Edgardo Aguilar Lorenzo
Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgardo Aguilar Lorenzo
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos de este cuaderno de amparo el oficio de la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, por medio del cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 98/2022; asimismo, hace del conocimiento que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *** e informa que por aparte, ordenó girar exhorto a este juzgado para notificar al quejoso la determinación de once de febrero del año en curso, en el juicio de amparo 75/2022 de su índice. En otro aspecto, dado que no existe actuación pendiente en este asunto al efecto se provee: En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se declinó competencia a otro órgano jurisdiccional por conocimiento previo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
MESA I-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda la demanda de amparo promovida por Edgardo Aguilar Lorenzo, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, Delegado de la Fiscalía General de la República en Oaxaca y Agencia Federal Investigaciones, que hace consistir en la orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra por las citadas autoridades judiciales y la ejecución material de dicha determinación por las restantes; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 98/2022, que le corresponde. Al efecto y toda vez que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, previamente, se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo interpuesta por el quejoso Edgardo Aguilar Lorenzo, da motivo para que este órgano de control constitucional se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte, el quejoso señala como autoridades responsables ordenadoras a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca; por tanto, al tener este juzgado el carácter de autoridad responsable, no puede ser juez y parte en el mismo procedimiento constitucional, por lo que es claro que carece de competencia legal para conocer de la referida demanda de amparo, al actualizarse la hipótesis que establece el artículo 38 de la Ley de Amparo en vigor, por lo que dicha competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, radica en el Juez Séptimo de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, quien no fue señalado como autoridad responsable en la demanda de amparo origen de este asunto; toda vez, que acorde al punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es el más inmediato dentro del Décimo Tercer Circuito, sobre el que ejercen competencia territorial los Tribunales Colegiados del citado circuito, al que pertenece este Juzgado, lo anterior, dado, fueron señalados como responsables los restantes Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca. Es aplicable al caso en lo conducente la tesis I 1º P 2 K sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página seiscientos cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dice:. "COMPETENCIA. CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UNA MATERIA DETERMINADA EN UN CIRCUITO. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo prevé, como regla general, el que tratándose de juicios de amparo indirecto, la competencia para conocer de ellos radica en aquel Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, se trate de ejecutar, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en tanto que el artículo 42 de ese mismo ordenamiento, también en su párrafo primero, establece una excepción a dicha regla, pues determina que la competencia para conocer de un juicio de amparo promovido contra actos de un Juez de Distrito, recae en otro de la misma categoría, dentro del mismo Distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, en el más inmediato dentro del circuito a que pertenezca el Juez. Ante ese contexto, aun cuando el segundo numeral no establece expresamente quién debe ser competente cuando todos los Jueces de Distrito de un mismo circuito se encuentren impedidos, es evidente que dicha laguna debe llenarse siguiendo los lineamientos establecidos por el legislador en ese mismo precepto, es decir, atendiendo al Juez de Distrito más cercano a su homólogo que está señalado como autoridad responsable; luego, el Juez de amparo competente es el que sin estar en el circuito a que pertenece la autoridad responsable, se encuentre más próximo a la localidad en que resida ésta, atendiendo a la distancia y a las vías de comunicación. No está por demás aclarar que tratándose de amparos promovidos contra actos de diversos Jueces de Distrito que, aunque pertenezcan a un mismo circuito, residan en diversas localidades, es factible que no exista identidad en el juzgado más próximo y ni siquiera, identidad entre los circuitos a que pertenezcan los juzgados más inmediatos a cada una de las autoridades responsables; sin embargo, esta situación no impide el que se continúe aplicando la regla aquí establecida, pues en esa hipótesis será competente cualquiera de dichos juzgados, a elección del solicitante de garantías. Igualmente, es oportuno aclarar que no obstaculiza la aplicación de esa regla el hecho de que dentro del circuito al que pertenecen los Juzgados de Distrito responsables residan otros juzgados de la misma jerarquía pero con competencia en otras materias, toda vez que si el principio inspirador del artículo 42 de la Ley de Amparo es el de prórroga de competencia territorial, debe aplicarse el mismo para rebasar los límites territoriales establecidos en el propio precepto y no así prorrogar la competencia hacia otras materias, pues implicaría habilitar a los órganos jurisdiccionales para conocer de una materia que el propio legislador dejó fuera de su competencia". En consecuencia, con fundamento en el invocado numeral 38, así como el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, el suscrito se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata. Remítase la demanda de mérito y sus respectivas copias por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para que a su vez la turne al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en Salina Cruz, que en primera instancia conoce de amparo indirecto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, no ha lugar a dictar providencia alguna en relación a la suspensión provisional solicitada, toda vez, que el acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; por tanto, en los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al Juez de Distrito que considere competente. Téngase al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados únicamente para tal efecto a las personas que refiere, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparece registrada su cédula profesional. Por otro lado, se tiene al inconforme señalando el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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