octavo, Juez Décimo, Juez Décimo Segundo y Juez Décimo Cuarto, todos de Primera Instancia, Especializados en Materia de Familia) las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar; y las labores de los juzgados en materia familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. Al efecto, resulta conveniente transcribir en lo que interesa, el contenido de los citados numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen lo siguiente: "Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura....". "Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materia Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones.". Asimismo, de la citada Circular 1, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de seis de enero de dos mil veintidós, en el apartado de acuerdo, punto primero, fracción IX, se advierte lo siguiente: "IX.- En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que, en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados, en congruencia con los numerales 194 y 195 antes citados, las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar. Informando a esta dependencia con toda oportunidad, en relación al personal de guardia asignado que cubrirá el periodo vacacional, para efecto de control.". Lo anterior, brinda soporte a la resolución que al efecto se emite, en el sentido de que aun cuando el Juzgado responsable gozó de su periodo vacacional de verano del once al veintinueve de julio de dos mil veintidós, ello de ninguna forma impidió que la parte quejosa presentara su demanda de amparo, pues al efecto estuvieron en posibilidad de acudir ante el juzgado de guardia en caso de estimarlo necesario para la formulación de su demanda; y al no haberlo hecho así, es claro que para cuando presentó su libelo de garantías, esto es, el once de agosto de dos mil veintidós, lo hizo en forma extemporánea. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CUANDO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DIAS EN QUE LAS RESPONSABLES GOZAN DE VACACIONES. Para realizar el cómputo del término al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe contarse el tiempo en que los empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz disfrutan del período vacacional, si consta que durante ese período quedó una sala de guardia, ya que no debe perderse de vista lo que dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el sentido de que: "En el Tribunal Superior de Justicia, funcionará durante los dos períodos de vacaciones una sala de guardia integrada por un Magistrado de cada una de las Salas regulares y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Magistrado presidente y que posteriormente hará uso de sus vacaciones. Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; los referidos a demandas de amparo ...". Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el auto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que con la emisión de la misma, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta, a partir de la notificación del acto reclamado, es decir, el ocho de julio de dos mil veintidós, al haberse notificado a la parte quejosa la resolución reclamada de esa misma fecha, es evidente que a partir del día siguiente hábil en que surtió sus efectos la misma, se inició el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, resultando claro que la misma es extemporánea y, por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. Sin que sea obstáculo para lo expresado con anterioridad, que uno de los quejosos sea menor de edad, y por ello, proceda la suplencia de la queja en su favor en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que en términos del ya mencionado artículo 17 de la ley en comento, la parte quejosa estuvo obligada a presentar oportunamente su demanda de amparo dentro del plazo de quince días establecido en dicho numeral, y la citada suplencia de la queja no tiene el efecto de superar la existencia de una causal de improcedencia probada. Guarda relación la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Del mismo modo, resulta aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LA REPRESENTANTE LEGAL DE LOS MENORES. SI LA MADRE DE ÉSTOS COMPARECIÓ A CONTESTAR LA INSTAURADA EN SU CONTRA, A PARTIR DE ESTA FECHA LOS QUEJOSOS CONOCIERON DEL JUICIO NATURAL, ASÍ COMO DE LA ORDEN DE CONVIVENCIA QUE IMPUGNARON, POR LO QUE EL PLAZO PARA PROMOVER AQUÉLLA DEBE COMPUTARSE DESDE EL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LA MADRE CONOCIÓ DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para promover el juicio constitucional inicia, entre otros casos, a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. Por tanto, si del juicio de antecedentes del que deriva el acto reclamado, se evidenció que la madre de los menores quejosos, compareció a contestar la demanda instaurada en su contra, en lo personal; se concluye que, a partir de esta fecha los quejosos tuvieron conocimiento de la instauración del juicio mencionado, así como de la orden de convivencia que reclamaron, ya que es materialmente imposible que lo que conoció la madre como demandada en el juicio natural, lo ignore en su calidad de representante legal de sus hijos menores, porque el conocimiento que obtuvo es uno solo, aunque los intereses jurídicos pudieran ser distintos. Por ello, el plazo legal para promover la acción constitucional debe computarse desde el día siguiente al en que la madre conoció el acto reclamado, en cualquiera de sus dos calidades." CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. Resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, y 75 de la aplicable Ley de Amparo y demás relativos a la ley de la materia; se, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo 711/2022 promovido por Edith Nayelly Ortega Arriaga por su propio derecho y en representación del menor de edad de identidad reservada R. de J. H. O., por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.
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