Edgar Ricardo Gómez Flores
Expediente 210/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edgar Ricardo Gómez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil quince. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que en el juicio de amparo del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el acuerdo dictado el veintisiete de febrero de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Edgar Ricardo Gómez Flores; asimismo, que por auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional, y que mediante interlocutoria pronunciada el veintitrés siguiente, se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió dicha medida cautelar; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente por una parte se concedió la suspensión provisional y que mediante interlocutoria pronunciada el veintitrés siguiente, se negó la suspensión definitiva y por otra, se concedió dicha medida cautelar; que por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental, y dado, que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse únicamente el auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, y la interlocutoria de veintitrés siguiente, que negó la suspensión definitiva y por otra, concedió dicha medida cautelar. Asimismo, se indica, conforme a la certificación de cuenta, en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil quince. Vistos los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Edgar Ricardo Gómez Flores, interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de febrero de dos mil quince, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió del seis al veinte de este mes, sin que interpusiera dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su precepto 2º, se declara que ha causado estado dicho auto. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y que tal determinación no fue recurrida, se estima que es susceptible de destrucción. Se considera también que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto aquí reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que carece de objeto que obre en autos la copia certificada del expediente penal 7/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Penal del Centro, residente en esta ciudad, que el titular de dicho juzgado remitió en apoyo en su informe justificado (fojas 40 a 182), devuélvase el mismo a su lugar de origen, previa foja de sustitución. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de marzo de dos mil quince. Vista la razón de dos de este mes, de la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que asentó que no le fue posible notificar al quejoso Edgar Ricardo Gómez Flores, el proveído de veintisiete de febrero de dos mil quince, toda vez que al hacerse presente en el domicilio señalado para tal efecto y bien cerciorada de ser el domicilio ubicado en la calle de Violetas número ciento diecisiete, en la colonia Reforma de esta ciudad, fue atendida por quien dijo ser la residente del inmueble Dolores García, quien le informó que al quejoso y sus autorizados no los conoce. Por tanto, dado que no fue posible notificar al quejoso Edgar Ricardo Gómez Flores o sus autorizados Jacob Rosendo Martínez Sánchez, Gloria Gómez Santiago y Juan Manuel Mendoza Delgado, el proveído de veintisiete de febrero de dos mil quince, en el domicilio señalado para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, 29 y 31, de la Ley de Amparo en vigor, notifíquesele dicho acuerdo y las subsecuentes de carácter personal por medio de lista de acuerdos. NOTIFÍQUESE... ------- I n s e r c i ó n ----------- "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a los autos los informes justificados que rinden el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro y el director de área adscrito a la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, quien da contestación al oficio dirigido al comisionado de la Policía Estatal, residentes en esta ciudad, recibidos hoy; con tales informes dése vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngasele exhibiendo la prueba documental que exhibe el juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional; con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En otro aspecto, téngase al director de área adscrito a la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y designando como delegados a las personas que menciona. Por otra parte, agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio 1140 del juez Primero de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, recibido hoy, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil quince, en el expediente penal 07/2015 de su índice, por la cual decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del aquí quejoso Ricardo Gómez o Edgar Ricardo Gómez Flores, por el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de dos menores de edad; constancias de las que se advierte la actualización de una causa notoria e indudable de improcedencia. Cierto, en este juicio los actos reclamados son la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que remitió el citado juez mediante oficio recibido en este juzgado el veinticuatro de febrero del año en curso, a las que se les otorga valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma, se advierte que con fecha treinta de enero del año en curso, dictada en el expediente penal 07/2015, del índice del Juzgado Primero Penal del distrito judicial del Centro, se libró orden de aprehensión contra el quejoso Ricardo Gómez o Edgar Ricardo Gómez Flores, por el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de dos menores de edad, previsto en el artículo 404 en relación con el diverso 8°, fracción I, y sancionado por el numeral 405, preceptos todos del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, de las constancias que anexó la responsable a su oficio de cuenta se aprecia que el veintiséis de febrero del año en curso, se dictó el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del aquí quejoso Ricardo Gómez o Edgar Ricardo Gómez Flores, por el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de dos menores de edad. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica, en virtud que la orden de aprehensión reclamada no puede ser analizada porque ha quedado procesalmente substituida por el auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del aquí quejoso Ricardo Gómez o Edgar Ricardo Gómez Flores, por el delito de violencia intrafamiliar, en agravio de dos menores de edad, en el proceso penal 07/2015, de su índice, por el cual se había librado la orden reclamada y, de estudiar la inconstitucionalidad planteada podría afectarse la situación jurídica creada por el nuevo acto. En efecto, no debe perderse de vista que la libertad personal se restringe por cuatro motivos, a saber, la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, cada uno con características peculiares; el conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad se llama situación jurídica, de modo que cuando esa situación cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, dado, cada forma de restricción de la libertad personal excluye a las otras y por lo tanto, desaparecen los efectos del acto reclamado; de ahí, que sea improcedente el amparo contra la situación jurídica anterior. Por ende, si en el caso el acto reclamado fue una orden de aprehensión y durante el trámite del juicio se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del aquí quejoso Ricardo Gómez o Edgar Ricardo Gómez Flores, es inconcuso que cambió la situación jurídica por la que se regía su libertad, lo cual, actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia vigente; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Es aplicable al caso por identidad en las razones que sustentan la jurisprudencia número 1a./J. 95/2007, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Materia Penal, Novena Época, bajo el rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Sin que este sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, cause agravio al quejoso o lo prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, el impetrante podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable, por lo que el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia por el cambio de la situación jurídica del agraviado. Al caso, resulta aplicable la tesis XIV 1º 3 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página mil doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional". Criterios que resultan aplicables de conformidad con el artículo sexto transitorio de la ley de la materia vigente, por no oponerse a lo previsto en dicho ordenamiento legal. El sentido de este fallo, comprende también el acto de ejecución, atribuido al coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones y comisionado de la Policía Estatal, puesto que éste no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo por su contenido, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página seiscientos noventa, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". Finalmente, en cuanto a las diversas autoridades responsables ordenadoras jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de lo Penal del distrito judicial del Centro, residentes en esta ciudad, debe decirse que no es cierto el acto que se le reclama, consistentes en la orden de aprehensión dictada en contra del agraviado; pues dichas autoridades, al rendir sus informes justificados (fojas 13, 15, 24, 17, 19 y 26), negaron la existencia de la orden de aprehensión que se les reclama; por tanto, ante la inexistencia de dicho acto reclamado en cuanto a dichas autoridades y tomando en consideración que sería ocioso esperar al desahogo de la audiencia constitucional, en razón de lo determinado en párrafos anteriores; lo procedente es también sobreseer en el juicio fuera de audiencia en cuanto a las responsables de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se dejan sin efecto la fecha y hora señaladas en auto inicial para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil quince). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Incidental
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos únicamente para que conste, el informe previo que rinde el director de área adscrito a la dirección jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública, quien da contestación al oficio dirigido al comisionado de la Policía Estatal, recibido ayer; en virtud que el veintitrés de este mes, se dictó la interlocutoria respectiva respecto de dicha autoridad. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y designando como delegados a las personas que menciona. NOTIFÍQUESE...
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