Edilberto Bravo Barragán

Expediente 1040/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 10 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1040/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
10/12/2018

Partes del expediente

  • Edilberto Bravo Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Proceso Penal Acusatorio adscrito al Centro Penal Federal del Estado de Guerrero, actuando como Juez de Control, con sede en esta ciudad y de otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 1040/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente. Ahora bien, de la lectura detallada de la demanda de amparo se advierte que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer de la misma, por las siguientes razones de índole legal. La competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.) XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por la fracción VIII. Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la misma ley establezca". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de "ejecución material", entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde empezó a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En el caso quedan al margen la segunda y la tercera de las hipótesis en cuestión, en tanto que, de acuerdo a lo manifestado por el promovente del amparo, los actos reclamados sólo tienen ejecución en un distrito (regla uno), lo cual excluye el supuesto de que haya comenzado su ejecución en un distrito y la misma continúe en otro (regla dos) y tampoco se trata de actos que carezcan de materialización (regla tres). Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo 37 de la Ley de Amparo, la cual literalmente significa: "poner por obra algo"; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo "material" (como se ve con toda claridad en el último párrafo), esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados. O sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto. Precisado lo anterior, resulta oportuno determinar cuál es el lugar en el que tratan de ejecutarse o se están ejecutando los actos reclamados, en aras de fijar la cuestión de competencia. En ese sentido, se tiene que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Ordenadora: 1).- Juez de Distrito Especializado en el Proceso Penal Acusatorio adscrito al Centro Penal Federal del Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, actuando como Juez de Control. Ejecutoras: 2).- Comisionado General de la Policía Federal, [.]. 3).- Titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Los actos que se reclaman en esta demanda de garantías, se hacen consistir en las siguientes actuaciones ilegales: 1.- Del Juez de Distrito Especializado se reclama la emisión de una orden de aprehensión decretada en mi perjuicio, dentro de la causa ****, por delitos federales, sin conocer contenido, motivos y fundamentos de dicho mandamiento de captura. 2.- De las autoridades policiacas señaladas como responsables, se reclama el inminente cumplimiento que pretende dar a la orden de aprehensión de mérito emitida por la Autoridad Judicial redundando con ello, en la privación de la libertad personal del suscrito." Asimismo, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, se destaca lo siguiente: "Bajo protesta de decir verdad manifiesto que los hechos o abstenciones que me constan y constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación son los siguientes: A) Que el suscrito se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social, número 14 en Gómez Palacio Durango, a disposición del Juez Octavo de Distrito del Estado de Guerrero donde se me instruye la causa penal****. B) Es el caso que con fecha 5 de noviembre de 2018 tuve conocimiento que se llevó a cabo la continuación de audiencia inicial en la causa penal **** en el Centro de justicia Penal Federal del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en contra de *****y otros por delitos federales quienes fueron puestos a disposición al cumplimentar una orden de aprehensión que se libró por el Juez de Control adscrito a ese Centro de Justicia Penal Federal; en dicho mandamiento de captura tuve conocimiento también se libró en contra del suscrito ****, de esto último me entere por el entonces imputado *****. C) Es por ello que tengo el temor de que se ejecute la orden de aprehensión en mi contra, no obstante que no he cometido delito alguno." De lo anterior, se destaca que el promovente se duele de la orden de aprehensión que afirma emitió en su contra el Juez de Distrito Especializado en el Proceso Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en esta ciudad, dentro de la causa penal *****, así como la ejecución de dicho mandato; de ahí que es evidente que si el impetrante se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, es en esa entidad federativa en donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al quedar evidenciado que el acto reclamado tendrá ejecución fuera del límite territorial donde este órgano federal ejerce jurisdicción, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, y declina la competencia a favor del Juez de Distrito en turno en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila; por tanto, se ordena remitir al referido juez el expediente respectivo para que informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Sin que sea el caso proveer respecto la suspensión del acto reclamado, toda vez que no se está en los supuestos que refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, tal como lo exige el diverso numeral 48 del citado ordenamiento legal. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copias de la papeleta de turno, demanda y del presente auto. Como lo solicita la parte quejosa se tiene como domicilio procesal de su parte para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado federal. No obstante lo anterior, tomando en consideración que el peticionario de amparo refiere encontrarse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con sede en Gómez Palacio, Durango, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; por tanto, para no dejarlo en estado de indefensión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el precepto 3 de la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en turno en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, ordene a quien corresponda se constituya en el centro penitenciario antes indicado y notifique este proveído a ****. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr dicha notificación; y hecho que sea lo anterior devuelva la presente comunicación oficial. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, no resulta necesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial respectiva por el medio que se trata. Finalmente, se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala el quejoso para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.

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