Edith Erendira Estrada Aguirre
Expediente 2211/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 2211/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/11/2021
Partes del expediente
- Edith Erendira Estrada Aguirre
- Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal el diecisiete de septiembre del año en curso, el representante legal de la responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el juicio en que se actúa, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veinte de septiembre de la presente anualidad, se dio vista a la parte agraviada para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "(.) 1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos (fracción I) y $280.00 pesos (fracción XVIII), por cada pago de los conceptos de inscripción de documento público y préstamo hipotecario, con sustento el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago de los derechos por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.)" Inconforme con dicha resolución, el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, interpuso recurso de revisión contra la misma; sin embargo, por resolución emitida el siete de julio de dos mil veinte, dentro del expediente auxiliar 238/2020, derivado del amparo en revisión 24/2020, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia pronunciada en este sumario constitucional. Así, mediante oficio signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas, informó que desincorporó de la esfera jurídica del quejoso los preceptos declarados inconstitucionales y acreditó que se había efectuado a la parte quejosa transferencia por el monto total de $16,283.01 (dieciséis mil doscientos ochenta y tres pesos 01/100 moneda nacional). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $15,668.16 (quince mil seiscientos sesenta y ocho pesos 16/100 moneda nacional), menos el monto de $290.00 pesos, relativo a la cuota fija mínima establecida para la inscripción de documento público o privado y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, da como resultado un total de $15,098.16 (quince mil noventa y ocho pesos 16/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. Ahora, a fin de evidenciar que la citada suma se encuentra actualizada, se atiende a que, de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, establece que debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve y el siete de mayo de dos mil veintiuno, la responsable efectuó la devolución por transferencia bancaria de la cantidad indicada a la parte quejosa, por concepto de devolución de lo erogado. Por lo que el período de actualización comprende del mes de julio de dos mil diecinueve al mes de abril de dos mil veintiuno. Luego, el factor de actualización, debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de julio de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de abril de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de julio de dos mil diecinueve fue de 103.687; y para el mes de abril de dos mil veintiuno de 112.190. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.08200. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $15,098.16 (quince mil noventa y ocho pesos 16/100 moneda nacional) (cantidad que resulta de descontar la obligación de la cuota mínima por cada uno de los conceptos que se establecieron en el recibo de pago) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $16,336.20 (dieciséis mil trescientos treinta y seis pesos 20/100 moneda nacional); por lo que, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $1,238.04 (mil doscientos treinta y ocho pesos 04/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $16,336.20 (dieciséis mil trescientos treinta y seis pesos 20/100 moneda nacional); sin embargo, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $16,283.01 (dieciséis mil doscientos ochenta y tres pesos 01/100 moneda nacional).; es decir, existe un déficit a favor de la parte agraviada por la cantidad de $53.19 (cincuenta y tres pesos 19/100 moneda nacional); pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio por una parte se sobreseyó y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte promovente del amparo con el oficio y anexo de cuenta, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa la mecánica y operaciones aritméticas mediante las cuales determinó la suma a devolver a la parte quejosa, como lo acredita con el anexo de cuenta; en consecuencia, agréguense a sus autos el ocurso y documentales de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, del contenido de la constancia que exhibe la responsable indicada, no se desprende la declaratoria de que ha desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales. De ahí que, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, realice la declaratoria de que ha desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales, anexando constancia que acredite lo anterior. Ello, a fin de verificar el acatamiento de la sentencia protectora. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como lo acredita con el anexo de cuenta; en consecuencia, agréguense a sus autos el ocurso y documentales de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En relación con lo anterior, del contenido de la constancia que exhibe la responsable indicada, no se desprende la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que utilizó para determinar la cantidad que devolvió a la parte quejosa; ello, porque únicamente adjunta copia de la transferencia realizada a favor de ésta, por la cantidad de ********************. En consecuencia, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad aludida; esto es, habrá que indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma que reintegró al solicitante de amparo. Ello, a fin de verificar el acatamiento de la sentencia protectora. En el entendido de que subsiste el apercibimiento decretado en autos. NOTIFÍQUESE.
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