Edgar Yared González Díaz
Expediente 1598/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1598/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Yared González Díaz
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
- Laura Elena de la Cruz Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta y anexo que remite el Delegado de las autoridades responsables, en atención a las manifestaciones que hace en el sentido que persiste la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la sentencia protectora; con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se otorga a ***************************, en su carácter de Director General y a ****************************** en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por última ocasión el improrrogable término de quince días para que remita a este juzgado las constancias con las que acredite que ha dado cumplimiento a la sentencia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el numeral 238, ambos de la Ley de Amparo; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio que remite el delegado de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual informa la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Ahora bien, toda vez que de una revisión a los autos se advierte que en auto de dieciocho de septiembre pasado, se tuvo al delegado de la citada autoridad responsable comunicando el cumplimiento a la ejecutora protectora y se dio vista con el cumplimiento; no obstante, dicha autoridad omitió remitir las constancias respectivas respecto a los diversos quejosos María Dolores Cruz García, Consuelo García León, Laura Elena de la Cruz Castro, J. Jesús Correa Molina, Leticia Ruiz Trujillo, María Genoveva Elías Sagredo, Gonzalo Murillo de Santiago, María Teresa Muñoz Camacho y Martín Anaya Chávez; en ese sentido y toda vez que la impartición de justicia se encuentra en demora a causa de la falta de cumplimiento por parte de las autoridades responsables Director General y Presidenta de la Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Consecuentemente, a fin de no retardar la impartición de justicia y atento a la certificación secretarial de cuenta, de la que se desprende, que en el juicio de amparo 112/2022 del índice de este juzgado, obran el nombre y Registro Federal de Contribuyentes del Director General y Presidenta de la Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, autoridades señaladas como responsable dentro del presente expediente y, tomando en consideración que en términos del artículo 110 fracción I y 120 fracción I de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde la representación legal de la Junta Directiva del citado Instituto, a su Presidenta; consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, José Ignacio Sánchez González, en su carácter de Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales los Trabajadores del Estado de Zacatecas y a Verónica Ivette Hernández de Lara, en su carácter de Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; para que dentro del plazo de tres días, remitan a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que se acrediten el total cumplimiento a la ejecutoria; bajo el apercibimiento, que de no hacerlo en el plazo indicado, se les impondrá una multa por cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación en el párrafo sexto del apartado B del artículo 26 Constitucional; además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución. Mismo que puede concluir con la separación del cargo que detenta y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos de su consignación ante el Juez de Distrito correspondiente; cuyo titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo; lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 267, fracciones I y II; 192, párrafo segundo y 193, todos de la Ley de Amparo; y fracción XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República, que establecen: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [.] De igual forma, notifíquese y requiérase David Monreal Ávila Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, superior jerárquico del Director General y de la Presidenta de la Junta Directiva, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para que en el plazo de tres días; le obligue a cumplir sin demora con la ejecutoria protectora de amparo, en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que los requirió por el cumplimiento inmediato, se le hará efectivo el apercibimiento señalado en líneas precedentes; además, que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. En la inteligencia de que no basta que el superior jerárquico David Monreal Ávila Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de la sentencia protectora de derechos humanos emitida en autos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que se hará acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Encuentra su sustento lo anterior en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos."
- Incidental
Incidente de violación a la suspensión; se da vista al Ministerio Público
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; agréguense a los autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta y anexos, firmado por el Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado de Zacatecas, en representación del Gobernador del Estado de Zacatecas, este último quien actúa en su carácter de superior jerárquico de las autoridades responsables, por el que informa, que en cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la misma y remite copia de los oficios enviados a las aludidas responsables. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el diverso escrito signado por el delegado de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por el que comunica que por diverso ocurso recibido en este órgano jurisdiccional el cuatro de agosto pasado, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismo que por acuerdo de ocho siguiente se reservó proveer, hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto, situación que ya aconteció; al respecto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas constancias dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le practique de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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