Edgardo Gutierrez Hernandez
Expediente 701/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edgardo Gutierrez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 686, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al que adjunta los autos originales del juicio número 701/2017, promovido por ***, contra actos del Juez Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad; así como copia certificada del testimonio dictado el dieciséis de mayo del presente año, en el Recurso de Inconformidad número 11/2018, del índice del tribunal de su adscripción, formado con motivo del recurso de mérito en contra del auto de veintiocho de febrero del año en curso, en el que este Juzgado Federal se pronunció en cuanto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la concesión de amparo, cuyo punto resolutivo es el siguiente: ÚNICO. Es infundada la inconformidad. Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, al no requerir ejecución material la citada resolución; glósese el cuadernillo de antecedentes formado con dicho medio de impugnación. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento respecto a la remisión del expediente en que se actúa al archivo definitivo, toda vez que ello fue ordenado en auto de veintiocho de mayo del presente año.
- Principal
Visto lo de cuenta, glósese a sus autos para que obre como corresponda, una copia del escrito firmado por el quejoso ***, a través del cual interpone recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso, en que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en este juicio de amparo; y formula los agravios que dice, le irroga el acuerdo recurrido. Con fundamento en los artículos 80, 201 fracción I, 202 primer párrafo y 203 de la Ley de Amparo, téngase promovida la inconformidad en contra del acuerdo dictado el veintiocho de febrero del año en curso, en que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el expediente en que se actúa; dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a totalidad de las autoridades responsables. Por otra parte, de conformidad con el punto Quinto fracción IV, así como punto Décimo fracción I, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; una vez que exista constancia de notificación de la totalidad de las partes; remítanse los autos de este juicio de amparo, el original del escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado Especializado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno residente en la ciudad de Guanajuato, para la substanciación de la inconformidad promovida. Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./ 73/2015 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Primera Sala, Décima Época, con el número de registro 2010476 del contenido siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN; DE NO EXISTIR ESPECIALIZADO, SERÁ EL QUE CONOCIÓ DE AQUÉL Y, DE NO HABERSE INTERPUESTO EL RECURSO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SE ENCUENTRE EN TURNO." De la interpretación sistemática de los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva que el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional debe pronunciarse respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, dado que es quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria correspondiente o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo. En este sentido, se aprecia que la Ley de Amparo privilegia el conocimiento previo del asunto, en aras de respetar el principio de seguridad jurídica, lo que permite establecer que si una sentencia de amparo dictada por un Juez de Distrito es recurrida y un Tribunal Colegiado de Circuito conoce del recurso de revisión, es evidente que cuando el juez dicte el acuerdo que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, y éste sea recurrido a través del recurso de inconformidad, sin lugar a duda, quien deberá conocer de dicho recurso es el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto a través del recurso de revisión; ello para favorecer el conocimiento previo adquirido por dicho tribunal, dando mayor celeridad a la impartición de justicia y preservando las garantías del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a que en términos del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su punto octavo, fracción I, determinó las reglas de competencia para los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las inconformidades, al señalar que cuando en el circuito correspondiente existan dos o más tribunales colegiados, se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno. De ahí que quien debe conocer de los recursos de inconformidad interpuestos contra el acuerdo del Juez de Distrito que tuvo por cumplida la sentencia de amparo es, en primer lugar, el Tribunal Colegiado Especializado, y si hubo uno que tuvo conocimiento previo del recurso de revisión, será éste el que conozca de la inconformidad; en segundo lugar, de no existir Tribunales Colegiados Especializados, será el que hubiere prevenido en el conocimiento de la revisión; y, en tercer lugar, de no haber sido recurrida la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo, conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito que esté en turno. Déjese copia de las constancias necesarias y con las mismas fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de febrero del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Partido Cuarto Penal de Celaya, Guanajuato; deje insubsistente la sentencia interlocutoria de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en la Causa Penal **/2017, instaurada en contra del quejoso ***, por su probable responsabilidad en la comisión del antijurídico de fraude; a través de la cual negó la solicitud de libertad en el incidente no especificado sobre la inmediata libertad personal del indiciado; y con libertad de jurisdicción emita otra que podrá ser en el mismo sentido o diverso dando respuesta congruente y exhaustiva a los agravios que se le formularon, es decir, atienda el punto sometido a su potestad, específicamente si en el caso en particular, opera y es aplicable la hipótesis que establece el artículo 20, Apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al resolver el Amparo en Revisión Penal número 246/2017, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto y autoridad establecidos en el punto primero de los resultandos de esta sentencia, para los efectos precisados en la resolución recurrida. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 1205, firmado por la Juez Cuarto Penal de Partido en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la nueva resolución pronunciada el catorce de febrero del año que transcurre, en los autos del proceso penal número **/2017, de su índice, en la cual, primeramente dejó sin efectos la resolución materia de la presente litis y dictó una nueva, dentro del Incidente no especificado sobre la libertad personal del inculpado aquí quejoso ***, siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo emitido y confirmado por el de Alzada. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En último orden, por escrito folio 1376 presentado por el autorizado de la parte quejosa, quien refirió que en contestación a la vista que se le mandó dar, manifestó que el Juez responsable no ha cumplido cabalmente con la sentencia de amparo dictada, solicitando no se le tenga dando cumplimiento al fallo emitido; dígase a la promovente que se deja expedito su derecho para que los haga valer en la vía legal correspondiente.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte de los terceros interesados, por este conducto se les notifica:VISTO el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, mediante proveído de dieciséis de febrero del año que transcurre, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable vinculada para ello, a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito Juzgador Federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Ahora bien, la protección constitucional fue para los siguientes efectos: SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Al haberse demostrado que el acto reclamado no cumplió con las formalidades establecidas en el artículo 16 Constitucional, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez de Partido Cuarto Penal de Celaya, Guanajuato; deje insubsistente la sentencia interlocutoria de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en la Causa Penal **/2017, instaurada en contra del quejoso ***, por su probable responsabilidad en la comisión del antijurídico de fraude; a través de la cual negó la solicitud de libertad en el incidente no especificado sobre la inmediata libertad personal del indiciado; y con libertad de jurisdicción emita otra que podrá ser en el mismo sentido o diverso dando respuesta congruente y exhaustiva a los agravios que se le formularon, es decir, atienda el punto sometido a su potestad, específicamente si en el caso en particular, opera y es aplicable la hipótesis que establece el artículo 20, Apartado B, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Determinación que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, al resolver el Amparo en Revisión Penal número 246/2017, cuyos puntos resolutivos quedaron como sigue: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto y autoridad establecidos en el punto primero de los resultandos de esta sentencia, para los efectos precisados en la resolución recurrida. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado en la Oficialía de Partes con el folio número 1205, firmado por la Juez Cuarto Penal de Partido en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la nueva resolución pronunciada el catorce de febrero del año que transcurre, en los autos del proceso penal número **/2017, de su índice, en la cual, primeramente dejó sin efectos la resolución materia de la presente litis y dictó una nueva, dentro del Incidente no especificado sobre la libertad personal del inculpado aquí quejoso ***, siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo emitido y confirmado por el de Alzada. En esa tesitura, este Órgano de Control Constitucional estima, que la autoridad responsable ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente Juicio de Amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la citada Ley de Amparo, se tiene por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del siguiente tenor: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En último orden, por escrito folio 1376 presentado por el autorizado de la parte quejosa, quien refirió que en contestación a la vista que se le mandó dar, manifestó que el Juez responsable no ha cumplido cabalmente con la sentencia de amparo dictada, solicitando no se le tenga dando cumplimiento al fallo emitido; dígase a la promovente que se deja expedito su derecho para que los haga valer en la vía legal correspondiente.
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