Edith Mariela Ahumada Hermosillo
Expediente 48/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/06/2021
Partes del expediente
- Edith Mariela Ahumada Hermosillo
- Juez Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación de cuenta, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra del proveído de veinticinco de enero del año en curso, en el cual se desechó el escrito de demanda; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los arábigos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el dispositivo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso d) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente asunto se desechó la demanda de amparo, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que el quejoso ***, no se ha presentado a recoger el cheque puesto a su disposición por la cantidad inserta en él, en razón del cumplimiento a la sentencia amparadora; para lo cual anexa copia de la notificación donde manifiesta la imposibilidad de informarle a la quejosa del cheque que se encuentra a su disposición; asimismo, solicita se tenga por cumplido el fallo protector concedido y se archive el presente asunto; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el libelo y anexo de cuenta para los efectos legales correspondientes. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente; en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la parte quejosa la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a su disposición el numerario a entregar y c).- Notificarle que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento esté en aptitud de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de referencia, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento total al fallo protector concedido en autos y acredite haber realizado la entrega del cheque a que se hace alusión en el oficio de cuenta, o en su caso, las constancias con las que compruebe que notificó lo anterior a la parte quejosa, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los arábigos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa equivalente a CIEN VALORES DIARIOS de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Finalmente, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el dispositivo 193 de la ley citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tienen por recibidos los escritos de cuenta presentado por ***, en el que acredita con copia de carta poder ratificada ante notario público en original, ser el apoderado legal de la directa quejosa ***, en cumplimiento a la prevención formulada el catorce del mes actual; en consecuencia, téngase por desahogada la misma y provéase lo que en derecho corresponda. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de garantías y de su escrito aclaratorio, se advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: a) Que exista un motivo de improcedencia y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifestado se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada la demanda se aprecia, que la parte promovente señala como acto reclamado el acuerdo dictado en la audiencia de juicio del once de diciembre de la presente anualidad (sic), dentro del juicio mercantil oral número ***del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Oralidad Mercantil de Tepic, en el que concedió la prórroga solicitada por la parte demandada Banco ****, para preparar la prueba pericial en materia de sistemas o informáticos, ofrecida por esta desde el escrito de contestación de la demanda el seis de febrero de dos mil veinte. Precisado lo anterior, se estima que en relación al acto reclamado indicado en el párrafo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII de los arábigos 61 y 62 de la Ley de Amparo, en correlación con el 107 fracción V, éste último aplicado a contrario sensu, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De los dispositivos transcritos se infiere, que para la procedencia del juicio de amparo indirecto, concretamente en cuanto a la hipótesis enunciada (107, fracción V de la Ley de Amparo), es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación, entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, es decir, que la afectación o sus efectos no se destruyan con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; de modo que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia 3a./J.43 29/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a página doscientos noventa y uno, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Acotado lo anterior, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, radica medularmente en la determinación judicial de once de diciembre de dos mil veinte, en la que se concedió una prorroga a la parte demandada a efecto de que preparara su prueba pericial, considerando con ello que se transgredió en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Sin embargo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, en razón de que el acto materia de reclamo en la presente instancia constitucional, el cual ha quedado precisado con antelación, no es de imposible reparación en perjuicio de la parte quejosa, por lo que no se actualiza la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, contenida en los preceptos previamente invocados; lo anterior es así, pues el acto reclamado únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, máxime que el conceder una prórroga para la preparación de una prueba pericial, no implica necesariamente que el fallo deba ser contrario al interés de la solicitante de la protección constitucional. En efecto, la determinación impugnada constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte sentencia definitiva si fuere desfavorable para la parte quejosa, a través del juicio de amparo directo, porque la determinación de que se trata no implica afectación en sus derechos sustantivos, puesto que el único efecto que produce tal acto que reclama, es la continuación del procedimiento; empero, la trascendencia de tal decisión se reflejará en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente, la cual puede ser favorable a sus intereses; máxime que el desahogo en forma contraria a la ley está contemplado como violación procesal que debe hacerse valer en amparo directo, al tenor del ordinal 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, en materia común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable a página mil ciento ochenta y seis, tomo XVII, de mayo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 6/94, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo 76, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, página trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". En las relacionadas condiciones, se colige que en el presente juicio, al no encontrarse satisfecho el requisito que el precepto 107, fracción V de la Ley de Amparo, exige para que sea procedente el juicio de amparo en contra de los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; es indudable que, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio; y, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por ***, apoderado legal de la directa quejosa ***, por su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el dispositivo 113 de la ley de la materia. Por otro lado, guárdense por separado en esta secretaría y en un sobre cerrado los seis discos compactos a que hace alusión en ambos escritos el compareciente y sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, dado el contenido del presente acuerdo. Notifíquese personalmente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el ocurso de cuenta signado por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y anexo certificado que acompaña, mediante el cual, en atención a lo solicitado por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, remite copia certificada del proveído emitido el dieciocho de ese mismo mes y año, dentro de los autos del expediente laboral 143/2016, en el cual se certificó que ya no quedan pruebas pendientes por resolver, de lo cual se ordenó dar vista a las partes; en consecuencia, con fundamento en el numeral 75 de la Ley de la Materia, agréguese el oficio y anexo de cuenta a los presente autos, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, se tiene por recibido el diverso ocurso de cuenta signado por ** autorizado legal de la parte quejosa, a través del cual solicita se requiera a la responsable a fin de que remita las constancias que le fueron solicitadas por acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; en atención a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE.
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