Edith Mariñelarena López

Expediente 137/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
137/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Edith Mariñelarena López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de treinta de abril de dos mil diecinueve, en la cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Finalmente, toda vez que el presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del presente asunto e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 137/2019-V, promovida por *******, en representación del quejoso *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, se recibió la demanda por comparecencia, promovida por *******, en representación del quejoso *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Director del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, a quienes les reclamó la incomunicación, las órdenes de arresto y privación ilegal de la libertad ejecutadas sobre la persona de la quejosa. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 137/2019-V y, previa ratificación, el veinticinco de febrero siguiente se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama de los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y Directora del Centro de Recuperación Cívica Total, en sus denominaciones correctas, los actos de incomunicación, así como la orden de arresto dictada en contra del quejoso y su respectiva ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia de los actos de incomunicación reclamados. El Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la incomunicación personal de la que se dijo fue objeto la directamente agraviada. Por su parte, los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, al rendir su informe sobre la suspensión de plano fue omiso en pronunciarse respecto a dicho acto; no obstante, de las constancias que conforman el sumario se advierte que la justiciable fue detenida a las dos horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, y entregada en la Alcaidía del Centro de Recuperación Cívica Total (CE.RE.CI.TO.) a las cinco horas con cuarenta y seis minutos de la misma fecha (fojas 41). Luego, si el promovente del amparo señaló que la directamente agraviada fue remitida a las oficinas administrativas del Municipio denominadas "CE.RE.CI.TO", donde se le mantenía incomunicada, y el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, al rendir su respectivo informe justificado, negaron el acto que les atribuyó el accionante del amparo, consistente en la incomunicación personal de la que se dijo fue objeto la directamente agraviada, sin que ésta haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de ese acto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 804176, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. Existencia de diversos actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Juez Cívico dependiente de la Dirección de Oficialía Jurídica y Barandilla del Municipio de Juárez, Chihuahua y el Director del Centro de Recuperación Cívica Total, aceptaron la existencia de la orden de arresto que les fue atribuida y su respectiva ejecución; por tanto, debe tenerse por cierta su existencia. Por otro lado, los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, fueron omisos en rendir informe justificado, no obstante haber sido debidamente requeridos para ello; por ende, debe tenerse por cierta la existencia de los actos que se les atribuyeron, acorde a lo que prevén los numerales 115, en relación con el 117 de la Ley de la Materia. Lo anterior corrobora con la copia certificada de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, en la que el citado Juez le impuso a la ahora quejosa un arresto administrativo de veinticuatro horas, al haber sido sorprendida por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad, el cual anexó a su informe con justificación el referido Juez y a la que se reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia del arresto reclamado. Cobra aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 2000, tomo VI, Común, Quinta Época, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En otro contexto, al no existir motivo de improcedencia que hagan valer las partes, o que este tribunal advierta de oficio deba examinarse, procede a continuación el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El estudio de fondo del presente asunto, conducen a este Juzgado de Distrito a determinar lo siguiente: En la demanda de amparo presentada por comparecencia no se formularon conceptos de violación, pues el promovente se concretó a referir, de manera general y abstracta, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente, al solicitante del amparo. Lo alegado en esos términos es inoperante. Para evidenciar este aserto, conviene establecer que los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 1833, aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, novena época, Tomo II, materia común, página 2080, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES. Los actos de autoridad y las sentencias están investidos de una presunción de validez que debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa o el recurrente es ambiguo y superficial, en tanto que no señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, tal pretensión de invalidez es inatendible, en cuanto no logra construir y proponer la causa de pedir, en la medida que elude referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación. Así, tal deficiencia revela una falta de pertinencia entre lo pretendido y las razones aportadas que, por ende, no son idóneas ni justificadas para colegir y concluir lo pedido. Por consiguiente, los argumentos o causa de pedir que se expresen en los conceptos de violación de la demanda de amparo o en los agravios de la revisión deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el órgano colegiado y deberán calificarse de inoperantes, ya que se está ante argumentos non sequitur para obtener una declaratoria de invalidez. En la especie, la parte quejosa refirió, de manera general, que las autoridades responsables detuvieron injusta e ilegalmente a la solicitante del amparo. Con esas llanas expresiones, la quejosa eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones por las que considera que la orden de arresto decretada en su contra es inconstitucional, mucho menos formuló conceptos de violación en contra del acto impugnado, cuando se le dio vista para que, si era su deseo, los expresara en contra del arresto que se le decretó por el Juez Cívico. En esos términos, la quejosa no justificó la razón de su dicho ni controvirtió las consideraciones en que se sustentaron los actos reclamados, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la imposición del arresto administrativo de veinticuatro horas, que se le impuso al haber sido sorprendida por las autoridades de tránsito municipal, conduciendo un vehículo automotor, en estado de ebriedad; en cambio, su alegato contiene visos de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En las relacionadas condiciones, dado que resulta inoperante el único motivo de disentimiento expresado y este Juzgado no advierte que exista materia sobre la cual deba ser suplida la deficiencia de la queja a favor de la solicitante del amparo, lo cual hace innecesario realizar mayor pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución reclamada, en términos de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo; en el caso, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Apoya esta consideración, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, de Julio de 2017, Tomo I, materia común, página 263, del siguiente contenido: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. La anterior negativa de amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director del Centro de Recuperación Cívica Total y a los Agentes de Tránsito Municipal de Juárez, Chihuahua, pues los actos de ejecución que se les atribuyeron no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por el Juez Cívico responsable. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 137/2019-V, promovido por *******, en los términos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******* contra la orden de arresto y su ejecución, de conformidad con lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, el treinta de abril de dos mil diecinuevedía en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa, mediante proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, para que se pronunciara sobre su deseo de ampliar su demanda de amparo respecto a la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, emitida en su contra, por el Juez Cívico, sin que hubiera realizado manifestación alguna. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto y se ordena continuar el trámite del presente juicio de amparo atendiendo a los actos y autoridades precisados en el escrito inicial de demanda. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa para que se pronunciara sobre su deseo de ampliar la demanda de amparo, vía comparecencia, presentado a su favor, en contra del Agente de Vialidad que llevó a cabo su detención; sin que hubiera hecho manifestación alguna. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara precluido el derecho de la quejosa ******* de ampliar la demanda de amparo en los términos precisados en el párrafo que antecede. Por tal motivo, se ordena continuar el trámite del presente juicio de amparo de acuerdo al acto y autoridades precisadas en la demanda de amparo vía comparecencia, de inicio; en el entendido, que está transcurriendo el plazo concedido en proveído de doce del presente mes y año, para que la parte quejosa se manifieste en relación con el diverso acto consistente en la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Cívico. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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