Edgardo Miguel Paz Rojas
Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Edgardo Miguel Paz Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 510/2023, del índice de este juzgado Federal y un tomo de pruebas; asimismo, hace del conocimiento que no acepta la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional en auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, respecto del presente juicio promovido por ********************e ********************, por propio derecho y en su calidad de Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional Cuajinicuilapa, Guerrero, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Acúsese recibo vía electrónica. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, al resolver el conflicto competencial número ********************, derivado del juicio de amparo ********************, del índice de este mismo juzgado, lo cual en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se invoca como hecho notorio, información que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 210-A del propio Código, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito no insiste en declinar competencia, por lo que se avoca al conocimiento del presente asunto y se continúa con la secuela procesal. En tal virtud, se señalan las ONCE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
ESTRADOS... SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL PROVEÍDO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 510/2023, del índice de este juzgado Federal y un tomo de pruebas; asimismo, hace del conocimiento que no acepta la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional en auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, respecto del presente juicio promovido por ********************e ********************, por propio derecho y en su calidad de Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional Cuajinicuilapa, Guerrero, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y otras autoridades, residentes en esta ciudad. Acúsese recibo vía electrónica. Consecuentemente, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, tomando en consideración el criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, al resolver el conflicto competencial número ********************, derivado del juicio de amparo ********************, del índice de este mismo juzgado, lo cual en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se invoca como hecho notorio, información que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 210-A del propio Código, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito no insiste en declinar competencia, por lo que se avoca al conocimiento del presente asunto y se continúa con la secuela procesal. En tal virtud, se señalan las ONCE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo, la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.
- Principal
ESTRADOS... SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, EL PROVEÍDO QUE PRECEDE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 282/2022, (número de orden 532/2023), de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, enviado para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal emplazara a juicio al tercero interesado Carlos Rivera Abarca, por conducto de Zulma Cruz Miranda, quien es la asesora adscrita a la Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con sede en Ometepec, Guerrero y autorizada de dicho tercero interesado en el expediente ********************. Sin que haya lugar a acusar recibo en virtud de que éste se genera de manera automática al momento del envío. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial aludida y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Respecto de las constancias anexas al exhorto de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte tercera interesada, en auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien lo hiciera dentro del término de tres días siguientes al en que le surtiera efectos legales la notificación de dicho proveído, ha fenecido; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal háganse por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción II de la Ley de Amparo. Ahora bien, por ser de análisis preferente, se examina la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, para conocer del presente asunto, pues dicha cuestión es una condición para que tenga validez la sentencia que eventualmente resuelva este juicio constitucional. Ello es así, habida cuenta que de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, elevado a rango constitucional, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia; entendido como tal las condiciones necesarias para que pueda emitirse válidamente una resolución. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia J/40, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo". Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte peticionaria del amparo señala como actos reclamados los siguientes: Precisado lo anterior, de los antecedentes de la demanda se advierte que los aquí quejosos *****, desempeñan el cargo de Presidente y Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Cuajinicuilapa, Guerrero, Atento a lo anterior, se considera que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente incompetente para tramitar y resolver el juicio de amparo a que se refiere el presente expediente, de conformidad con lo previsto por el artículo 37, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, se establece que contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto de la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tengan ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En este contexto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la parte promovente del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere que el acto reclamado lo constituye la multa impuesta consistente en ciento veinte veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de ********************, impuesta por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente número ********************, del índice de la autoridad responsable. En este sentido, la multa impuesta por la Sala responsable, se traduce en un crédito fiscal que se impone con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público, ante la inobservancia o incumplimiento de lo requerido por ese tribunal administrativo. Así, la multa impuesta como medida de apremio que se manda a hacer efectiva a través de la autoridad fiscal y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, la multa se convierte en un crédito fiscal exigible desde que nace y se hace exigible y el particular podrá impugnarla a través de los medios que la ley le concede. En tales condiciones, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste, es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, el cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. Entonces, como ya se adelantó, los peticionarios del amparo en el escrito de demanda, reclaman el acuerdo en el que se le impuso la multa equivalente a la cantidad de ********************, misma que tendrá ejecución en el lugar donde desempeñan el cargo de Presidente y Tesorero Municipal, tal y como bajo protesta de decir verdad lo señala. De modo que es indudable que por la función pública que desempeña, la ejecución del acuerdo en el cual se impuso la multa, se materializará de manera directa en perjuicio de la impetrante del amparo, en ese municipio, lo cual fija la jurisdicción del juez de Distrito a quien corresponde conocer del juicio de amparo correspondiente. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, tomo CXIX, Materia Administrativa, Común, página 3316, con registro digital 318136, del rubro y texto siguiente: "JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO. Si la ejecución del acto reclamado consistente en la imposición de una multa y procedimientos ejecutivos en caso de incumplimiento, debe tener lugar en el domicilio de los quejosos, este fija la jurisdicción del Juez de Distrito a quien corresponde conocer del amparo relativo." Así como en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.T.57 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 1192, con registro digital 163868, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO PARA CONOCER DE LA NEGATIVA DE CONDONACIÓN DE UNA MULTA FISCAL. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE TIENE SU DOMICILIO FISCAL EL CONTRIBUYENTE. Si bien es cierto que la negativa de la autoridad de condonar una multa fiscal no requiere de ejecución material directa, pues ésta se despliega respecto del acto que, de origen, impuso el gravamen, también lo es que al implicar el rechazo de dar curso a una solicitud para que esa afectación preexistente (multa primigenia) se modifique, se traduce en un efecto positivo que condiciona esa ejecución y posibilita la actuación material del ente hacendario, porque de no enterarse la cantidad establecida, el procedimiento administrativo de ejecución continuará hasta lograr su recuperación. En esa virtud, es competente para conocer de dicha determinación administrativa el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se hará efectiva la multa, con fundamento en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, aquel donde tiene su domicilio fiscal el contribuyente." De este modo, esta juzgadora Federal, sostiene que en el presente asunto, aplica la norma general de competencia señalada en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que el juez competente para conocer de la demanda, es el que tiene jurisdicción en el lugar en donde debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución material por parte de una autoridad diversa a la ordenadora, como en el caso acontece. En esta tesitura, se estima que al tener la multa reclamada un efecto positivo, cuya ejecución se materializará en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, cuya jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero; es decir, fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37, de la Ley de Amparo vigente, por lo que, esta juzgadora Federal de es incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Ilustra lo expuesto la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 65 segunda parte, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Sin que sea óbice a lo anterior, que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, haya prevenido el conocimiento del asunto, en virtud que en el territorio que ejerce jurisdicción no tiene ejecución material el acto reclamado, ni es ejecutable, ni pretende ejecutarse, en los términos establecidos en los párrafos que anteceden. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito, que en lo que interesa dice: "Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito. [...] ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXIII al numeral TERCERO y la fracción XXXIV al numeral CUARTO del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue: [...] XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: [.] Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta." Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito. Similar criterio sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, de Juárez, Guerrero, en sesión virtual remota celebrada por medios electrónicos el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el amparo en revisión Administrativa ********************, de su índice. Y, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, al resolver el conflicto competencial ********************, en sesión ordinaria virtual de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, para que lo turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con diez minutos del treinta de agosto de dos mil veintitrés; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese personalmente.
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