Edilberto Salmerón Santos
Expediente 159/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edilberto Salmerón Santos
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Mariana Salmerón Santos a favor del directo quejoso Edilberto Salmerón Santos, contra actos del Director Regional del Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 159/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se precisa que de su lectura se observa que el acto destacado lo constituye el traslado del directo quejoso del Centro Regional de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero, a uno diverso, sin intervención judicial; sin que pase desapercibido para este juzgado que la promovente también señala como acto reclamado la desaparición forzada de aquél, pues refiere que el veintiuno de febrero actual se comunicó vía telefónica al aludido centro penitenciario donde fue informada por la persona que la atendió que el quejoso había sido trasladado a otro centro penitenciario pero que desconocía a cual, y si bien entre los artículos constitucionales vulnerados se señala el arábigo 22 de nuestra Carta Magna, tampoco es el caso tener como acto destaco la aplicación de los actos que establece dicho precepto en virtud de que de la propia demanda de amparo se aprecia que la promovente únicamente tiene el temor de que le vayan a ser aplicados al quejoso, por lo que se trata de actos futuros de realización incierta, de ahí que únicamente se tiene como acto reclamado el referido traslado. Ahora bien, tratándose de órdenes de traslado en las que no exista intervención judicial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, se trata de actos que se emiten dentro del procedimiento, de ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Lo anterior, tiene sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, Materias(s): Penal, Común, Registro digital: 2023736, publicada el viernes 05 de noviembre de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra impone: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Por tanto, previo a instaurar el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar el recurso de la controversia judicial, previsto en la Ley de Ejecución Penal, de ahí que el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en Condominio 34, edificio G, departamento 05, fraccionamiento Las Garzas, en esta ciudad; y como su autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Evelia Salmerón Santos, en razón de que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que la acredite como profesional del derecho, quedando a salvo su derecho para hacerlo con posterioridad. De igual forma, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020, 01/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, se tiene como dato de contacto de su parte únicamente para comunicaciones no procesales el número telefónico que proporciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del citado Acuerdo General 21/2020 se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúe con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, debe solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionará el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se le informa que de acuerdo con los artículos 5, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se le invita para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea propios, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se le comunica que el horario de atención es de lunes a viernes en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, hasta en tanto se encuentre vigente el referido Acuerdo General 1/2022 que reformó en cuanto a su vigencia el diverso 21/2020. Del mismo modo, que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general 21/2020, para la consulta del expediente de manera física previamente deberá generar una cita, para lo cual habrá de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema le proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES.
- Principal
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