Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe
Expediente 621/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 621/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito que presenta Ollinkoatzin Mesino Acosta, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, sin que haya lugar a proveer mayor acuerdo, en atención a que mediante auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, en virtud de que el quejoso no ratificó la misma. Por otra parte, toda vez que según constancias de autos no se advierte que se haya notificado el citado proveído de veintisiete de agosto del año en curso a los autorizados del quejoso, en obvio de mayores dilaciones procesales, instrúyase a la actuaria judicial adscrita para que, vía electrónica, practique dicha notificación. Y EN CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA AL AUTORIZADO DEL QUEJOSO EL AUTO DE 27 DE AGOSTO 2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el estado de autos y el contenido de la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, con motivo de la diligencia ordenada en proveído de veintiséis de agosto del año en cuso, entendida con el directo quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, de la que se desprende que dicho quejoso manifestó que no ratifica la demanda de amparo interpuesta a su favor por conducto María Gabriela Vasquez Almeida; en consecuencia, como se apercibió al citado quejoso en el citado proveído de veintiséis del actual, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que originó este expediente, quedando sin efecto las providencias dictadas en el citado acuerdo de la referida data.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el estado de autos y el contenido de la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, con motivo de la diligencia ordenada en proveído de veintiséis de agosto del año en cuso, entendida con el directo quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, de la que se desprende que dicho quejoso manifestó que no ratifica la demanda de amparo interpuesta a su favor por conducto María Gabriela Vasquez Almeida; en consecuencia, como se apercibió al citado quejoso en el citado proveído de veintiséis del actual, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que originó este expediente, quedando sin efecto las providencias dictadas en el citado acuerdo de la referida data.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Gabriela Vasquez Almeida, en representación de *********, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Oficina del Representante Federal del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 621/2021-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades; por lo siguiente: En el capítulo de actos reclamados reclama de forma expresa "La aplicación del inconstitucional artículo 111 de la Ley de Migración." y, en el capítulo de conceptos de violación expresa argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de dicha norma. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demandad de amparo, no se aprecia que señale como autoridades responsables a aquéllas que participaron en el proceso legislativo que dio origen a dicha Ley. Lo cual es necesario indicar, pues en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación; además, tratándose de leyes, también deberá indicar con ese carácter a los titulares de los órganos a quienes corresponda su expedición, porque no puede desvincularse la expedición de la norma de su promulgación, en atención a que esos actos son indisociables, dada su naturaleza. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, y con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: Indique si señala como autoridades responsables a aquéllas que participaron en el proceso legislativo que dio origen a dicha Ley de Migración, expresando de manera clara y precisa a aquellas a las que les atribuya la ley que reclama; Asimismo, cumpla con la obligación que le impone la fracción IV, del artículo 108 del citado ordenamiento legal y bajo protesta de decir verdad, precise el acto que reclama a cada una de las autoridades que señale como responsables; y, De ser así deberá exhibir tantas copias de la demanda, del escrito aclaratorio y demás anexos, como autoridades señale, para estar en posibilidad de correrles traslado. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a la prevención en el término antes indicado se dará curso a su demanda de amparo, sin tener como autoridad responsable a aquéllas que participaron en el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración y como autoridades responsables y únicos actos reclamados los que señala en el capítulo respectivo de su demanda inicial, con las consecuencias legales que de ello derive. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Ahora, toda vez que el promovente señala como actos reclamados: aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por mas de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, además, se toma en consideración que el quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, es extranjero de nacionalidad Ecuatoriana, es necesario pronunciarse respecto de la suspensión de plano. En consecuencia, con sustento en los artículos 15, 125, 126, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO a favor de Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, para el efecto de que no se ejecuten los acros consistentes aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de treinta y seis horas, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y cesen de inmediato; además, de los actos enunciados por los artículos 15 de la ley de la materia y 22 de la Carta Magna; sin perjuicio de que quede a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra. De igual forma, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que en caso de que si las responsables se encuentran ejecutando la privación de la libertad, que refiere el promovente, se ponga en inmediata libertad al quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En ese punto, es importante destacar que la suspensión de plano para el efecto precisado en este apartado no surtirá efectos si la ejecución de la privación de la libertad, se llevó a cabo con motivo del ejercicio de las facultades de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, es decir, si la detención reclamada se efectuó dentro de un procedimiento administrativo en materia migratoria, ni tampoco en caso de que la detención del peticionario de amparo tenga relación con la comisión de un delito. En esos casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, permanezca en el lugar en que se encuentra detenido o alojado, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos del agraviado en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que el quejoso pretenda garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares, esto es, deberán informar al detenido sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente puede decir si ejercen o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, tomo XXVI, Diciembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito al quejoso Edgar Wilfrifo Reinoso Orbe, deberá informarlo a este Juzgado de inmediato, acompañando las constancias que la acrediten. De igual forma, la suspensión de plano, es para el efecto de que el quejoso directo, no sea trasladado del lugar en el que actualmente se encuentra detenido o alojado a alguna otra estación migratoria y/o oficina aduanal; así como tampoco sea deportado a su lugar de origen, al menos de que expresamente lo solicite, toda vez que como quedó precisado en el párrafo anterior, éste se encuentra a disposición de este órgano jurisdiccional por lo que su libertad personal se refiere. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsable que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido de que si las autoridades responsables se negaran a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la expulsión y/o deportación asistida del quejoso, la medida cautelar se concede para efecto de que la responsable bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida del mismo, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos que se hizo alusión. Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. Por tanto, no ha lugar a ordenar la tramitación de incidente de suspensión, considerando que en este auto se decretó la suspensión de plano y de oficio respecto de los actos reclamados. El Actuario Judicial adscrito deberá notificar esta determinación al quesoso y deberá certificar el estado físico en que se encuentra el directamente quejoso. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que del escrito de demanda, se advierte que el directo quejoso ****************, se encuentra al parecer en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, a efecto que se constituya en el domicilio que ocupa la citada Estación Migratoria, para localizar a **********************, y realice las siguientes diligencias: a) Requiera al directo quejoso, para que en la propia diligencia o en el plazo de tres días, contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no, la demanda de amparo promovida a su favor por ******************, para estar en posibilidad de acordar lo conducente; y, b) Lo prevenga para que, en caso de no ratificar la demanda en el plazo concedido, se tendrá por no presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Ollinkoatzin Mesino Acosta y Aldo Javier Hernández García; a Saira Ivette Lara Saldaña, Alan Fernando Calvillo Vázquez y Miguel Ángel Mesino Flores, únicamente para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita, téngase como medio de comunicación no procesal el correo electrónico que proporciona, en términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 y 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Ahora bien, toda vez que la quejosa omitió señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y asimismo, solicita que se le practiquen vía electrónica; en consecuencia, notifíquesele el presente auto y requiérasele para que en el término de tres días, a que se refiere la fracción II, del artículo 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise cuál es la vía que elige; apercibida que de no hacerlo, se practicarán las subsecuentes únicamente por vía electrónica con nombre de usuario ************, y se comisionará a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. REGISTRO EN LA OFICIO DE CORRESPONDENCIA COMÚN A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO. Finalmente, lo anterior hágase del conocimiento de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a efecto de que realice las anotaciones y registros correspondientes a fin de equilibrar las cargas de trabajo y remita a este órgano jurisdiccional la constancia relativa. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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