Edith Alonso Cárdenas
Expediente 372/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 372/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edith Alonso Cárdenas
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que al día de hoy ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación a lo informado por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director Médico del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 9, con residencia en Apatzingán, Michoacán, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y se entiende que el treinta de junio del presente año, se le realizó a la quejosa la intervención quirúrgica que requería, tal y como estaba programada. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la presentación de la demanda de amparo tuvo lugar vía electrónica el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por la Secretaria de guardia, en la que se reclamó: LA FALTA DE ATENCIÓN MEDICA DE LA CLÍNICA 09 DEL IMSS, AL NEGARLE A MI HIJA EDITH ALONSO CÁRDENAS, REALIZAR UNA CIRUGÍA POR FALTA DE MATERIAL, QUE REQUIERE PARA SU CORRECTA RECUPERACIÓN. Asimismo de las constancias de autos se advierte que la Delegada de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director Médico del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 9, con residencia en Apatzingán, Michoacán, mediante escrito recibido en la Oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional el catorce de octubre de dos mil veintiuno, informó que se dio cumplimiento a la suspensión de plano, dado que la quejosa Edith Alonso Cárdenas, fue admitida para realizarle la cirugía de cubito y radio izquierdo, practicándose de manera exitosa la cirugía el treinta de junio del año en curso, asimismo, el Dr. Sergio Magaña Maya, Director del Hospital Regional de Subzona con Medicina Familiar No. 9, informó que la paciente se encontró estable posterior a su intervención, acreditando lo anterior con las documentales que remite la responsable, consistentes en: Autorización, solicitud y registro de intervención quirugica, carta de consentimiento, así como la hoja de cuidados de paciente quirúrgico, ambas con fecha treinta de junio dos mil veintiuno. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno por tratarse de instrumentos públicos, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en virtud de que el oficio y anexo fueron remitidos la responsable a través de correo electrónico institucional y su recepción en el mismo fue certificada por la Secretaria de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso del correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales; además, su base legal se encuentra en la aplicación por interpretación extensiva, del concepto "medios magnéticos", que se estima incluye a los electrónicos, a través del cual las autoridades pueden remitir información, al tenor del párrafo inicial del artículo 117 de la Ley de Amparo; precepto que se aplica por interpretación analógica al presente caso. Cobra aplicación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Bajo las relatadas condiciones se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el precepto 113 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías de que se trata, por lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo señala que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesados los efectos del acto reclamado." El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, pues Edith Alonso Cárdenas promovió demanda de garantías en concreto contra la negativa de la Clínica número 09 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Apatzingán, Michoacán, de realizarle "una cirugía por falta de material que requiere para su correcta recuperación" y como a la fecha ya se le realizó la intervención en cuestión el treinta de junio del presente año. En esas condiciones, debe estimarse que con la práctica de la cirugía de cubito y radio izquierdo a la aquí quejosa, se destruyeron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, de conformidad con el precepto 113 de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LO PROCEDENTE ES DESECHAR EL PRESENTE JUICIO, por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio registrado con el consecutivo 15986 y signado por la Delegada de las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director Médico del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 9, con residencia en Apatzingán, Michoacán; en atención a su contenido, téngase a la responsable dando cumplimiento a los solicitado por este órgano Jurisdiccional el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 17651 y al efecto remite las siguientes constancias: Autorización, solicitud y registro de intervención quirugica, carta de consentimiento, así como la hoja de cuidados de paciente quirúrgico, ambas con fecha treinta de junio dos mil veintiuno. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable, entre otras cosas, refiere que el día treinta de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la cirugía programada a la quejosa, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de tres días, contado a partir de que sea notificada, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibido que no hacerlo se entenderá que se encuentra conforme con la intervención quirúrgica a la cual fue intervenida, el treinta de junio de dos mil veintiuno, tal como estaba programada y este juzgado acordara lo conducente en relación al escrito inicial de demanda. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio registrado con el consecutivo 15987 y signado por la Apoderada Jurídica del Órgano de Operación Administrativo Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Director Médico del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 9, con residencia en Apatzingán, Michoacán (en su denominación correcta); sin que sea el caso acordar lo que conforme a derecho corresponda en relación al contenido del mismo, toda vez que, como se advierte del juicio de amparo en que se actúa, lo que en esencia informa la responsable de mérito, fue atendida mediante proveído de siete de julio del año en curso. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable en el presente asunto no ha remitido constancias en apoyo a su informe de ley relativo a la suspensión de plano concedida; es decir, del informe rendido, se desprende lo siguiente: / Atento a lo anterior, se le requiere para que dentro del término de veinticuatro horas al en que sea notificado de este proveído, remita a este órgano jurisdiccional, en copias certificadas las constancias con las cuales acredite su dicho, es decir, documentales con las cuales sustente que a la quejosa directa Edith Alonso Cárdenas, se le realizó la cirugía por fractura de cubito y radio izquierdo el día treinta de junio del año en curso, a las 08:20 am; toda vez que las mismas resultan necesarias para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda, apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Maestro en Amparo JOSÉ RAMÓN ROCHA GONZÁLEZ, quien actúa con la licenciada María Teresa Aguilar Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe, quien, además, certifica que este auto se autorizó a distancia vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la FIREL del personal actuante, empero, en caso de que haya contratiempos en el sistema digital, se rubricará físicamente en la primera oportunidad, en términos de los artículos 1 y 14 fracciones VIII y XI, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia derivada del virus COVID-19; con la modificación del primero de esos preceptos por el Acuerdo General 9/2021, del mismo Órgano. Doy fe. MA*JRRG/L´MTAR/L´LMCS
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