Edith Bautista Aragon
Expediente 1005/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edith Bautista Aragon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco, Guerrero; seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1005/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Edith Bautista Aragón, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad. Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "El oficio No. JD/SP/1002/2017, de 10 de octubre de 2017 (dos mil diecisiete), suscrito por la Subdelegada de Prestaciones Económicas de la Delegación Estatal Guerrero, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales transgredidos. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por proveído de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, misma que quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1005/2017; solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad administrativa que radica en la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. La quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, sin evidencia de una diversa data de notificación; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del veintiséis de octubre al veintiuno de noviembre del año pasado, descontándose los días veintiocho y veintinueve de octubre, así como uno, dos, tres, cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte de noviembre por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el quince de noviembre anterior en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, de un análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama por esta instancia, la negativa contenida en el oficio JD/SP/1002/2017, de diez de octubre de dos mil diecisiete, que recayó a su solicitud de veinte de septiembre anterior, referente a la cancelación del préstamo personal número 20150516212, por la suma de $148,629.12 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 M. N.) que refiere no solicitó y la devolución de las cantidades que por ese motivo le han sido descontadas desde la primera quincena de enero de dos mil dieciséis. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. El Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al rendir informe con justificación en representación de las autoridades responsables, aceptó la existencia del oficio JD/SP/1002/2017, de diez de octubre de dos mil diecisiete, aduciendo que fue suscrito por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero del citado instituto. En ese orden de ideas, al advertirse que lo anterior lleva implícita la manifestación de que el citado oficio no fue suscrito por el Delegado Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de ello se sigue que el acto reclamado a este último debe considerarse inexistente, por no ser el funcionario que lo emitió. Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, es sobreseer el presente juicio de amparo a su respecto. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de que así lo reconoció al rendir informe con justificación a través del funcionario público que la representa, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2, y que se corrobora con el original del oficio JD/SP/1002/2017, de diez de octubre de dos mil diecisiete, que la quejosa allegó a su demanda, la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva en cita. SEXTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, de oficio se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1, fracción I y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se puede señalar que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En tal virtud, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que cumplen con las características antes precisadas, esto es, aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Asimismo, para analizar si los actos reclamados son emitidos por autoridades, también resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De igual manera, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Precisado lo anterior, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la quejosa a la autoridad señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la quejosa la haya señalado como tal, puesto que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto. En tales condiciones, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye la negativa de la autoridad responsable de cancelar el préstamo personal número 20150516212, por la suma de $148,629.12 (ciento cuarenta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos 12/100 M. N.) que refiere la quejosa no solicitó y de devolución de las cantidades que por ese motivo le han sido descontadas desde la primera quincena de enero de dos mil dieciséis, contenida en el oficio JD/SP/1002/2017, de diez de octubre de dos mil diecisiete, en respuesta a su solicitud de veinte de septiembre anterior. Ahora, de los artículos 1, fracción IV, 4, párrafo II, 6, párrafo XXIX, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, se advierte que los préstamos de carácter personal (cuya negativa a cancelar reclama la quejosa) son una prestación de la que gozan los trabajadores que pertenecen al régimen de esa Ley, por lo tanto, si de lo que se duele Edith Bautista Aragón es la respuesta contenida en el oficio JD/SP/1002/2017 que está relacionada con la existencia de descuentos, pues aduce la quejosa no solicitó el crédito 20150516212, se concluye que dicho acto está relacionado con el ejercicio de un derecho que tiene como trabajadora, de ahí que su pretensión es de carácter laboral, pues tal prestación deriva de la relación existente entre el instituto y sus derechohabientes; de ahí que, el acto que aquí reclama no es atribuible a una autoridad y por ende no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, de ahí que la quejosa, tiene que acudir al órgano laboral competente a deducir sus derechos que como derechohabiente tiene. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia PC.VIII. J/4 L (10a.) del Pleno del Octavo Circuito, visible a página 1207, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2014147, que señala: "DESCUENTOS REALIZADOS A LA PENSIÓN CON MOTIVO DE UN CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA CUYA EXISTENCIA SE CUESTIONA. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN AL FOVISSSTE DEBE INTENTARSE EN LA VÍA LABORAL. Cuando se demanda la devolución de cantidades retenidas a la pensión, con motivo de un crédito con garantía hipotecaria cuya existencia se cuestiona, es en este aspecto donde reside la controversia, al constituir el motivo para realizar las deducciones, lo que implica que no se está en presencia de un conflicto entre particulares de naturaleza civil, sino en el ejercicio incorrecto de las facultades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por conducto del FOVISSSTE, al aplicar descuentos derivados de un crédito con garantía hipotecaria. Por tanto, la controversia tampoco se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio contencioso administrativo prevista en el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (abrogada), porque aun cuando el descuento constituye un acto formalmente administrativo, su contenido material es de carácter laboral, ya que no puede desvincularse de su origen que es un crédito con garantía hipotecaria derivado de una prestación eminentemente laboral que nació, precisamente, cuando estaba vigente el vínculo de trabajo, por lo que sólo se otorga a los trabajadores en activo y los descuentos en la pensión proceden únicamente de la existencia de un saldo insoluto. En esas condiciones, la controversia derivada de la devolución de cantidades retenidas a la pensión con motivo de un crédito con garantía hipotecaria debe resolverse en la vía laboral, en virtud de que la existencia del crédito debe comprobarse a la luz de la normatividad que regula su otorgamiento. Asimismo, es aplicable por analogía, la tesis aislada 2a. CXXXIII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE UNA SALA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBE DECIDIRSE EN FAVOR DE ÉSTE, CUANDO UN DERECHOHABIENTE DEMANDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN GLOBAL. De la relación sistemática de los artículos 1o., fracción I, 2o., 3o., fracción X, 5o., fracción III, 16 y 87, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 35 del Reglamento de Prestaciones del mismo, se advierte que los trabajadores a que se refiere el artículo 1o. tienen derecho a una indemnización global derivada de la aportación de cuotas que como trabajadores están obligados a cubrir, de manera que dicha prestación tiene el carácter de laboral, pues si bien no se refiere a la estabilidad en el empleo, sí deriva de la relación existente entre el instituto y sus derechohabientes; por tanto, la competencia para conocer de la demanda en que se reclame el pago de esa indemnización, se surte en favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y no de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, la que, en los términos del artículo 11, fracción VI, de su ley orgánica, es competente para conocer de resoluciones definitivas en materia de pensiones civiles a cargo del erario federal o del referido instituto, hipótesis diversa a la que se ha hecho referencia, de una demanda laboral en contra de este último." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 1005/2017, promovido por Edith Bautista Aragón, en términos de lo expuesto en el cuarto y último considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL.-
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de doce de enero actual, se tuvo por recibido el informe justificado del Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en representación de la Subdelegada de Prestaciones y del Delegado Estatal en Guerrero de dicho Instituto, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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