Edith Corina Rosales Alvarado

Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
504/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
17/12/2021

Partes del expediente

  • Edith Corina Rosales Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional y definitiva, el incidente de suspensión original es depurable, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con el inciso a) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20 del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 504/2021-I-1, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El seis de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, el mismo día. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a quienes reclamó: IV. ACTO RECLAMADO: A) De la Autoridad ORDENADORA: 1. La resolución administrativa de cuatro de junio del año en curso, emitida por Administración General de Auditoria Fiscal Federal, Administración Desconcentrada del Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", mediante la cual se contempla un adeudo por la cantidad de: $******* (*******), por concepto de un crédito fiscal adeudado por la suscrita. 2. Todas y cada una de las actuaciones administrativas, llevadas a cabo en el expediente No. *******. 3. Cualquier resolución, requerimiento, u orden de carácter fiscal-administrativo, derivado del expediente No. *******, que pretenda afectar bienes patrimoniales de la suscrita. B) De la autoridad EJECUTORA: 1. Cualquier acto de carácter administrativo relacionado con la resolución administrativa a que hago relación en los apartados: 1 y 2 de este Capítulo que afecte o trate de afectar bienes patrimoniales de la suscrita. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 504/2021-I-1 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en materia administrativa que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción esta juzgadora. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables lo siguiente: 1. Del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria: a) La resolución administrativa de cuatro de junio del año en curso, emitida por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el expediente *******. b) Todas las actuaciones dictadas en el expediente ******* y cualquier resolución, requerimiento u orden de carácter fiscal administrativo, que afecte bienes patrimoniales de la quejosa. 2. Del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, cualquier acto administrativo de ejecución que afecte o trate de afectar bienes patrimoniales de la aquí quejosa. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados, los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Los actos que se reclaman en esta vía resultan veraces. Las autoridades responsables Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez y Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, manifestaron que es cierta la existencia de los actos que se les imputan. Las manifestaciones hechas por las responsables tienen carácter de una confesión expresa, de conformidad con el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los ordinales 197 y 199 del citado código. Además, para corroborar la certeza del acto impugnado, las autoridades responsables a su informe con justificación adjuntaron copias certificadas del procedimiento administrativo en materia aduanera ******* y del expediente administrativo *******. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales, por un funcionario dotado de fe pública. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos que se atribuyen al Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez y al Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que la resolución administrativa de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitida por el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, en el expediente *******, debió impugnarla a través del juicio contencioso administrativo a que alude el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que no agotó el principio de definitividad. Con el propósito de analizar la causa de improcedencia propuesta, es necesario tomar en cuenta lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos en contra de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo deberá realizarse cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En tal sentido, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en estudio son los siguientes: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que dicho acto deba ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. c) Que puedan suspenderse los efectos del acto reclamado sin que se exijan mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo. d) Que el acto reclamado goce de fundamentación. Establecido lo anterior, procede verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, toda vez que la resolución administrativa de cuatro de junio de dos mil veintiuno, emitida en el expediente *******, fue dictada por una autoridad perteneciente al Servicio de Administración Tributaria, esto es, el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, con morada en esta ciudad. El elemento precisado en el inciso b) también se actualiza, pues la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, contempla el juicio contencioso administrativo federal como medio de defensa contra actos de la Administración Pública Federal, en los términos siguientes: 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; [.] Así, se constata que en la vía contenciosa administrativa federal, los contribuyentes pueden impugnar las resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso, cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales, determinación como la reclamada pues se negó la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta a una persona física, al tener determinado un crédito fiscal firme. Conforme a lo anterior se colige que el requisito mencionado en el inciso b), se encuentra satisfecho, pues la autoridad ordenadora pertenece a la Administración Pública Federal, por lo que a través del juicio contencioso administrativo federal, los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados. En relación con el inciso c), debe precisarse que en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se exigen mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los previstos en la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior la jurisprudencia 19/2015 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, abril de dos mil quince, Tomo I, que se consulta en la página 783, con registro 2008807, cuyo rubro y texto son: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materias Administrativa, Común, consultable en la página 1194, con registro digital 2011289, de rubro y texto: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Por último, el requisito identificado con el inciso d), consistente en que el acto reclamado no carezca de fundamentación también se cumple, pues del oficio ******* de cuatro de junio de dos mil veintiuno, se desprende claramente que no carece de fundamentación, pues al ordenar emitirlo el Administrador Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Chihuahua "2", adscrito a la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria, lo hizo con sustento entre otros, en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los ordinales 1, 7, fracciones VII y XVIII, y 8, fracción III, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, además en los artículos 1, 2, párrafo primero, apartado C, párrafo segundo, 5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción VIII, inciso b), 14, fracción VI, 24 párrafo primero fracción I, inciso a), en relación con el artículo 22, párrafo primero, fracción XLVII, y último, numeral 8 y artículo 24, último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en términos también del párrafo primero del artículo primero transitorio de dicho Reglamento, así como en los artículos 22, párrafo primero, 23, párrafo quinto y 33 último párrafo del Código Fiscal de la Federación. Entonces, al no encontrarse desprovisto de dicha exigencia, se encuentran satisfechos la totalidad de los elementos indicados, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Aunado a lo anterior, no pasa desapercibido lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 11/2013 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, Marzo de 2013, página 1242, con registro 2003074, de rubro: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO., pues si bien en principio la quejosa se ostentó como tercera extraña al procedimiento, alegando desconocer el crédito fiscal de origen, lo cierto es que de las constancias remitidas por las responsables se infiere que no tiene esa calidad pues compareció y se defendió en el procedimiento de origen. En efecto, no representa obstáculo para la determinación, el hecho de que la quejosa haya manifestado que es tercera extraña y que desconoce el juicio o procedimiento administrativo seguido en su contra por el que se le fincó un crédito fiscal y se le negó la devolución del saldo a favor por concepto de impuesto sobre la renta; ya que en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se le dio oportunidad de ampliar su demanda para que estuviera en posibilidad de atacar el llamamiento que se le hizo al procedimiento de administrativo y omitió atender a dicha vista, de modo que, en proveído de diecisiete de noviembre de este año, se le tuvo por precluido dicho derecho y se ordenó la resolución del juicio en los términos planteados inicialmente en la demanda de amparo. Lo hasta aquí expuesto permite corroborar que el juicio de amparo resulta improcedente, pues la parte quejosa debió agotar, previo al juicio de amparo, el juicio contencioso administrativo, al no prever la ley que lo rige mayores requisitos para la suspensión de los que establece la Ley de Amparo, ni actualizarse alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad. En las relatadas circunstancias, dado que a través del juicio contencioso administrativo federal, la parte quejosa estaba en posibilidad de atacar el acto reclamado, y con el mismo recovar, modificar o anularlo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en el numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad señalada como ejecutora Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, toda vez que los actos que le fueron atribuidos, no se combatieron por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Al respecto se invoca, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394472, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, los ordinales 61, fracción XX, 63, fracción V, 73, 74, 76, 77, 107, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 504/2021-I-1 promovido por *******, en relación con los actos reclamados y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en los considerandos cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficios a las responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hoy veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Precluido derecho para ampliación Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días concedido mediante proveído de nueve de septiembre de la presente anualidad, para que se ampliara la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa se hubiera pronunciado al respecto. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se tiene por precluido del derecho de la parte quejosa ******* para ampliar el escrito inicial de demanda; entonces, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena continuar con el trámite del presente juicio de amparo en los términos precisados en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto el estado que guardan autos revisado electrónicamente y la certificación de cuenta se advierte que, para las diez horas con diez minutos del día de hoy, se encuentra señalada la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días, otorgado a la parte quejosa, en auto de nueve de septiembre del año en curso, a efecto de que, si es su deseo, amplíe demanda de amparo. Diferimiento de audiencia En consecuencia, ante la imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional y para dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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