Edgar Roberto Barajas Barron
Expediente 172/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 172/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edgar Roberto Barajas Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara, el auto de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve dictado en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los juicios de amparo, se declara que dicha determinación que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el treinta de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, determinación que causó estado el día de la fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Devuélvanse a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, tres anexos que acompañó a su informe justificado y oficios FGE/D01/152097/04/2019 y FGE/D01/197900/05/2019. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se previno a la tercera interesada Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, a efecto de que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante estar debidamente notificada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, practíquesele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar a la tercera interesada Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, la determinación de treinta de mayo del año en curso, por los motivos asentados en la misma y toda vez que como se advierte en autos, la citada tercera interesada no ha señalado domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele la referida determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. ASI MISMO LA DETERMINACION ORDENADA QUE DICE: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y remite dos anexos en copia certificada, el primero de ellos de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019 de su índice y el segundo, del concentrado interno de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en cuanto a cédulas de notificación y oficios dirigidos a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. En ese tenor, tomando en consideración que en las constancias remitidas por la autoridad responsable, obran datos susceptibles de protección respecto de una persona distinta a la parte quejosa, en específico, de la persona a la que le surte el carácter de tercera interesada, guárdense por separado las mismas, manteniéndolas en reserva a fin de proteger dichos datos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso compareció a reclamar como actos reclamados los siguientes: ".Las ordenes de restricción decretadas en mi contra dentro de la Carpeta de Investigación número 4631/19 substanciada ante las responsables. Manifiesto que en virtud de que el suscrito no he sido llamado a Juicio desconozco quienes iniciaron tal procedimiento en mi contra, así como el estado procesal del mismo.". Ahora bien, el suscrito advierte que con relación a dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI.- Contra actos consumados de un modo irreparable (...)." Es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" Conforme a la fracción XVI, del artículo 61 antes transcrito, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, por identidad de razones, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 1478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 493, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 326, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden de ideas, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de derechos en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, debe recordarse que la parte quejosa promovió el juicio de amparo contra las medidas de protección decretadas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en su contra, así como su ejecución. Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019, con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra del aquí quejoso las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones IV, V, VI y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son del contenido siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: . IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; . VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.". Medidas de protección que, señaló la Fiscal, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales se computaría a partir de que fueran notificadas. Notificación que se ordenó fuera realizada al Director General de Seguridad Pública del Estado, al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, y a la víctima Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, según se aprecia de los resolutivos primero a tercero de dicha resolución. Cabe destacar que la finalidad de notificar las citadas medidas de protección a las autoridades señaladas con antelación, tuvo por efecto que éstas dieran cumplimiento a las mismas. Ciertamente, por lo que se refiere al Director General de Seguridad Pública del Estado, la finalidad estribo en que: "se sirva girar instrucciones a efecto de que ordene a elementos a su cargo hagan presencia constante en el domicilio de la víctima CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ quien tiene su domicilio en la CALLE de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote en esta Ciudad, con la finalidad de prevenir la presencia del imputado en las cercanías del domicilio de la víctima, en el entendido de que esta medida tiene como objeto la protección contra cualquier riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima y de los testigos, esta vigilancia se deberá realizar en forma constante durante las 24 horas y los oficiales encargados de su cumplimiento deberán informar en forma diaria cualquier incidencia que se suscite en relación con el objeto de dicha medida de protección a efecto de que esta autoridad pueda supervisar la vigilancia de la misma. Así mismo hágase del conocimiento que se ha decretado la medida de protección prevista en el numeral 137 fraccion (sic) V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de la víctima, por lo que deberá girar sus apreciables instrucciones a quien determine a efecto de que establezcan de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ quien tiene su domicilio en la CALLE de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote en esta Ciudad, con el propósito de que tenga la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independientemente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales, y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno que dicho canal de comunicación, indicándole a la víctima, cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo para los efectos anteriormente señalados." Por otra parte, en relación al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, la finalidad de la medida de protección otorgada, fue para el efecto de que: "ordene a elementos a su cargo, se sirvan acompañar a la CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ al domicilio del imputado ciudadano ROBERTO BARAJAS BARRÓN Ubicado en la calle de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote de esta Ciudad, toda vez que se dictó la Medida de Protección en favor de la víctima, prevista por el numeral 137 Fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado." Medidas las anteriores que fueron notificadas a la propia ofendida Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, el día dieciocho de febrero del año en curso, según se puede apreciar de la constancia que obra a foja 9 del anexo que remitió la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, destacándole que de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de esas medidas sería de sesenta días naturales. Ahora bien, del anexo que la Agente responsable acompañó como justificación a su informe de ley, consistente en copia fotostática certificada de la versión pública de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019 de su índice, las cuales al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena, en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, en su foja quince, obra el oficio FGE/D01/57560/02/2019, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Policía Investigador adscrito a la Comandancia de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por el que informa al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer, que con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve: ".personal de esta policía investigadora acudió al domicilio ubicado en Acerina No2001 (sic) en la colonia Quijote, acompañando a la C. Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, para exhortar el C. Edgar Roberto Barajas Barrón hiciera entrega a la acompañada de objetos de uso personal, toda vez que la misma presentó denuncia por violencia familiar en ésta fiscalía, accediendo el indiciado hacer entrega de los objetos en forma voluntaria. Respetando en todo momento las garantías de los ahí presentes. Después de recoger sus objetos y estando conformes ambas partes, este personal se retiró del lugar sin novedad.". De lo anterior se advierte que, con relación a la medida de protección a que se refiere el artículo 137, en su fracción IV, ya tuvo su desahogo de manera completa, concluyendo en ese mismo evento. Por otra parte, en cuanto a las medidas de protección a que se refieren las fracciones V, VI y VIII, del citado precepto legal, consistentes en la prohibición al aquí quejoso de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como vigilar el domicilio de ésta última y brindar le auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, éstas fueron concedidas por el término de sesenta días naturales, a partir de que se realizaron las aludidas notificaciones. En relación con estas últimas, cabe destacar que fueron hechas del conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio datado el dieciocho de febrero dos mil diecinueve, mismo que fue recibido por dicha autoridad el día diecinueve del mismo mes y año. Y como ha quedado de relieve, se notificaron a la víctima el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. En esas condiciones, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir del veinte de febrero del año en curso, y concluyó el veinte de abril de la presente anualidad. Sobre esas bases es inconcuso que como la subsistencia de las medidas reclamadas fueron limitadas a cierto tiempo, es claro que se encuentran consumados de manera irreparable, a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. Lo anterior incluso fue corroborado por la Fiscal responsable en el escrito de cuenta en el que refirió lo siguiente: ".le manifiesto que no existe petición alguna, al día de la fecha, en la cual la víctima Marcela Viridiana De La Tejera Hernández, haya solicita (sic) que las mismas sean prorrogadas.". Situación la anterior que pone de manifiesto que dichas providencias concluyeron, y, por tanto, dejaron de surtir sus efectos. Sin que la permanencia de las medidas deba presumirse, ya que al estar limitada su duración, transcurrido dicho lapso, éstas dejan de surtir efectos a la conclusión del término fijado, sin necesidad de declaratoria. Lo anterior, permite concluir que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues por una parte, la víctima ya compareció a su domicilio a recoger sus objetos de uso personal, y por otra parte, se consumaron en el tiempo las medidas de protección, consistentes en la prohibición al aquí quejoso de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como vigilar el domicilio de ésta última y brindar le auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, al haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días naturales, sin que haya sido prorrogado según lo informó el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad. Esto es, en atención a lo expuesto, se concluye que en el caso particular, las medidas de protección han quedado irreparablemente consumadas, pues no podría concederse la protección federal solicitada para el efecto de que queden insubsistentes, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que todas ellas quedaron agotadas en el tiempo, al grado de que no podría retrotraerse este para que en el lapso de sesenta días, que ya pasó, dejen de realizarse las actividades encomendadas al Director General de Seguridad Pública del Estado y Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, e incluso la prohibición que fue impuesta para ese preciso tiempo al quejoso, en tanto que la diversa medida que tuvo por efecto la entrega de sus objetos personales a la víctima Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, también ya se ejecutó. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad del auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, dado que para ello no puede soslayarse que exista la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diez de junio del año en curso, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a los Agentes de la Policía Municipal de esta ciudad, porque no se les reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, página 50, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS" Notifíquese y Cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve y remite dos anexos en copia certificada, el primero de ellos de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019 de su índice y el segundo, del concentrado interno de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, en cuanto a cédulas de notificación y oficios dirigidos a la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. En ese tenor, tomando en consideración que en las constancias remitidas por la autoridad responsable, obran datos susceptibles de protección respecto de una persona distinta a la parte quejosa, en específico, de la persona a la que le surte el carácter de tercera interesada, guárdense por separado las mismas, manteniéndolas en reserva a fin de proteger dichos datos. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, particularmente de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso compareció a reclamar como actos reclamados los siguientes: ".Las ordenes de restricción decretadas en mi contra dentro de la Carpeta de Investigación número 4631/19 substanciada ante las responsables. Manifiesto que en virtud de que el suscrito no he sido llamado a Juicio desconozco quienes iniciaron tal procedimiento en mi contra, así como el estado procesal del mismo.". Ahora bien, el suscrito advierte que con relación a dichos actos se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI.- Contra actos consumados de un modo irreparable (...)." Es conveniente precisar qué debe entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia materia de estudio, para lo cual se transcribe el precepto 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" Conforme a la fracción XVI, del artículo 61 antes transcrito, es improcedente el juicio de amparo cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Ahora bien, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Cabe señalar que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Ilustra el anterior razonamiento, por identidad de razones, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXII, página 1478, de rubro y texto siguientes: "ACTOS NO CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere a que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de un modo irreparable, pero debe de tenerse con este carácter, a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo que no sucede en el caso en que precisamente la sentencia que se combate, tiene el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban antes de la ejecución de los actos reclamados, o sea, que queden sin efecto legal el embargo y el remate del inmueble, así como la inscripción que se hubiera hecho en el Registro Público de la Propiedad." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 493, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 326, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. EFECTOS. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven." Lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación del derecho humano, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 77 del propio cuerpo de normas, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado. En ese orden de ideas, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o subsanada al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí el que proceda el juicio de derechos en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Acorde con lo anterior, la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente -jurídica y materialmente- del derecho que tiene tutelado, y que sostiene le fue transgredido. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, página 325, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Una vez desarrolladas las premisas sobre las que descansa dicha causa de improcedencia, debe recordarse que la parte quejosa promovió el juicio de amparo contra las medidas de protección decretadas por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, en su contra, así como su ejecución. Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019, con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra del aquí quejoso las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones IV, V, VI y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales son del contenido siguiente: "Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: . IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; . VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo.". Medidas de protección que, señaló la Fiscal, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales se computaría a partir de que fueran notificadas. Notificación que se ordenó fuera realizada al Director General de Seguridad Pública del Estado, al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, y a la víctima Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, según se aprecia de los resolutivos primero a tercero de dicha resolución. Cabe destacar que la finalidad de notificar las citadas medidas de protección a las autoridades señaladas con antelación, tuvo por efecto que éstas dieran cumplimiento a las mismas. Ciertamente, por lo que se refiere al Director General de Seguridad Pública del Estado, la finalidad estribo en que: "se sirva girar instrucciones a efecto de que ordene a elementos a su cargo hagan presencia constante en el domicilio de la víctima CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ quien tiene su domicilio en la CALLE de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote en esta Ciudad, con la finalidad de prevenir la presencia del imputado en las cercanías del domicilio de la víctima, en el entendido de que esta medida tiene como objeto la protección contra cualquier riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima y de los testigos, esta vigilancia se deberá realizar en forma constante durante las 24 horas y los oficiales encargados de su cumplimiento deberán informar en forma diaria cualquier incidencia que se suscite en relación con el objeto de dicha medida de protección a efecto de que esta autoridad pueda supervisar la vigilancia de la misma. Así mismo hágase del conocimiento que se ha decretado la medida de protección prevista en el numeral 137 fraccion (sic) V y VI del Código Nacional de Procedimientos Penales a favor de la víctima, por lo que deberá girar sus apreciables instrucciones a quien determine a efecto de que establezcan de forma inmediata un canal de comunicación directo con la víctima CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ quien tiene su domicilio en la CALLE de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote en esta Ciudad, con el propósito de que tenga la posibilidad de dar aviso oportuno ante cualquier situación de riesgo, acto de molestia o intimidación, ello independientemente del canal 911 de emergencia, ya que es necesario hacer vigente y patente la medida de protección de tal forma que la víctima, tenga acceso a una protección real e inmediata y con ello evitar que se pongan en peligro o se vulneren sus derechos fundamentales, y sus bienes jurídicos penalmente tutelados. En ese sentido es razonable y oportuno que dicho canal de comunicación, indicándole a la víctima, cual es el modulo policial más cercano a su domicilio y establecer contacto directo con el jefe del mismo para los efectos anteriormente señalados." Por otra parte, en relación al Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, la finalidad de la medida de protección otorgada, fue para el efecto de que: "ordene a elementos a su cargo, se sirvan acompañar a la CIUDADANA MARCELA VIRIDIANA DE LA TEJERA HERNÁNDEZ al domicilio del imputado ciudadano ROBERTO BARAJAS BARRÓN Ubicado en la calle de Acerina número 2001 de la Colonia el Quijote de esta Ciudad, toda vez que se dictó la Medida de Protección en favor de la víctima, prevista por el numeral 137 Fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el Estado." Medidas las anteriores que fueron notificadas a la propia ofendida Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, el día dieciocho de febrero del año en curso, según se puede apreciar de la constancia que obra a foja 9 del anexo que remitió la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, destacándole que de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la temporalidad de esas medidas sería de sesenta días naturales. Ahora bien, del anexo que la Agente responsable acompañó como justificación a su informe de ley, consistente en copia fotostática certificada de la versión pública de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019 de su índice, las cuales al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena, en atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, en su foja quince, obra el oficio FGE/D01/57560/02/2019, de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, signado por el Policía Investigador adscrito a la Comandancia de Delitos Sexuales y Violencia Familiar, por el que informa al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atención a la Mujer, que con fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve: ".personal de esta policía investigadora acudió al domicilio ubicado en Acerina No2001 (sic) en la colonia Quijote, acompañando a la C. Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, para exhortar el C. Edgar Roberto Barajas Barrón hiciera entrega a la acompañada de objetos de uso personal, toda vez que la misma presentó denuncia por violencia familiar en ésta fiscalía, accediendo el indiciado hacer entrega de los objetos en forma voluntaria. Respetando en todo momento las garantías de los ahí presentes. Después de recoger sus objetos y estando conformes ambas partes, este personal se retiró del lugar sin novedad.". De lo anterior se advierte que, con relación a la medida de protección a que se refiere el artículo 137, en su fracción IV, ya tuvo su desahogo de manera completa, concluyendo en ese mismo evento. Por otra parte, en cuanto a las medidas de protección a que se refieren las fracciones V, VI y VIII, del citado precepto legal, consistentes en la prohibición al aquí quejoso de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como vigilar el domicilio de ésta última y brindar le auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, éstas fueron concedidas por el término de sesenta días naturales, a partir de que se realizaron las aludidas notificaciones. En relación con estas últimas, cabe destacar que fueron hechas del conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Estado, mediante oficio datado el dieciocho de febrero dos mil diecinueve, mismo que fue recibido por dicha autoridad el día diecinueve del mismo mes y año. Y como ha quedado de relieve, se notificaron a la víctima el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. En esas condiciones, el plazo de sesenta días comenzó a transcurrir del veinte de febrero del año en curso, y concluyó el veinte de abril de la presente anualidad. Sobre esas bases es inconcuso que como la subsistencia de las medidas reclamadas fueron limitadas a cierto tiempo, es claro que se encuentran consumados de manera irreparable, a la fecha en que se resuelve el presente juicio constitucional. Lo anterior incluso fue corroborado por la Fiscal responsable en el escrito de cuenta en el que refirió lo siguiente: ".le manifiesto que no existe petición alguna, al día de la fecha, en la cual la víctima Marcela Viridiana De La Tejera Hernández, haya solicita (sic) que las mismas sean prorrogadas.". Situación la anterior que pone de manifiesto que dichas providencias concluyeron, y, por tanto, dejaron de surtir sus efectos. Sin que la permanencia de las medidas deba presumirse, ya que al estar limitada su duración, transcurrido dicho lapso, éstas dejan de surtir efectos a la conclusión del término fijado, sin necesidad de declaratoria. Lo anterior, permite concluir que en el caso particular se actualiza la causa de improcedencia analizada, pues por una parte, la víctima ya compareció a su domicilio a recoger sus objetos de uso personal, y por otra parte, se consumaron en el tiempo las medidas de protección, consistentes en la prohibición al aquí quejoso de realizar conductas de intimidación o molestia a la tercero interesada, así como vigilar el domicilio de ésta última y brindar le auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales en el momento de solicitarlo, al haber transcurrido en exceso el plazo de sesenta días naturales, sin que haya sido prorrogado según lo informó el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, con sede en esta ciudad. Esto es, en atención a lo expuesto, se concluye que en el caso particular, las medidas de protección han quedado irreparablemente consumadas, pues no podría concederse la protección federal solicitada para el efecto de que queden insubsistentes, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que todas ellas quedaron agotadas en el tiempo, al grado de que no podría retrotraerse este para que en el lapso de sesenta días, que ya pasó, dejen de realizarse las actividades encomendadas al Director General de Seguridad Pública del Estado y Comisario de la Dirección General de Métodos de Investigación, e incluso la prohibición que fue impuesta para ese preciso tiempo al quejoso, en tanto que la diversa medida que tuvo por efecto la entrega de sus objetos personales a la víctima Marcela Viridiana de la Tejera Hernández, también ya se ejecutó. De ahí que a ningún fin práctico conduciría analizar la constitucionalidad del auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019, por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, dado que para ello no puede soslayarse que exista la posibilidad de que ante una eventual concesión puedan restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo la causa de improcedencia analizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diez de junio del año en curso, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a los Agentes de la Policía Municipal de esta ciudad, porque no se les reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, página 50, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente del escrito de demanda y del informe justificado rendido por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, y anexo que acompañó al mismo, de los que se advierte lo siguiente: El quejoso compareció a esta instancia judicial y señaló en su escrito de demanda como acto reclamado los siguientes: ".Las ordenes de restricción decretadas en mi contra dentro de la Carpeta de Investigación número 4631/19 substanciada ante las responsables. Manifiesto que en virtud de que el suscrito no he sido llamado a juicio desconozco quienes iniciaron tal procedimiento en mi contra, así como el estado procesal del mismo.". Del informe justificado rendido por la Fiscal responsable, se advierte que dentro de la carpeta de investigación *****, con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se dictaron, en contra del aquí quejoso las medidas de protección a que se refiere el artículo 137, fracciones IV, V, VI y VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales, de conformidad con el artículo 139 del aludido Código, contarían con una temporalidad de sesenta días naturales a partir de que éstas seas notificadas. Sin embargo, en la foja diez del anexo mencionado, obra la cédula de notificación relativa a "...Roberto Barajas Barrón.", respecto a la determinación a que se refiere el párrafo anterior, sin que en la misma se contengan datos de recepción por parte del aquí quejoso. En virtud de lo anterior, ante la posibilidad de actualizarse alguna causa de improcedencia respecto del acto reclamado, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Remita copia fotostática certificada de la notificación practicada a "...Roberto Barajas Barrón.", concerniente a la determinación emitida con fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/04631/2019, o bien indique si no fue practicada de manera personal. Informe a éste órgano jurisdiccional si las medidas de protección decretadas en dicha actuación se encuentran aún vigentes o si fueron prorrogadas, de conformidad con el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apercibida que de no cumplir lo anterior, dentro del plazo concedido o no manifestar la imposibilidad que tengan, se hará acreedora a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 1a./J. 163/2005, en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para las diez horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y en su lugar, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIEZ DE JUNIO DEL MISMO AÑO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.
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