Edgardo Gutierrez Hernandez

Expediente 36/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 53 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
36/2018
Año
2018
Actuaciones
53
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Edgardo Gutierrez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Estado de autos. Visto el estado de los autos, se advierte que en auto de diez de marzo de dos mil veinte, se decretó que causo estado el proveído de cuatro de febrero de dos mil veinte, en el que se tuvo cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente expediente y se ordenó su archivo.Devolución de tomo de pruebas. Ahora, atento a lo anterior, y dado que carece de sustento la retención del tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas de la causa penal *****, que fuera remitido por el entonces juez Cuarto Penal de Partido, con sede en esta ciudad, devuélvasele dicho tomo de pruebas al ahora juez Penal de Partido, con sede en esta ciudad, por ser a quién actualmente le corresponde el conocimiento del asunto de origen. Sin que sea necesario acusar recibo, siendo suficiente para tal efecto la constancia de entrega del oficio respectivo.

  2. Principal

    VISTO el estado que guardan los autos la suscrita Juzgadora Federal procede a pronunciarse respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, con base en las constancias que obran en autos, y a lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. El artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que una vez que la autoridad responsable informa al órgano jurisdiccional que ya cumplió con la ejecutoria de amparo, dicho órgano debe dar vista al quejoso y, de ser el caso, al tercero interesado para que en el plazo de tres días (si se trata de amparo indirecto), o de diez días (si se trata de amparo directo), manifiesten lo que a su derecho convenga, donde podrán alegar el defecto o exceso en el cumplimiento; que transcurrido el plazo otorgado a las partes, con desahogo o no de la vista, el órgano jurisdiccional debe resolver, si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o sí hay imposibilidad para cumplirla. Si declara cumplida la sentencia, ordenará el archivo del expediente. Atendiendo al citado artículo 196, es indudable que el examen del cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público e interés social y debe atenderse, por parte del órgano jurisdiccional de amparo, aún de oficio, para el efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado en sus instituciones jurídicas. Por lo anterior, el juzgado o tribunal que haya dictado una sentencia de amparo se encuentra obligado a estudiar si la autoridad responsable acató lo ordenado en el fallo federal y verificando que no haya exceso o defecto en el cumplimiento mencionado. En autos obra la ejecutoria del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito, de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 132/2018, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia pronunciada por este juzgado federal a través de la cual se negó la protección solicitada por el quejoso contra el acto que reclamó del juez Cuarto Penal de Partido de Celaya, Guanajuato, consistente en la resolución interlocutoria que declaró procedente la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, pero determinó no sustituirla por otra menos lesiva, ni decretar su inmediata libertad por haber excedido el plazo previsto en la Constitución Federal para la conclusión del juicio. La concesión del amparo fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera una nueva en la que fundara adecuadamente su resolución siguiendo los lineamientos expuestos por el citado tribunal colegiado y, con base en ellos, se pronunciara nuevamente sobre la procedencia de la solicitud que formuló el quejoso. En cinco de diciembre de dos mil diecinueve, el magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dejó insubsistente la resolución de cumplimiento de veintiuno de mayo anterior -primera de las directrices que se la marcaron-; y luego de valorar diversos puntos tratados en la ejecutoria de amparo de que se habla, determinó la ausencia de los requisitos para la imposición de la prisión preventiva impuesta a ***. Declarando, en consecuencia, procedente la petición que en vía incidental formuló este último, tocante a que le fuera dictada una diversa medida cautelar. Fijándose en lugar de la prisión preventiva cuya variación se solicitó, las previstas en el artículo 155 fracciones I y V del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la obligación del nombrado quejoso de presentarse periódicamente ante la autoridad supervisora correspondiente; además de prohibírsele salir de la localidad en la cual residía, esto es, de Celaya, Guanajuato. Ello en las condiciones y términos establecidos en la nueva resolución de cumplimiento de sentencia. Bajo ese orden, procede examinar si en el caso la sala responsable, mediante la citada sentencia de cinco de diciembre pasado, cumplió con el fallo protector de derechos humanos recaído en el presente juicio de amparo, tal y como le fue exigido por este juzgado en la última ocasión. Empero, previo a proceder con el señalado análisis, resulta oportuno dejar establecido la forma en cómo sin ser autoridad responsable el magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, quedó vinculado con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo de que se viene hablando, siendo que en su demanda de amparo el quejoso no le otorgó ese carácter sino solo al juez cuarto penal de partido en Celaya, Guanajuato. Pues bien, la aludida circunstancia deriva del hecho de que al requerirse por segunda ocasión el cumplimiento de la sentencia recaída en el juicio en que se actúa (ya que los razonamientos contenidos en el proveído que tuvo por satisfecha la resolución inicialmente pronunciada por la autoridad responsable fueron desestimados por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito al resolver la inconformidad ***, el entonces juez cuarto penal de partido en Celaya, Guanajuato, adujo estar impedido legalmente para realizar el referido cumplimiento porque había dictado sentencia definitiva contra el acusado, la cual fue recurrida a través del recurso de apelación admitido en ambos efectos, pendiente de resolverse por el magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a quien le fueron remitidos los autos de la causa ***, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. De la forma antes indicada fue como el nombrado magistrado quedó vinculado con la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Y, precisamente por lo anterior fue que el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dicha autoridad emitió su resolución de cumplimiento de sentencia, sin que lograra con éxito su intención, al declararse fundado el segundo recurso de inconformidad que la parte quejosa interpuso contra el auto que la declaró formalmente acatada. Lo anterior trajo como consecuencia un nuevo requerimiento de cumplimiento a la sala responsable, quien en cinco de diciembre del presente año, dicta nueva resolución. Siendo esta última determinación la que será materia del análisis que se anunció párrafos más arriba. A fin de dilucidar lo anterior se establecerán, por un lado, los lineamientos para los que se otorgó la protección solicitada por el quejoso con el objeto de que se purgaran los vicios de motivación en que cayó la autoridad responsable, en conjunto, con los alcances que le dio el fallo que resolvió el recurso de inconformidad 2/2019 del Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, dado que en este último se hicieron las precisiones correspondientes; y, por otro, la parte de la resolución de cumplimiento en que se tocan esos aspectos, citándose únicamente las fojas correspondientes en atención a que en la gran mayoría de los aspectos destacados en las citadas resoluciones, se dejó en libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para valorar tales puntos. Pautas de la ejecutoria de amparo pronunciada en el recurso de revisión 123/2018 y recurso de inconformidad 132/2018. Determinación de la autoridad responsable Ponderar los argumentos que las partes ofrecieron, en especial, la justificación que el ministerio público haya vertido para la subsistencia de la prisión preventiva. Fojas 10 a 24. Justipreciar que la fiscalía nada razonó acerca de las condiciones que pudieron haber variado o no para considerar la idoneidad de preservar la medida. Fojas 24 y 26 Valorar el lapso que el procesado había estado interno, toda vez que tal circunstancia ponía de manifiesto la variación subjetiva de las condiciones que imperaban al momento de decretar la prisión preventiva. Foja 24 y 25 Sopesar que el ministerio público tuvo tiempo suficiente para allegar la evaluación de riesgo para el caso de que se sustituyera el estado de reclusión, y fue omiso. Foja 25 Sentar los motivos por los que estima que la medida cautelar que decida, o la propia prisión preventiva, es la idónea y menos lesiva para el inculpado en atención al principio de mínima intervención. Fojas 28 y 29 Considerar que el ministerio público nada razonó en relación a que si hubiera sustitución de a prisión preventiva se pondría en riesgo a la víctima, testigos o comunidad. Foja 28 Motivar correctamente el rubro del arraigo, pues conforme al artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquél comprendía tanto el domicilio del encausado, como por el de residencia habitual y asiento familiar; debiendo ponderar, según lo acreditado en el sumario, si el encausado tenia posibilidad real de abandonar el lugar del juicio u ocultarse. Fojas 26 y 27 Valorar que la sustitución de la prisión preventiva carecía de los alcances de dejar al encausado sin cautela, pues existían otras medidas para garantizar su presencia. Foja 28 Dejar de exigir -sin tomarlo como factor desfavorable para justipreciar la posibilidad de la sustitución- que el encausado continúe ejerciendo la profesión o se siga dedicando a la actividad lícita que desempeñaba antes del ingreso a prisión, pues recluido se encontraba impedido para hacerlo. Confrontar el máximo de la pena que pudiera imponerse con la actitud del inculpado durante el proceso. Valorar positivamente que la representación social fue omiso en aportar pruebas para concluir que de estar libre el quejoso, buscaría destruir o falsear pruebas; influir negativamente en las versiones o estudios de los testigos o peritos; intimidar a los servidores públicos con participación en la investigación; además si con los elementos de convicción con que se contaba al momento se advertía riesgo latente para que el procesado cometiera actos que afectaran la integridad o vida de las partes o comunidad; y, Foja 26 Dejar de tomar en cuenta el monto de la reparación de daño como factor principal para resolver Del cuadro comparativo previamente inserto, se advierte que la autoridad responsable no acató en sus términos la sentencia protectora de derechos humanos recaída en el presente asunto, toda vez que omitió pronunciarse respecto de los lineamientos identificados bajo los incisos i), j) y l). En efecto, el magistrado responsable fue omiso en pronunciarse -a pesar de que se le conminó a que lo hiciera-, respecto de dejar de exigir al encausado, y por ende, considerarlo como factor desfavorable para evaluar la pertinencia de la sustitución, que continúe ejerciendo la profesión o se siga dedicando a la actividad física que desempeñaba antes de su ingreso a prisión; tomar en consideración el máximo de la pena que pudiera llegar a imponerse con el contrapeso correspondiente a la actitud que el inculpado voluntariamente ha adoptado durante el proceso; y, dejar de tomar en cuenta el monto de la reparación del daño como factor preponderante para resolver la solicitud formulada. De ahí que por lo anterior, se debe tener por incumplida la sentencia de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Decimosexto Circuito en el amparo en revisión *** en relación con lo precisado por el citado órgano en el recurso de inconformidad ***; a través de la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a ***. No es obstáculo para la antelativa conclusión, el hecho de que en la resolución a través de la que se pretende restituir al quejoso en el pleno ejercicio del derecho humano que le fue violentado, se mencione el día a partir del cual estuvo interno -trece de abril de dos mil quince-, ni que se le haya impuesto una pena de prisión de cinco años, seis meses; toda vez que dichos datos son insuficientes para tener por satisfecho el lineamiento que fue precisado en el inciso j), puesto que lo que se ordenó hacer en el referido apartado fue que se confrontara el máximo de la pena que pudiera imponerse con la actitud del inculpado durante el proceso, lo que faltó por realizar. Como también se omitió realizar un pronunciamiento respecto a que el monto de la reparación del daño no era factor a considerar para negar el cambio de medida, que fue lo que se pidió hacer a la sala responsable; y, no simplemente que, guardara silencio en ese sentido. Sin que pase inadvertido que el magistrado responsable aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo pronunciada en veintitrés de octubre de dos mil diecinueve por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el recurso de inconformidad 24/2019; empero la sentencia que otorgó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso fue la del recurso de revisión 132/2018, por lo que es esta última sentencia la que debe acatar (tomando en consideración como se señaló párrafos más arriba el contenido de la diversa resolución pronunciada por el citado Tribunal Colegiado en el recurso de inconformidad 2/2019). En tal virtud, con apoyo en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se requiere al Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, en los autos del toca 21/2019 de su índice, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, conforme a las precisiones contenidas en el presente acuerdo del cual se adjunta copia certificada; bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir dicho mandato dentro del señalado plazo, se procederá en los términos indicados en el auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 893 a 894 del expediente de amparo). Por otro lado, tomando en consideración que dicha responsable, goza de autonomía e independencia en su actuar; no es el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a quien le pudiera recaer el carácter de superior jerárquico, atendiendo lo plasmado de manera específica en la resolución pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Capital, al resolver el Amparo en Revisión Administrativo número *** interpuesto en los autos del juicio de amparo ***, del índice de este Juzgado Federal, quien refirió que toda vez que al actuar la responsable con plenitud de jurisdicción y autonomía (autoridad jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones), no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro JUNTAS y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. Dado el sentido de la presente determinación se estima innecesario responder las manifestaciones que en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo vertió el defensor particular del quejoso, pues a ningún fin práctico conduciría. Por último, se hace de su conocimiento a las partes para los fines conducentes, que a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve, la Titular de este Órgano de Control Constitucional es la Jueza Indra Rojas Martínez, conforme al oficio SEADS/1412/2019, de trece de noviembre de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el defensor particular del quejoso, en atención a su contenido, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto transcurra el término de la vista ordenada en proveído de nueve de diciembre actual.

  4. Principal

    Agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual duce dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato y adjunta copia certificada de la resolución de cinco de diciembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se procede a dar vista a la parte quejosa con el citado oficio y anexo, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga en relación a dicho cumplimiento y, una vez transcurrido dicho término, este Tribunal Federal, se pronunciará al respecto.

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