Edilberto Cool Suárez

Expediente 379/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
379/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Edilberto Cool Suárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el siete de julio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es conservable, pues se concedió la medida cautelar solicitada por lo que hace a las autoridades responsables residentes en el Estado de Yucatán, acorde con lo dispuesto en el inciso b), del artículo 17 del Acuerdo General relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 379/2023-VI-A, promovido por **** contra los actos que reclama al Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el referido quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclamó del Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México; así como del Presidente Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. SEGUNDO. Improcedencia de la suspensión de oficio en relación a los actos reclamados. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se determinó que no había lugar a decretar la suspensión de plano de los actos combatidos, por los motivos y fundamentos expuestos en dicho proveído. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la que quedó previamente registrada con el número 379/2023-VI-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México: La ilegal autorización a favor de Desarrolladora Hunsal y Trisude, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, del uso de explosivos de gran impacto dentro del tablaje catastral 25999 de la localidad de Hunkanab, Municipio de Hunucmá. De la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán. La autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, por conducto del Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (promoción 5305), sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, respecto de dicha autoridad responsable, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus correspondientes informes justificados (5638 y 5640). Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, respecto del acto reclamado a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, que se hace consistir en la autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo; del contenido de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que fue la administración anterior la que otorgó la licencia de uso de suelo para extraer material pétreo. Empero, la administración actual (cuyas funciones iniciaron el uno de septiembre de dos mil veintiuno), el día catorce de marzo de dos mil veintitrés, suspendió temporalmente la obra, al no contar las empresas encargadas con los permisos municipales vigentes; por lo que inició el procedimiento administrativo JC/01/2023. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos humanos que estimaron violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77 de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido E****, en contra de los actos que reclamó a la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido Edilberto Cool Suárez, en contra de los actos que reclamó a la Presidenta Municipal y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el considerando octavo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Incidental

    R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó de las siguientes autoridades responsables: Secretario de la Defensa Nacional. Ciudad de México. Presidente Municipal de Hunucmá, Yucatán. Director de Desarrollo Urbano del Municipio de Hunucmá, Yucatán. Hunucmá, Yucatán. De las que reclama, esencialmente: ACTO RECLAMADO La ilegal autorización a favor de Desarrolladora Hunsal y Trisude, ambas Sociedad Anónima de Capital Variable, del uso de explosivos de gran impacto dentro del tablaje catastral ********************de la localidad de ********************, Municipio de Hunucmá; así como de la autorización de la licencia de uso de suelo y de funcionamiento para extraer material pétreo. SEGUNDO. Mediante proveído de la misma fecha, esto es, diez de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional se pronunció únicamente respecto a la improcedencia de la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; aclarando que el pronunciamiento respectivo a la admisión o desechamiento de la demanda de que se trata, se realizaría dentro del término de veinticuatro horas legalmente establecido. Una vez transcurrido dicho plazo, por auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de que se trata, se ordenó la apertura del cuaderno único de suspensión; se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, por lo que hace a las autoridades responsables Presidente Municipal, y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con sede en dicha localidad, difiriéndose por la restante. TERCERO. Por auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión definitiva concedida en los presentes autos incidentales, hecha valer por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CUARTO. Por escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, ********************, promovió el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, respecto de las autoridades responsables Presidente Municipal, y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con sede en dicha localidad. QUINTO. Por auto de diez de mayo del presente año, se admitió a trámite el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva efectuada por la parte quejosa; en el mismo proveído se requirió a dichas responsables que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de violación a la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión definitiva, resulta pertinente transcribir la parte de la interlocutoria de diecisiete de marzo del año en curso, que es del tenor siguiente: ".TERCERA. Pronunciamiento sobre la medida suspensoria. Tomando en consideración la naturaleza de los actos reclamados y los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, así como lo comunicado por la autoridad responsable Presidenta Municipal de Hunucmá, Yucatán, en su informe previo, de donde se desprende que las personas morales aquí terceras interesadas no cuentan con permisos municipales vigentes; por lo que procedió a la suspensión temporal de la obra, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para que se mantengan las cosas en el estado que guardan; es decir, que se mantenga vigente la suspensión temporal de la obra, hasta en tanto se modifiquen las condiciones que llevaron a la autoridad municipal a determinar ello. En la inteligencia de que, de existir los elementos necesarios para que la autoridad municipal estime legalmente procedente el levantamiento de la suspensión de la obra, deberá informarlo de inmediato a este Juzgado Federal, remitiendo las constancias que así lo justifiquen. Pues se reitera, la autorización de este tipo de licencias es competencia de la autoridad municipal y no de este Juzgado.". TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión, expuso esencialmente lo siguiente: ".Es el caso que el día 27 de abril del presente año, el suscrito se percató que se continúan realizando labores y el uso de explosivos, pues se siguen escuchando detonaciones que afectan a mi vivienda, a mi salud y a la de mi familia, por lo que es evidente que las autoridades levantaron la suspensión de la obra que se ordenó con motivo del otorgamiento de la suspensión definitiva, sin que a la fecha obre informe alguno justificando dicho acto, resultando un acto válidamente violatorio de la suspensión otorgada al suscrito.". CUARTO. En el informe en relación a los hechos, el Presidente Municipal, y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con sede en dicha localidad, manifestaron lo siguiente: ".me permito expresar que no he incurrido en violación alguna, pues sigue vigente la suspensión temporal de la obra y no he ordenado ni autorizado que se levante dicha suspensión temporal, de modo que se ha cumplido y se sigue acatando los términos en que se concedió al quejoso la suspensión definitiva. A fin de constatar lo anterior, la Jueza Calificador L.D. Claudia Aurora Loeza Acevedo, se trasladó hasta la citada obra ubicada en la localidad de ********************, donde puso observar que no se están realizando actividades de extracción de material pétreo pues en el lugar no hay personal laborando, más que un velador.". Remitiendo la autoridad responsable, copia simple de las fotografías de la zona para acreditar su dicho. QUINTO. Resulta infundado el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva interpuesto por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término conviene determinar la naturaleza jurídica y el objeto del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, previsto por los artículos 206, 207 y 208 de la Ley de Amparo. De los artículos citados se desprende que el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión concedida, puede ser promovido en contra de las autoridades responsables por cualquiera de las partes en el juicio, o por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, y podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras se falla el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme. Los mencionados requisitos se encuentran colmados, habida cuenta que el incidente fue planteado por el propio quejoso, por lo que resulta incuestionable que se encuentra legitimado para hacer valer el incidente en el que se actúa, en la medida en que, según considera, resiente el perjuicio que le ocasiona el hecho de que no se hubieran acatado cabalmente los efectos de dicha medida suspensional. Asimismo, este incidente fue planteado con la oportunidad legal establecida en el párrafo segundo del artículo 206 de la Ley de Amparo, que previene que podrá interponerse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal, pues en el caso, del expediente principal del que deriva este incidente, se advierte que no se ha pronunciado la resolución definitiva; por tanto, dicho incidente fue interpuesto con la oportunidad legal establecida en el citado numeral 206 de la ley de la materia. Ahora bien, en el caso, tal como quedó establecido, se tiene que en interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban; esto es, que continuara vigente la suspensión temporal del uso de explosivos en el tablaje catastral ********************de la localidad de ********************, Municipio de Hunucmá, hasta en tanto se modificaran las condiciones que llevaron a la autoridad municipal a determinar ello. La parte quejosa interpuso el presente incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva, aduciendo que se continúan realizando labores con uso de explosivos en el predio de mérito. En su informe, las autoridades responsables manifestaron en general, no haber incumplido con la suspensión definitiva decretada por este órgano jurisdiccional, pues no se había realizado pronunciamiento alguno relativo al levantamiento de la suspensión de funcionamiento. Asimismo, refirieron que se llevó a cabo una visita de inspección, en la que se constató que no se están realizando actividades de extracción de material pétreo, pues en el lugar no hay personal laborando, sólo un velador. Bajo esa perspectiva, no existe defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, en tanto que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la misma, pues, como se precisó precedentemente, los efectos de la suspensión decretada eran que se mantuviera la suspensión temporal del funcionamiento y uso de explosivos. En tal virtud, no existen elementos de convicción que demuestren el ánimo o la intención de las responsables para infringir la medida suspensional definitiva concedida a favor del quejoso. Pues tal como quedó establecido, al no haberse modificado las condiciones que llevaron a las autoridades municipales responsables a suspender el uso de explosivos en el predio de mérito, la suspensión temporal decretada sigue vigente. De ahí que no resultan suficientes las manifestaciones vertidas por el promovente de la incidencia en que se actúa, en el sentido de que advirtió que se continúan realizando labores con uso de explosivos en el área. Ello, pues se reitera, el único efecto de la suspensión definitiva otorgada en el presente incidente de suspensión, lo fue que las autoridades responsables, de no existir variación alguna en los motivos por los que determinaron la suspensión temporal de las actividades realizadas por las aquí tercero interesadas, mantuvieran vigente la suspensión temporal de las mismas. Máxime que el objeto de promover incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, consiste en determinar si existió o no dicho exceso, o en su caso, defecto en el cumplimiento, y de considerar que sí lo hubo, el efecto sería obligar a las autoridades responsables a que dejen insubsistente el acto violatorio de la medida cautelar, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia. Aunado a que el quejoso, no exhibió medio de prueba alguno, que acreditara que las responsables incurrieron en defecto en el cumplimiento de la suspensión decretada por este Juzgado Federal, pues éste debe acreditarse plenamente, y en virtud de que las responsables negaron el incumplimiento que se les atribuye, correspondía a la parte quejosa probar su afirmación en el sentido de que las autoridades responsables no acataron la medida cautelar definitiva concedida, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho. En consecuencia, al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se reitera, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en presunciones. Así las cosas, al constar en autos que con la actuación de la autoridad responsable no se vulneró la suspensión definitiva otorgada por este órgano de control constitucional, procede declarar infundado el presente incidente de violación y/o incumplimiento a la suspensión planteado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s) Común, Tesis III.2o.A. J/11 (9a.), en la página 2299, con número de registro 159918, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, del mes de octubre de 1999, página 1362, con número de registro 193164, que dispone: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADA la denuncia de violación a la suspensión de plano y de oficio concedida a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables; por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguense a estos autos incidentales para los efectos legales correspondientes, los oficios rendidos, respectivamente, por el Presidente Municipal, y Director de Desarrollo Urbano, ambos del Ayuntamiento de Hunucmá, Yucatán, con sede en dicha localidad, y anexos que acompañan, mediante los cuales, rinden sus informes sobre el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva. Con apoyo en el artículo 208 de la Ley de Amparo, hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia incidental relativa. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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