Edith Gabriela García Viera

Expediente 880/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
880/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Jueza Tercero Administrativo Muncipal la Liceciada Maria Guadalupe Garza Lozornio
  • Edith Gabriela García Viera

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. archívese y remítase al lugar de su guarda. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    León, Guanajuato, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. I. Parte quejosa. Edith Gabriela García Viera. II. Autoridades responsables. Jueza Tercero Administrativa Municipal de León, Guanajuato, y otra autoridad. III. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 880/2022-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Análisis de procedencia de la demanda. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución administrativa de quince de julio de dos mil veintidós, emitida en el expediente 0056/2022-3er del índice del Juzgado Tercero Administrativo Municipal de León, Guanajuato, en la que se negó la devolución de pago efectuado por concepto de pensión y arrastre de un vehículo, que fue retenido en garantía y como consecuencia de la infracción T 6393779. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 107, Constitucional, fracción IV, dispone lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.". De esta disposición se desprende, que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos en materia administrativa, cuyo agravio no sea reparable mediante algún recurso o medio de defensa legal; asimismo, no será necesario agotar los mismos cuando la ley aplicable exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los solicitados en el juicio de amparo. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado; además, la ley que establezca el medio de defensa, debe prever los mismos o menores requisitos para suspender el acto impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a la naturaleza del acto que se reclama, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse previo a promover el juicio constitucional; este consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así las cosas, en la especie, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal, aunado a que inclusive se prevé que sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, de rubro y texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena desechar de plano la demanda de amparo en estudio. Acude en auxilio de lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, Página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Por otra parte, para esta juzgadora no pasa inadvertido que es verdad que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, lo cierto es que de la lectura integral de sus conceptos de violación no se desprende que atribuya al acto reclamado una falta absoluta de fundamentación y motivación, sino cuestiones relacionadas con aspectos de legalidad. V. Domicilio. Téngase como domicilio de la quejosa, el que indica en su demanda de amparo. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las notificaciones personales que en este juicio se realicen deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 29 DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: I. Parte quejosa. Edith Gabriela García Viera. II. Autoridades responsables. Jueza Tercero Administrativa Municipal de León, Guanajuato, y otra autoridad. III. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 880/2022-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Análisis de procedencia de la demanda. En la especie, el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en la resolución administrativa de quince de julio de dos mil veintidós, emitida en el expediente 0056/2022-3er del índice del Juzgado Tercero Administrativo Municipal de León, Guanajuato, en la que se negó la devolución de pago efectuado por concepto de pensión y arrastre de un vehículo, que fue retenido en garantía y como consecuencia de la infracción T 6393779. De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. El artículo 107, Constitucional, fracción IV, dispone lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ...IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.". De esta disposición se desprende, que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos en materia administrativa, cuyo agravio no sea reparable mediante algún recurso o medio de defensa legal; asimismo, no será necesario agotar los mismos cuando la ley aplicable exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado que los solicitados en el juicio de amparo. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto, dado que a través de dichos medios de impugnación, éste puede ser revocado, modificado o nulificado; además, la ley que establezca el medio de defensa, debe prever los mismos o menores requisitos para suspender el acto impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo. Atento a lo anterior y a la naturaleza del acto que se reclama, es de afirmar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia...". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse previo a promover el juicio constitucional; este consiste en que se agoten los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo". Así las cosas, en la especie, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo, debe impugnar el acto reclamado a través del recurso de inconformidad, o bien, mediante el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, en los artículos 226, 227, 234 y 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establecen lo siguiente: "Artículo 226. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán, a su elección, interponer el recurso de inconformidad previsto en este Título o impugnar ante la autoridad jurisdiccional. Cuando se haya interpuesto el recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá impugnar el acto o resolución de que se trate ante la autoridad jurisdiccional. Para los efectos de este Título, también tienen el carácter de interesados los servidores públicos a quienes se atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." "Artículo 227. El recurso de inconformidad tendrá por objeto la confirmación, modificación, revocación o nulidad del acto administrativo recurrido." "Artículo 234. La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Se admita el recurso; III. No se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de créditos fiscales, el recurrente garantice su importe en cualquiera de las formas previstas por la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa." "Artículo 235. El interesado podrá solicitar la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad." Ahora bien, el artículo 226 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, regula el recurso de inconformidad, y el numeral 234 de la citada codificación contempla la suspensión del acto o resolución impugnada, cuyos requisitos no son mayores a los exigidos en la Ley de Amparo en los artículos 128, 129, 132 y 133, para el otorgamiento de la medida cautelar. De conformidad con el artículo 234, en correlación con el 235 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la interposición del recurso de inconformidad suspenderá la ejecución del acto o resolución impugnada, siempre y cuando se solicite expresamente, y ello puede acontecer en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso de inconformidad; asimismo, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria, por consiguiente dicho requisito se considera similar. Asimismo, se otorgará la suspensión de la resolución impugnada tal y como lo prevé el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, con la salvedad que no se cause perjuicio al interés social o no se contravengan disposiciones de orden público, al igual que lo dispone la Ley de Amparo. De igual forma, para otorgar la suspensión en el recurso de inconformidad, se exige que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos de que se garanticen éstos, tal y como se requiere en el juicio de amparo. En lo que respecta a los créditos fiscales, el recurrente en la inconformidad deberá de garantizar el importe en cualquiera de las formas previstas en la legislación aplicable, cuando así lo acuerde discrecionalmente la autoridad administrativa; asimismo, la Ley de Amparo tratándose del cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sujeta la suspensión que se concederá discrecionalmente, a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; por consiguiente se estima similar dicho requisito. Ahora bien, la suspensión del acto o resolución impugnada en el recurso de inconformidad se otorgara, cuando se admita el aludido recurso; circunstancia que no se considera un requisito adicional a los previstos en la Ley de Amparo, puesto que en este último caso, es claro que para el otorgamiento de la suspensión se requiere como condición previa la admisión de la demanda de amparo, habiéndose cubierto todos los requisitos del numeral 108 del mismo cuerpo de leyes; ya que solo es procedente en materia de amparo proveer sobre la medida cautelar, sin admitirse previamente la demanda, cuando se trate de actos de naturaleza penal que se relacione con privaciones de libertad, esto es, los previstos en el ordinal 15, en los cuales incluso la demanda puede promoverse por cualquier persona en nombre del directo quejoso, precisamente por la condición de imposibilidad física que le impera. Asimismo, el artículo 249 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece como medio de impugnación el juicio contencioso administrativo, el cual de conformidad con el ordinal 268 también contempla la suspensión del acto reclamado, siempre y cuando sea solicitada en cualquier momento del proceso, por tanto, la parte quejosa previo a promover el presente juicio de amparo debió agotar el referido medio de impugnación, dado que esa legislación no prevé mayores requisitos para obtener la medida cautelar que los señalados en la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: a) Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, como la Ley de Amparo, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a terceros si no se obtiene sentencia favorable. b) El artículo 271 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. c) Tratándose de asuntos de carácter fiscal, el artículo 276 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, establece que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes ante las oficinas exactoras correspondientes en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente; en tanto que tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo supedita la suspensión a que se garantice el interés fiscal previo depósito del total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el quejoso que en el juicio contencioso administrativo, dado que la Ley de Amparo condiciona la suspensión al previo depósito en efectivo, mientras que la legislación local otorga un plazo de tres días y además la garantía puede otorgarse en cualquiera de las modalidades previstas en la legislación fiscal, aunado a que inclusive se prevé que sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta la Unidad de Medida y Actualización diaria. d) Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. e) La legislación procesal administrativa de mérito (artículo 275), así la Ley de Amparo (artículo 147), prevén que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios; en el primer caso, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular; y, en el segundo caso, cuando la naturaleza del acto lo permita, es decir, que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicte sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Al respecto, debe decirse que se considera que la prerrogativa otorgada en la ley procesal de justicia administrativa en comento concede mayores posibilidades de dar efectos restitutorios a un acto a través de la medida cautelar, porque no lo condiciona a la factibilidad material o jurídica -como si lo hace la Ley de Amparo-, sino que lo deja a juicio discrecional del resolutor del medio de impugnación, con el solo objeto de conservar la materia del recurso o impedir perjuicios irreparables. Por tanto, no se considera un mayor requisito. En suma, es evidente que la ley que regula los medios ordinarios de defensa -recurso de inconformidad o juicio contencioso administrativo-, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva conforme a lo previsto en la fracción XX del artículo 61 de este último ordenamiento legal. Consecuentemente, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo en los términos indicados, pues a través de esos medios de defensa, pudo obtener la insubsistencia del acto reclamado. Sirve a lo anterior, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1536, tomo II, libro 17, abril de 2015, Décima Época, con número de registro 2008891, de rubro y texto siguiente: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, en virtud de que tiene a su alcance los medios legales para impugnar en su caso, el acto que manifiesta le causa agravio, toda vez de que debe tenerse en cuenta que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, toda afectación que se tenga en una contienda judicial, debe ser analizada en cualquier momento del procedimiento, ya que el enfoque del control difuso obliga a toda autoridad a respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de los gobernados. Luego, como el acto reclamado en el presente juicio es susceptible de reparación mediante los referidos medios de impugnación, y éstos no fueron agotados, se estima que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia I.6º.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902 del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, por no haberse agotado, previo a promover el juicio constitucional, el medio ordinario de defensa consistente en el recurso de inconformidad, o bien, el juicio contencioso administrativo, es dable concluir que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena desechar de plano la demanda de amparo en estudio. Acude en auxilio de lo anterior, la tesis aislada XXI.1o.45 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, Página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Por otra parte, para esta juzgadora no pasa inadvertido que es verdad que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, lo cierto es que de la lectura integral de sus conceptos de violación no se desprende que atribuya al acto reclamado una falta absoluta de fundamentación y motivación, sino cuestiones relacionadas con aspectos de legalidad. V. Domicilio. Téngase como domicilio de la quejosa, el que indica en su demanda de amparo. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VI. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. VII. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las notificaciones personales que en este juicio se realicen deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. VIII. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veinticinco de agosto de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · 10,798 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano