Edgardo Rafael Avila Galindo

Expediente 502/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
502/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Edgardo Rafael Avila Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y como no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintidós; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "Las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias y a través de los profesionistas especializados de esa institución de salud, por médicos especialistas en neurología o cirujano neurólogo, deberán , después de estudiarlo y atenderlo, de emitir un diagnóstico médico claro, preciso y actualizado del estado de salud del quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo en el que fundada y motivadamente deberán determinar el tratamiento médico a seguir por el médico especialista y considerar cuál es el mejor tratamiento a proporcionar para reestablecer la salud del quejoso; además, deberán determinar en forma definitiva si la condición del quejoso tiene solución quirúrgica y de ser positiva la respuesta se la ofrezca para que éste determine si la acepta; en caso de que se considere que no es viable la solución quirúrgica tendrá que fundar y motivar en forma específica su determinación y determinar, en su defecto, cuál es el mejor tratamiento disponible para el quejoso. " Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. - - - En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de supuesto y su consignación. - - - Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" En tales condiciones, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días contado a partir del momento al en que reciban el oficio respectivo, cumplan con dicha ejecutoria, remitiendo a este Juzgado Federal copia debidamente certificada de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas las responsables que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se procederá en términos del artículo citado con anterioridad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponde los oficios signados por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital Regional de esta ciudad; mediante los cuales, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de agosto del año en curso, rinden su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos. Así mismo de los oficios de cuenta; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe justificado conjuntamente de las autoridades responsables a través de los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital Regional de esta ciudad. Con los informes de referencia, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacerlo en la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 9o. de la ley de la materia, se reconoce como sus delegados a los profesionistas que indican en su informe, sin que sea el acaso admitir como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio de cuenta; lo anterior, en razón a que el mismo se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito. Sin que pase desapercibido por este órgano jurisdiccional, que los oficios de cuenta registrados con los consecutivos 13588 y 13589 se encuentran dirigidos al expediente 505/2022, sin embargo, de habiéndose realizado una minuciosa revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que Edgardo Rafael Ávila Galindo, es quejoso en los autos del juicio de amparo en que se actúa. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio sin número registrado con el consecutivo 13598 y signado por los apoderados jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado por sí y en cuanto a superior jerárquico del Director del Hospital Regional de esta ciudad, téngase a las autoridades responsables realizando la aclaración respecto de los informes rendidos, indicando que por error involuntario se asentó en el proemio de los mismos el número de amparo 505/2022, siendo el correcto el 502/2022 en que se actúa. Ahora bien, es necesario precisar que los oficios de cuenta fueron remitidos por correo electrónico y su recepción en el correo oficial de este juzgado fue certificado por la Secretaria de este juzgado, por ende, tiene la misma calidad que si se hubiera recibido en físico, en razón de que, a criterio del suscrito, la información proporcionada por medio del correo electrónico, forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos, que es comúnmente utilizado en la actualidad para transmisión de documentos; estimándose apto para ese fin el uso correo electrónico entre autoridades, al contar con cuentas oficiales, acorde a la respuesta a la pregunta 20, de diversos órganos jurisdiccionales, contenida en la SECNO12/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que es como sigue "20. Los artículos 23 y 24 del AG 13/2020 prevén que, además de los asuntos urgentes en materia penal, se practicarán ciertas actuaciones de trámite y deberán continuarse atendiendo ciertos asuntos que son prioritarios, aunque no urgentes. En seguimiento a estos asuntos durante los periodos en que el órgano no esté de "guardia alta", ¿las autoridades pueden desahogar requerimientos físicamente? Sí, pero ello sólo en caso de que no exista otra opción, pues debe exhortarse a las autoridades a que lo hagan por medios electrónicos, incluido el correo institucional. En caso de que se pretenda desahogar físicamente, puede acudir la secretaria o secretario designado para tales efectos durante la guardia baja, dando el aviso respectivo a la administración del inmueble y explicando las razones por las que no se pudo observar la anticipación de 48 horas. El horario sería el de atención de 9:00 am a 3:00 pm, aunque, al tratarse de asuntos no urgentes, debe procurarse que preferentemente la recepción coincida con los días que el juzgado tiene habilitado para acudir físicamente." Finalmente, agréguese a los autos el escrito registrado con el consecutivo 13621 y signado por Wendy Yadira Huitrón Mendoza, autorizada del quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo; mediante el cual, refiere lo siguiente: "Por medio del presente ocurso vengo a manifestar a este H. Juzgado que, me informa la madre del quejoso que el día 20 veinte de agosto del 2022, le indicaron que debían de realizarle al quejoso otra tomografía pero la tenía que pagar con su dinero, no obstante, que el día viernes 19 diecinueve de agosto, le fue concedida la suspensión de oficio y plano al quejoso, misma que les fue notificada a las autoridades responsables ese mismo día. Por otro lado, es importante mencionar que el día sábado 20 veinte de agosto, aproximadamente a las 6 seis de la tarde, trasladaron al quejoso al Hospital Civil con sede en Morelia, Michoacán, y la autoridad responsable nuevamente le informó a la madre del quejoso que tiene que realizarle otra tomografía, sin embargo, esta ya no cuenta con recursos económicos para solventar ese estudio, ni para solventar los medicamentos que le siguen pidiendo." Ahora bien, en auto de data diecinueve de agosto del año en curso, se concedió al quejoso directo la suspensión de oficio en relación a la atención médica que necesita, determinándose entre otros, los siguientes puntos: Que se le proporcione la atención médica adecuada a su padecimiento. b) Si el quejoso directo requiere que se le practique algún estudio médico, que se le suministre algún medicamento o de algún procedimiento quirúrgico, el hospital donde se le está tratando, de manera inmediata deberá proporcionárselo, y en caso de no contar con los medios necesarios dado el nivel de atención médica en el que se encuentra el hospital responsable, las autoridades responsables deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, tomando en consideración que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. De lo anterior, se desprende que las autoridades responsables se encuentran obligadas a proporcionar de manera inmediata la atención médica adecuada al padecimiento del quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo, ya sea que necesite de algún estudio médico, que se le suministre algún medicamento o de algún procedimiento quirúrgico, en el hospital donde se le esté tratando. Bajo ese contexto, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas cumpla a cabalidad con lo ordenado en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el que se concedió la suspensión de plano; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Además, haciéndole de su conocimiento que la desobediencia del auto de suspensión de plano se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Lo anterior, para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE; Y REMITANSE LOS OFICIOS RESPECTIVOS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Téngase a Dolores Galindo, en favor de Edgardo Rafael Ávila Galindo, promoviendo demanda de amparo contra los actos reclamados y autoridades que a continuación se precisan: Director del Hospital Regional de Uruapan, con residencia en esta ciudad. Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla). Autoridades, de cuales reclama: "ACTO RECLAMADO: *** DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, por lo que ve a la autoridad responsable: Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán (Alfredo Ramírez Bedolla) Se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5 fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. .". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" El anterior artículo 5, precisa que tendrán carácter de autoridad responsable aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; es decir, es autoridad para los efectos del juicio de amparo, quien que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, y en el caso, el acto que le atribuye a el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, no le es propio, ya que entre su funciones como Gobernador del Estado, no se encuentra la de brindar de forma directa la atención médica, ni tampoco la de abastecer directa ni indirectamente de medicamentos, si no que este le compete organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general, coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud, aun y cuando sea una autoridad sanitaria conforme a lo instituido en el artículo 4º, fracción III, de la Ley General de Salud, del texto del artículo 5º de la Ley en comento se advierte que el Sistema Nacional de Salud, está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública federal y local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. Se invoca como precedente, cuyo criterio jurídico se comparte, la resolución que sobre el tema pronunció el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el recurso de revisión administrativa 99/2021. Por tanto con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, facción II de la Ley de Amparo, SE DESECHA PARCIALMENTE por notoria improcedencia la demanda de amparo, promovida por Dolores Galindo, en favor de Edgardo Rafael Ávila Galindo, frente al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, así como el acto que le atribuye. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 502/2022. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo presentada por Dolores Galindo, en favor de Edgardo Rafael Ávila Galindo, contra actos que atribuye al Director del Hospital Regional de Uruapan, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II, VII, XII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la referida demanda de amparo. SUSPENSIÓN DE OFICIO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Tomando en consideración que la promovente reclama la falta estudios clínicos, de intervención quirúrgica, falta de medicamentos e insumos médicos y falta de médicos especialistas para tratar a su hijo, quien sufrió un accidente que atenta fuertemente contra la vida del quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo. Determinado lo anterior, se tiene que los citados actos no constituyen actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tampoco están previstos en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Sin embargo, como bien lo invoca la ocursante, el derecho a la salud es fundamental para todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. Además de que el artículo 126 de la Ley de Amparo refiere que procede la suspensión de oficio y de plano cuando, entre otros actos, importen peligro de privación de la vida de una persona, y en el caso, nos encontramos como lo refiere la promovente, que el quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo en consecuencia al accidente sufrido en data diecisiete de agosto del año en curso, se encuentra en un estado delicado de salud. Por tanto, ello obliga al Juez de amparo a que aborde la cuestión con plenitud y analice las implicaciones pronta y frontalmente, para exigir a las autoridades responsables las acciones médicas correspondientes relativas al estado de salud de la solicitante del amparo. Sobre este tema, la Primera Sala de Justicia de la Nación, emitió la tesis 1ª.LXV/2008, visible en la página 457 del Tomo XXVIII, Julio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. ****** "Artículo 4º. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Artículo 2: Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." "Artículo 12: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental." Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. "Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad." De lo anterior, permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarias para que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, porque ese derecho no se limita a la salud física; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado de salud mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental. Bajo ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, primer párrafo, 126 y 147 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CON EFECTOS RESTITUTORIOS, para los siguientes efectos: Que se le proporcione la atención médica adecuada a su padecimiento. b) Si el quejoso directo requiere que se le practique algún estudio médico, que se le suministre algún medicamento o de algún procedimiento quirúrgico, el hospital donde se le está tratando, de manera inmediata deberá proporcionárselo, y en caso de no contar con los medios necesarios dado el nivel de atención médica en el que se encuentra el hospital responsable, las autoridades responsables deberán gestionar las medidas administrativas necesarias para lograr tal objetivo, tomando en consideración que de ser necesario deben recurrir de manera coordinada con otras autoridades que puedan auxiliar a su cometido. En caso de que requiera ser tratado en otro hospital de especialidades, incluso en otra ciudad, deberá hacer las gestiones administrativas necesarias y ofrecer el servicio de traslado para que pueda determinar si admite el tratamiento en otra ciudad. d) En caso de que no sea posible que la responsable preste el servicio médico necesario, lo deberá informar a este juzgado, fundando y motivando su respuesta; y en ese caso, informe a este juzgado si existe otra institución pública que proporcione ese servicio; además, precise si tiene algún sistema o programa que le permita subrogar ese servicio con hospitales particulares o clínicas particulares. Lo anterior, con base en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece que: ".cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Hágase saber la suspensión de oficio a las autoridades responsables, quienes deberán informar a la brevedad posible, dentro de las veinticuatro horas a partir de que sean notificadas, como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Orden que debe obedecer bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: **** II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; *** Ahora, dada la particularidad del asunto, también requiérase a las autoridades responsables: Informen el estado de salud del quejoso directo. Informen el tratamiento médico requerido por el quejoso directo Edgardo Rafael Ávila Galindo. Toda vez que una de las autoridades responsables tiene su sede fuera de esta ciudad, para efectos de notificación urgente del presente acuerdo, se autoriza la remisión del oficio que al efecto resulte del presente acuerdo, a través de correo electrónico institucional con efectos de notificación para la responsable, con independencia del medio empleado, deberán confirmar su recepción; ello, sin perjuicio de ordenar la expedición de oficios por la vía de correo ordinario. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígasele a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negare a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Con fundamento en el artículo 15, párrafo segundo de la Ley de Amparo, resulta innecesario tramitar por separado incidente de suspensión, toda vez que como se advierte de párrafos anteriores, se está concediendo de plano respecto del acto que reclama la parte quejosa. Dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Por otra parte, a afecto de poder velar sobre la protección del quejoso directo a su derecho fundamental de reconocimiento de la personalidad jurídica, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4; requiérase al Hospital General de Uruapan Dr. Pedro Daniel Martínez, para que remita en copia autorizada, los documentos, de ser el caso, con los cuales se encuentra inscrito el quejoso Edgardo Rafael Ávila Galindo, a dicho sistema de salud, a cuyo efecto; lo anterior, toda vez que no aporta documento alguno que lo sustente en su demanda de amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las DIEZ HORAS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEINTIDÓS. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS. Con apoyo en los preceptos 115 y 117, de la ley de la materia, pídase de las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio de notificación correspondiente; asimismo, remita, en su caso, todas y cada una de las constancias en que se basaron para emitir el acto reclamado. En el entendido de que el plazo de cinco días que se otorga para rendir el informe de ley, no transgrede norma alguna de la Ley de Amparo, pues de una interpretación teleológica del mencionado artículo 117, se obtiene que no se constriñe a la autoridad de amparo a agotar los quince días que establece, al desprenderse de su contenido literal que el informe debe ser rendido "dentro" del plazo de quince días, lo que permite colegir, que el multicitado informe puede ser requerido en diverso plazo al establecido, pero sin excederlo, lo que además es acorde al artículo 17 Constitucional, al integrar el juicio de amparo de manera más rápida, cuya naturaleza es sumaria, aunado a las particularidades del acto reclamado. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En el caso de que alguna de las autoridades responsables no exista o tenga denominación diversa a la señalada por la parte quejosa, de modo tal que impida su plena identificación, se le tendrá por inexistente; sin que ello impida que con posterioridad señale la denominación correcta hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, que en este juicio se llegare a celebrar; en el entendido que de no hacerlo, la resolución se emitirá únicamente por las autoridades responsables que hasta ese momento tengan tal carácter, ello, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 108, fracción III, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se les hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos del acto reclamado o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este Órgano Jurisdiccional Federal, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Cuando por la naturaleza de la notificación lo amerite, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio físico para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Wendy Yadira Huitrón Mendoza, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede, no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo téngasele únicamente autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Julio César Magaña Orozco, Karla Fernanda Leal Baez y Lluvia Angélica Alvarado Cabrera, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifique a la autoridad responsable por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. En el caso del agente del Ministerio Público adscrito se le notificará por oficio cuando se trata de amparos contra normas generales, cuando cuenten con firma electrónica se le harán las notificaciones en línea si solicita expresamente el acceso al expediente electrónico y autoriza su notificación en línea; cuando no cuenten con ella, la notificación se realizará, en los demás casos por medio de lista electrónica, aun respecto de las de carácter personal, cuando así lo solicite, con base en el artículo 30, de la Ley de Amparo, al ser parte en el juicio de amparo; así como con apoyo en la SECNO/7/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que a la brevedad posible proporcionen a este órgano jurisdiccional, un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para en caso de ser necesario, se establezca el contacto. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Ahora, tomando en consideración, que el ocho de junio y veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020, el primero, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; mientras que, el segundo, determina lo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, los cuales entraron en vigor a partir del dieciséis de junio y tres de agosto de la citada anualidad. Normativa que permite recibir las audiencias con la presencia de las partes por videoconferencia, particularmente el segundo acuerdo, que en sus artículos 25 y 26 prevé que por regla general se desahoguen las audiencias por videoconferencias. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, específicamente en su artículo 27, fracción III, relativo a la impartición de justicia más expedita, con fundamento en el artículo 28, fracción I, del mencionado Acuerdo General 12/2020, requiérase a las partes, para que dentro del término de quince días, contados a partir de que queden notificados, manifiesten si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional virtualmente a través de la plataforma Cisco Webex, lo anterior a efecto de preparar el evento virtual y compartir a las partes las claves con la debida oportunidad; apercibidas que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo comparecer a la misma por dicha vía y se celebrará la audiencia aún sin su presencia, levantando el acta respectiva. Asimismo, se requiere a las partes, para que al menos tres días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, manifiesten si es su deseo comparecer a la audiencia constitucional de manera presencial en las instalaciones que ocupa este Juzgado, a fin de que el personal de este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de generar el Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona acompañante, ingresen al órgano jurisdiccional, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, se entenderá que no es su deseo comparecer a la misma de manera presencial, en cuyo caso se celebrará aún sin su presencia, levantando el acta respectiva. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOS, ASÍ COMO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Y POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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