Edgardo Miguel Paz Rojas

Expediente 943/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
943/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Edgardo Miguel Paz Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez y éste órgano jurisdiccional, mismo que quedó registrado como conflicto competencial administrativo 44/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 735/2023-V, de su índice y hace del conocimiento que no acepta la competencia que le fue declinada por este órgano jurisdiccional el siete de julio del año en curso, respecto del diverso juicio 943/2023, promovido por Edgardo Miguel Paz Rojas, Abelardo Analco Gatica e Hildeberto Salinas Mariche, por propio derecho. Acúsese recibo vía electrónica. Ahora bien, vistas las razones que expuso el Juzgado homologo para declinar la competencia planteada por esta juzgadora Federal, no se comparten en el sentido de que el acto reclamado en sede constitucional, carece de ejecución material, ya que contrario a lo que se afirma éste si tiene un efecto positivo que conlleva la ejecución material, la se llevará a cabo en el territorio en el que ejerce jurisdicción; por lo que, se insiste en que este Juzgado de Distrito que carece de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo en que se actúa, en atención a las consideraciones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del numeral inserto, pueden advertirse tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de Distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se hayan realizado, se vayan a realizar, o continúen ejecutándose, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado materialmente, vayan a ejecutarse y se continúe con la ejecución, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. De los preceptos transcritos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo que en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo y, posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución del acto reclamado debe llevarse a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que se generen, pues su estudio se efectúa a partir de lo que de manera directa e inmediata se le vincula. En efecto, de conformidad con lo establecido en el citado precepto legal, para conocer de la demanda será competente el Juez de Distrito: a) Que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El del lugar en que se presente la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). c) Que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en sus jurisdicciones (párrafo segundo). Así, para establecer la competencia es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas hipótesis, cuál de los criterios contenidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver este tema competencial. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que los promoventes del amparo, bajo protesta de decir verdad, refieren en el escrito de demanda de amparo que el acto reclamado es: En este sentido, se reitera que la multa impuesta por la autoridad responsable, se traduce en un crédito fiscal que se impone con motivo del ejercicio de las funciones de derecho público, ante la inobservancia o incumplimiento de lo requerido por ese órgano. Así, dicha multa se manda a hacer efectiva a través de la autoridad fiscal y ésta, iniciará el procedimiento económico coactivo; por tanto, la multa se convierte en un crédito fiscal exigible desde que nace y se hace exigible y el particular podrá impugnarla a través de los medios que la ley le concede. En tales condiciones, el procedimiento para efectuar el cobro de la multa es de naturaleza ejecutiva y se integra con una serie de actos administrativos que buscan hacer efectivo un derecho a favor del fisco, cuya existencia esté demostrada en un documento auténtico o título ejecutivo, por lo que éste, es indispensable para que se intente la vía en cuestión; dicho título se encuentra constituido necesariamente por una resolución de la autoridad fiscal. En consecuencia, la resolución que constituya el título que trae aparejada ejecución, se integra por el acto de la autoridad exactora que da certeza o define una situación legal o administrativa, esto es, la que determina la existencia de un crédito fiscal y da inicio al procedimiento administrativo de ejecución, el cual se configura a través del requerimiento de pago que debe notificarse al contribuyente, como requisito formal previo al referido procedimiento; pero no se constriñe a la que da nacimiento al crédito fiscal, representada por la resolución en que se impuso la multa por cantidad determinada. De suerte que, con lo anterior como se ha venido diciendo, queda de manifiesto de manera categórica, que la parte quejosa impugna actos que tendrán ejecución material en ********************, a razón de que la naturaleza del acto reclamado conlleva una ejecución material. No pasa inadvertido para esta juzgadora Federal que se hayan señalado como autoridades ejecutoras a varias dependencias de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, todas con residencia en esta ciudad, sin embargo, en nada incide esa circunstancia, ya que a éstas no les corresponde ir a ejecutar hasta aquél lugar la multa impuesta, pues es un hecho notorio que dicha Secretaría tiene delegaciones en todo el territorio del Estado de Guerrero, por lo que será uno de esos delegados quien deberá llevar a cabo la ejecución de la multa reclamada precisamente en ********************. De ahí que se arribe a la firme convicción que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio citado, ya que a los quejosos les fue impuesta una multa en su carácter de personas físicas, y que, al tener el cargo de Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública y Tesorero Municipal de dicho municipio, es evidente que en aquélla localidad se llevará a cabo el requerimiento de pago del crédito fiscal, a través de cualquier autoridad administrativa que llegue a figurar como exactora encargada de su recaudación; y, en su caso, el embargo de bienes (ejecución forzosa administrativa). Es aplicable sobre el particular, la tesis XXI.2o.C.T.6 L (10a.), que se puede consultar en la página dos mil setecientos setenta y uno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. Materia(s) Laboral, Registro digital 2013930, que dice: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA HACER CUMPLIR EL LAUDO. DEBE IMPONERSE AL SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE PERSONA FÍSICA Y NO A LA ENTIDAD PÚBLICA QUE REPRESENTE (LEGISLACIÓN BUROCRÁTICA DEL ESTADO." En este sentido, dado que las consecuencias jurídicas del acto reclamado traen aparejadas ejecución material en ********************; es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito, esta juzgadora de amparo, es incompetente para conocer del presente juicio de garantías. Se insiste que este criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, de Juárez, Guerrero, en sesión virtual remota celebrada por medios electrónicos el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, al resolver el Amparo en Revisión Administrativa ********************, de su índice. Máxime que sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" La norma constitucional transcrita establece que la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, es a favor de quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo. Esta norma pretende facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional, pues con la reforma constitucional y a la Ley de Amparo vigente, se prescindió de atender al lugar de residencia de las autoridades responsables como criterio para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, en aras de la justicia pronta y expedita que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas, que, en su caos aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, lo que culmina con la resolución que se dicte conforme a derecho. De ahí que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, el juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se está ejecutando el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, para que resuelva el conflicto competencial entre este Órgano de Control Constitucional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en acatamiento al criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 284, tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 198233, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DIPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Resulta inaplicable el artículo 52, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, para determinar la competencia de los Tribunales Colegiados para conocer y resolver conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito de distintas jurisdicción, y que atento al principio de que la regla especial impera sobre la general, debe prevalecer lo ordenado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su numeral 37, fracción VI." Sin que haya lugar a ordenar que se forme cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal, toda vez que mediante auto de siete de julio de dos mil veintitrés, se proveyó respecto al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión del expediente al juzgado Federal que se estimó competente para conocer del asunto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, remite copia certificada de diversas constancias. En tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, por conducto de su Magistrado Presidente ********************, para que dentro del término de diez días hábiles al en que reciba la notificación del presente auto, remita copia certificada de las constancias de notificación del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés; así como los oficio que derivaron del mismo; lo anterior dentro de los autos del expediente ********************derivado del diverso********************; debiendo remitir copia certificada de las constancias correspondientes, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello y estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda. Se le apercibe que de no cumplir con el requerimiento en el plazo concedido o bien no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo. Es de precisarse, que el término concedido para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de los derechos humanos que se consideran vulnerados. Notifíquese.

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