Edier Josue Pech Farfan
Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Edier Josue Pech Farfan
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el trece de junio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y la protección de la justicia a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso a) de la fracción lII, del artículo 17 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es CONSERVABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se negó a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ++++++ a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la que quedó registrada bajo el número 606/2023-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en autos de la carpeta administrativa 252/2022, en la que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra de los acuerdos de veintiuno y veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en las que se impuso una multa al aquí quejoso y se declaró injustificada su inasistencia a la audiencia celebrada el veintiuno de marzo último, respectivamente TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Son inoperantes los conceptos de violación aducidos por el quejoso; sin que proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo; motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. Primeramente, cabe señalar que de las constancias certificadas remitidas por la responsable, las cuales constituyen antecedentes del acto reclamado y merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, con base en la solicitud de la Fiscal Coordinadora de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Combate a la Corrupción, convocó a audiencia para tener verificativo el trece de marzo de dos mil veintidós, a las diez horas con treinta minutos, por lo que ordenó notificar a las partes. 2. En proveído de doce de marzo de dos mil veintitrés, la Juez del conocimiento, en atención a la solicitud presentada por el aquí quejoso, en su carácter de defensor particular del imputado Erick Martín Acosta Palma, accedió al diferimiento de la audiencia señalada para el día trece de marzo del año en curso, por lo que fijó como nueva hora y fecha para que tuviera lugar la audiencia relativa, a las diez horas del veintiuno de marzo de dos mil veintitrés; lo que le fue notificado en forma personal al defensor, aquí quejoso, el trece de marzo siguiente. 3. En audiencia de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la Juez responsable hizo constar la inasistencia del quejoso Edier Josué Pech Farfán, defensor particular del imputado Erick Martín Acosta Palma, agregando que al no encontrarse justificada su inasistencia, hizo efectivo el apercibimiento que se le hizo y le impuso una multa de veinte días del valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de dos mil setenta y cuatro pesos, con ochenta centavos, moneda nacional. 4. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, la Juez de Control tuvo por presentado al aquí quejoso, informando la imposibilidad que tuvo para asistir a la audiencia fijada para el veintiuno de marzo del presente año, debido a que acudió a una audiencia en la misma fecha, en la carpeta administrativa 289/2021, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, para lo cual exhibió los documentos respectivos para acreditar su dicho, y señalando que minutos antes de que comenzara la audiencia, hizo del conocimiento de la administradora que no podría acudir porque la audiencia en la carpeta administrativa 289/2021, se había prolongado; por lo que solicitó se le tuviera por justificada su inasistencia y dejara sin efecto la multa que se le impuso. Al respecto, la juez del conocimiento determinó que no era procedente acceder a lo solicitado, en virtud de que el quejoso debió adjuntar el acuerdo respectivo, y las constancias de notificación a la audiencia correspondiente a la carpeta administrativa número 289/2021, a fin de que analizara si su inasistencia se encontraba justificada, ello con una anticipación de veinte minutos, por lo que no se justifica que minutos antes haya hecho saber que no podía comparecer; máxime que fue oportunamente notificado de la celebración de la audiencia. 5. Mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación en contra de los acuerdos de veintiuno y veintidós de marzo del año en curso. 6. En fecha veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, la Juez responsable admitió el recurso de revocación hecho valer por el quejoso y procedió a resolverlo de plano, declarándolo infundado; determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En dicha resolución, la Juez de Control resolvió lo siguiente: "Sentado lo anterior con fundamento en los artículos 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, 105, 109 y 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, SE ESTIMA QUE EL MISMO RESULTA INFUNDADO, por los motivos siguientes: El defensor particular Pech Farfán, en su escrito de fecha 4 de marzo del presente año, precisa en lo toral que la resolución dictada por esta autoridad le causa agravio toda vez que no se le otorgó tiempo suficiente para justificar su inasistencia, no obstante a que en fecha 21 de marzo del 2023, exhibió la constancia donde se puede constatar la razón de su incomparecencia. Asimismo, refiere que en el acuerdo en el cual se le tuvo por no justificada su inasistencia se le refirió que debió adjuntar el acuerdo respectivo y las constancias de notificación a la audiencia correspondiente a la carpeta 289/2021 del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Estado, sin embargo no se le dio la oportunidad de exhibirlos. Así como refiere que le causa agravio que no se le haya otorgado un plazo pertinente a efecto de exhibir las documentales para justificar su inasistencia y que esta juzgadora este en aptitud de determinar si efectivamente se encontraba justificada su inasistencia. Expuesto lo anterior, cabe decirle al citado defensor particular que no le asiste razón en el sentido que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a otorgarle un término razonable para efectos de que exhiba la constancia que justifique su inasistencia, a fin de que esta autoridad pueda estar en aptitud de poder analizar si dicha falta de asistencia se encontraba justificada, pues contrario a esa afirmación, de los autos que integran la carpeta administrativa número 252/2022, se advierte que tuvo el tiempo necesario y razonable para exhibir el o los documentos que justifiquen su falta de asistencia a la audiencia que nos ocupa, verbigracia la notificación a la audiencia de la citada carpeta 289/202, esto se afirma pues obra en autos la constancia de notificación levantada por la notificadora adscrita a este juzgado de control, de la cual se desprende que dicha obligación de comparecer, ante este órgano jurisdiccional, le fue notificada el día 13 de marzo del año 2023 a las 08:35 horas, es decir, 4 días hábiles antes del día fijado para su desahogo, tiempo por demás razonable para justificar su inasistencia, habida cuenta que el apercibimiento hecho efectivo y de la cual hoy se duele el promovente se contiene en el acuerdo de fecha 13 de marzo del año en curso, en el cual se reitera, le fue notificado oportunamente. Por otro lado, es preciso patentizar, que en su escrito de agravios el citado defensor únicamente se limita a señalar que esta autoridad no le dio un término razonable para justificar su inasistencia, empero, no combate las razones por las cuales, mediante acuerdos de fechas 21 y 22 de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento, consistente en imponerle una multa por su inasistencia a la audiencia celebrada el pasado 21 de los corrientes.". Ahora bien, como primer concepto de violación, el quejoso aduce que la determinación impugnada vulnera sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues considera que al declarar infundados los agravios que hizo valer, la juez responsable incurrió en una indebida e incorrecta fundamentación y motivación. Lo anterior, ya que expuso que tuvo el tiempo necesario para exhibir los documentos que justificaran su inasistencia a la audiencia 252/2022; sin embargo, en el acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, mencionó que para justificar su inasistencia era necesario que se adjuntara el acuerdo respectivo y las constancias de notificación a la audiencia en la carpeta administrativa 289/2021, del índice del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Acusatorio y Oral del Estado. Por lo que aun cuando la responsable pretende aparentar que sí cumplió con otorgarle un plazo pertinente para ofrecer la documentación idónea para justificar su inasistencia, lo cierto es que el origen de su inasistencia se debió a un caso fortuito, ya que la audiencia de la diversa carpeta administrativa 289/2021, del índice del Juzgado Segundo de Control, se dilató por causas ajenas a él; de ahí que solicitó se le permitiera ausentarse para informar de su retraso a la administradora de sala de la autoridad responsable e informar de la razón de su retraso. Considerando así, que si bien ello no era suficiente para justificar su inasistencia, perdió de vista que su intención era solicitar un plazo razonable para el inicio de la audiencia, entendiéndose, que la excusa se reserva para los eventos en los que los motivos de inasistencia se exponen antes de la realización de una audiencia y, en ese sentido, persiguen el aplazamiento de la diligencia. Por otro lado, aduce que también se transgreden sus derechos fundamentales, porque la determinación impugnada viola lo dispuesto en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en el artículo 8.2, inciso f), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto al derecho de ofrecer pruebas y otorgarle el tiempo necesario para ello. Por lo que el derecho a probar implica: 1) la oportunidad de ofrecer pruebas; 2) que sean admitidos si cumplen los requisitos legales; 3) que una vez admitidos puedan ser desahogados; 4) que posterior a su desahogo, sean valorados correctamente; y 5) que se motive la decisión. Alegando que aun cuando dichos derechos versan sobre el procedimiento ordinario que se sigue en contra de los imputados, lo cierto es que no existe disposición alguna que limite su aplicación a una cuestión de carácter administrativa. Los argumentos expuestos por el quejoso, como se dijo, devienen inoperantes. Se afirma lo anterior, porque no tienden a combatir las consideraciones en que se basó la Juez responsable al resolver el recurso de revocación, así como tampoco expone causa de pedir dirigida a demostrar la ilegalidad de la resolución combatida, pues se limita a hacer afirmaciones sin sustento jurídico, omitiendo realizar argumentaciones enfocadas a demostrar las violaciones que dice cometió dicha autoridad responsable al momento de emitir la resolución respectiva. En efecto, cabe señalar que los conceptos de violación deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Es decir, deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas. La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida. Por tal motivo, si el quejoso se limitó a realizar meras afirmaciones generales, sin sustento o fundamento, dejando de combatir los argumentos que conllevaron a la responsable a considerar por una parte, que no le asiste la razón, y por otro lado, que no combatió en sus agravios las razones expuestas en los acuerdos de veintiuno y veintidós de marzo del presente año; es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Además, si bien es cierto que nuestro más Alto Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que el quejoso o recurrente se limite a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja), exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. En el caso, el quejoso no combate las consideraciones torales y disposiciones normativas que sirvieron de sustento a la autoridad responsable en la determinación reclamada, como son: - Que no se encontraba obligada a otorgarle un término razonable para que exhibiera la constancia para justificar su inasistencia, a fin de analizar si dicha falta se encontraba justificada, porque de los autos de la carpeta administrativa 252/2022, se advierte que tuvo el tiempo necesario y razonable para exhibirlos, como es la notificación a la audiencia de la carpeta 289/202, ya que obra en autos la constancia de notificación levantada por la notificadora adscrita al juzgado de control, de la cual se desprende que dicha obligación de comparecer ante este órgano jurisdiccional, le fue notificada el trece de marzo de dos mil veintitrés, a las ocho horas con treinta y cinco minutos, es decir, cuatro días hábiles antes del día fijado para su desahogo, tiempo por demás razonable para justificar su inasistencia, habida cuenta que el apercibimiento hecho efectivo, le fue notificado oportunamente. - Que en su escrito de agravios el defensor únicamente se limita a señalar que no se le dio un término razonable para justificar su inasistencia, empero, no combate las razones por las cuales, mediante acuerdos de veintiuno y veintidós de marzo del año en curso, se hizo efectivo el apercibimiento, consistente en imponerle una multa por su inasistencia a la audiencia celebrada el veintiuno de marzo último. De acuerdo con lo anterior, cabe señalar, que aun cuando el accionante expone argumentos que guardan relación con los puntos de la determinación reclamada; sin embargo, en ellos perdió de vista, que de acuerdo con la técnica jurídica que impera en el caso, primeramente era menester que rebatiera cada uno de los razonamientos a través de los cuales la responsable declaró infundados sus agravios; ya que únicamente se concretó a señalar que se encontraba indebidamente fundamentado y motivado, y que debió dársele la oportunidad de acreditar su inasistencia a la audiencia, sin controvertir los razonamientos ampliamente expuestos en la resolución reclamada. De ahí que se califiquen como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por el promovente, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse, pues los mismos son ambiguos y superficiales, pues no realiza razonamiento alguno capaz de ser analizado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así como la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 621, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada." Sin que el caso se vulnere el derecho a la impartición de justicia del promovente, contenido en el artículo 17 constitucional; ya que dicho derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la prosecución de los procedimientos jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2007621, que menciona: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." En tales circunstancias, al no haber suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, este órgano jurisdiccional de amparo debe examinar únicamente los conceptos de inconformidad propuestos por el peticionario y al no apreciarse que éstos sean suficientes para acreditar la inconstitucionalidad de la resolución combatida, es por lo que ésta debe seguir rigiendo en el sentido de lo decidido, con independencia de su legalidad o ilegalidad. En consecuencia, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar al quejoso EDIER JOSUÉ PECH FARFÁN, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a EDIER JOSUÉ PECH FARFÁN, en contra del acto que reclama de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguense a estos autos el escrito firmado por Didier Enrique Chale Pérez, apoderado del quejoso Jorge Albero Magaña Granados, por sí y en representación de su hijo Eduardo Magaña Trujeque, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, las que se tomarán en consideración como alegatos, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se ordena relacionarlos en la audiencia constitucional del presente juicio. Ahora bien, en relación con las pruebas que relaciona en dicho escrito, no se tienen como ofrecidas las mismas, toda vez que no fueron anexadas. Notifíquese y cúmplase.
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