Edgardo Torres Torres

Expediente 909/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
909/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Edgardo Torres Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se reenvían sobres devueltos. Agréguense a los autos, los sobres devueltos por Servicio de Correos de México, a través de los cuales se advierte que no fue posible notificar los oficios 3975/2022 y 3976/2022, dirigidos a las autoridades responsables "Subdirector General de Verificación al Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y Verificador adscrito a la Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato", respectivamente, por las razones expuestas en los mismos; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones, gíreseles atento oficio vía estafeta a las aludidas autoridades en el domicilio correcto ubicado en ********************con la inserción del presente proveído, así como los oficios 3975/2022 y 3976/2022, respectivamente; lo anterior, a fin de que las autoridades responsables tengan conocimiento de la determinación en la que causó ejecutoria la sentencia de siete de enero del presente año.

  2. Principal

    Causa ejecutoria resolución de siete de enero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, se ordena destruir los cuadernillos original y duplicado del incidente de suspensión, en términos de los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del referido ordenamiento legal, en virtud de que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 02 DE MARZO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: Causa ejecutoria resolución de siete de enero de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, se ordena destruir los cuadernillos original y duplicado del incidente de suspensión, en términos de los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del referido ordenamiento legal, en virtud de que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. V. Se ordena generación de versión pública de sentencia. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  4. Principal

    V I S T O el juicio de amparo 909/2021-IV promovido por ********************, contra actos de la Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y del Verificador adscrito a ésta, que consideró violatorios de los derechos fundamentales previstos los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ********************, presentó demanda de amparo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal; se admitió a trámite el siete de diciembre siguiente, previo cumplimiento a los requerimientos formulados en autos y se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio intervención al agente del ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior es así, debido a que los actos reclamados se ejecutaron en esta ciudad de León, Guanajuato, territorio dentro del que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se procede a analizar el escrito de demanda, así como las constancias que integran los autos, para determinar que el solicitante de la protección constitucional reclama de las autoridades señaladas como responsables, Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y del Verificador adscrito a ésta, lo siguiente: La orden de verificación de vehículo de procedencia extranjera contenida en el oficio ********************, así como su ejecución en data veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la que se aseguró y embargó el vehículo marca ********************, modelo ********************, tipo ********************, línea ********************, color ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Guerrero de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Subdirección General de Verificación al Comercio Exterior del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato y Verificador adscrito a ésta, por conducto del director de lo Contencioso del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, aceptaron la existencia de los actos reclamados al rendir su informe de ley. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el expediente ********************, que anexaron a su informe de ley y que obran en autos. Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, las cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En atención a la plena eficacia de la documental exhibida por las autoridades responsables, está demostrada fehacientemente la existencia de los actos combatidos, según la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Actualización de causal de improcedencia. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes, o incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme a la jurisprudencia VI.2o. J/323, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad, que se encuentra inmersa en el artículo 61, fracción XII, en relación con la numeral 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en concordancia con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Numerales que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (...)". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". De tales preceptos se deduce que el juicio de amparo procede únicamente en contra de actos que afecten la esfera jurídica del quejoso, ya sea por una transgresión directa a un derecho subjetivo (interés jurídico), o porque se produce una situación especial frente al orden jurídico que de manera indirecta ocasiona un menoscabo individual o colectivo (interés legítimo). En esa lógica, es importante hacer énfasis en que no todo interés es objeto de tutela constitucional, como el interés denominado simple que puede tener cualquier persona con motivo de una acción u omisión del Estado, que en caso de ser reparado no le produciría algún beneficio personal. Por ende, el peticionario de amparo debe de demostrar plenamente y no a través de presunciones, que efectivamente es titular de un derecho reconocido por el orden jurídico, o bien, que el acto reclamado le depara un perjuicio a su esfera jurídica en la medida en que lo coloca en una situación especial. El interés jurídico consiste en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, se debe acreditar: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Cobra aplicación la jurisprudencia 51/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2019456, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". A través de la presente instancia constitucional, se reclama una orden de verificación que dio como resultado el embargo precautorio de un vehículo que, a decir del quejoso, es de su propiedad. De modo que se trata de una afectación de índole patrimonial; razón por la cual, el estudio de la causa de improcedencia invocada se abordará desde la perspectiva del interés jurídico, que estatuye que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien es titular de un derecho, siempre que éste sea afectado con motivo de un acto de autoridad. Ante ello se genera la carga a la parte quejosa de acreditar la titularidad del derecho subjetivo que estima violentado con el acto de autoridad y por cuya afectación solicita la protección federal, so pena de no estimar satisfecho su interés jurídico. Con ello se elimina el análisis del interés legítimo, porque el impetrante no mencionó alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población. Hechos del caso. Como se anticipó, el quejoso se duele de la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera, dirigida al propietario, poseedor y/o tenedor del automotor de procedencia extranjera marca ********************, modelo ********************, tipo ********************, línea ********************, color ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Guerrero de los Estados Unidos Mexicanos y su ejecución. Como se puede observar, se revela que la orden jamás fue dirigida al quejoso, en tanto que se emitió de una forma indeterminada. De modo que, al señalarse genéricamente como destinatario, su existencia per se, no es suficiente para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso, dada la indeterminación del sujeto al cual se dirige. Al respecto, se cita la tesis I.7o.A.121 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de registro digita 190539, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, enero de 2001, página 1761, Novena Época, que dice: "ORDEN DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON DESTINATARIO INDETERMINADO. POR SÍ SOLA, NO PRUEBA AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO. La orden de verificación de la legal estancia o tenencia de vehículos de procedencia extranjera librada por una autoridad fiscal o aduanera, en la cual se señale genéricamente como destinatario al propietario, conductor y/o tenedor de un automotor, no basta por sí sola para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso, dada la indeterminación del sujeto al cual se dirige. Por tanto, para colmar este requisito de procedencia de la acción de amparo contra esa determinación, es preciso probar su ejecución sobre el promovente del juicio". Ahora, el quejoso afirmó que la ejecución de la orden de verificación se ejecutó en el vehículo de procedencia extranjera de su propiedad. Siendo así, era necesario que demostrara la legal estancia en el país del vehículo mediante los documentos respectivos; es decir, para que la propiedad o posesión de un automotor de procedencia extranjera pueda protegerse en el país a través del amparo, se requiere que se acredite el derecho a que el citado bien se encuentre en el país, esto es, que la estancia del vehículo se encuentre amparada por un permiso de internación provisional, de importación provisional o definitiva, ya que esto va a justificar que el derecho de estancia del bien pueda protegerse, ya que de no probarse lo aludido, es evidente una tenencia ilegal en el país del automotor, que de ninguna manera puede ser susceptible de protección, en tanto esto sería contrario al régimen de derecho. Por consiguiente, para demostrar en este caso el interés jurídico, no basta justificar que se tienen derechos de propiedad o posesión sobre un vehículo de procedencia extranjera, sino también debe acreditarse que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país. Sobre tal aspecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 69/2010 de registro digital 164507, que dice: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN AMPARO, ADEMÁS DE LA PRUEBA DE POSESIÓN O PROPIEDAD, REQUIERE LA DEMOSTRACIÓN DE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 19/94 DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN). El criterio aplicable para determinar sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados por el promovente del amparo, vinculados con vehículos de procedencia extranjera, es el contenido en la jurisprudencia 2a./J. 19/94, de rubro: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. PARA SU PROCEDENCIA ES NECESARIO DEMOSTRAR LA LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.", que establece que para acreditar la procedencia de la medida suspensional, en términos del artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, no basta justificar que se tiene derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo de procedencia extranjera, sino que también debe acreditarse que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país, para lo cual debe demostrarse la legal estancia del automotor en el territorio nacional, aun cuando sólo se reclamen actos de desposeimiento no relacionados con la materia de importación". Para acreditar su interés jurídico, el quejoso aportó los siguientes medios de convicción: 1. Copia simple de su credencial para votar con fotografía. 2. Documento redactado en idioma extranjero en el que se lee "TEXAS SALVAGE VEHICLE TITLE" (exhibido en original). 3. Original del oficio ********************, de data veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en el que se ordena la verificación de vehículos de procedencia extranjera dirigida al propietario, poseedor y/o tenedor del automotor de procedencia extranjera marca ********************, modelo ********************, tipo ********************, línea ********************, color ********************, placas de circulación ******************** del Estado de Guerrero de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Copia al carbón con firmas autógrafas del acta de verificación de vehículos de procedencia extranjera en tránsito de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno. 5. Original del acta de verificación, embargo y notificación de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera de vehículos de procedencia extranjera de data veintidós de octubre de dos mil veintiuno, así como sus anexos. Esas documentales no son suficientes para demostrar que la ejecución de la orden de verificación le afectó, en tanto que no justifican la legal internación o estancia del vehículo que viene a defender. En efecto, por lo que respecta a las descritas en los puntos 3, 4 y 5, si bien tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse, de documentales públicas, únicamente son idóneas para demostrar la existencia de los actos reclamados, pero de modo alguno acreditan la legal estancia en el país del vehículo respectivo. Así las cosas, las documentales exhibidas por el impetrante están encaminadas a justificar la propiedad que afirma tener respecto del vehículo embargado, la existencia de los actos reclamados, así como la identidad del propio peticionario de garantías, empero no resultan aptas para demostrar la legal internación o estancia del vehículo. Por añadidura, debe decirse que la constancia precisada en el número 2 se encuentra redactada en un idioma distinto del castellano, y no cuenta con la apostilla necesaria, entonces no puede llegarse a la convicción de que su contenido es auténtico. En efecto, de conformidad con el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el quejoso tenía la obligación de acompañar la traducción respectiva; por lo que, al no haberlo hecho, la citada documental carece de eficacia demostrativa. Resultan aplicables a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 329204, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIV, página 203, Quinta Época, que a continuación se transcribe: "DOCUMENTOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los documentos redactados en idioma extranjero, y presentados como prueba en el juicio de amparo, no deben ser tomados en consideración cuando carezcan de la traducción que ordena el artículo 265 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Igualmente, la diversa sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 241180, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Cuarta Parte, página: 89, Séptima Época, que dice: "DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA EXTRANJERO. DEBEN EXHIBIRSE CON LA TRADUCCION RESPECTIVA. La autoridad responsable no puede darle valor probatorio a documentos exhibidos como pruebas que se encuentran redactados en idioma extranjero, si la oferente no cumple procesalmente con los requisitos que señalan los artículos 56, 329 y 330 del Código de Procedimientos Civiles. Para que la autoridad responsable otorgue algún valor probatorio a un documento proveniente de tercero, no objetado por la contraparte y redactado en idioma extranjero, es necesario que previamente la oferente acompañe la traducción respectiva del mismo, para que su contraparte no quede en estado de indefensión; si no es así, la Sala responsable no viola en perjuicio de dicha oferente los artículos 335 y 340 del Código de Procedimientos Civiles, al no concederle valor probatorio alguno al referido instrumento probatorio." Por otro lado, el documento en idioma extranjero carece de las formalidades legales para su validez en el territorio nacional, en tanto que fue expedido en el Estado de Texas, Estados Unidos de América, por lo que al provenir del extranjero, debió exhibirse debidamente legalizado por las autoridades consulares mexicanas, en términos del artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, o bien, acompañar la apostilla que refieren los artículos 3 y 4 de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Cabe destacar que la apostilla, es un requisito necesario para que los documentos expedidos fuera del territorio nacional sean válidos en el exterior; constituyendo así, la forma de legalización de un documento público extranjero para que esa diversa nación, en el caso México, reconozca su eficacia jurídica. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada XV.1o.21 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, que se publicó en el visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, página 431, con registro 200916, del rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento". En consecuencia, la parte quejosa no cumplió con la carga de demostrar, además de que tiene derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo de procedencia extranjera, que esos derechos se encuentran jurídicamente tutelados en el país. Máxime que no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de amparo, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos. Sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989, página 923, que dice: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En tales condiciones, es claro que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XII del numeral 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, ibídem. Sin que pase inadvertido para la suscrita que las autoridades responsables invocan la actualización de una diversa causal de improcedencia a la analizada en párrafos precedentes; sin embargo, al haberse actualizado la advertida de oficio, resulta innecesario emprender su estudio. Además, cabe destacar que si bien algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia fueron integradas durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior; sin embargo, en el caso resultan aplicables, en atención a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que lo estipulado en ellas no se contrapone a la actual legislación de la materia. Finalmente, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, de siguiente rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 909/2021-IV promovido por ********************, contra los actos y autoridades indicados en el considerando segundo, por las razones asentadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.

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