Edilberto Gutierrez Memije

Expediente 688/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
688/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Gutierrez Memije

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta a la certificación secretarial de cuenta y al estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, dictado en este sumario. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que DICHO AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido, y en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarta de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE CATORCE DE LOS CORRIENTES, POR ASÍ ESTAR ORDENADO EN LOS AUTOS DEL PRESENTE JUICIO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Precisado lo anterior, debe ponderarse que el artículo 192 de la Ley de Amparo, señala que una vez que la sentencia de amparo indirecto cause ejecutoria, el Juez de Distrito debe notificar tal circunstancia a las partes. En esa notificación requerirá a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo, lo que desahogarán en un plazo de diez días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En esa misma notificación debe requerirse también, en su caso, al superior jerárquico de la autoridad responsable, para MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 WordSISE ??????????????? que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la responsable. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 193, si la ejecutoria no se cumple dentro de los tres días, o bien dentro del terminó ampliado que puede otorgarse cuando la autoridad acredita estar en vías de cumplir o justifica la causa del retraso, entonces se hará efectivo el apercibimiento decretado en el requerimiento, esto es, se impondrán las multas procedentes y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito. Si la autoridad de amparo recibe informe de la responsable de que ya cumplió la ejecutoria, en términos del artículo 196 dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que en el terminó de tres días, tratándose de amparo indirecto, manifiesten lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo. Transcurrido ese plazo, el órgano de amparo debe dictar resolución donde declare si la ejecutoria está cumplida o no lo está. De esa forma, solamente podrá declarar cumplida la ejecutoria, si las acciones de la responsable satisfacen totalmente, sin excesos ni defectos, los alcances y efectos de la protección constitucional otorgada. Así, podrá considerar que la sentencia de amparo no está cumplida en lo absoluto, no lo está correctamente o es imposible su cumplimiento. En esos casos, deberá remitir el asunto al tribunal colegiado de circuito, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perder de vista que el artículo 214 del mismo ordenamiento legal, señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que se haya cumplido la sentencia MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 que concedió la protección constitucional, o no exista materia para la ejecución y, así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada; lo que implica desde luego, agotar las gestiones necesarias para el cumplimiento de una sentencia protectora, a fin de obtener resultados favorables, hasta que se esté en condiciones legales de decidir si verdaderamente existe o no incumplimiento o imposibilidad en su ejecución. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del A quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, y en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Por ende, conforme a ese precepto, los tribunales colegiados tienen la facultad de pronunciarse sobre la imposibilidad jurídica decretada por el resolutor, o determinar si no se llevó a cabo el procedimiento respectivo, en cuyo caso devolverá los autos al juez de distrito. De todo lo anterior se obtiene, que el legislador dispuso un procedimiento para garantizar el cumplimiento de las sentencias de amparo; y es en el incidente de inejecución de sentencia, originado por la declaratoria de imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, conforme al citado numeral 196, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, donde el tribunal examinará la legalidad de esa determinación. En el caso, la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, de esta ciudad, a lo largo de la etapa de ejecución del fallo que nos ocupa, remitió copia certificada de diversas actuaciones del juicio ejecutivo mercantil 374/2015-II, de las MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 WordSISE ??????????????? cuales se advierte que dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada a la demandada -quejosa-, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y los actos de ejecución de sentencia, dentro de los cuales ordenó la cancelación de las escrituras públicas 39,497 (treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y siete), de cinco de julio de dos mil diecisiete de la Notaría número nueve del Distrito Notarial de Tabares y 39,497 de cinco de julio de dos mil diecisiete, protocolizada esta última ante el Juez Mixto de Primera Instancia y Notario por Ministerio de Ley, del Distrito Judicial y Notarial de Allende, con sede en Ayutla de los Libres, Guerrero, así como las anotaciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado. Asimismo, de las actuaciones que dictó para practicar nuevamente la diligencia de emplazamiento a la demandada, aquí quejosa, entre las que destacan los diversos exhortos que envió a su homólogo en la ciudad de Solidaridad, Quintana Roo, sin que se haya logrado realizar el mismo, debido a la imprecisión del domicilio proporcionado para tal efecto. Y por último, del acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, del que se advierte que, el que el juez instructor responsable, previa certificación del secretario de acuerdos, del término transcurrido del día siguiente al en que surtió efectos la última actuación judicial, consideró que había transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 1076, inciso a), del Código de Comercio, sin que hubiere habido promoción por la parte actora tendente a impulsar el procedimiento, decretó de pleno derecho la caducidad de la instancia en el juicio ejecutivo mercantil en cita, tornándose en ineficaces las actuaciones que lo integran, y por ende, que las cosas se volvieron al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Ahora bien, si por imposible se entiende lo que no puede llevarse a cabo, es pertinente distinguir la imposibilidad material MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 de la imposibilidad jurídica, para cumplir la sentencia de amparo. La primera se da cuando físicamente no pueden volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización del acto reclamado; y la segunda se refiere a la irreparabilidad jurídica, la cual se estima actualizada cuando por las circunstancias del caso, resulta imposible o desproporcionadamente gravoso, restituir la situación que imperaba antes de la violación, ya que lo que se persigue con el medio extraordinario de defensa, es obtener un beneficio en favor del peticionario de amparo, esto es, la salvaguarda de sus derechos, y no un perjuicio. En el asunto de que se trata, lo que motivó la concesión del amparo fue la consideración de que la conducta que atribuyó la quejosa a la responsable, es contraria al marco constitucional. Por tal razón, este órgano jurisdiccional determinó que el juez responsable, en forma inmediata realizara las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, no se logró el cumplimiento a dicha ejecutoria debido a la falta de interés de los promoventes a impulsar el trámite dentro juicio natural. En ese entendido, resulta imposible restituir a la quejosa Cleotilde Gómez Rosales, en el pleno goce del derecho violado, pues dicha actuación es excusable ya que obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad responsable obligada, y no derivada de omisiones culposas o dolosas de ésta; por tanto, no deben aplicarse las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional. Consecuentemente, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítase el presente expediente en grado de incidente de inejecución de sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo MARÍA CHAVEZ VALENCIA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.1d 10/08/23 15:03:28 WordSISE ??????????????? Primer Circuito en turno, con sede en Chilpancingo, Guerrero, para que dicho órgano sea quien determine lo procedente a la conclusión alcanzada de la imposibilidad jurídica y material para acatar la sentencia protectora. Apoya lo expuesto, en lo conducente, se comparte la jurisprudencia 4417, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO.- Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Cabe destacar que los autos del expediente en que se actúa, se remitirán al Tribunal de Alzada, una vez que transcurra a las partes, el plazo previsto en el dispositivo legal 202 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente, esto es, que se alleguen las constancias de notificación a las partes del presente auto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Finalmente, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Chilpancingo, por conducto de la oficialía de partes común, para los efectos legales a que haya lugar en el incidente de inejecución de sentencia instado en el sumario en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL ESTABLECE: "Acapulco de Juárez, Guerrero; catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 872/2019; sin que haya lugar a dar vista con el contenido del mismo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. Ahora bien, el acto reclamado por la parte quejosa en el presente asunto, se hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: La inactividad procesal en el expediente 872/2019 toda vez que está omitiendo señalar hora y fecha para el verificativo de la audiencia INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN" En consecuencia, en acato a lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas generadas en el presente asunto, para ello, es importante citar los artículos antes precisados, que disponen: "Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". En tal virtud, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho establezca. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 que es del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,4 cuyo rubro establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Conforme a lo antes transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que como quedó precisado, el promovente del amparo reclama en esta instancia constitucional la omisión de la autoridad responsable en señalar hora y fecha para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación en el expediente laboral 872/2019. Sin embargo, de lo informado por la autoridad responsables y del análisis de las documentales que exhibe, se aprecia que el tres de julio del presente año, emitió en acuerdo en el expediente laboral, en el que señaló las doce horas del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación, mismo que fue notificado a las partes por la Actuaria adscrita el trece de julio del año en curso; por tanto, es evidente que dejó de existir el agravio que le fue causado a dicha parte procesal, toda vez que la omisión de señalar fecha para la audiencia incidental de liquidación, que dio origen a este juicio dejó de causarle perjuicio, en virtud de que la autoridad responsable lo restituyó en el goce del derecho fundamental que estima violado. Lo que se corrobora con las constancias exhibidas por la oficiante, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Ahora bien, la cesación de efectos en comento constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que a la postre conduce a sobreseer en el juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, en virtud que al haber dictado auto en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación, dentro del juicio laboral 872/2019, así como haberlo notificado a las partes, imposibilita el examen constitucional del acto reclamado, precisamente porque éste ya no invade la esfera jurídica 3 Jurisprudencia localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. 4 Jurisprudencia localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la impetrante; de ahí que en tal evento se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas. También sirve de sustento a esta determinación la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida a propósito de la contradicción de tesis número 26/2002-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia ley. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe."

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, Procuradora Federal Estatal de la Defensa del Trabajo, y *****, Procuradora Auxiliar Federal de la Defensa del Trabajo, en su carácter de apoderadas legales de *****, personalidad que acreditan en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, con la carta poder que acompaña, contra actos de la Junta Especial Numero 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. En ese sentido, regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 688/2023-IV y fórmese expediente electrónico, en términos de lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales, que establece que el expediente impreso sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente, y la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba agregarse al expediente impreso. Toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento de la demanda de amparo, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente asunto; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite a trámite. Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, ni tratarse de aquéllos supuestos en los que deba proveerse de manera oficiosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que les surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que, ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que, en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido de que ese informe, deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Por otro lado, en aras de una pronta impartición de justicia, se exhorta a la responsable para que remita su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona servidora pública que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Indíquese a la autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que no rinda su informe justificado , o lo haga sin remitir , en su caso , copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquesele que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados , lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional , y de ser posible , acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; asimismo, se les tiene proporcionando correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Se comunica a las partes que las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia, se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que, tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquellos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren el aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deban llevarse a cabo en el presente juicio. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el expediente en que se actúa, así como la expedición de copias simples o certificadas de las actuaciones que integran este sumario, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Notifíquese; personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe

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