Edgard Alberto Gutierrez Chavez

Expediente 1701/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1701/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Edgard Alberto Gutierrez Chavez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término legal de tres días concedido a la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestación alguna. Se hace efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó al promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efecto las providencias decretadas en favor del directo agraviado en proveído de nueve de diciembre pasado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de diciembre de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguense a los autos el oficio de cuenta que remite el Consultor Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual informa que la representación presidencial para el presente asunto corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se ordena enviar oficio. En consecuencia, remítase el oficio 30175/2022, dirigido al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismo que contiene la transcripción del auto de doce de septiembre del año en curso, por el que se admitió la prueba pericial en materia de topografía ofertada por la parte quejosa. Notifíquese por medio de lista, y cúmplase.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Ponce Palma, en favor de Edgard Alberto Gutiérrez Chávez de nacionalidad nicaragüense, contra actos del Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 1701/2022-II. Suspensión de plano. Tomando en consideración que el promovente refiere en los antecedentes que vierte bajo protesta de decir verdad, que el directo quejoso Edgard Alberto Gutiérrez Chávez, fue privado de su libertad el veintinueve de noviembre del año en curso, y se encuentra en las instalaciones del Instituto de Migración en esta ciudad, con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII y XV de la Constitución Federal; 1°, 3, 15, 108, 109, 112, párrafo segundo, 125, 126, 127, 140, 148, y relativos de la Ley de Amparo, se procede a dar trámite a la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de su libertad fuera de procedimiento. Lo anterior, a reserva de que una vez que sea ratificada la misma por el quejoso, se acordará respecto a su admisión. Cabe destacar que se reclama de las autoridades responsables, como se señaló con antelación, el acto consistente en la privación ilegal de la libertad, fuera de procedimiento, del directamente quejoso Edgard Alberto Gutiérrez Chávez, acto que se encuentra comprendido en los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Al respecto, de los actos reclamados y antecedentes de estos, se advierte que el quejoso se encuentra alojado en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Además debe precisarse que conforme a lo previsto por el artículo 111 de la Ley de Migración, la autoridad migratoria resolverá la situación en un término de quince días hábiles a partir de su presentación. Ahora, tomando en consideración que, de conformidad con el artículo 3°, fracción X, de la Ley de Migración, una estación migratoria consiste en la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. Asimismo, de conformidad con el dispositivo 99 del mismo cuerpo normativo, la presentación de los extranjeros consiste en la medida dictada por el Instituto Nacional de Migración mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. En ese tenor, con fundamento en los numerales 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial del directamente quejoso Edgard Alberto Gutiérrez Chávez, que está siendo objeto en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad, se provee: Al respecto, se tiene que el alojamiento temporal de un extranjero en una estación migratoria se rige por el aludido artículo 111 de la Ley de Migración, el cual se encuentra relacionado con el procedimiento administrativo migratorio, a que se refieren los diversos preceptos 77, 78, 79 y 80 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, cabe destacar, la litis del presente asunto proviene del derecho administrativo sancionador, el cual es la rama de la ciencia jurídica que se encarga de lo relativo a la potestad sancionadora de los órganos administrativos que implica la acción punitiva del Estado; esto es, la posibilidad jurídica de la imposición de sanciones a particulares o a funcionarios que infringen normas administrativas, o bien, a los servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones transgreden sus mandatos o desconocen sus prohibiciones. El tema del derecho administrativo sancionador es extenso, pues a esta sub-rama de la ciencia jurídica se subdivide a su vez en otras cinco, las cuales son: 1) Sanciones administrativas cometidas contra los reglamentos de policía. 2) Sanciones a que están sujetos los servidores públicos y particulares que tengan control sobre recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal (De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado). 3) Sanciones administrativas en materia electoral. 4) Sanciones a las que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado. 5) Sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, etcétera). Lo anterior, se desprende del criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCCXVI/2014 (10a.), de texto: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio". Además, en la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno del Máximo Tribunal estableció que el principio de presunción de inocencia también debe imperar en el derecho administrativo sancionador, pues ese principio debe ser aplicado en todos los procedimientos que tengan como fin aplicar una pena o sanción al sujeto de ese proceso punitivo; ello, de conformidad con el texto constitucional y convencional. Por tanto, en los procedimientos administrativos sancionadores la carga de la prueba compete a la autoridad, quien deberá acreditar fehacientemente que el sujeto al procedimiento cometió la falta que se le imputa. "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso". De lo expuesto, se desprende: 1. El derecho administrativo sancionador es una rama de la ciencia jurídica que se encarga, entre otros fines, de aplicar las sanciones a las que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulada administrativamente, como lo es la inmigración. 2. Por su naturaleza punitiva, el derecho administrativo sancionador comparte muchos de los principios rectores del derecho penal, como lo es el de presunción de inocencia. Ahora, uno de los derechos fundamentales que tutela la presunción de inocencia, es el derecho a la libertad, aun cuando pueda encontrarse vulnerado por el actuar de una autoridad jurisdiccional, o incluso, una administrativa en un procedimiento sancionador. Además, mientras la presunción de inocencia opere, el gobernado debe recibir el trato de "no autor o no partícipe del hecho delictivo o infracción a normas administrativas, mientras no se demuestre lo contrario". Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal en la tesis 2a. XXXV/2007, de texto: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. El principio de presunción de inocencia que en materia procesal penal impone la obligación de arrojar la carga de la prueba al acusador, es un derecho fundamental que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza en general, cuyo alcance trasciende la órbita del debido proceso, pues con su aplicación se garantiza la protección de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nombre, que podrían resultar vulnerados por actuaciones penales o disciplinarias irregulares. En consecuencia, este principio opera también en las situaciones extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de "no autor o no partícipe" en un hecho de carácter delictivo o en otro tipo de infracciones mientras no se demuestre la culpabilidad; por ende, otorga el derecho a que no se apliquen las consecuencias a los efectos jurídicos privativos vinculados a tales hechos, en cualquier materia". Por tanto, toda aquella persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo, como lo es aquél en materia migratoria, gozará del principio presunción de inocencia, y en consecuencia, no se le puede tratar como culpable de la comisión de la falta administrativa que se le atribuye, por tanto, mientras no se demuestre que la cometió, deberá ser tratado como una persona no infractora y, por ello, podrá disfrutar de su libertad. Por otra parte, de conformidad con el ordinal 162 de la Ley de la Materia, cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad, la suspensión tendrá por efecto que cese inmediatamente, tomando el órgano jurisdiccional de amparo, las medidas que aseguren que los quejosos no evadan la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido. Asimismo, atendiendo a lo establecido por el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas, y las mismas no tengan relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sean puestas en libertad. En el presente caso, de las manifestaciones formuladas por el accionante del juicio de amparo se desprende que ha transcurrido el plazo de treinta y seis horas a que se refiere el artículo 21, cuarto párrafo, de la constitución, que prevé las sanciones privativas de libertad en sede administrativa. Asimismo el artículo 111 de la Ley de Migración, señala que: El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los quince días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de sesenta días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero. Y el dispositivo 148 de la Ley de Amparo estatuye que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa, y respecto de los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. En consecuencia: a) Si teniendo como base la fecha en que el directamente agraviado fue puesto a disposición en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de San Luis Potosí, ya transcurrió el plazo de treinta y seis horas previsto por los artículos 68 de la Ley de Migración y el 21, cuarto párrafo, constitucional, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que el directamente agraviado sea puesto en inmediata libertad. b) Lo anterior, salvo que: b.1) En caso de no haber transcurrido el aludido plazo de treinta y seis horas, con fundamento en el artículo 160, última parte, de la Ley de Amparo, se concede la medida cautelar para el único efecto de que el quejoso quede en el lugar donde se encuentra a disposición de este órgano de control constitucional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. En el entendido de que vencido el término de treinta y seis horas de referencia, invariablemente habrá de dejársele en inmediata libertad en los términos del inciso a) que antecede. b.2) Igual salvedad en el supuesto de que el agraviado estén a disposición de diversa autoridad jurisdiccional en relación con la detención de que se trata. En el entendido de que las autoridades responsables deberán precisar en el informe que se indica en el párrafo siguiente en cuál de los supuestos previstos con antelación se ubica el quejoso, esto es, deberán indicar la fecha en que se cumplieron las treinta y seis horas a que hacen referencia los artículos 68 de la Ley de Migración y el referido artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución, o bien la data en que ello acontecerá. Es aplicable al caso por identidad de razón la tesis I.20o.A.19 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, que dispone: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Debiendo señalarse, además, que no resulta procedente conceder la suspensión solicitada para el efecto de que se suspenda el procedimiento administrativo migratorio, pues ello implicaría la paralización del procedimiento natural, el cual, al ser de orden público, es insuspendible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior conformación, que aparece visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia común, Página 784; así como el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que obra consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228 Sexta parte, Página 637, y que literalmente dicen: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo". "SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PUBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo". En el entendido de que el quejoso queda a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado y a la de las autoridades responsables migratorias únicamente para la prosecución del procedimiento administrativo respectivo. Atendiendo a la naturaleza de la medida cautelar, esta surte efectos de inmediato, y continuara habiéndolo siempre y cuando se cumplan los lineamentos y medidas de seguridad, siguientes: a) Dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, el quejoso deberá presentarse ante las autoridades responsables para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible, como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, y cuantas veces sea requerido para ello. b) Adicionalmente, deberá presentarse ante la responsable los días lunes de cada quince días, o el siguiente hábil si aquél no lo fuere, motivo por el cual, se instruye a la autoridad responsable a efecto de que establezca un sistema de registro, a fin de que se certifiquen las comparecencias del quejoso con la finalidad de dar cumplimiento a la presente medida de aseguramiento. Requiriéndose a las autoridades responsables, para que una vez que el quejoso realice la primera de dichas presentaciones, informen de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, o bien hagan del conocimiento que no se cumplió con esa o cualquier posterior. c) En la misma tesitura, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, deberá proporcionar tanto a las autoridades responsables como a este Juzgado de Distrito su domicilio en donde residirá en esta ciudad, a efecto de que se le puedan practicar las citaciones respectivas. En el entendido de que el quejoso no podrá ausentarse de esta ciudad, sin previa autorización de este órgano de control constitucional. La medida cautelar aquí decretada surtirá efectos de inmediato sin requisito de garantía alguna. Informes sobre el cumplimiento de la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables, así como que deberán informar en el término de VEINTICUATRO HORAS como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, infórmeseles que tienen expeditas sus facultades legales para dictar las determinaciones que correspondan en el procedimiento administrativo del cual derivan los actos reclamados, siempre y cuando no contravengan o supediten el cumplimiento de la suspensión de plano aquí decretada, ya que tal circunstancia podría actualizar la comisión del ilícito penal que a continuación se precisa. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, del ordenamiento legal en cita. Asimismo, hágaseles saber a las responsables que el cumplimiento de la suspensión de plano decretada en este asunto es de orden público y, por ende, la suscrita está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Se previene a la parte quejosa para que ratifique la demanda. Se faculta al Actuario de este Juzgado para que se constituya en las oficinas o celdas destinadas a la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado, y en el acto de la notificación del presente auto, requiera al directamente quejoso Edgard Alberto Gutiérrez Chávez, para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, o lo haga por escrito en el término de tres días, apercibido que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias antes dictadas en relación a la suspensión de plano de los actos reclamados. Asimismo, el Actuario Judicial deberá dar fe de las condiciones físicas y del lugar en que se encuentra el quejoso. En la inteligencia que de ratificarse la demanda se procederá a proveer lo conducente para la admisión del controvertido constitucional. Autorizados de la parte quejosa. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Ponce Palma y Leonel Ramírez Manríquez, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Consulta del expediente electrónico y notificaciones por la misma vía. Con fundamento en los artículo 36 y 57 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa para consultar el expediente electrónico a través del usuario "jumapo79" y realícense las notificaciones de carácter personal vía electrónica a través de éste. Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese el usuario respectivo para tales efectos. Correo electrónico. Téngase al promovente proporcionando un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y teléfono para confirmar su recepción, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Copias certificadas. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa la copia certificada del presente proveído autorizando para recibirla a las personas que refiere en su demanda de amparo previa razón que de su recibo se deje en autos. Sin perjuicio de lo anterior, hágase de su conocimiento que en conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo: Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para lo cual se le exhorta a realizar los trámites necesarios a fin de consultar el expediente electrónico y pueda obtener las copias que solicita directamente del aludido sistema. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a la parte quejosa, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Constancias digitales. Al respecto, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 y 12, inciso g), del similar 1/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas con usuario autorizado para consultar un expediente electrónico vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en este. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica del servidor público, se considerarán como copias certificadas electrónicamente y tendrán la misma calidad que las impresas. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a presentar promociones de forma electrónica. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese personalmente al directamente quejoso; así como mediante por oficio a las autoridades responsables; y cúmplasee.

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